La utilización y el reclutamiento de menores de edad en Medellín no para

Ángela* tuvo que salir de su barrio para salvar la vida de su hijo adolescente que era buscado por los Juaquinillos para matarlo. Esta banda criminal, que opera en la Comuna 16 (Belén) de Medellín, lo había reclutado a él y a un amigo desde muy jóvenes. “Lo trataron de involucrar desde muy niño”. Primero era llevar cosas simples, como paquetes de droga, y después lo fueron involucrando más. Tras salirse del colegio y tener un problema con la Policía, ambos jóvenes se metieron de lleno en la organización. Pero según esta madre, hace un tiempo, una “vuelta” salió mal y los dos trataron de salirse. No los dejaron. Eran ya reconocidos por las autoridades y los intentaron matar para no dejar cabos sueltos.

Para salvar sus vidas, los dos muchachos, que todavía no cumplían la mayoría de edad, se tuvieron que entregar a la Policía y aceptar un tiempo en detención como forma de protegerse de sus perseguidores. En el caso de Ángela y su familia, tuvieron que abandonar el barrio en el que vivían y trasladarse a otra zona para huir de los Juaquinillos. Ahora, cuando se le pregunta por la situación de su hijo, solo atina a decir: “Cuando ya no les sirven, los sacan del medio para que no hablen”. También cuenta que el de ella no es el único caso y que conoce varias situaciones, como la de un joven que tuvieron que sacar del país y pagar para que no lo mataran, porque afrontó una situación similar a la de su hijo.

Esta es tan solo una historia de las cientos que tienen reportadas las autoridades sobre la utilización y el reclutamiento de menores de edad en la capital de Antioquia. O tal vez no son tantas, pues, como le reconocieron a este diario, este es un secreto a voces y un problema del que pocos quieren hablar o denunciar. La visibilización de esta situación ha venido principalmente por organizaciones sociales y por expertos en un conflicto que azota a la ciudad desde hace cerca de 40 años, desde la época de Pablo Escobar. A finales de febrero, la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho alertó que, en el suroccidente de Medellín, sobre todo en Belén, estaría en aumento la vinculación forzosa de menores por parte de bandas como los Chivos, los Juaquinillos y hasta las AGC o Clan del Golfo.

Sobre esta denuncia, El Espectador tuvo la oportunidad de hablar con Julio César Rengifo, analista del conflicto y coordinador de la corporación denunciante, quien reconoció que la utilización y el reclutamiento de menores es un problema de toda la vida en Medellín, pero que a finales de 2020 y lo que va de este año han tenido más denuncias de ocho comunas, sobre todo de la 16. Se trata de un lugar estratégico debido a que, con los corregimientos de Altavista y las veredas del Manzanillo y Aguas Frías, forman un “viaducto” con la Comuna 13 (San Javier). Según Rengifo, este corredor es utilizado por las AGC para narcotráfico y contrabando de armas.

(Le puede interesar: La Defensoría alertó desde 2019 el reclutamiento de niños y adolescentes en Guaviare)

Precisamente, el analista dejó entrever que además de la utilización de menores de edad por parte de las bandas criminales -en actividades como carritos, campaneros, cobros de extorsiones y hasta sicariato-, en las zonas se está evidenciando el reclutamiento por parte del Clan del Golfo: “Tenemos la presencia de las AGC en la Comuna 8, en La Sierra y en la Comuna 16”. Por otro lado, señala que cada organización delincuencial tendría entre sus filas de 15 a 20 menores, de los cuales al menos dos están destinados a actividades de sicariato. Rengifo también denunció que han identificado que estas bandas se estarían aprovechando del drama migratorio para involucrar a menores de edad venezolanos.

Otro de los que han tratado de visibilizar la utilización y el reclutamiento de menores de edad es Fernando Quijano, experto en conflicto de Medellín. Este apunta a que es una situación que se ha mantenido constante en el último tiempo, pero que cobra dimensiones de terror cuando se ponen en contexto a la cantidad de bandas que habría en la ciudad. En Medellín no hay certeza de cuántas organizaciones operan. Mientras que la oficialidad habla de 140, estudios de la Universidad Eafit dicen que son cerca de 350. A ese número, según Quijano, hay que agregarle que el 40 % de los miembros de estas serían menores de edad, es decir, alrededor de 15 a 25 miembros por banda. Ello implicaría que entre 2.100 y 8.750 menores estarían siendo utilizados por la criminalidad.

