La violencia sexual, un crimen invisible en la protesta social
Según las organizaciones sociales, al menos 25 casos de este tipo de agresiones se han presentado en dos meses de manifestaciones. Las víctimas son en su gran mayoría mujeres o personas con identidad u orientación sexual diversa. Defensoras de derechos humanos aseguran que ni el Estado ni la sociedad han priorizado esta problemática en sus agendas, a pesar de que hoy se conozcan algunos casos.
Andrés* salió de su casa el viernes 21 de mayo para encontrarse con un grupo de estudiantes con el que marcharía en el municipio de Soledad (Atlántico), en una nueva jornada del paro nacional. La jornada estaba tranquila hasta que llegó la Policía a dispersar a los manifestantes. En medio del alboroto y los gases lacrimógenos, doce jóvenes, entre ellos Andrés, corrieron hacia la casa de un conocido. Todos alcanzaron a entrar, hasta los miembros de la Policía que los perseguían.
Sin orden judicial, ingresaron a la vivienda y, de acuerdo con las versiones de los jóvenes, empezaron a golpearlos. Andrés y dos compañeros salieron en defensa del grupo y a cambio no solo salieron más lastimados sino que, por enfrentarse a los uniformados, fueron capturados y llevados a un CAI, donde les dijeron que estaban privados de la libertad “por obstrucción de las funciones de la fuerza pública”.
Apenas les dijeron que tenían derecho a una llamada, Andrés se comunicó con la Corporación Caribe Afirmativo, que ha brindado orientación jurídica y apoyo psicosocial a personas marchantes LGBT que han sido víctimas de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública durante el paro nacional. Andrés, quien es homosexual, estaba convencido de que ya había sido discriminado por la forma en la que los policías lo llamaban: “maricón” o “mariquita”. Y lo que es peor, la insinuación constante de que “lo que le falta es que le den”. Aún no pasaba lo peor.
(Lea también: El doloroso capítulo de violencia sexual en el paro nacional)
Después de la llamada, la Policía les informó que serían trasladados a la estación de policía de San José. El equipo de Caribe Afirmativo se dirigió hacia allá a esperarlos, pero nunca llegaron. La Policía cambió su centro de reclusión sin informar a los familiares ni a sus abogados y los trasladaron a la estación de Soledad 2000. Para entonces ya era la madrugada del sábado.
Cuando los meten a celda, junto a otros detenidos, los policías gritaron que Andrés es un hombre gay y luego lo obligaron a tener prácticas sexuales bajo la amenaza de que si no lo hacía, no lo dejarían en libertad o tomarían represalias en su contra. Andrés fue violentado sexualmente. Tuvo que hacerles sexo oral a los otros hombres y dejarse tocar en contra de su voluntad por el resto sin que sus amigos pudieran defenderlo.
“Eso ocurre toda la noche del sábado hasta el domingo en la mañana cuando son llevados a un juez de control de garantías. Ellos intentan volver a llamarnos para que hagamos el acompañamiento jurídico, pero el lugar donde se adelantaba la audiencia no había señal, así que ellos prefirieron guardar silencio. Fueron dejados en libertad después, y desde entonces estamos haciendo el acompañamiento porque la afectación emocional fue altísima”, asegura Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Además de la violencia sexual, él y sus compañeros fueron agredidos en repetidas ocasiones por los policías durante su retención. Andrés tuvo heridas en sus extremidades superiores e inferiores, que fueron valoradas y confirmadas por Medicina Legal. El joven prefirió no atender la entrevista con Colombia+20, pero permitió que sus representantes nos relataran su historia. Desde la violencia sexual que sufrió ha tenido episodios de angustia y teme por su vida y la de sus familiares.
Su denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía y, cuando se conocieron los hechos, la Policía abrió una investigación interna. “Nosotros rechazamos esta decisión porque solicitamos una separación inmediata de los policías mientras se adelanta la investigación y pedimos el poder preferente de la Procuraduría para la investigación. Lo primero no se tuvo en cuenta”, advierte Castañeda.
Los policías que capturaron a Andrés y a sus compañeros insisten en su inocencia y se basan en el libro de salidas del reclusorio, en el que los obligaron a escribir que no les violaron los derechos humanos. Antes de llegar a donde el juez de garantías los amenazaron con que si decían lo que pasó esa noche, ellos sabían dónde vivían sus familias.
“La fuerza policial tiene un imaginario de que los cuerpos de las mujeres y de los hombres homosexuales, que son ampliamente feminizados, deben ser violentados”, explica Castañeda. Cuando los policías le dicen a los otros reclusos que violen al joven homosexual, según Caribe Afirmativo, se trata de una conducta ejemplarizante: “Lo que dice la víctima es que detrás de las acciones venía un ‘es para que aprenda’”.
