La respuesta insuficiente del Estado para quienes buscan a sus desaparecidos

“He aprendido a vivir con el dolor porque me tocó vivir con el dolor. Me tocó aprender a vivir sin mi esposo porque me quedaron tres seres muy pequeños por los cuales yo tenía que luchar. He estado participando con algunas organizaciones como Asfaddes, el Programa de Desarrollo y Paz, la Iglesia y he aprendido muchas cosas de eso como a manejar el dolor, aunque a veces me desespero. Han pasado 21 años y me desespero porque es una tortura a diario sin saber dónde está, qué hicieron con él, si estará vivo o no. Son preguntas sin respuestas y he aprendido a convivir con el dolor”. Alix Vélez, esposa de Miguel Cifuentes, desaparecido en la masacre del 18 de febrero en Barrancabermeja, perpetrada por las Autodefensas Campesinas de Santander y el sur del César.

Yadi Domínguez es una lideresa en el municipio de Caucasia, Antioquia, en el noroccidente de Colombia. Esta región, marcada por el cauce del río Cauca, ha mantenido desde hace décadas unos altos índices de asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos por la disputa entre grupos ilegales por la minería ilegal y la producción de cocaína. Domínguez hace parte de la llamada Mesa de Víctimas del pueblo, un espacio creado por la Ley de Víctimas, aprobada en 2011, para que en cada municipio pudieran agruparse quienes habían sufrido con la violencia para exigir sus derechos.

(Lea también el primer capítulo de este especial: El duelo no resuelto, la agonía de la desaparición forzada en Colombia)

Varios miembros de la Mesa buscan a sus familiares desaparecidos, muchos de ellos terminaron flotando aguas abajo del río Cauca. Los pueblos que se encuentran a orillas de este sector del río conforman la región conocida como Bajo Cauca antioqueño.

“La Mesa está coja”, cuenta Domínguez. No se refiere a los problemas del trabajo que la Mesa hace en favor de las víctimas del conflicto armado sino a las dolencias físicas y emocionales que tienen algunos de sus miembros. “Cada mañana, para nosotros, es difícil responder que algo no nos duele. El sufrimiento que tenemos por lo que nos pasó durante el conflicto por algún lado sale”, contó. Además, las violencias que persisten en el Bajo Cauca, zona donde se encuentra Caucasia, por las disputas por el corredor del narcotráfico dificultan los procesos de reparación y rehabilitación de los sobrevivientes.

Buscando una reparación integral y respuestas del porqué de sus dolencias, Domínguez y sus compañeros de Caucasia encontraron que el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud (Papsivi) podría ayudarles. Este es un plan creado en 2011 tras la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que bajo la dirección del Ministerio de Salud debe llevar atención psicosocial a las víctimas registradas ante el Estado, en el Registro Único de Víctimas.

Domínguez asistió a dos sesiones, pero el programa no continuó y nunca le dieron una explicación. Para ella, esas dos citas no le ayudaron y, al contrario, la hicieron sentirse nuevamente víctima y abandonada. Es por eso que ya no confía en la atención médica y psicosocial que le brinda el Estado, que es al único al que puede acceder. Sus dolencias continúan.

Diseño de mapa: Paula Hernández.

Para esta investigación, se construyó una base de datos con estadísticas y testimonios de familiares y colectivos de víctimas del conflicto armado en 24 municipios, con una alta cifra de desaparecidos en el país, de acuerdo con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas. Los municipios escogidos pertenecen a 15 departamentos ubicados en todas las regiones geográficas del país. Puede descargar la base de datos completa aquí.

De la lista, se excluyeron las grandes ciudades -la más poblada en la base de datos es Florencia, con cerca de 150 mil habitantes-, para focalizar la investigación en municipios con los más altos índices de víctimas de desaparición por cada 100 mil habitantes; estos, en su mayoría, cuentan con escasa infraestructura de servicios de salud.

La mayoría de estos testimonios, como el de Yadi Domínguez, apuntan a los problemas de cobertura, calidad de las sesiones y la desconfianza en los programas del Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas, los cuales creen necesarios, pero han sido insuficientes para ayudarles a sortear las situaciones que los victimizaron.

Según Hernando Millán, funcionario de la oficina de promoción social del Ministerio de Salud, unidad que se encarga de atender a las víctimas, la creación de la Ley 1448 de 2011 -mejor conocida como Ley de Víctimas- abrió la puerta para reconocer la existencia del conflicto armado y, como explica el funcionario, “la responsabilidad del Estado frente a los mecanismos de reparación”. Seis meses después de la expedición de la Ley nació el Papsivi, como un programa encargado de ofrecer una atención diferencial, una estrategia de rehabilitación integral para la recuperación o mitigación de los daños causados por el conflicto y contribuir con la unión y el trabajo colaborativo en las comunidades.

Otra de las entidades que quedó encargada de este tipo de atención psicosocial fue la Unidad de Víctimas, organismo que también nació con la Ley 1448, y que tiene como obligación apoyar el plan de trabajo del Papsivi, complementarlo con la Estrategia de Recuperación Emocional planteada por el Ministerio y seguir la ruta de acompañamiento a los familiares de desaparecidos en la entrega digna del cuerpo.

Una atención que no llega a todos

El 16 de mayo de 1998 las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, con la ayuda de agentes del Estado, hicieron un recorrido por varios barrios del suroriente de Barrancabermeja, en el que asesinaron a siete personas y se llevaron a otras 25 para desaparecerlas. Desde ese día, Jaime Peña busca a su hijo Yesid Peña Rodríguez, uno de los jóvenes que los paramilitares se llevaron del barrio El Campín de Barrancabermeja. Son 22 años que Peña lleva buscando a su hijo sin obtener reparación por parte de instituciones estatales en las que no confía, porque no le han ayudado a conocer toda la verdad sobre la ausencia de Yesid.

Peña no ha podido acceder al Papsivi, pues su registro ante la Unidad fue denegado al rehusarse de presentar nuevamente los documentos de la demanda contra el Estado por la desaparición de su hijo, agotado de los trámites para que el Estado lo reconozca como víctima. Para que una persona sea atendida por el Papsivi debe estar registrada en el Registro Único de Víctimas (RUV). Así, la Unidad de Víctimas le da ingreso al Plan de Atención Asistencial y Reparación Integral a las Víctimas (Paari), en donde se planea cómo será la atención psicosocial que se le brindará a través del Papsivi. Si una persona no está reconocida en el RUV, el Estado no podrá prestarle apoyo psicosocial, y si lo está, puede incluir únicamente a su familia en primer grado de consanguinidad para que también pueda acceder a la atención del Papsivi.

Además de la exclusión de los programas de atención psicosocial para las personas que no están en el RUV, otro de los grandes problemas que afecta la cobertura es la convocatoria para asistir a las sesiones de atención. De acuerdo con Hernando Millán, funcionario encargado del Papsivi, las bases de datos con la información de las víctimas no están actualizadas: “Se convierte en un voz a voz para poder llegar”, cuenta.