Las cifras no son exactas, porque es imposible tener un censo de estas organizaciones por fuera de la legalidad. Lo que está claro para Quijano es que “estos grupos se están nutriendo de los niños, niñas y adolescentes. Son mano de obra muy barata y atractivos en el tema de lo judicial y las leyes, pues la mayoría son inimputables”. Además, aseguró que un menor de edad es más fácil de disciplinar que un adulto, por lo que son aprovechados como carne de cañón. Quijano denunció que los niños, niñas y jóvenes venezolanos han sido instrumentalizados por estas bandas. “Hoy se está utilizando mucho a los niños migrantes. Muchas familias llegan en condiciones muy malas y estás organizaciones les brindan techo y alimento. Entonces terminan en ellas”.

Pero además, agrega Quijano, cada vez se hace más notorio que los menores de edad están siendo reclutados por parte de los grupos paramilitares y disidencias que operan en el Bajo Cauca antioqueño. “Están siendo sacados para participar en los Caparros, las disidencias y las AGC. La necesidad de tener hombres lleva a que estas organizaciones recluten en las ciudades”, explicó el experto en violencia, que ha dicho que los jóvenes del Valle de Aburrá han sido históricamente muy apetecidos para el conflicto. Y con relación a los migrantes recién llegados, reveló que hay jóvenes venezolanos que han sido sacados de la ciudad para trabajar en los cultivos ilícitos y la minería ilegal, además de los que fueron reclutados para la participación directa en los combates.

La visión de las autoridades

Al consultar con las autoridades, cada una da una versión distinta, pero la mayoría apunta a que es un problema del que la documentación y la tipificación es escasa porque son pocas las denuncias y no muchos quieren hablar del tema. Además, comentó Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, hay sectores donde se naturaliza el fenómeno y se piensa que es común que los jóvenes sean parte de estas organizaciones delictivas. Sin embargo, destacó que la ciudad le está poniendo la lupa a esta situación a través de la Mesa de Prevención, donde diferentes autoridades del ámbito local, la Policía, la Fiscalía y el Instituto de Bienestar Familiar han liderado acciones preventivas a favor de 7.000 menores de edad.

A pesar de estas campañas, el funcionario reporta cifras bastante altas. Por ejemplo, en 2020, la ruta de atención a los menores instrumentalizados por las bandas criminales fue aplicada en 157 casos, la mayoría de estos en las Comunas 1, 3, 5 y 7, “en la zona nororiental y noroccidental”. Asimismo, señaló que 106 casos son de muchachos entre los 13 y 17 años, la mayoría hombres (75 %). Al total de casos recibidos, el funcionario contó que 23 menores de edad tuvieron que ser sacados con su familia de las zonas donde vivían hacia a otros barrios o ciudades, debido a que sus vidas corrían peligro por amenazas de las bandas criminales.

(Lea también: Víctimas de reclutamiento forzado luchan para que el Estado las repare)

Herrera Duque hizo énfasis en que en 2020 no recibieron denuncias de reclutamiento. Sin embargo, este panorama es distinto en 2021, pues hasta principios de marzo ya habían recibido tres casos de menores de edad que fueron sacados de Medellín y llevados al Bajo Cauca por los Caparros. Frente a esto, llamó la atención y dijo que no es normal, debido a que normalmente esos reclutamientos se hacían para operar en la misma ciudad. Por otro lado, sobre las capturas por estos delitos, su cartera tiene registro de 40 personas que el año pasado fueron capturadas y procesadas por este tipo de delitos. Sin embargo, las cifras varían según a la autoridad o dependencia a la que se le pidan datos sobre estos hechos.

Por ejemplo, en diálogo con el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, la entidad tiene registro de 21 capturas por este delito, nueve de ellas con orden judicial. En esta misma línea, explicó que hasta mediados de marzo de este año se reportaron 80 capturas por instrumentalización de menores, de las cuales 31 serían líderes de estos grupos delincuenciales. Además, comentó que tendrían noticia de 260 menores de edad que habrían sido utilizados por los detenidos e incluso destacó el caso de un menor de 13 años que era “gatillero” y mató a siete personas. Por otro lado, hizo énfasis en que no han podido verificar las últimas denuncias de las ONG por falta de testimonios en el territorio, por lo que han venido cambiando las estrategias para avanzar en la judicialización de estos delitos.