Para Castañeda, la violencia sexual, principalmente contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ha estado presente en estos contextos de represión de las marchas y ha sido ejercida reiterativamente por la fuerza pública. La gran mayoría de las víctimas son mujeres y personas con orientación o identidad sexual diversa.
Otro caso, conocido en detalle por este diario, sucedió en Popayán (Cauca). Elena* fue capturada ilegalmente por la Policía. Cuando los uniformados la trasladaba hacia una Unidad de Reacción Inmediata (URI) amenazó a la menor de edad con que la iba violar y lamer. “Los policías no me la bajaban de “perra” y le decían “¿qué haces en la calle?”, “¿por qué no estás en la casa cocinando?”, “mechuda”, “peináte”, “qué rico pa’ lamerte”, “bajáte los pantalones pa’ violarte”. Son cosas que ninguna mujer debería pasar y menos una niña, porque mi hija es una niña todavía”, relata la madre.
(Puede interesarle: ¿Cuáles son las razones que alimentan el Paro Nacional?)
Fueron cuatro jóvenes con Elena los que iban a ser capturados. Dos alcanzaron a correr y uno se quedó con ella. Al joven lo cogieron de los testículos y le dijeron: “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?”. Luego ambos fueron llevados a la URI, donde le pegaron, lo humillaron y le hicieron quitar los zapatos, para maltratarle los pies.
A Elena la valoró medicina general y psiquiatría. “El doctor la revisó e hizo informe para la historia clínica. Le encontraron arañazos, golpes en la parte del tórax, moretones en el cuello y le inmovilizaron el pie izquierdo porque le jodieron el tobillo. Tiene un esguince. Ella está muy afectada psicológicamente”, cuenta su madre.
Desde que empezó el paro nacional, Temblores ONG asegura que se han presentado, al menos, 25 casos de violencia sexual y las principales víctimas han sido las mujeres. Caribe Afirmativo, por su lado, ha registrado al menos tres casos de hombres homosexuales violentados en Soledad, Medellín y Bogotá. La Defensoría del Pueblo también ha emitido reportes alarmantes. La entidad ha contado al menos 23 denuncias por ese tipo de agresiones, dentro de un universo de 106 reportes por violencia basada en género contra mujeres y personas con orientación sexual diversa.
Las cifras han alarmado al país, pero lo cierto es que anteriormente sucedía lo mismo. Desde 2017, Temblores ONG ha registrado 132 casos de violencia sexual que habrían sido cometidos por miembros de la fuerza pública, es decir, 33 por año. Ninguna de ellas tuvo eco en la opinión pública y mucho menos se esclareció en la justicia, aunque se han identificado patrones en el marco de las manifestaciones. “Las víctimas están en un rango de edad entre los 17 y 30 años, es decir, jóvenes. Y el 80% son mujeres. También analizamos que el 55% de ellas son estudiantes, de acuerdo con nuestro informe Bolillo, Dios y Patria”, explica Emilia Márquez, directora de género de Temblores ONG.
Temblores señala que sobre todo los cuerpos de las mujeres y de personas con orientaciones e identidades de género diversas, como ha sucedido históricamente en Colombia, sobre todo en el conflicto armado, se tratan como territorios de castigo y conquista. “Se violentan sexualmente porque se les está castigando por haberse expresado en el espacio público y haber transgredido el rol patriarcal que se le ha dado, asociado al hogar y silencio, en el caso de las mujeres. Ahora que ejercen sus derechos de salir a marchar y a la libre expresión se les criminaliza, estigmatiza y castiga”, dice la directora de género de Temblores.
Otro caso que puede respaldar esta hipótesis es el de Araceli*. Siendo menor de edad fue capturada por la Policía a comienzos de mayo y llevada a un CAI, donde le dijeron que solo saldría si tenía relaciones sexuales con otros jóvenes que estaban en el lugar. Antes de liberarla, los policías le pidieron las claves de su celular y le pegaron otra cachetada “para que aprendiera a no estar en contra de la autoridad”.
Los lugares donde las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa son maltratadas, como han evidenciado estos casos mencionados, son espacios cerrados de la Policía, como los CAI, las URI, vehículos y las estaciones. Temblores ONG y Lazos de Dignidad, otra organización defensora de derechos humanos, esto demuestra que no sólo hay una acción premeditada sino que también estos lugares son peligrosos para cuerpos femeninos y feminizados, y más cuando cae la noche y no hay entidades que vigilen el comportamiento de los uniformados.