Muchas personas se desplazan constantemente de vivienda y sus datos quedan desactualizados o las zonas donde viven no tienen la suficiente cobertura de señal celular para recibir llamadas. Para brindar la atención en las diferentes zonas del país, el Papsivi se apoya con promotores psicosociales que se encuentran en las regiones, muchos son representantes de colectivos de víctimas. Ellos se encargan de buscar a las personas que necesitan atención y las convocan para que participen de las sesiones planeadas por el programa.

Yadi Dominguez, lideresa y beneficiaria del Papsivi en Caucasia, trabajó en dos ocasiones como promotora; Ana Lucia Plazas en Granada, Meta, aproximadamente a cuatro horas de la capital, desarrolló las mismas funciones que Dominguez. Las dos le contaron a Rutas del Conflicto que es una experiencia gratificante que dentro del programa haya un trabajo para las víctimas e incluirlas en el proceso de rehabilitación de su comunidad.

Una de las funciones de las lideresas era ir a las casas donde sabían que había víctimas y explicarles sobre su derecho a recibir atención psicosocial y rehabilitación. “Fue difícil convencerlos de asistir a las sesiones con los psicólogos. Algunos tenían miedo o ya habían tenido malas experiencias y se sintieron revictimizados. En otros casos, no podían asistir porque las sesiones eran en sus horarios laborales”, afirmó Plazas.

Otra dificultad con la cobertura de los programas de atención psicosocial del Estado es que “para muchas personas resulta complicado trasladarse desde la zonas rurales hasta los cascos urbanos para tomar las sesiones y el acceso no siempre es fácil”, explica Wilson Salas, psicólogo jurídico y profesor de la Universidad Cooperativa de Barrancabermeja, quien ha trabajado de cerca con colectivos como el 16 de Mayo, que reúne a las víctimas de la masacre ocurrida en esa fecha en 1998.

Hasta el momento, el Papsivi tiene capacidad para llegar únicamente a las cabeceras municipales. Según la Asociación de Víctimas del Ariari, una agrupación del centro oriente del país a borde del río Ariari en el departamento del Meta, el programa, que se realizó en la zona entre 2016 y 2017, no fue implementado en las áreas rurales del departamento, donde se concentran varias comunidades afectadas por la violencia de finales de los noventa y comienzos del 2000. Esa es una de las grandes falencias del programa.

El sexto informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2019 señaló su preocupación en que la cobertura del programa se centrara en zonas urbanas. El Ministerio de Salud ha dicho que está buscando estrategias para llegar a otros territorios: “Estamos haciendo lo posible para llegar a zonas complejas pero también nos interesa la seguridad de quienes ofrecen este servicio”, explica Millán.

Las cifras de familiares desaparecidos que debe atender el Estado por municipio varían entre el Ministerio y la Unidad de Víctmas. Aunque el Papsivi solo puede atender a quienes estén registrados en el Registro Único de Víctimas, el Ministerio hace una validación adicional de estos datos, tratando de ubicar a los familiares de los desaparecidos en los municipios en los que realmente viven. Si en este proceso no se puede confirmar en dónde vive una persona, el Ministerio la excluye de su base de datos.

Pero sin importar la variación en las cifras, los porcentajes de atención siguen siendo muy bajos.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en el municipio de Turbo, Antioquia, fueron desaparecidas 1355 personas. En el RUV hay registros de 2451 familiares, mientras en la base de datos del Ministerio de Salud hay apenas 1915, que tienen derecho a la atención del Papsivi. Según el Ministerio, solo 58 personas, el 3% de su propia base de datos han sido atendidas con enfoque en desaparición forzada.

De los 24 municipios que Rutas del Conflicto examinó, Florencia en Caquetá es el que reporta mayor número de atenciones en este hecho victimizante con 107 víctimas atendidas, aunque esto solo representa el 6 % de quienes son reconocidos por el Ministerio. Solo tres municipios, Tierralta (Córdoba), Vista Hermosa (Meta) y Caucasia (Antioquia), cuentan con más del 10 % de personas atendidas.

En las grandes ciudades, las cifras de atención a víctimas de este delito no son mejores. Medellín cuenta con más de seis mil personas en la base de datos del Ministerio por este hecho y solo han sido atendidas 148, cerca del 2 %. Porcentaje similar tiene Bogotá, donde el Ministerio tiene identificadas a 4.481 personas y el Papsivi ha llegado a 118 , para un 3 % de atenciones. Cali tiene 1.106 personas registradas por desaparición forzada y 155 atendidas, con lo que ha llegado al 14 %.

En el total nacional, el Ministerio señala que tiene un total de 159.118 registros por desaparición forzada y solo ha atendido 5.857 personas, es decir, apenas el 3.6%.

Por su parte, la Unidad de Víctimas ha trabajado en las diligencias de búsqueda, exhumación y entrega digna de cuerpos, una tarea que llevan desarrollando en compañía del Ministerio de Salud, Medicina Legal y la Fiscalía desde el 2011. En palabras de Aida Solano, coordinadora del grupo de enfoque psicosocial de la Unidad para las Víctimas, brinda un acompañamiento y asesoría en momentos concretos a las familias de personas dadas por desaparecidas.

La Unidad de Víctimas cuenta con 47 psicólogos que llevan más de cuatro años trabajando en la atención de familiares de desaparición forzada, 12 en Bogotá que se desplazan a nivel nacional y 35 en los territorios. La institución hace el acompañamiento, en promedio, de 40 cuerpos al mes y como lo expresa Solano: “nunca hemos dejado de cumplir esta labor”.

El seguimiento que no existe

Barrancabermeja es la principal ciudad del Magdalena Medio en las orillas del río Magdalena, el más importante de Colombia. Allí se encuentra la refinería del petróleo más grande del país y ha sido centro de la violencia proveniente de varios frentes: guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. Luz Almanza es una de las mujeres que buscó a su esposo desaparecido en la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja, hasta que el Estado le entregó parte de sus restos en el 2009. Durante estos 22 años, Almanza recuerda haber asistido a un par de sesiones con el Papsivi, pero el proceso no continuó porque en su caso, después de dos visitas, los psicólogos no volvieron. “La verdad, el Papsivi no cumplió con la rehabilitación que esperábamos las víctimas. Todo quedó a medias. No hubo continuidad”, contó.

En la región del Magdalena Medio se estima que hay más de 2.500 desaparecidos, según el Centro de Memoria Histórica. De acuerdo con datos de la plataforma de contratación estatal (Secop), el Papsivi ha adelantado por lo menos cuatro campañas de atención en Barrancabermeja, que se han dividido en sesiones comunitarias, familiares y otras individuales. Según explica Millán, esas son las modalidades de atención que presta el programa: “Se coordinan, en el caso de las atenciones familiares individuales, una sesión semanal durante ocho semanas, y en el caso de las comunidades se realizan seis sesiones. Estas ocho sesiones son intensas, cada semana. Se trabaja una hora con las familias” afirmó.

