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“No me quedó nada, la candela me lo consumió todo”. Cuando Tito Alvear llegó a su rancho el pasado 1° de febrero no encontró nada. Las llamas redujeron a cenizas su cama, su ropa, una guadaña, una atarraya, una bomba de fumigar y hasta los útiles escolares de sus hijos. Sus cultivos de yuca tampoco estaban porque alguien les había metido ganado para estropeárselos. Esa fue la confirmación de que la violencia que creía superada en la hacienda Las Pavas, ubicada en jurisdicción del municipio El Peñón, en el sur de Bolívar, había regresado.
Como el de Tito, otros dos ranchos ubicados dentro de Las Pavas fueron incinerados el mismo día (30 de enero de este año), tal como lo denunciaron ante la Personería Municipal y la Inspección de Policía de El Peñón. Para la comunidad el mensaje es claro: quieren sacarlos de las tierras que están reclamando hace más de una década y de las que han sido desplazados ya tres veces.
Pero la angustia se había posado desde hacía varias semanas en las 123 familias que reclaman el predio. El 5 de diciembre de 2018 la jueza segunda penal del Circuito Especializado de Cartagena, Mercedes Estela Bueno, dejó en libertad a los principales señalados por el primer desplazamiento de esta comunidad, ocurrido en 2003.
En ese fallo, la jueza negó que en esa ocasión hubiera existido desplazamiento y dejó libres, entre otros, a Gustavo Sierra y Mario Mármol, acusados de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Dos hombres que la comunidad que habita Las Pavas señala como los responsables de haber fraguado su tragedia.
Los hechos por los que la jueza absolvió a Sierra y a Mármol ocurrieron el 26 de octubre de 2003, día en el que se desencadenó la desgracia para estos campesinos. Para entonces, las 123 familias agrupadas en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) –llamada así por una vereda de El Peñón que lleva ese nombre– llevaban casi una década cultivando en las tierras que su anterior propietario, Jesús Emilio Escobar (hermano y testaferro del narcotraficante Gustavo Escobar), había dejado abandonadas.
Según hechos que quedaron probados en el proceso penal, Escobar decidió enviar a su lugarteniente, Gustavo Sierra, a recuperar el predio para poder venderlo. Este, a su vez, acudió al grupo paramilitar que operaba en la zona, el bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, para desplazar a los campesinos ocupantes de la hacienda Las Pavas, conformada por varios predios que en total tienen una extensión de 3.000 hectáreas.
El 26 de octubre se llevó a cabo una reunión entre el grupo armado y los campesinos -a la que acudieron Gustavo Sierra y Mario Mármol- en la que con amenazas los hostigaron a desplazarse del predio o de lo contrario “se les ocasionaría la muerte y serían lanzados al río”, según se lee en la sentencia. Las familias campesinas salieron del territorio.
Para la jueza, “pese a que los hechos son reprochables, este episodio no alcanza a tipificarse como desplazamiento forzado”, porque el predio nunca había sido abandonado por Escobar (dejó a un administrador a cargo del mismo), por lo cual seguía teniendo la propiedad de Las Pavas, y no los campesinos asentados allí.
Para el equipo defensor de las víctimas, el fallo a todas luces va contra el ordenamiento jurídico. Juan Felipe García, abogado de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, que junto al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio ha defendido a las familias campesinas en todo este litigio, explica que la jueza “desconoció las normas y la jurisprudencia que sobre desplazamiento forzado han sentado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia”.
Si Jesús Emilio Escobar era el legítimo propietario del predio, explica García, debía haber acudido a las autoridades y no al grupo armado que imperaba en la zona. Pero para entonces Escobar ya no tendría el derecho sobre las tierras por haber dejado de explotarlas desde hacía una década.
Sin embargo, para Jhonny Mercado, defensor de Mario Mármol, el fallo demuestra que todo es un montaje y que las familias de Asocab son falsas víctimas, como también lo dijo en 2011 una fiscal de Cartagena, en una resolución sobre el caso que en su momento causó polémica, ya que afirmó que en la zona no operaba ningún grupo paramilitar.