Aunque la violencia sexual es recurrente en el país y en las manifestaciones sociales, varias defensoras y defensores de derechos humanos concuerdan con que este paro nacional ha sido una de las pocas veces que se ha hablado de este delito. ¿A qué se debe esto? Para Márquez, tal vez las mujeres se sienten más seguras a la hora de denunciar, gracias al respaldo que sienten de las organizaciones sociales y colectivos feministas. Aunque todavía, asegura, falta un largo camino para que haya un diálogo nacional sobre este delito.
“Ahora es valioso que por lo menos tenemos registro de algunos casos. Pero eso no quiere decir que este delito sea visible. Por el contrario, sigue habiendo un enorme subregistro, incluso dentro del paro. Eso siempre ha pasado con la violencia sexual porque las mujeres temen, se sienten solas y juzgadas al denunciar”, agrega.
Un ejemplo de ello, que resalta por su fuerza simbólica, ocurrió el pasado 20 de mayo cuando un grupo de jóvenes se desnudó en el Parque Nacional, en Bogotá. Las mujeres se pararon frente a los uniformados y levantaron carteles con frases como “Yo soy tu amante”, “Yo soy tu hija”, “Me has hecho el amor”, “Yo te he hecho el amor” y “Mi útero fue tu primer hogar”.
Otras mujeres, desde su labor de cuidado, también han sido ejemplo de cómo respaldar a las víctimas. Se trata de las madres de la primera línea, quienes, cansadas de ver cómo maltrataban a sus hijos e hijas, decidieron enfrentarse al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). “Esas mujeres han estado en función de proteger la vida, y eso sin duda incluye rechazar las agresiones de violencia sexual. Eso es poderoso y el mundo lo está viendo”, añade Alejandra Miller, comisionada de la Verdad.
Pero no todas las defensoras de derechos humanos son tan optimistas. Yamile Roncancio, directora de Feminicidios Colombia, cree que ha habido una instrumentalización de la violencia sexual con fines sexuales. “Antes había agresiones sexuales en las protestas. Vimos los casos en noviembre de 2019, con Profesores al Paro. Atendí casos de violencia sexual por parte del Estado y por parte de los manifestantes, pero no fueron conocidas... ¿Cuál es la diferencia? Estamos a un año de las elecciones. Es curioso semejante aspaviento y luego se mira el pliego de peticiones del paro nacional y por ningún lado aparece la violencia sexual. ¿Por qué si es lo que más llama la atención mediáticamente y no hay nada ahí? “, recuerda Roncancio.
También habla de un doble discurso de las organizaciones sociales que denuncian casos, pero permiten que haya agresores sexuales en sus movimientos y partidos políticos. “Y las mujeres que han agredido deben estar en estos escenarios con ellos. Tenemos el caso de una mujer de nuestra fundación agredida por un hombre de una organización social. Ella hizo la denuncia y no ha pasado nada. Las personas todavía no entienden qué es la violencia sexual, sus afectaciones psicológicas como el estrés post traumático, la disociación en la que puedes caer e incluso pérdida de memoria”.
Para Roncancio, es claro que la pregunta ahora es hacia dónde se quiere apuntar con estas denuncias: “¿A que deje de existir y desmontar la violencia sexual o machista y a que tengamos una conversación de eso ahora, que parece ser que por fin habrá una transformación social, o lo que queremos es tomar el caso de algunas mujeres violentadas, que tendrán que vivir con este episodio para siempre y llevarlo al terreno mediático para la espectacularización?”.
Falta mucho más
¿Qué es la violencia sexual? Yamile Roncancio asegura que la violencia sexual tiene como consecuencia afectar la libertad y la integridad sexual, ambas asociadas al deseo. “El problema es que en Colombia no hay una definición legal, ni siquiera doctrinante, de qué es. La aproximación más cercana la ha hecho Liliana Forero Montoya y nosotras la aplicamos porque parte de qué es el sexo. El sexo es deseado y entre pares. De lo contrario es violencia, explotación, entre otras, pero no sexo. Y tenemos claro que la integridad y libertad sexual pasan por tener intacto el deseo”, dice la directora de Feminicidios Colombia.
En este punto es enfática en que no se puede hablar del consentimiento, como está en la ley, porque puede presentarse casos en que los exista una aprobación bajo amenaza: “Te pueden preguntar que si quieres tener relaciones sexuales con una calibre 38 y tú decir que sí quieres, pero en realidad estás siendo obligada. La integridad sexual es que el deseo se respete y que la persona con quien tendré sexo sea un par. Un ejemplo: yo no deseo que usted se masturbe delante mío y por eso es una agresión sexual”.