No en todos los casos los planes de intervención propuestos por el Papsivi se cumplen, pues aunque como lo explicó Millán, en sesiones individuales el ciclo está conformado por una visita semanal durante ocho semanas, en el caso de Luz Almanza solo la atendieron dos veces. En Granada, Meta, la comunidad se quejó ante el Ministerio porque las sesiones no se completaron y el psicólogo que los atendió en 2017 durante el proceso no los volvió a llamar y a convocar a las sesiones colectivas.

Cuando se da el enfoque psicosocial a la atención, en palabras del profesor Wilson Salas, lo que se espera es que haya un seguimiento a las personas para poder conocer cómo han mejorado sus condiciones de vida. Esta es una falencia que tienen los procesos ya que los resultados posteriores a la intervención no siempre son medidos.

Muchas veces ni los recursos ni la fuerza de trabajo, es decir, los equipos psicosociales, son suficientes para brindar atención de calidad. Según explica Aída Solano, coordinadora de la atención psicológica de la Unidad de Víctimas, la cantidad de personas a atender los desborda en profesionales y deben tercerizar el servicio. Y, aunque la Unidad capacita a tales contratistas, “a veces nos engañan”, dice Solano. “Llamamos a los beneficiarios y nos dice que el psicólogo no volvió, pero el profesional reporta deserción o desinterés de las víctimas”, cuenta la funcionaria.

Para Celsa Arias, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Riosucio, en el departamento de Caldas, las sesiones del Papsivi no se completaron. “El psicólogo nos atendió tres veces y diligenció unos formatos y ya”, afirma. Varias de las personas que Rutas del Conflicto entrevistó manifestaron la incomodidad de estar firmado las listas de asistencia a las sesiones. “Van por la firma y así mostrar que cumplen. Nosotros no somos una meta”, cuenta Yady Domínguez, lideresa de Caucasia, quien insiste en que las víctimas de su región sienten que los programas no apuntan a una rehabilitación integral sino a mostrar resultados en números.

Tanto la Unidad de Víctimas como el Ministerio de Salud tercerizan la prestación de los servicios psicosociales en las comunidades afectadas por el conflicto. En ambos casos, cuentan con protocolos y esquemas de seguimiento a los contratistas para mantener supervisión sobre la ejecución de los planes. Precisamente, una de las maneras para sustentar las metas esperadas es a través de las firmas de asistencia a las sesiones, pero para Wilson Salas, este registro se convierte en una acción burocrática de la que ya las víctimas están cansadas.

Además del incumplimiento en los planes de intervención, otra de las inconformidades de las víctimas, que se derivan de la tercerización, es que los profesionales que llegan a prestar la atención psicosocial muchas veces no cuentan con la experiencia ni el conocimiento de las comunidades, y esto resulta en una situación dolorosa.

Por ejemplo, en 2014 la Gobernación de San José del Guaviare contrató un psicólogo por tres meses por 12 millones de pesos con el objetivo de atender a víctimas del conflicto dentro del Papsivi. Algunas de las personas que asistieron a esas sesiones afirmaron que el psicólogo no conocía el contexto regional del conflicto o no sabían cómo abordar los hechos victimizantes. En Aguachica, en el departamento del Cesar, algunos manifestaron que las sesiones se centraron en los impactos en el proyecto de vida de quienes abandonaron sus tierras por el conflicto, pero no abordaron qué pasa con los planes de vida de los familiares de desaparición. O en Granada, Meta, el profesional no conocía los impactos de la desaparición, la violencia sexual y las minas antipersonal en el territorio.

En otros casos, lo que más afectaba en la ejecución de los programas era la alta rotación de los psicólogos. Los mayores perjudicados de esta falta de continuidad, por supuesto, son las víctimas y su estabilidad emocional. “Preguntarme una y otra vez lo que nos pasó duele”, afirmó una de las beneficiarias del Papsivi en Ciénaga, Magdalena. Ella hace referencia a que ha podido participar del programa en dos ocasiones, en 2016 y 2017, en sesiones individuales. Pero en cada sesión los psicólogos han sido distintos y lo que le pasó en dos ocasiones fue retroceder el proceso que llevaba con la primera persona que la atendió. A su vez, Domínguez en Caucasia dijo que “es una suerte si nos toca con el mismo profesional en dos ciclos”.

Estas situaciones hacen que las víctimas pierdan la confianza en las instituciones y el interés de participar en los programas de rehabilitación. “Ni me nombre al Papsivi, es ir a perder el tiempo”, cuenta Paola Moreno, refiriéndose a la atención que recibieron algunas familias en Aguachica, Cesar. Algunos de los beneficiarios de Carepa, Antioquia, afirmaron no volver a asistir a las sesiones porque los profesionales no conocían la región, tenían que firmar y el ciclo de atención no se terminaba. Las comunidades empiezan a ver en los programas una forma del Estado de cumplir, pero que no representa una rehabilitación ni una reparación.

Varios colectivos de víctimas vienen trabajando en el reconocimiento de sus derechos; ese empoderamiento ha logrado que ellos mismos hagan un seguimiento de los programas de atención psicosocial que ofrece el Estado. “En 2017 se planearon ocho sesiones por parte del Papsivi, pero estas nunca se completaron. Por eso, en 2019 estuvimos más pendientes de que la atención se cumpliera y fue un ciclo que realmente tuvo buenos resultados para la comunidad”, contó Orlando Triana, coordinador de la Mesa de Víctimas de Tierralta, Córdoba.

Entre los requisitos que exigen tanto la Unidad de Víctimas como el Ministerio de Salud para contratar a los terceros que van a prestar la atención en las regiones, está contar con profesionales que cumplan con un mínimo de experiencia en atención a población vulnerable o víctimas del conflicto, o contar con un posgrado en áreas afines. Como lo dice la doctora Nohelia Hewitt Ramírez, docente de la facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura: pueden llegar a trabajar para el Ministerio de Salud recién graduados sin la experiencia necesaria. “Puede darse el caso que terminan sus estudios y continúan con un posgrado sin antes tener la experiencia clínica con quienes han sufrido la violencia del conflicto. Y así llegan al Papsivi porque el posgrado se valida como experiencia”, dice la doctora Hewitt.