Ahora, según Acevedo, el plan pasa por realmente imputar los cargos por la utilización de menores de edad para acciones criminales. El funcionario comentó que en varias ocasiones, para tener un margen de negociación, no se imputaban estos delitos, lo que de inmediato impedía que se otorgaran rebajas o beneficios a los miembros de estas bandas criminales. En pos de una posible negociación, sacrificaban la posibilidad de judicializar. Sin embargo, la estrategia cambió para garantizar que estos grupos criminales no sigan utilizando menores para operar en la ciudad.

Esta misma estrategia fue comentada por el mayor Yair Morales, jefe de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Según indicó, se está procesando a las bandas para garantizar que no tengan beneficios. En este orden, dijo que hay nueve operaciones en curso, en las que se ha demostrado que organizaciones criminales son responsables de estos delitos. Entre las bandas implicadas habló de Los del Llano, Los de la Loma, La Milagrosa, La Agonía, La Unión, los Conejos y La Viña. Por otro lado, reveló que tenían casos de dos denuncias por reclutamiento, una que estaba mal tipificada y otra de una menor de edad que fue sacada por el Eln de la ciudad y enviada hacia Chocó. Allí escapó y se entregó a las autoridades.

Más allá de las cifras de menores recuperados o de detenidos, es poca la información que tiene la institucionalidad sobre los que podrían estar siendo víctimas de este flagelo o el panorama en el territorio. Para encontrar esta visión se debe recurrir al Ministerio Público, y aún allí no hay mayores datos. Este diario intentó consultar a la Personería sobre este tema, pero prefirió no dar declaraciones, bajo la premisa de que en las últimas denuncias de reclutamiento en la comuna Belén no pudieron documentar lo dicho por las organizaciones de derechos humanos. Incluso hay una alerta temprana de diciembre de 2020.

(Lea: ‘Mal haríamos en decir que el Estado es responsable del reclutamiento’: directora del ICBF)

En esta, la representación del Ministerio Público en Medellín alertó que el 10 % de los menores estaban en riesgo de ser vinculados a grupos delincuenciales. Además, señaló que en la ciudad hubo un aumento del 50 % en los reclutamientos y que en su base de datos tenían reportados 22 casos. Sin embargo, vale aclarar que en la institución no se hace una diferenciación entre reclutamiento y utilización, como lo hace el gobierno local, que define el primero para grupos organizados como las AGC, las disidencias y el Eln, y el segundo para las bandas criminales que delinquen en la ciudad. La Personería entiende el reclutamiento como ser parte oficial de un grupo delincuencial, sin importar si es una banda criminal o una organización que intervenga en el conflicto.

Una voz en el interior de la misma institución alertó que la Personería estaría manejando cifras desactualizadas y que incluso no habría quién quisiera hacerse cargo del tema. Frente a este posible vacío, la mejor forma de despejar dudas es con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la última de julio de 2020. En esta se prenden las alarmas porque los niños, niñas y adolescentes son las víctimas de casi la mitad de los homicidios en Medellín en los últimos dos años y son blanco de la utilización y el reclutamiento. Frente a este último fenómeno lograron documentar 84 casos, la mayoría en Belén, Altavista, San Javier, Robledo, 12 de Octubre, Popular, Manrique, Villa Hermosa y Buenos Aires.

“En todas las comunas y corregimientos hay relatos de la presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de las estructuras armadas ilegales”, dice la Alerta 032 de la Defensoría sobre Medellín. En esta misma se comenta que la entidad pudo “observar menores de edad en posiciones de vigilancia y campaneo, también en las plazas de ventas de drogas. Las diferentes autoridades en espacios como los subcomités de Prevención y Protección han escuchado y han verificado que son utilizados para ejercer control territorial en estos sectores”. Además, documentaron varios casos en los que las familias tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de estas bandas.

Aunque es cierto que el fenómeno es de vieja data en Medellín, cada uno de los testimonios prende las alarmas sobre un problema que parece nunca acabar. Es más, ya no son solo las bandas criminales de la ciudad, sino que se comienza a mencionara a las AGC, las disidencias y el Eln como responsables de reclutamientos en la zona urbana para llevarlos a las zonas de conflicto. Un hecho, que como ya se ha visto en otras regiones del país, pone a los menores reclutados en una total indefensión ante las acciones de los actores armados, ilegales o estatales.