Para Alejandra Miller, comisionada de la verdad,una de las razones que hacen invisible la violencia sexual es que sus víctimas no identifiquen esta definición. Para cambiar el subregistro, según la comisionada, primero es crucial que la toda sociedad sepa qué es y que no se trata únicamente de un acceso carnal violento: “Esto va desde el manoseo, la amenaza de violación, la obligación a presenciar otras violencias sexuales, la desnudez forzada, entre otras acciones. Todas son absolutamente graves”.
La funcionaria tiene claro que si bien denunciar la violencia sexual en el país es difícil per sé, pues de entrada el Estado y la sociedad exigen pruebas sin que sea suficiente la verdad de la víctima, en el marco de un paro se vuelve casi imposible. “Eso, por supuesto, hace más difícil contar lo que pasó: ¿cómo haces tú para demostrar que un hombre te amenazó y más en esos contextos de protesta? ¿Cómo tienes pruebas para un manoseo? Las mujeres no tienen por qué cargar con una cámara para que los demás les crean. Y menos una manifestación, donde ni siquiera se pueden identificar a las personas que las agredieron”, explica la comisionada.
Durante su visita en Cali, uno de los epicentros del paro nacional, la comisionada Alejandra Miller pudo oír testimonios de mujeres que denunciaron haber sido tocadas por policías en medio de requisas y de amenazas de violación en medio de capturas que serían ilegales. Lastimosamente, cuenta Miller, hasta ahora no han sido violencias reconocidas por el Gobierno Nacional.
Un caso que esclarece esta afirmación fue el de la joven de Popayán, quien se quitó la vida después de denunciar en sus redes sociales que había sido violentada sexualmente por miembros de la fuerza pública. Las autoridades de inmediato rechazaron esta versión. “El negacionismo es revictimizante. Debe haber un compromiso claro desde el Estado para esclarecer todos los casos y sancionarlos. Las víctimas están pidiendo verdad, justicia y reparación”.
Y, por el otro, que después de que se denuncian los casos, terminan impunes. Si bien en la violencia sexual es un delito que tiene una impunidad casi total en la justicia colombiana, en el marco de las manifestaciones la situación empeora. La mayoría de los procesos, según Emilia Márquez y Wilson Castañeda, son tomados por la Justicia Penal Militar, que los juzga como un procedimiento policial.
Tras estas constantes denuncias, las organizaciones sociales han promovido protocolos para atender los casos de violencia sexual y campañas para acabar con la misoginia en los movimientos sociales. Feminicidios Colombia, por ejemplo, adelantó la estrategia “Paro por ti”, que en una primera etapa se preocupó por explicar cómo deben ser los primeros auxilios psicológicos en caso de que se presenten este tipo de agresiones
“Lo que queremos es que incluso en medio del movimiento social, en las casas, podamos detenernos y mirar al otro o a la otra y decir: esta persona está afectada, está triste, está con trauma. Y por supuesto formar a las personas con primeros auxilios psicológicos. Ahí propusimos una bifurcación, dependiendo si lo prestan hombres a mujeres o mujeres a mujeres, agrega Yamile Roncancio. Por ejemplo, se incluyó técnicas de respiración y relajación para ataques de pánico”.
(Lea más: “Entre seis policías, volvieron trizas la dignidad de mi hija”: mamá de denunciante en Popayán)
Lazos de Dignidad, por su parte, adelantó un protocolo de herramientas constitucionales para la defensa de derechos humanos y estrategias populares para denunciar y proteger a quienes protestan. Dentro de este se incluye desde la exigencia a las autoridades por el respeto a las identidades y orientaciones sexuales hasta la creación de bloques feministas.
“Estos bloques consisten en que nos ponemos de acuerdo todas para cuidarnos. Donde va una, van todas. Además nos llamamos constantemente desde el momento en el que llegamos a la marcha hasta que nos devolvemos a nuestras casas”, explica Sthepani Ortíz, integrante de la Fundación Lazos de Dignidad. Y es que si hay una frase que repiten las mujeres en medio de la movilización es: “El Estado y la sociedad no me cuidan, me cuidan mis amigas”.
Si bien hoy se conocen más agresiones sexuales en contra de las mujeres o personas con identidad u orientación sexual diversa, la verdad es que falta un largo camino para que el machismo, y particularmente este delito, sea visible y al mismo tiempo repudiable con vehemencia. “¿Por qué censuramos a quien en la calle nos grita cosas y no le decimos nada a quien tiene cantos misóginos en la protesta o ha asegurado que violencia sexual contra la policía era un acto reivindicativo. Tenemos que empezar por cómo no reproducir violencia simbólica en los contextos de protesta y priorizar los derechos humanos, que son los derechos de las mujeres”, concluye Roncancio. Pero lo más importante, según las defensoras de derechos humanos entrevistadas, es esclarecer los casos y exigir que estas agresiones sean prioridad para el Estado y la sociedad.