A pesar de las inconformidades, para varias comunidades, programas como el Papsivi han sido útiles en la reconstrucción del tejido social y la rehabilitación emocional. Incluso, muchas de ellas, como en Apartadó, Antioquia, han solicitado nuevos ciclos de atención, pero como cuenta Eneyda Valoyes, de la Mesa Municipal de Víctimas del vecino municipio de Turbo, “hasta el momento no lo hemos conseguido”. En Riosucio, Celsa Arias manifestó que les ayudaron las sesiones a nivel comunitario y han querido terminar el proceso; han solicitado a la Mesa Departamental de Víctimas poder reactivar el Papsivi en el municipio pero tampoco han obtenido respuesta.

A diferencia del Papsivi, La Unidad de Víctimas a parte de acompañar los procesos del Ministerio de Salud, tiene labores concretas en la entrega de los cuerpos como es el acompañamiento psicológico. El 23 de diciembre de 2011 desapareció Eli Ballesteros, padre de Esther Ballesteros. Después de ocho años de búsqueda lograron encontrarlo tras tres excavaciones realizadas por la misma familia. La Unidad los acompañó en la exhumación y entrega de los restos. “Nos hicieron charlas previas para prepararnos. Fue una ceremonia muy linda”, afirmó Ballesteros.

Entre sus obligaciones, a parte de la preparación de las familias, la Unidad de Víctimas se encarga de la unificación familiar, es decir, gestionar que los familiares en primer grado de consanguinidad o civil puedan asistir a las ceremonias. La entidad asume los gastos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante el proceso de entrega digna.

Tras finalizar este proceso, si el psicólogo de la Unidad ve necesario otro acompañamiento psicosocial, direcciona a la familia al Ministerio de Salud para que sea atendido dentro del programa del Papsivi. Si los familiares de la persona desaparecida cuentan con el apoyo de una organización social, la Unidad coordina y apoya las labores de las organizaciones, como es el caso de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes.

Para la atención a familiares víctimas de desaparición forzada que se brinda a través del Papsivi, el Ministerio de Salud tiene una estrategia de acción. Dependiendo de la modalidad se presenta una posible metodología para realizar. Con la individual y la familiar se proponen tres etapas, una de resignificación con la persona desaparecida, una de transformación del entorno y una de reconstrucción de los sentidos (breve referencia a qué se entiende por sentidos) desde la experiencia de la desaparición forzada. En la comunitaria se propone trabajar solo la primera y tercera etapa.

Los problemas en la continuidad de la atención

Además del enfoque psicosocial, la Ley de Víctimas estableció que la atención en salud para este tipo de población vulnerable debe ser integral, responsabilidad que recae en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Esto quiere decir que una vez el Papsivi culmina las sesiones programadas, que son hasta ocho en las diferentes modalidades. Si las víctimas requieren continuar con el apoyo psicológico, el proceso debe hacerse de la manera tradicional a través de la EPS. Es decir, primero deben solicitar una cita con médico general y que este les dé la remisión con el especialista de psicología, que en la mayoría de los casos no está entrenado para atender los requerimientos especiales de los familiares de desaparecidos en el conflicto. El proceso empieza de nuevo.

Según el profesor de la facultad de Psicología de la Universidad del Rosario, Miguel Gutiérrez, en general, el sistema de salud no tiene una buena oferta, ni en cobertura ni calidad de servicios psicológicos. “Es un servicio que regularmente no se le presta a la población y para las víctimas tampoco hay un servicio que esté permanentemente”, asegura Eneyda Valoyes, líder de la Mesa Municipal de Víctimas de Turbo.

Una de las principales dificultades para acceder a la atención psicosocial después de la brindada por los programas del Estado, es que no todos los hospitales en el país cuentan con un área de psicología. En Colombia los hospitales se dividen en cuatro categorías, siendo la tercera la que más se encuentra en ciudades intermedias, que presta servicios más complejos y suele atender salud mental. Los de nivel uno y dos pueden contar con esta atención pero no es muy común.

De los 24 municipios investigados por Rutas del Conflicto, solo cuatro: Turbo (Antioquia), Buenaventura (Valle), La Dorada (Caldas) y Barrancabermeja (Santander), cuentan con un psicólogo permanente en el hospital público. Este profesional es el encargado de atender no solo a las víctimas del conflicto armado sino a toda la población que requiera atención psicosocial.

En los otros municipios analizados, las personas deben trasladarse hacia las capitales o a los centros hospitalarios con área de psicología permanente. Martha Garzón, lideresa de la Red de Mujeres de Vista Hermosa, en Meta, dice que la única psicóloga permanente en el municipio es la de la Comisaría de Familia, que debe atender los casos de violencia intrafamiliar; sin embargo, en algunas ocasiones se han visto obligadas a pedirle que atienda a víctimas. “Ella normalmente tiene mucho trabajo, no nos gusta molestarla, pero es la única opción”, afirma. Si no consiguen ese apoyo, para acudir a una cita en la EPS, las personas deben trasladarse hasta Villavicencio, capital del departamento del Meta, ubicada a tres horas del casco urbano del municipio.

Además de la distancia, otro problema es la falta de capacitación para atender a las personas que han sufrido el conflicto armado. Por lo menos, es lo que han contado las víctimas . (Ir al Capítulo 1) Orlando Triana, coordinador de la Mesa de Víctimas de Tierraalta, en el departamento de Córdoba, reconoce que han visto mejoras en el Papsivi, pero afirma que las atenciones por parte del Estado a las víctimas de desaparición forzada siguen siendo muy débiles en uno de los municipios que más ha sufrido por este hecho.

Según el encargado del Papsivi, en la historia clínica debería decir que la persona es víctima del conflicto armado para poder recibir una atención diferencial. “El protocolo da los lineamientos para organizar la atención en salud de víctimas, por ejemplo, si yo llego a un servicio de salud y solicito una atención, con mi número de cédula en la institución deben conocer si soy o no víctima, eso es un proceso complejo pero en eso hemos estado y hay varios departamentos en los que se están incorporando”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, además de la limitada presencia de centros de salud en las regiones con mayor número de casos derivados de la violencia armada, otra dificultad es la ausencia, en estos hospitales, de profesionales entrenados en atención a víctimas, o por lo menos, como aseguraron la mayoría de los testimonios recogidos por Rutas del Conflicto, con empatía para darles un trato diferencial. “El dolor de lo que nos pasó se manifiesta en el cuerpo, pero uno va al médico y solo hacen preguntas que nos revictimizan”, afirmó Yadi Dominguez, lideresa de Caucasia.

Abordar la salud mental y emocional en Colombia todavía es complejo, desde encontrar profesionales capacitados en atención a víctimas y cubrir todos los municipios de Colombia, hasta que las víctimas confíen nuevamente en los programas del Estado, cuando estos no cumplieron con las expectativas y obligaciones. Las víctimas recurren a otros programas creados por organizaciones de la sociedad civil como Asfaddes. En palabras del doctor Wilson López: “Encuentras en las organizaciones un nivel de tratamiento empírico desde lo colectivo de sentirse juntos, al que tienen víctimas que no están agrupadas. En algunos casos han superado la intensidad del dolor al sentirse unidos”.