*Nombre cambiado.

Ángela* tuvo que salir de su barrio para salvar la vida de su hijo adolescente que era buscado por los Juaquinillos para matarlo. Esta banda criminal, que opera en la Comuna 16 (Belén) de Medellín, lo había reclutado a él y a un amigo desde muy jóvenes. “Lo trataron de involucrar desde muy niño”. Primero era llevar cosas simples, como paquetes de droga, y después lo fueron involucrando más. Tras salirse del colegio y tener un problema con la Policía, ambos jóvenes se metieron de lleno en la organización. Pero según esta madre, hace un tiempo, una “vuelta” salió mal y los dos trataron de salirse. No los dejaron. Eran ya reconocidos por las autoridades y los intentaron matar para no dejar cabos sueltos.

Para salvar sus vidas, los dos muchachos, que todavía no cumplían la mayoría de edad, se tuvieron que entregar a la Policía y aceptar un tiempo en detención como forma de protegerse de sus perseguidores. En el caso de Ángela y su familia, tuvieron que abandonar el barrio en el que vivían y trasladarse a otra zona para huir de los Juaquinillos. Ahora, cuando se le pregunta por la situación de su hijo, solo atina a decir: “Cuando ya no les sirven, los sacan del medio para que no hablen”. También cuenta que el de ella no es el único caso y que conoce varias situaciones, como la de un joven que tuvieron que sacar del país y pagar para que no lo mataran, porque afrontó una situación similar a la de su hijo.

Esta es tan solo una historia de las cientos que tienen reportadas las autoridades sobre la utilización y el reclutamiento de menores de edad en la capital de Antioquia. O tal vez no son tantas, pues, como le reconocieron a este diario, este es un secreto a voces y un problema del que pocos quieren hablar o denunciar. La visibilización de esta situación ha venido principalmente por organizaciones sociales y por expertos en un conflicto que azota a la ciudad desde hace cerca de 40 años, desde la época de Pablo Escobar. A finales de febrero, la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho alertó que, en el suroccidente de Medellín, sobre todo en Belén, estaría en aumento la vinculación forzosa de menores por parte de bandas como los Chivos, los Juaquinillos y hasta las AGC o Clan del Golfo.

Sobre esta denuncia, El Espectador tuvo la oportunidad de hablar con Julio César Rengifo, analista del conflicto y coordinador de la corporación denunciante, quien reconoció que la utilización y el reclutamiento de menores es un problema de toda la vida en Medellín, pero que a finales de 2020 y lo que va de este año han tenido más denuncias de ocho comunas, sobre todo de la 16. Se trata de un lugar estratégico debido a que, con los corregimientos de Altavista y las veredas del Manzanillo y Aguas Frías, forman un “viaducto” con la Comuna 13 (San Javier). Según Rengifo, este corredor es utilizado por las AGC para narcotráfico y contrabando de armas.

(Le puede interesar: La Defensoría alertó desde 2019 el reclutamiento de niños y adolescentes en Guaviare)

Precisamente, el analista dejó entrever que además de la utilización de menores de edad por parte de las bandas criminales -en actividades como carritos, campaneros, cobros de extorsiones y hasta sicariato-, en las zonas se está evidenciando el reclutamiento por parte del Clan del Golfo: “Tenemos la presencia de las AGC en la Comuna 8, en La Sierra y en la Comuna 16”. Por otro lado, señala que cada organización delincuencial tendría entre sus filas de 15 a 20 menores, de los cuales al menos dos están destinados a actividades de sicariato. Rengifo también denunció que han identificado que estas bandas se estarían aprovechando del drama migratorio para involucrar a menores de edad venezolanos.

Otro de los que han tratado de visibilizar la utilización y el reclutamiento de menores de edad es Fernando Quijano, experto en conflicto de Medellín. Este apunta a que es una situación que se ha mantenido constante en el último tiempo, pero que cobra dimensiones de terror cuando se ponen en contexto a la cantidad de bandas que habría en la ciudad. En Medellín no hay certeza de cuántas organizaciones operan. Mientras que la oficialidad habla de 140, estudios de la Universidad Eafit dicen que son cerca de 350. A ese número, según Quijano, hay que agregarle que el 40 % de los miembros de estas serían menores de edad, es decir, alrededor de 15 a 25 miembros por banda. Ello implicaría que entre 2.100 y 8.750 menores estarían siendo utilizados por la criminalidad.