Andrés* salió de su casa el viernes 21 de mayo para encontrarse con un grupo de estudiantes con el que marcharía en el municipio de Soledad (Atlántico), en una nueva jornada del paro nacional. La jornada estaba tranquila hasta que llegó la Policía a dispersar a los manifestantes. En medio del alboroto y los gases lacrimógenos, doce jóvenes, entre ellos Andrés, corrieron hacia la casa de un conocido. Todos alcanzaron a entrar, hasta los miembros de la Policía que los perseguían.
Sin orden judicial, ingresaron a la vivienda y, de acuerdo con las versiones de los jóvenes, empezaron a golpearlos. Andrés y dos compañeros salieron en defensa del grupo y a cambio no solo salieron más lastimados sino que, por enfrentarse a los uniformados, fueron capturados y llevados a un CAI, donde les dijeron que estaban privados de la libertad “por obstrucción de las funciones de la fuerza pública”.
Apenas les dijeron que tenían derecho a una llamada, Andrés se comunicó con la Corporación Caribe Afirmativo, que ha brindado orientación jurídica y apoyo psicosocial a personas marchantes LGBT que han sido víctimas de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública durante el paro nacional. Andrés, quien es homosexual, estaba convencido de que ya había sido discriminado por la forma en la que los policías lo llamaban: “maricón” o “mariquita”. Y lo que es peor, la insinuación constante de que “lo que le falta es que le den”. Aún no pasaba lo peor.
(Lea también: El doloroso capítulo de violencia sexual en el paro nacional)
Después de la llamada, la Policía les informó que serían trasladados a la estación de policía de San José. El equipo de Caribe Afirmativo se dirigió hacia allá a esperarlos, pero nunca llegaron. La Policía cambió su centro de reclusión sin informar a los familiares ni a sus abogados y los trasladaron a la estación de Soledad 2000. Para entonces ya era la madrugada del sábado.
Cuando los meten a celda, junto a otros detenidos, los policías gritaron que Andrés es un hombre gay y luego lo obligaron a tener prácticas sexuales bajo la amenaza de que si no lo hacía, no lo dejarían en libertad o tomarían represalias en su contra. Andrés fue violentado sexualmente. Tuvo que hacerles sexo oral a los otros hombres y dejarse tocar en contra de su voluntad por el resto sin que sus amigos pudieran defenderlo.
“Eso ocurre toda la noche del sábado hasta el domingo en la mañana cuando son llevados a un juez de control de garantías. Ellos intentan volver a llamarnos para que hagamos el acompañamiento jurídico, pero el lugar donde se adelantaba la audiencia no había señal, así que ellos prefirieron guardar silencio. Fueron dejados en libertad después, y desde entonces estamos haciendo el acompañamiento porque la afectación emocional fue altísima”, asegura Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Además de la violencia sexual, él y sus compañeros fueron agredidos en repetidas ocasiones por los policías durante su retención. Andrés tuvo heridas en sus extremidades superiores e inferiores, que fueron valoradas y confirmadas por Medicina Legal. El joven prefirió no atender la entrevista con Colombia+20, pero permitió que sus representantes nos relataran su historia. Desde la violencia sexual que sufrió ha tenido episodios de angustia y teme por su vida y la de sus familiares.
Su denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía y, cuando se conocieron los hechos, la Policía abrió una investigación interna. “Nosotros rechazamos esta decisión porque solicitamos una separación inmediata de los policías mientras se adelanta la investigación y pedimos el poder preferente de la Procuraduría para la investigación. Lo primero no se tuvo en cuenta”, advierte Castañeda.
Los policías que capturaron a Andrés y a sus compañeros insisten en su inocencia y se basan en el libro de salidas del reclusorio, en el que los obligaron a escribir que no les violaron los derechos humanos. Antes de llegar a donde el juez de garantías los amenazaron con que si decían lo que pasó esa noche, ellos sabían dónde vivían sus familias.
“La fuerza policial tiene un imaginario de que los cuerpos de las mujeres y de los hombres homosexuales, que son ampliamente feminizados, deben ser violentados”, explica Castañeda. Cuando los policías le dicen a los otros reclusos que violen al joven homosexual, según Caribe Afirmativo, se trata de una conducta ejemplarizante: “Lo que dice la víctima es que detrás de las acciones venía un ‘es para que aprenda’”.