“He aprendido a vivir con el dolor porque me tocó vivir con el dolor. Me tocó aprender a vivir sin mi esposo porque me quedaron tres seres muy pequeños por los cuales yo tenía que luchar. He estado participando con algunas organizaciones como Asfaddes, el Programa de Desarrollo y Paz, la Iglesia y he aprendido muchas cosas de eso como a manejar el dolor, aunque a veces me desespero. Han pasado 21 años y me desespero porque es una tortura a diario sin saber dónde está, qué hicieron con él, si estará vivo o no. Son preguntas sin respuestas y he aprendido a convivir con el dolor”. Alix Vélez, esposa de Miguel Cifuentes, desaparecido en la masacre del 18 de febrero en Barrancabermeja, perpetrada por las Autodefensas Campesinas de Santander y el sur del César.

Yadi Domínguez es una lideresa en el municipio de Caucasia, Antioquia, en el noroccidente de Colombia. Esta región, marcada por el cauce del río Cauca, ha mantenido desde hace décadas unos altos índices de asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos por la disputa entre grupos ilegales por la minería ilegal y la producción de cocaína. Domínguez hace parte de la llamada Mesa de Víctimas del pueblo, un espacio creado por la Ley de Víctimas, aprobada en 2011, para que en cada municipio pudieran agruparse quienes habían sufrido con la violencia para exigir sus derechos.

(Lea también el primer capítulo de este especial: El duelo no resuelto, la agonía de la desaparición forzada en Colombia)

Varios miembros de la Mesa buscan a sus familiares desaparecidos, muchos de ellos terminaron flotando aguas abajo del río Cauca. Los pueblos que se encuentran a orillas de este sector del río conforman la región conocida como Bajo Cauca antioqueño.

“La Mesa está coja”, cuenta Domínguez. No se refiere a los problemas del trabajo que la Mesa hace en favor de las víctimas del conflicto armado sino a las dolencias físicas y emocionales que tienen algunos de sus miembros. “Cada mañana, para nosotros, es difícil responder que algo no nos duele. El sufrimiento que tenemos por lo que nos pasó durante el conflicto por algún lado sale”, contó. Además, las violencias que persisten en el Bajo Cauca, zona donde se encuentra Caucasia, por las disputas por el corredor del narcotráfico dificultan los procesos de reparación y rehabilitación de los sobrevivientes.

Buscando una reparación integral y respuestas del porqué de sus dolencias, Domínguez y sus compañeros de Caucasia encontraron que el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud (Papsivi) podría ayudarles. Este es un plan creado en 2011 tras la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que bajo la dirección del Ministerio de Salud debe llevar atención psicosocial a las víctimas registradas ante el Estado, en el Registro Único de Víctimas.

Domínguez asistió a dos sesiones, pero el programa no continuó y nunca le dieron una explicación. Para ella, esas dos citas no le ayudaron y, al contrario, la hicieron sentirse nuevamente víctima y abandonada. Es por eso que ya no confía en la atención médica y psicosocial que le brinda el Estado, que es al único al que puede acceder. Sus dolencias continúan.

Diseño de mapa: Paula Hernández.

Para esta investigación, se construyó una base de datos con estadísticas y testimonios de familiares y colectivos de víctimas del conflicto armado en 24 municipios, con una alta cifra de desaparecidos en el país, de acuerdo con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas. Los municipios escogidos pertenecen a 15 departamentos ubicados en todas las regiones geográficas del país. Puede descargar la base de datos completa aquí.

De la lista, se excluyeron las grandes ciudades -la más poblada en la base de datos es Florencia, con cerca de 150 mil habitantes-, para focalizar la investigación en municipios con los más altos índices de víctimas de desaparición por cada 100 mil habitantes; estos, en su mayoría, cuentan con escasa infraestructura de servicios de salud.

La mayoría de estos testimonios, como el de Yadi Domínguez, apuntan a los problemas de cobertura, calidad de las sesiones y la desconfianza en los programas del Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas, los cuales creen necesarios, pero han sido insuficientes para ayudarles a sortear las situaciones que los victimizaron.

Según Hernando Millán, funcionario de la oficina de promoción social del Ministerio de Salud, unidad que se encarga de atender a las víctimas, la creación de la Ley 1448 de 2011 -mejor conocida como Ley de Víctimas- abrió la puerta para reconocer la existencia del conflicto armado y, como explica el funcionario, “la responsabilidad del Estado frente a los mecanismos de reparación”. Seis meses después de la expedición de la Ley nació el Papsivi, como un programa encargado de ofrecer una atención diferencial, una estrategia de rehabilitación integral para la recuperación o mitigación de los daños causados por el conflicto y contribuir con la unión y el trabajo colaborativo en las comunidades.

Otra de las entidades que quedó encargada de este tipo de atención psicosocial fue la Unidad de Víctimas, organismo que también nació con la Ley 1448, y que tiene como obligación apoyar el plan de trabajo del Papsivi, complementarlo con la Estrategia de Recuperación Emocional planteada por el Ministerio y seguir la ruta de acompañamiento a los familiares de desaparecidos en la entrega digna del cuerpo.

Una atención que no llega a todos

El 16 de mayo de 1998 las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, con la ayuda de agentes del Estado, hicieron un recorrido por varios barrios del suroriente de Barrancabermeja, en el que asesinaron a siete personas y se llevaron a otras 25 para desaparecerlas. Desde ese día, Jaime Peña busca a su hijo Yesid Peña Rodríguez, uno de los jóvenes que los paramilitares se llevaron del barrio El Campín de Barrancabermeja. Son 22 años que Peña lleva buscando a su hijo sin obtener reparación por parte de instituciones estatales en las que no confía, porque no le han ayudado a conocer toda la verdad sobre la ausencia de Yesid.

Peña no ha podido acceder al Papsivi, pues su registro ante la Unidad fue denegado al rehusarse de presentar nuevamente los documentos de la demanda contra el Estado por la desaparición de su hijo, agotado de los trámites para que el Estado lo reconozca como víctima. Para que una persona sea atendida por el Papsivi debe estar registrada en el Registro Único de Víctimas (RUV). Así, la Unidad de Víctimas le da ingreso al Plan de Atención Asistencial y Reparación Integral a las Víctimas (Paari), en donde se planea cómo será la atención psicosocial que se le brindará a través del Papsivi. Si una persona no está reconocida en el RUV, el Estado no podrá prestarle apoyo psicosocial, y si lo está, puede incluir únicamente a su familia en primer grado de consanguinidad para que también pueda acceder a la atención del Papsivi.

Además de la exclusión de los programas de atención psicosocial para las personas que no están en el RUV, otro de los grandes problemas que afecta la cobertura es la convocatoria para asistir a las sesiones de atención. De acuerdo con Hernando Millán, funcionario encargado del Papsivi, las bases de datos con la información de las víctimas no están actualizadas: “Se convierte en un voz a voz para poder llegar”, cuenta.

