La violencia sexual de la guerra debe salir del anonimato
En 200 municipios del país, mujeres víctimas de esta violencia harán plantones para reclamar mejor atención psicosocial, seguridad y prevención de este delito. La JEP estudia apertura de caso sobre este crimen que no cesa en el país.
Carolina Ávila - @lacaroa08
Más de seiscientas mujeres en Colombia relatarán hoy cómo su cuerpo fue ultrajado en medio del conflicto armado. Alzarán de nuevo su voz para gritar que por años se han revestido de fortaleza para enfrentarse a una sociedad que las culpa por la violencia sexual que sufrieron.
Lea: La violencia sexual contra los LGBTI fue una estrategia de control social
Su voz no solo será el canal para hablarles a los colombianos en el Día de la Dignificación de las Víctimas de Violencia Sexual, sino también lo serán los telares y las colchas que pintaron y tejieron como símbolo de la vida que les ha tocado construir de nuevo.
Este sábado se pararán en iglesias, plazas públicas y casas de la memoria en doscientos municipios del país para recordarles a los grupos armados ilegales, a la Fuerza Pública y a la sociedad que su cuerpo no es un botín de guerra.
Los plantones de este sábado son parte del lanzamiento de la campaña “Arrópame con tu esperanza”, liderado por la Mesa Nacional de Víctimas, las mesas departamentales de víctimas de violencia sexual y organizaciones como la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y la Red Entretenzando la Confianza, entre otras.
“Con las colchas lo que queremos decirle a Colombia es que nosotras, como víctimas, las estamos arropando con la esperanza de no repetición de la guerra, con la esperanza de que esta juntanza nos permita construir un país mejor. Pero también esperamos por parte de los colombianos que nuestra voz sea tenida en cuenta”, explica Yolanda Perea, lideresa afrocolombiana, víctima de violencia sexual a los 11 años por parte de las Farc e integrante de la Mesa Nacional de Víctimas.
Desde las 9 de la mañana iniciarán los plantones en municipios de Antioquia, Casanare, Nariño, Córdoba y Amazonas, para reclamar, por medio de los telares, sus derechos vulnerados y respaldar la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz en Colombia.
El 25 de noviembre subastarán los telares para conseguir los ingresos que necesitan para continuar con las actividades de incidencia en contra de la violencia sexual. Esta campaña también es una convocatoria para que las mujeres y hombres víctimas de violencia sexual en los territorios más golpeados por el conflicto se expresen y exijan la reparación integral que se merecen, pero que el Gobierno no les ha dado.
“Que nuestras voces sean escuchadas”
El lanzamiento de la campaña “Arrópame con tu esperanza” se llevó a cabo en el Congreso de la República el 22 de mayo. Las mujeres convocaron, con el apoyo de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, una audiencia pública para revisar con la institucionalidad cómo está la atención a las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado.Allí llegaron cerca de cuarenta mujeres de Chocó, Urabá, Valle del Cauca, Nariño, Caldas y Santander, para exigirles a la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, Medicina Legal, el ICBF y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su derecho a la reparación y la atención integral.
Sus principales exigencias fueron el derecho que tienen a la salud y a la vivienda digna. Las mujeres que participaron en la audiencia viven con las consecuencias del abuso sexual: abortos, incontinencia urinaria, cirugías reconstructivas, enfermedades de transmisión sexual o el riesgo de sufrir cáncer de útero. Ninguna ha tenido el tratamiento adecuado y diferencial por ser víctimas del conflicto armado. Incluso, denunciaron que han sido estigmatizadas y juzgadas por el personal médico que las recibe.
A esto se le suma que la atención psicosocial no es la más adecuada. “Muchas veces vamos a hablar con psicólogos y son ellos los que terminan llorando y nosotras salimos igual o peor”, afirma Yinérida Hernández, de la Mesa Departamental de Víctimas de Santander. “La atención psicosocial debe ser entre pares, entre quienes nos ha sucedido lo mismo”.
Otra gran petición es que los hijos e hijas concebidas por el abuso sexual también sean reconocidos como víctimas del conflicto armado. Muchos de estos niños sufren la estigmatización en sus pueblos por ser hijos de paramilitares o guerrilleros que abusaron de sus madres.
Piden abrir caso en la JEP
A la audiencia en el Congreso fue citada la JEP por petición de las mujeres para solicitarle a esta jurisdicción que abra un caso exclusivo de violencia sexual en el conflicto armado; sin embargo, fue la única entidad que no asistió.Lea: Así se contrastará la verdad de la violencia sexual en la JEP
Según voceros de esa jurisdicción, aunque no pudieron asistir, sí respondieron el cuestionario que les mandó la Comisión de Seguimiento del Congreso. A pesar de esto, y ante la petición, la magistrada y vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, aseguró que han recibido alrededor de veinte informes sobre hechos de violencia sexual cometidos por paramilitares, guerrilleros y Fuerza Pública. “Estamos analizando esos informes para ver en qué términos podría ser la apertura del caso, dentro de la segunda generación de casos que vamos a priorizar, para responder de la mejor manera a la demanda de justicia que piden las organizaciones”, resaltó.