Para Castañeda, la violencia sexual, principalmente contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ha estado presente en estos contextos de represión de las marchas y ha sido ejercida reiterativamente por la fuerza pública. La gran mayoría de las víctimas son mujeres y personas con orientación o identidad sexual diversa.
Otro caso, conocido en detalle por este diario, sucedió en Popayán (Cauca). Elena* fue capturada ilegalmente por la Policía. Cuando los uniformados la trasladaba hacia una Unidad de Reacción Inmediata (URI) amenazó a la menor de edad con que la iba violar y lamer. “Los policías no me la bajaban de “perra” y le decían “¿qué haces en la calle?”, “¿por qué no estás en la casa cocinando?”, “mechuda”, “peináte”, “qué rico pa’ lamerte”, “bajáte los pantalones pa’ violarte”. Son cosas que ninguna mujer debería pasar y menos una niña, porque mi hija es una niña todavía”, relata la madre.
(Puede interesarle: ¿Cuáles son las razones que alimentan el Paro Nacional?)
Fueron cuatro jóvenes con Elena los que iban a ser capturados. Dos alcanzaron a correr y uno se quedó con ella. Al joven lo cogieron de los testículos y le dijeron: “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?”. Luego ambos fueron llevados a la URI, donde le pegaron, lo humillaron y le hicieron quitar los zapatos, para maltratarle los pies.
A Elena la valoró medicina general y psiquiatría. “El doctor la revisó e hizo informe para la historia clínica. Le encontraron arañazos, golpes en la parte del tórax, moretones en el cuello y le inmovilizaron el pie izquierdo porque le jodieron el tobillo. Tiene un esguince. Ella está muy afectada psicológicamente”, cuenta su madre.
Desde que empezó el paro nacional, Temblores ONG asegura que se han presentado, al menos, 25 casos de violencia sexual y las principales víctimas han sido las mujeres. Caribe Afirmativo, por su lado, ha registrado al menos tres casos de hombres homosexuales violentados en Soledad, Medellín y Bogotá. La Defensoría del Pueblo también ha emitido reportes alarmantes. La entidad ha contado al menos 23 denuncias por ese tipo de agresiones, dentro de un universo de 106 reportes por violencia basada en género contra mujeres y personas con orientación sexual diversa.
Las cifras han alarmado al país, pero lo cierto es que anteriormente sucedía lo mismo. Desde 2017, Temblores ONG ha registrado 132 casos de violencia sexual que habrían sido cometidos por miembros de la fuerza pública, es decir, 33 por año. Ninguna de ellas tuvo eco en la opinión pública y mucho menos se esclareció en la justicia, aunque se han identificado patrones en el marco de las manifestaciones. “Las víctimas están en un rango de edad entre los 17 y 30 años, es decir, jóvenes. Y el 80% son mujeres. También analizamos que el 55% de ellas son estudiantes, de acuerdo con nuestro informe Bolillo, Dios y Patria”, explica Emilia Márquez, directora de género de Temblores ONG.
Temblores señala que sobre todo los cuerpos de las mujeres y de personas con orientaciones e identidades de género diversas, como ha sucedido históricamente en Colombia, sobre todo en el conflicto armado, se tratan como territorios de castigo y conquista. “Se violentan sexualmente porque se les está castigando por haberse expresado en el espacio público y haber transgredido el rol patriarcal que se le ha dado, asociado al hogar y silencio, en el caso de las mujeres. Ahora que ejercen sus derechos de salir a marchar y a la libre expresión se les criminaliza, estigmatiza y castiga”, dice la directora de género de Temblores.
Otro caso que puede respaldar esta hipótesis es el de Araceli*. Siendo menor de edad fue capturada por la Policía a comienzos de mayo y llevada a un CAI, donde le dijeron que solo saldría si tenía relaciones sexuales con otros jóvenes que estaban en el lugar. Antes de liberarla, los policías le pidieron las claves de su celular y le pegaron otra cachetada “para que aprendiera a no estar en contra de la autoridad”.
Los lugares donde las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa son maltratadas, como han evidenciado estos casos mencionados, son espacios cerrados de la Policía, como los CAI, las URI, vehículos y las estaciones. Temblores ONG y Lazos de Dignidad, otra organización defensora de derechos humanos, esto demuestra que no sólo hay una acción premeditada sino que también estos lugares son peligrosos para cuerpos femeninos y feminizados, y más cuando cae la noche y no hay entidades que vigilen el comportamiento de los uniformados.
Aunque la violencia sexual es recurrente en el país y en las manifestaciones sociales, varias defensoras y defensores de derechos humanos concuerdan con que este paro nacional ha sido una de las pocas veces que se ha hablado de este delito. ¿A qué se debe esto? Para Márquez, tal vez las mujeres se sienten más seguras a la hora de denunciar, gracias al respaldo que sienten de las organizaciones sociales y colectivos feministas. Aunque todavía, asegura, falta un largo camino para que haya un diálogo nacional sobre este delito.