Muchas personas se desplazan constantemente de vivienda y sus datos quedan desactualizados o las zonas donde viven no tienen la suficiente cobertura de señal celular para recibir llamadas. Para brindar la atención en las diferentes zonas del país, el Papsivi se apoya con promotores psicosociales que se encuentran en las regiones, muchos son representantes de colectivos de víctimas. Ellos se encargan de buscar a las personas que necesitan atención y las convocan para que participen de las sesiones planeadas por el programa.

Yadi Dominguez, lideresa y beneficiaria del Papsivi en Caucasia, trabajó en dos ocasiones como promotora; Ana Lucia Plazas en Granada, Meta, aproximadamente a cuatro horas de la capital, desarrolló las mismas funciones que Dominguez. Las dos le contaron a Rutas del Conflicto que es una experiencia gratificante que dentro del programa haya un trabajo para las víctimas e incluirlas en el proceso de rehabilitación de su comunidad.

Una de las funciones de las lideresas era ir a las casas donde sabían que había víctimas y explicarles sobre su derecho a recibir atención psicosocial y rehabilitación. “Fue difícil convencerlos de asistir a las sesiones con los psicólogos. Algunos tenían miedo o ya habían tenido malas experiencias y se sintieron revictimizados. En otros casos, no podían asistir porque las sesiones eran en sus horarios laborales”, afirmó Plazas.

Otra dificultad con la cobertura de los programas de atención psicosocial del Estado es que “para muchas personas resulta complicado trasladarse desde la zonas rurales hasta los cascos urbanos para tomar las sesiones y el acceso no siempre es fácil”, explica Wilson Salas, psicólogo jurídico y profesor de la Universidad Cooperativa de Barrancabermeja, quien ha trabajado de cerca con colectivos como el 16 de Mayo, que reúne a las víctimas de la masacre ocurrida en esa fecha en 1998.

Hasta el momento, el Papsivi tiene capacidad para llegar únicamente a las cabeceras municipales. Según la Asociación de Víctimas del Ariari, una agrupación del centro oriente del país a borde del río Ariari en el departamento del Meta, el programa, que se realizó en la zona entre 2016 y 2017, no fue implementado en las áreas rurales del departamento, donde se concentran varias comunidades afectadas por la violencia de finales de los noventa y comienzos del 2000. Esa es una de las grandes falencias del programa.

El sexto informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2019 señaló su preocupación en que la cobertura del programa se centrara en zonas urbanas. El Ministerio de Salud ha dicho que está buscando estrategias para llegar a otros territorios: “Estamos haciendo lo posible para llegar a zonas complejas pero también nos interesa la seguridad de quienes ofrecen este servicio”, explica Millán.

Las cifras de familiares desaparecidos que debe atender el Estado por municipio varían entre el Ministerio y la Unidad de Víctmas. Aunque el Papsivi solo puede atender a quienes estén registrados en el Registro Único de Víctimas, el Ministerio hace una validación adicional de estos datos, tratando de ubicar a los familiares de los desaparecidos en los municipios en los que realmente viven. Si en este proceso no se puede confirmar en dónde vive una persona, el Ministerio la excluye de su base de datos.

Pero sin importar la variación en las cifras, los porcentajes de atención siguen siendo muy bajos.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en el municipio de Turbo, Antioquia, fueron desaparecidas 1355 personas. En el RUV hay registros de 2451 familiares, mientras en la base de datos del Ministerio de Salud hay apenas 1915, que tienen derecho a la atención del Papsivi. Según el Ministerio, solo 58 personas, el 3% de su propia base de datos han sido atendidas con enfoque en desaparición forzada.

De los 24 municipios que Rutas del Conflicto examinó, Florencia en Caquetá es el que reporta mayor número de atenciones en este hecho victimizante con 107 víctimas atendidas, aunque esto solo representa el 6 % de quienes son reconocidos por el Ministerio. Solo tres municipios, Tierralta (Córdoba), Vista Hermosa (Meta) y Caucasia (Antioquia), cuentan con más del 10 % de personas atendidas.

En las grandes ciudades, las cifras de atención a víctimas de este delito no son mejores. Medellín cuenta con más de seis mil personas en la base de datos del Ministerio por este hecho y solo han sido atendidas 148, cerca del 2 %. Porcentaje similar tiene Bogotá, donde el Ministerio tiene identificadas a 4.481 personas y el Papsivi ha llegado a 118 , para un 3 % de atenciones. Cali tiene 1.106 personas registradas por desaparición forzada y 155 atendidas, con lo que ha llegado al 14 %.

En el total nacional, el Ministerio señala que tiene un total de 159.118 registros por desaparición forzada y solo ha atendido 5.857 personas, es decir, apenas el 3.6%.

Por su parte, la Unidad de Víctimas ha trabajado en las diligencias de búsqueda, exhumación y entrega digna de cuerpos, una tarea que llevan desarrollando en compañía del Ministerio de Salud, Medicina Legal y la Fiscalía desde el 2011. En palabras de Aida Solano, coordinadora del grupo de enfoque psicosocial de la Unidad para las Víctimas, brinda un acompañamiento y asesoría en momentos concretos a las familias de personas dadas por desaparecidas.

La Unidad de Víctimas cuenta con 47 psicólogos que llevan más de cuatro años trabajando en la atención de familiares de desaparición forzada, 12 en Bogotá que se desplazan a nivel nacional y 35 en los territorios. La institución hace el acompañamiento, en promedio, de 40 cuerpos al mes y como lo expresa Solano: “nunca hemos dejado de cumplir esta labor”.

El seguimiento que no existe

Barrancabermeja es la principal ciudad del Magdalena Medio en las orillas del río Magdalena, el más importante de Colombia. Allí se encuentra la refinería del petróleo más grande del país y ha sido centro de la violencia proveniente de varios frentes: guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. Luz Almanza es una de las mujeres que buscó a su esposo desaparecido en la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja, hasta que el Estado le entregó parte de sus restos en el 2009. Durante estos 22 años, Almanza recuerda haber asistido a un par de sesiones con el Papsivi, pero el proceso no continuó porque en su caso, después de dos visitas, los psicólogos no volvieron. “La verdad, el Papsivi no cumplió con la rehabilitación que esperábamos las víctimas. Todo quedó a medias. No hubo continuidad”, contó.

En la región del Magdalena Medio se estima que hay más de 2.500 desaparecidos, según el Centro de Memoria Histórica. De acuerdo con datos de la plataforma de contratación estatal (Secop), el Papsivi ha adelantado por lo menos cuatro campañas de atención en Barrancabermeja, que se han dividido en sesiones comunitarias, familiares y otras individuales. Según explica Millán, esas son las modalidades de atención que presta el programa: “Se coordinan, en el caso de las atenciones familiares individuales, una sesión semanal durante ocho semanas, y en el caso de las comunidades se realizan seis sesiones. Estas ocho sesiones son intensas, cada semana. Se trabaja una hora con las familias” afirmó.