Las cifras no son exactas, porque es imposible tener un censo de estas organizaciones por fuera de la legalidad. Lo que está claro para Quijano es que “estos grupos se están nutriendo de los niños, niñas y adolescentes. Son mano de obra muy barata y atractivos en el tema de lo judicial y las leyes, pues la mayoría son inimputables”. Además, aseguró que un menor de edad es más fácil de disciplinar que un adulto, por lo que son aprovechados como carne de cañón. Quijano denunció que los niños, niñas y jóvenes venezolanos han sido instrumentalizados por estas bandas. “Hoy se está utilizando mucho a los niños migrantes. Muchas familias llegan en condiciones muy malas y estás organizaciones les brindan techo y alimento. Entonces terminan en ellas”.

Pero además, agrega Quijano, cada vez se hace más notorio que los menores de edad están siendo reclutados por parte de los grupos paramilitares y disidencias que operan en el Bajo Cauca antioqueño. “Están siendo sacados para participar en los Caparros, las disidencias y las AGC. La necesidad de tener hombres lleva a que estas organizaciones recluten en las ciudades”, explicó el experto en violencia, que ha dicho que los jóvenes del Valle de Aburrá han sido históricamente muy apetecidos para el conflicto. Y con relación a los migrantes recién llegados, reveló que hay jóvenes venezolanos que han sido sacados de la ciudad para trabajar en los cultivos ilícitos y la minería ilegal, además de los que fueron reclutados para la participación directa en los combates.

La visión de las autoridades

Al consultar con las autoridades, cada una da una versión distinta, pero la mayoría apunta a que es un problema del que la documentación y la tipificación es escasa porque son pocas las denuncias y no muchos quieren hablar del tema. Además, comentó Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, hay sectores donde se naturaliza el fenómeno y se piensa que es común que los jóvenes sean parte de estas organizaciones delictivas. Sin embargo, destacó que la ciudad le está poniendo la lupa a esta situación a través de la Mesa de Prevención, donde diferentes autoridades del ámbito local, la Policía, la Fiscalía y el Instituto de Bienestar Familiar han liderado acciones preventivas a favor de 7.000 menores de edad.

A pesar de estas campañas, el funcionario reporta cifras bastante altas. Por ejemplo, en 2020, la ruta de atención a los menores instrumentalizados por las bandas criminales fue aplicada en 157 casos, la mayoría de estos en las Comunas 1, 3, 5 y 7, “en la zona nororiental y noroccidental”. Asimismo, señaló que 106 casos son de muchachos entre los 13 y 17 años, la mayoría hombres (75 %). Al total de casos recibidos, el funcionario contó que 23 menores de edad tuvieron que ser sacados con su familia de las zonas donde vivían hacia a otros barrios o ciudades, debido a que sus vidas corrían peligro por amenazas de las bandas criminales.

(Lea también: Víctimas de reclutamiento forzado luchan para que el Estado las repare)

Herrera Duque hizo énfasis en que en 2020 no recibieron denuncias de reclutamiento. Sin embargo, este panorama es distinto en 2021, pues hasta principios de marzo ya habían recibido tres casos de menores de edad que fueron sacados de Medellín y llevados al Bajo Cauca por los Caparros. Frente a esto, llamó la atención y dijo que no es normal, debido a que normalmente esos reclutamientos se hacían para operar en la misma ciudad. Por otro lado, sobre las capturas por estos delitos, su cartera tiene registro de 40 personas que el año pasado fueron capturadas y procesadas por este tipo de delitos. Sin embargo, las cifras varían según a la autoridad o dependencia a la que se le pidan datos sobre estos hechos.

Por ejemplo, en diálogo con el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, la entidad tiene registro de 21 capturas por este delito, nueve de ellas con orden judicial. En esta misma línea, explicó que hasta mediados de marzo de este año se reportaron 80 capturas por instrumentalización de menores, de las cuales 31 serían líderes de estos grupos delincuenciales. Además, comentó que tendrían noticia de 260 menores de edad que habrían sido utilizados por los detenidos e incluso destacó el caso de un menor de 13 años que era “gatillero” y mató a siete personas. Por otro lado, hizo énfasis en que no han podido verificar las últimas denuncias de las ONG por falta de testimonios en el territorio, por lo que han venido cambiando las estrategias para avanzar en la judicialización de estos delitos.

