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El día en que salió el último contenedor con las armas de las Farc de las zonas veredales de transición —hoy transformadas en puntos de reincorporación—, el compromiso que venía inmediatamente inscrito con ese acto era la elaboración de un inventario, por parte de las Farc, de todos sus bienes y activos cuya destinación, según el Acuerdo Final de Paz, debe ser la reparación de las víctimas del conflicto armado. Para eso, el presidente Juan Manuel Santos, en uso de las facultades extraordinarias que le otorgó el Acto Legislativo para la Paz, expidió un decreto, el 903 de 2017, con el que se reglamentó dicho compromiso. (Lea: Y las Farc, por fin, dejaron las armas)
Sin embargo, hacer efectivo ese decreto aún está lejos de la realidad. La semana pasada, la Corte Constitucional escuchó a los entes de control y a los organismos del Estado para establecer si debe declarar su exequibilidad, especialmente luego de que el propio comisionado de Paz saliente, Sergio Jaramillo, calificara el texto firmado por el presidente Santos como una “chambonada”. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por su parte, sigue insistiendo en que el decreto, en su generalidad, no es del todo fiable, especialmente porque asegura que los bienes de las Farc ascienden a una cifra tan alta que supera los $1,1 billones.
“Estamos pidiendo al fiscal que nos entregue toda la información que tiene para poderla adjuntar a nuestro listado”, dijo el martes, desde La Guajira, el exjefe de la delegación de paz de las Farc en La Habana, Iván Márquez, al desmentir los números que entregó el jefe del ente acusador. Cifra que, en todo caso, sigue siendo todo un misterio. Ayer, precisamente, el jefe de Estado emitió un nuevo decreto, el 1364 de 2017, con el que supuestamente se le da desarrollo al decreto anterior sobre los bienes de las Farc. No obstante, en palabras castizas, ese decreto no es otra cosa que declarar formalmente la custodia del listado aportado por los exguerrilleros y que hoy reposa en manos del ministro del Interior, Guillermo Rivera. (Lea también: ¿Por qué la paz no entusiasma a los colombianos?)
“La Misión de la ONU me entregó 135 folios en los cuales está el listado de bienes y activos que dicen tener las Farc. Con esa información suscribimos un acta y la depositamos en un sobre que está bajo nuestra custodia. Esa información deberá ser entregada al director de Patrimonio Autónomo, que se crea con el decreto 903”, dijo el jefe de la cartera política. Pero Patrimonio Autónomo sigue siendo el motivo de discordia entre el Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría, que se rehúsan a que los bienes de las Farc pasen directamente a dicho fondo sin antes someterse a un proceso de extinción de dominio.
Por eso, para solventar los líos jurídicos entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, a finales de la tarde de ayer, el ministro Rivera convocó a una reunión privada con el procurador, Fernando Carrillo, y el fiscal Martínez. El propósito era entregarle a cada uno lo que le compete “para que obre de acuerdo a su mandato y tomar decisiones que busquen que esos bienes y activos se destinen en la reparación a las víctimas”, señaló Rivera. Eso, en últimas, significa buscar los encuentros estratégicos que contribuyan a quitar los palos en la rueda que, de momento, se han venido atravesando en contra del tan criticado “decreto chambón” firmado por el primer mandatario.
El compromiso del fiscal era que tan pronto acabara la figura de las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios y las Farc hicieran la entrega del listado de sus bienes y activos, dicha lista se haría pública. Un hecho que hasta el momento no se ha cumplido. Lo que se puede deducir, eso sí, es que lo entregado al Gobierno dista mucho de los cálculos que ha hecho Martínez, sin desconocer, por supuesto, que los bienes entregados por las Farc pueden llegar a ser, en efecto, exorbitantes.