No en todos los casos los planes de intervención propuestos por el Papsivi se cumplen, pues aunque como lo explicó Millán, en sesiones individuales el ciclo está conformado por una visita semanal durante ocho semanas, en el caso de Luz Almanza solo la atendieron dos veces. En Granada, Meta, la comunidad se quejó ante el Ministerio porque las sesiones no se completaron y el psicólogo que los atendió en 2017 durante el proceso no los volvió a llamar y a convocar a las sesiones colectivas.

Cuando se da el enfoque psicosocial a la atención, en palabras del profesor Wilson Salas, lo que se espera es que haya un seguimiento a las personas para poder conocer cómo han mejorado sus condiciones de vida. Esta es una falencia que tienen los procesos ya que los resultados posteriores a la intervención no siempre son medidos.

Muchas veces ni los recursos ni la fuerza de trabajo, es decir, los equipos psicosociales, son suficientes para brindar atención de calidad. Según explica Aída Solano, coordinadora de la atención psicológica de la Unidad de Víctimas, la cantidad de personas a atender los desborda en profesionales y deben tercerizar el servicio. Y, aunque la Unidad capacita a tales contratistas, “a veces nos engañan”, dice Solano. “Llamamos a los beneficiarios y nos dice que el psicólogo no volvió, pero el profesional reporta deserción o desinterés de las víctimas”, cuenta la funcionaria.

Para Celsa Arias, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Riosucio, en el departamento de Caldas, las sesiones del Papsivi no se completaron. “El psicólogo nos atendió tres veces y diligenció unos formatos y ya”, afirma. Varias de las personas que Rutas del Conflicto entrevistó manifestaron la incomodidad de estar firmado las listas de asistencia a las sesiones. “Van por la firma y así mostrar que cumplen. Nosotros no somos una meta”, cuenta Yady Domínguez, lideresa de Caucasia, quien insiste en que las víctimas de su región sienten que los programas no apuntan a una rehabilitación integral sino a mostrar resultados en números.

Tanto la Unidad de Víctimas como el Ministerio de Salud tercerizan la prestación de los servicios psicosociales en las comunidades afectadas por el conflicto. En ambos casos, cuentan con protocolos y esquemas de seguimiento a los contratistas para mantener supervisión sobre la ejecución de los planes. Precisamente, una de las maneras para sustentar las metas esperadas es a través de las firmas de asistencia a las sesiones, pero para Wilson Salas, este registro se convierte en una acción burocrática de la que ya las víctimas están cansadas.

Además del incumplimiento en los planes de intervención, otra de las inconformidades de las víctimas, que se derivan de la tercerización, es que los profesionales que llegan a prestar la atención psicosocial muchas veces no cuentan con la experiencia ni el conocimiento de las comunidades, y esto resulta en una situación dolorosa.

Por ejemplo, en 2014 la Gobernación de San José del Guaviare contrató un psicólogo por tres meses por 12 millones de pesos con el objetivo de atender a víctimas del conflicto dentro del Papsivi. Algunas de las personas que asistieron a esas sesiones afirmaron que el psicólogo no conocía el contexto regional del conflicto o no sabían cómo abordar los hechos victimizantes. En Aguachica, en el departamento del Cesar, algunos manifestaron que las sesiones se centraron en los impactos en el proyecto de vida de quienes abandonaron sus tierras por el conflicto, pero no abordaron qué pasa con los planes de vida de los familiares de desaparición. O en Granada, Meta, el profesional no conocía los impactos de la desaparición, la violencia sexual y las minas antipersonal en el territorio.

En otros casos, lo que más afectaba en la ejecución de los programas era la alta rotación de los psicólogos. Los mayores perjudicados de esta falta de continuidad, por supuesto, son las víctimas y su estabilidad emocional. “Preguntarme una y otra vez lo que nos pasó duele”, afirmó una de las beneficiarias del Papsivi en Ciénaga, Magdalena. Ella hace referencia a que ha podido participar del programa en dos ocasiones, en 2016 y 2017, en sesiones individuales. Pero en cada sesión los psicólogos han sido distintos y lo que le pasó en dos ocasiones fue retroceder el proceso que llevaba con la primera persona que la atendió. A su vez, Domínguez en Caucasia dijo que “es una suerte si nos toca con el mismo profesional en dos ciclos”.

Estas situaciones hacen que las víctimas pierdan la confianza en las instituciones y el interés de participar en los programas de rehabilitación. “Ni me nombre al Papsivi, es ir a perder el tiempo”, cuenta Paola Moreno, refiriéndose a la atención que recibieron algunas familias en Aguachica, Cesar. Algunos de los beneficiarios de Carepa, Antioquia, afirmaron no volver a asistir a las sesiones porque los profesionales no conocían la región, tenían que firmar y el ciclo de atención no se terminaba. Las comunidades empiezan a ver en los programas una forma del Estado de cumplir, pero que no representa una rehabilitación ni una reparación.

Varios colectivos de víctimas vienen trabajando en el reconocimiento de sus derechos; ese empoderamiento ha logrado que ellos mismos hagan un seguimiento de los programas de atención psicosocial que ofrece el Estado. “En 2017 se planearon ocho sesiones por parte del Papsivi, pero estas nunca se completaron. Por eso, en 2019 estuvimos más pendientes de que la atención se cumpliera y fue un ciclo que realmente tuvo buenos resultados para la comunidad”, contó Orlando Triana, coordinador de la Mesa de Víctimas de Tierralta, Córdoba.

Entre los requisitos que exigen tanto la Unidad de Víctimas como el Ministerio de Salud para contratar a los terceros que van a prestar la atención en las regiones, está contar con profesionales que cumplan con un mínimo de experiencia en atención a población vulnerable o víctimas del conflicto, o contar con un posgrado en áreas afines. Como lo dice la doctora Nohelia Hewitt Ramírez, docente de la facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura: pueden llegar a trabajar para el Ministerio de Salud recién graduados sin la experiencia necesaria. “Puede darse el caso que terminan sus estudios y continúan con un posgrado sin antes tener la experiencia clínica con quienes han sufrido la violencia del conflicto. Y así llegan al Papsivi porque el posgrado se valida como experiencia”, dice la doctora Hewitt.

A pesar de las inconformidades, para varias comunidades, programas como el Papsivi han sido útiles en la reconstrucción del tejido social y la rehabilitación emocional. Incluso, muchas de ellas, como en Apartadó, Antioquia, han solicitado nuevos ciclos de atención, pero como cuenta Eneyda Valoyes, de la Mesa Municipal de Víctimas del vecino municipio de Turbo, “hasta el momento no lo hemos conseguido”. En Riosucio, Celsa Arias manifestó que les ayudaron las sesiones a nivel comunitario y han querido terminar el proceso; han solicitado a la Mesa Departamental de Víctimas poder reactivar el Papsivi en el municipio pero tampoco han obtenido respuesta.