Ahora, según Acevedo, el plan pasa por realmente imputar los cargos por la utilización de menores de edad para acciones criminales. El funcionario comentó que en varias ocasiones, para tener un margen de negociación, no se imputaban estos delitos, lo que de inmediato impedía que se otorgaran rebajas o beneficios a los miembros de estas bandas criminales. En pos de una posible negociación, sacrificaban la posibilidad de judicializar. Sin embargo, la estrategia cambió para garantizar que estos grupos criminales no sigan utilizando menores para operar en la ciudad.

Esta misma estrategia fue comentada por el mayor Yair Morales, jefe de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Según indicó, se está procesando a las bandas para garantizar que no tengan beneficios. En este orden, dijo que hay nueve operaciones en curso, en las que se ha demostrado que organizaciones criminales son responsables de estos delitos. Entre las bandas implicadas habló de Los del Llano, Los de la Loma, La Milagrosa, La Agonía, La Unión, los Conejos y La Viña. Por otro lado, reveló que tenían casos de dos denuncias por reclutamiento, una que estaba mal tipificada y otra de una menor de edad que fue sacada por el Eln de la ciudad y enviada hacia Chocó. Allí escapó y se entregó a las autoridades.

Más allá de las cifras de menores recuperados o de detenidos, es poca la información que tiene la institucionalidad sobre los que podrían estar siendo víctimas de este flagelo o el panorama en el territorio. Para encontrar esta visión se debe recurrir al Ministerio Público, y aún allí no hay mayores datos. Este diario intentó consultar a la Personería sobre este tema, pero prefirió no dar declaraciones, bajo la premisa de que en las últimas denuncias de reclutamiento en la comuna Belén no pudieron documentar lo dicho por las organizaciones de derechos humanos. Incluso hay una alerta temprana de diciembre de 2020.

(Lea: ‘Mal haríamos en decir que el Estado es responsable del reclutamiento’: directora del ICBF)

En esta, la representación del Ministerio Público en Medellín alertó que el 10 % de los menores estaban en riesgo de ser vinculados a grupos delincuenciales. Además, señaló que en la ciudad hubo un aumento del 50 % en los reclutamientos y que en su base de datos tenían reportados 22 casos. Sin embargo, vale aclarar que en la institución no se hace una diferenciación entre reclutamiento y utilización, como lo hace el gobierno local, que define el primero para grupos organizados como las AGC, las disidencias y el Eln, y el segundo para las bandas criminales que delinquen en la ciudad. La Personería entiende el reclutamiento como ser parte oficial de un grupo delincuencial, sin importar si es una banda criminal o una organización que intervenga en el conflicto.

Una voz en el interior de la misma institución alertó que la Personería estaría manejando cifras desactualizadas y que incluso no habría quién quisiera hacerse cargo del tema. Frente a este posible vacío, la mejor forma de despejar dudas es con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la última de julio de 2020. En esta se prenden las alarmas porque los niños, niñas y adolescentes son las víctimas de casi la mitad de los homicidios en Medellín en los últimos dos años y son blanco de la utilización y el reclutamiento. Frente a este último fenómeno lograron documentar 84 casos, la mayoría en Belén, Altavista, San Javier, Robledo, 12 de Octubre, Popular, Manrique, Villa Hermosa y Buenos Aires.

“En todas las comunas y corregimientos hay relatos de la presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de las estructuras armadas ilegales”, dice la Alerta 032 de la Defensoría sobre Medellín. En esta misma se comenta que la entidad pudo “observar menores de edad en posiciones de vigilancia y campaneo, también en las plazas de ventas de drogas. Las diferentes autoridades en espacios como los subcomités de Prevención y Protección han escuchado y han verificado que son utilizados para ejercer control territorial en estos sectores”. Además, documentaron varios casos en los que las familias tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de estas bandas.

Aunque es cierto que el fenómeno es de vieja data en Medellín, cada uno de los testimonios prende las alarmas sobre un problema que parece nunca acabar. Es más, ya no son solo las bandas criminales de la ciudad, sino que se comienza a mencionara a las AGC, las disidencias y el Eln como responsables de reclutamientos en la zona urbana para llevarlos a las zonas de conflicto. Un hecho, que como ya se ha visto en otras regiones del país, pone a los menores reclutados en una total indefensión ante las acciones de los actores armados, ilegales o estatales.

*Nombre cambiado.