“Ahora es valioso que por lo menos tenemos registro de algunos casos. Pero eso no quiere decir que este delito sea visible. Por el contrario, sigue habiendo un enorme subregistro, incluso dentro del paro. Eso siempre ha pasado con la violencia sexual porque las mujeres temen, se sienten solas y juzgadas al denunciar”, agrega.
Un ejemplo de ello, que resalta por su fuerza simbólica, ocurrió el pasado 20 de mayo cuando un grupo de jóvenes se desnudó en el Parque Nacional, en Bogotá. Las mujeres se pararon frente a los uniformados y levantaron carteles con frases como “Yo soy tu amante”, “Yo soy tu hija”, “Me has hecho el amor”, “Yo te he hecho el amor” y “Mi útero fue tu primer hogar”.
Otras mujeres, desde su labor de cuidado, también han sido ejemplo de cómo respaldar a las víctimas. Se trata de las madres de la primera línea, quienes, cansadas de ver cómo maltrataban a sus hijos e hijas, decidieron enfrentarse al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). “Esas mujeres han estado en función de proteger la vida, y eso sin duda incluye rechazar las agresiones de violencia sexual. Eso es poderoso y el mundo lo está viendo”, añade Alejandra Miller, comisionada de la Verdad.
Pero no todas las defensoras de derechos humanos son tan optimistas. Yamile Roncancio, directora de Feminicidios Colombia, cree que ha habido una instrumentalización de la violencia sexual con fines sexuales. “Antes había agresiones sexuales en las protestas. Vimos los casos en noviembre de 2019, con Profesores al Paro. Atendí casos de violencia sexual por parte del Estado y por parte de los manifestantes, pero no fueron conocidas... ¿Cuál es la diferencia? Estamos a un año de las elecciones. Es curioso semejante aspaviento y luego se mira el pliego de peticiones del paro nacional y por ningún lado aparece la violencia sexual. ¿Por qué si es lo que más llama la atención mediáticamente y no hay nada ahí? “, recuerda Roncancio.
También habla de un doble discurso de las organizaciones sociales que denuncian casos, pero permiten que haya agresores sexuales en sus movimientos y partidos políticos. “Y las mujeres que han agredido deben estar en estos escenarios con ellos. Tenemos el caso de una mujer de nuestra fundación agredida por un hombre de una organización social. Ella hizo la denuncia y no ha pasado nada. Las personas todavía no entienden qué es la violencia sexual, sus afectaciones psicológicas como el estrés post traumático, la disociación en la que puedes caer e incluso pérdida de memoria”.
Para Roncancio, es claro que la pregunta ahora es hacia dónde se quiere apuntar con estas denuncias: “¿A que deje de existir y desmontar la violencia sexual o machista y a que tengamos una conversación de eso ahora, que parece ser que por fin habrá una transformación social, o lo que queremos es tomar el caso de algunas mujeres violentadas, que tendrán que vivir con este episodio para siempre y llevarlo al terreno mediático para la espectacularización?”.
Falta mucho más
¿Qué es la violencia sexual? Yamile Roncancio asegura que la violencia sexual tiene como consecuencia afectar la libertad y la integridad sexual, ambas asociadas al deseo. “El problema es que en Colombia no hay una definición legal, ni siquiera doctrinante, de qué es. La aproximación más cercana la ha hecho Liliana Forero Montoya y nosotras la aplicamos porque parte de qué es el sexo. El sexo es deseado y entre pares. De lo contrario es violencia, explotación, entre otras, pero no sexo. Y tenemos claro que la integridad y libertad sexual pasan por tener intacto el deseo”, dice la directora de Feminicidios Colombia.
En este punto es enfática en que no se puede hablar del consentimiento, como está en la ley, porque puede presentarse casos en que los exista una aprobación bajo amenaza: “Te pueden preguntar que si quieres tener relaciones sexuales con una calibre 38 y tú decir que sí quieres, pero en realidad estás siendo obligada. La integridad sexual es que el deseo se respete y que la persona con quien tendré sexo sea un par. Un ejemplo: yo no deseo que usted se masturbe delante mío y por eso es una agresión sexual”.
Para Alejandra Miller, comisionada de la verdad,una de las razones que hacen invisible la violencia sexual es que sus víctimas no identifiquen esta definición. Para cambiar el subregistro, según la comisionada, primero es crucial que la toda sociedad sepa qué es y que no se trata únicamente de un acceso carnal violento: “Esto va desde el manoseo, la amenaza de violación, la obligación a presenciar otras violencias sexuales, la desnudez forzada, entre otras acciones. Todas son absolutamente graves”.