Este grupo de mujeres defienden el trabajo de la JEP y la Comisión de la Verdad. Quieren saber por qué hubo este tipo de violencia sobre ellas, quiénes fueron los responsables y cómo va a responder el Estado ante la violencia sexual, que todavía hoy continúa ocurriendo a diario en Colombia.
Más de seiscientas mujeres en Colombia relatarán hoy cómo su cuerpo fue ultrajado en medio del conflicto armado. Alzarán de nuevo su voz para gritar que por años se han revestido de fortaleza para enfrentarse a una sociedad que las culpa por la violencia sexual que sufrieron.
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Su voz no solo será el canal para hablarles a los colombianos en el Día de la Dignificación de las Víctimas de Violencia Sexual, sino también lo serán los telares y las colchas que pintaron y tejieron como símbolo de la vida que les ha tocado construir de nuevo.
Este sábado se pararán en iglesias, plazas públicas y casas de la memoria en doscientos municipios del país para recordarles a los grupos armados ilegales, a la Fuerza Pública y a la sociedad que su cuerpo no es un botín de guerra.
Los plantones de este sábado son parte del lanzamiento de la campaña “Arrópame con tu esperanza”, liderado por la Mesa Nacional de Víctimas, las mesas departamentales de víctimas de violencia sexual y organizaciones como la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y la Red Entretenzando la Confianza, entre otras.
“Con las colchas lo que queremos decirle a Colombia es que nosotras, como víctimas, las estamos arropando con la esperanza de no repetición de la guerra, con la esperanza de que esta juntanza nos permita construir un país mejor. Pero también esperamos por parte de los colombianos que nuestra voz sea tenida en cuenta”, explica Yolanda Perea, lideresa afrocolombiana, víctima de violencia sexual a los 11 años por parte de las Farc e integrante de la Mesa Nacional de Víctimas.
Desde las 9 de la mañana iniciarán los plantones en municipios de Antioquia, Casanare, Nariño, Córdoba y Amazonas, para reclamar, por medio de los telares, sus derechos vulnerados y respaldar la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz en Colombia.
El 25 de noviembre subastarán los telares para conseguir los ingresos que necesitan para continuar con las actividades de incidencia en contra de la violencia sexual. Esta campaña también es una convocatoria para que las mujeres y hombres víctimas de violencia sexual en los territorios más golpeados por el conflicto se expresen y exijan la reparación integral que se merecen, pero que el Gobierno no les ha dado.
“Que nuestras voces sean escuchadas”
El lanzamiento de la campaña “Arrópame con tu esperanza” se llevó a cabo en el Congreso de la República el 22 de mayo. Las mujeres convocaron, con el apoyo de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, una audiencia pública para revisar con la institucionalidad cómo está la atención a las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado.Allí llegaron cerca de cuarenta mujeres de Chocó, Urabá, Valle del Cauca, Nariño, Caldas y Santander, para exigirles a la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, Medicina Legal, el ICBF y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su derecho a la reparación y la atención integral.
Sus principales exigencias fueron el derecho que tienen a la salud y a la vivienda digna. Las mujeres que participaron en la audiencia viven con las consecuencias del abuso sexual: abortos, incontinencia urinaria, cirugías reconstructivas, enfermedades de transmisión sexual o el riesgo de sufrir cáncer de útero. Ninguna ha tenido el tratamiento adecuado y diferencial por ser víctimas del conflicto armado. Incluso, denunciaron que han sido estigmatizadas y juzgadas por el personal médico que las recibe.
A esto se le suma que la atención psicosocial no es la más adecuada. “Muchas veces vamos a hablar con psicólogos y son ellos los que terminan llorando y nosotras salimos igual o peor”, afirma Yinérida Hernández, de la Mesa Departamental de Víctimas de Santander. “La atención psicosocial debe ser entre pares, entre quienes nos ha sucedido lo mismo”.
Otra gran petición es que los hijos e hijas concebidas por el abuso sexual también sean reconocidos como víctimas del conflicto armado. Muchos de estos niños sufren la estigmatización en sus pueblos por ser hijos de paramilitares o guerrilleros que abusaron de sus madres.
Piden abrir caso en la JEP
A la audiencia en el Congreso fue citada la JEP por petición de las mujeres para solicitarle a esta jurisdicción que abra un caso exclusivo de violencia sexual en el conflicto armado; sin embargo, fue la única entidad que no asistió.Lea: Así se contrastará la verdad de la violencia sexual en la JEP
Según voceros de esa jurisdicción, aunque no pudieron asistir, sí respondieron el cuestionario que les mandó la Comisión de Seguimiento del Congreso. A pesar de esto, y ante la petición, la magistrada y vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, aseguró que han recibido alrededor de veinte informes sobre hechos de violencia sexual cometidos por paramilitares, guerrilleros y Fuerza Pública. “Estamos analizando esos informes para ver en qué términos podría ser la apertura del caso, dentro de la segunda generación de casos que vamos a priorizar, para responder de la mejor manera a la demanda de justicia que piden las organizaciones”, resaltó.
Este grupo de mujeres defienden el trabajo de la JEP y la Comisión de la Verdad. Quieren saber por qué hubo este tipo de violencia sobre ellas, quiénes fueron los responsables y cómo va a responder el Estado ante la violencia sexual, que todavía hoy continúa ocurriendo a diario en Colombia.