A diferencia del Papsivi, La Unidad de Víctimas a parte de acompañar los procesos del Ministerio de Salud, tiene labores concretas en la entrega de los cuerpos como es el acompañamiento psicológico. El 23 de diciembre de 2011 desapareció Eli Ballesteros, padre de Esther Ballesteros. Después de ocho años de búsqueda lograron encontrarlo tras tres excavaciones realizadas por la misma familia. La Unidad los acompañó en la exhumación y entrega de los restos. “Nos hicieron charlas previas para prepararnos. Fue una ceremonia muy linda”, afirmó Ballesteros.

Entre sus obligaciones, a parte de la preparación de las familias, la Unidad de Víctimas se encarga de la unificación familiar, es decir, gestionar que los familiares en primer grado de consanguinidad o civil puedan asistir a las ceremonias. La entidad asume los gastos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante el proceso de entrega digna.

Tras finalizar este proceso, si el psicólogo de la Unidad ve necesario otro acompañamiento psicosocial, direcciona a la familia al Ministerio de Salud para que sea atendido dentro del programa del Papsivi. Si los familiares de la persona desaparecida cuentan con el apoyo de una organización social, la Unidad coordina y apoya las labores de las organizaciones, como es el caso de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes.

Para la atención a familiares víctimas de desaparición forzada que se brinda a través del Papsivi, el Ministerio de Salud tiene una estrategia de acción. Dependiendo de la modalidad se presenta una posible metodología para realizar. Con la individual y la familiar se proponen tres etapas, una de resignificación con la persona desaparecida, una de transformación del entorno y una de reconstrucción de los sentidos (breve referencia a qué se entiende por sentidos) desde la experiencia de la desaparición forzada. En la comunitaria se propone trabajar solo la primera y tercera etapa.

Los problemas en la continuidad de la atención

Además del enfoque psicosocial, la Ley de Víctimas estableció que la atención en salud para este tipo de población vulnerable debe ser integral, responsabilidad que recae en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Esto quiere decir que una vez el Papsivi culmina las sesiones programadas, que son hasta ocho en las diferentes modalidades. Si las víctimas requieren continuar con el apoyo psicológico, el proceso debe hacerse de la manera tradicional a través de la EPS. Es decir, primero deben solicitar una cita con médico general y que este les dé la remisión con el especialista de psicología, que en la mayoría de los casos no está entrenado para atender los requerimientos especiales de los familiares de desaparecidos en el conflicto. El proceso empieza de nuevo.

Según el profesor de la facultad de Psicología de la Universidad del Rosario, Miguel Gutiérrez, en general, el sistema de salud no tiene una buena oferta, ni en cobertura ni calidad de servicios psicológicos. “Es un servicio que regularmente no se le presta a la población y para las víctimas tampoco hay un servicio que esté permanentemente”, asegura Eneyda Valoyes, líder de la Mesa Municipal de Víctimas de Turbo.

Una de las principales dificultades para acceder a la atención psicosocial después de la brindada por los programas del Estado, es que no todos los hospitales en el país cuentan con un área de psicología. En Colombia los hospitales se dividen en cuatro categorías, siendo la tercera la que más se encuentra en ciudades intermedias, que presta servicios más complejos y suele atender salud mental. Los de nivel uno y dos pueden contar con esta atención pero no es muy común.

De los 24 municipios investigados por Rutas del Conflicto, solo cuatro: Turbo (Antioquia), Buenaventura (Valle), La Dorada (Caldas) y Barrancabermeja (Santander), cuentan con un psicólogo permanente en el hospital público. Este profesional es el encargado de atender no solo a las víctimas del conflicto armado sino a toda la población que requiera atención psicosocial.

En los otros municipios analizados, las personas deben trasladarse hacia las capitales o a los centros hospitalarios con área de psicología permanente. Martha Garzón, lideresa de la Red de Mujeres de Vista Hermosa, en Meta, dice que la única psicóloga permanente en el municipio es la de la Comisaría de Familia, que debe atender los casos de violencia intrafamiliar; sin embargo, en algunas ocasiones se han visto obligadas a pedirle que atienda a víctimas. “Ella normalmente tiene mucho trabajo, no nos gusta molestarla, pero es la única opción”, afirma. Si no consiguen ese apoyo, para acudir a una cita en la EPS, las personas deben trasladarse hasta Villavicencio, capital del departamento del Meta, ubicada a tres horas del casco urbano del municipio.

Además de la distancia, otro problema es la falta de capacitación para atender a las personas que han sufrido el conflicto armado. Por lo menos, es lo que han contado las víctimas . (Ir al Capítulo 1) Orlando Triana, coordinador de la Mesa de Víctimas de Tierraalta, en el departamento de Córdoba, reconoce que han visto mejoras en el Papsivi, pero afirma que las atenciones por parte del Estado a las víctimas de desaparición forzada siguen siendo muy débiles en uno de los municipios que más ha sufrido por este hecho.

Según el encargado del Papsivi, en la historia clínica debería decir que la persona es víctima del conflicto armado para poder recibir una atención diferencial. “El protocolo da los lineamientos para organizar la atención en salud de víctimas, por ejemplo, si yo llego a un servicio de salud y solicito una atención, con mi número de cédula en la institución deben conocer si soy o no víctima, eso es un proceso complejo pero en eso hemos estado y hay varios departamentos en los que se están incorporando”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, además de la limitada presencia de centros de salud en las regiones con mayor número de casos derivados de la violencia armada, otra dificultad es la ausencia, en estos hospitales, de profesionales entrenados en atención a víctimas, o por lo menos, como aseguraron la mayoría de los testimonios recogidos por Rutas del Conflicto, con empatía para darles un trato diferencial. “El dolor de lo que nos pasó se manifiesta en el cuerpo, pero uno va al médico y solo hacen preguntas que nos revictimizan”, afirmó Yadi Dominguez, lideresa de Caucasia.

Abordar la salud mental y emocional en Colombia todavía es complejo, desde encontrar profesionales capacitados en atención a víctimas y cubrir todos los municipios de Colombia, hasta que las víctimas confíen nuevamente en los programas del Estado, cuando estos no cumplieron con las expectativas y obligaciones. Las víctimas recurren a otros programas creados por organizaciones de la sociedad civil como Asfaddes. En palabras del doctor Wilson López: “Encuentras en las organizaciones un nivel de tratamiento empírico desde lo colectivo de sentirse juntos, al que tienen víctimas que no están agrupadas. En algunos casos han superado la intensidad del dolor al sentirse unidos”.