La funcionaria tiene claro que si bien denunciar la violencia sexual en el país es difícil per sé, pues de entrada el Estado y la sociedad exigen pruebas sin que sea suficiente la verdad de la víctima, en el marco de un paro se vuelve casi imposible. “Eso, por supuesto, hace más difícil contar lo que pasó: ¿cómo haces tú para demostrar que un hombre te amenazó y más en esos contextos de protesta? ¿Cómo tienes pruebas para un manoseo? Las mujeres no tienen por qué cargar con una cámara para que los demás les crean. Y menos una manifestación, donde ni siquiera se pueden identificar a las personas que las agredieron”, explica la comisionada.
Durante su visita en Cali, uno de los epicentros del paro nacional, la comisionada Alejandra Miller pudo oír testimonios de mujeres que denunciaron haber sido tocadas por policías en medio de requisas y de amenazas de violación en medio de capturas que serían ilegales. Lastimosamente, cuenta Miller, hasta ahora no han sido violencias reconocidas por el Gobierno Nacional.
Un caso que esclarece esta afirmación fue el de la joven de Popayán, quien se quitó la vida después de denunciar en sus redes sociales que había sido violentada sexualmente por miembros de la fuerza pública. Las autoridades de inmediato rechazaron esta versión. “El negacionismo es revictimizante. Debe haber un compromiso claro desde el Estado para esclarecer todos los casos y sancionarlos. Las víctimas están pidiendo verdad, justicia y reparación”.
Y, por el otro, que después de que se denuncian los casos, terminan impunes. Si bien en la violencia sexual es un delito que tiene una impunidad casi total en la justicia colombiana, en el marco de las manifestaciones la situación empeora. La mayoría de los procesos, según Emilia Márquez y Wilson Castañeda, son tomados por la Justicia Penal Militar, que los juzga como un procedimiento policial.
Tras estas constantes denuncias, las organizaciones sociales han promovido protocolos para atender los casos de violencia sexual y campañas para acabar con la misoginia en los movimientos sociales. Feminicidios Colombia, por ejemplo, adelantó la estrategia “Paro por ti”, que en una primera etapa se preocupó por explicar cómo deben ser los primeros auxilios psicológicos en caso de que se presenten este tipo de agresiones
“Lo que queremos es que incluso en medio del movimiento social, en las casas, podamos detenernos y mirar al otro o a la otra y decir: esta persona está afectada, está triste, está con trauma. Y por supuesto formar a las personas con primeros auxilios psicológicos. Ahí propusimos una bifurcación, dependiendo si lo prestan hombres a mujeres o mujeres a mujeres, agrega Yamile Roncancio. Por ejemplo, se incluyó técnicas de respiración y relajación para ataques de pánico”.
(Lea más: “Entre seis policías, volvieron trizas la dignidad de mi hija”: mamá de denunciante en Popayán)
Lazos de Dignidad, por su parte, adelantó un protocolo de herramientas constitucionales para la defensa de derechos humanos y estrategias populares para denunciar y proteger a quienes protestan. Dentro de este se incluye desde la exigencia a las autoridades por el respeto a las identidades y orientaciones sexuales hasta la creación de bloques feministas.
“Estos bloques consisten en que nos ponemos de acuerdo todas para cuidarnos. Donde va una, van todas. Además nos llamamos constantemente desde el momento en el que llegamos a la marcha hasta que nos devolvemos a nuestras casas”, explica Sthepani Ortíz, integrante de la Fundación Lazos de Dignidad. Y es que si hay una frase que repiten las mujeres en medio de la movilización es: “El Estado y la sociedad no me cuidan, me cuidan mis amigas”.
Si bien hoy se conocen más agresiones sexuales en contra de las mujeres o personas con identidad u orientación sexual diversa, la verdad es que falta un largo camino para que el machismo, y particularmente este delito, sea visible y al mismo tiempo repudiable con vehemencia. “¿Por qué censuramos a quien en la calle nos grita cosas y no le decimos nada a quien tiene cantos misóginos en la protesta o ha asegurado que violencia sexual contra la policía era un acto reivindicativo. Tenemos que empezar por cómo no reproducir violencia simbólica en los contextos de protesta y priorizar los derechos humanos, que son los derechos de las mujeres”, concluye Roncancio. Pero lo más importante, según las defensoras de derechos humanos entrevistadas, es esclarecer los casos y exigir que estas agresiones sean prioridad para el Estado y la sociedad.