Ahora bien, la decisión que dejó libres a Sierra y Mármol fue apelada no solo por la defensa de los campesinos, sino también por la Fiscalía y por la Procuraduría. Hoy esos recursos esperan respuesta del Tribunal de Cartagena.
Jorge Niño, del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, explica que el fallo fue para los campesinos un mensaje de desesperanza. “Esa decisión lo que les dejó a ellos fue una total desconfianza en la institucionalidad y lo recibieron como una intimidación”. Un mensaje que les llegó cuando pensaban que la violencia era asunto de otros tiempos.
Una historia de resistencia
El desplazamiento de octubre de 2003 fue apenas el primero del que fueron víctimas las comunidades campesinas de Las Pavas. Luego de haber dejado el territorio fueron retornando gradualmente durante 2004 y 2005, y en 2006 se encontraron de nuevo con la violencia.Esta vez fue el propio Jesús Emilio Escobar quien llegó al predio con hombres armados y desplazó a las 123 familias de Asocab. Su propósito era vender Las Pavas, negocio que concretó en enero de 2007, cuando le vendió la hacienda al consorcio El Labrador. Para entonces, dicho consorcio estaba conformado por C.I Tequendama y Aportes San Isidro, con igual participación.
Dos años después, cuando las comunidades ya estaban de nuevo asentadas en el territorio, fue dicho consorcio, junto con la Fuerza Pública, quienes desplazaron por tercera vez a los campesinos. En un primer momento la acción se denominó “desalojo”, pues era el Estado el que legítimamente desplazaba a la comunidad, pero dos años después, en 2011, el hecho fue declarado ilegal por la Corte Constitucional.
Ese mismo año, en medio del litigio jurídico que ya para entonces tenía resonancia a nivel nacional, C.I. Tequendama, de propiedad del grupo Daabon, le vendió su participación en el consorcio a Aportes San Isidro, empresa palmicultora que desde entonces está enfrentada con Asocab por la propiedad de Las Pavas.
La hacienda Las Pavas tiene en total una extensión de 3.000 hectáreas.
Lo que se conoce como Las Pavas está conformado por 14 predios cuya propiedad hoy reclama Aportes San Isidro y de cuya adjudicación están a la espera las 123 familias de Asocab. Sin embargo, hay una distinción importante: sobre los tres predios más grandes (Peñaloza, Si Dios quiere y uno con el nombre de Las Pavas, que suman 1.300 hectáreas) sí existe título de propiedad, en su momento de Jesús Emilio Escobar, pero sobre los otros 11 predios (que suman 1.700 hectáreas) no se ha podido demostrar que hayan salido en algún momento del patrimonio del Estado, por lo que siempre han sido terrenos baldíos.
La lucha de los campesinos de Asocab ha sido lograr que sobre los tres predios, otrora propiedad de Escobar, se declare la extinción de dominio por inexplotación económica, para que así pudieran ser luego adjudicados a ellos, junto con los otros 11 predios baldíos. La extinción de dominio la decretó el Incoder en 2012, por lo cual desde entonces todos los predios de Las Pavas son propiedad del Estado.
Sin embargo, la empresa palmicultora presentó una demanda de revisión a la extinción de dominio, recurso que hoy espera respuesta en la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Sobre los señalamientos de la comunidad contra Mármol, su abogado, quien también funge como asesor legal de la empresa Aportes San Isidro, sostiene que son completamente falsos y que su apoderado jamás ha hostigado o intimidado a los campesinos de Asocab. Afirma que el hombre trabajó para esa compañía prestándole seguridad al gerente cuando este visitaba Las Pavas.
Los campesinos aseguran que Mármol, como integrante de la seguridad de la empresa, los intimidió y hostigó para que salieran del predio y que, además, lo hizo a nombre de esa palmicultora.
Incertidumbre
A Tito Alvear solo le quedó la muda que llevaba puesta cuando le avisaron de la quema de su rancho. Hoy está refugiado en el municipio de El Banco (Magdalena), lejos de su esposa y sus dos hijos, que están viviendo en Regidor (Bolívar). En Las Pavas no le quedó nada y no siente garantías para retornar.Las otras familias que habitan el predio temen correr la misma suerte que Tito Alvear, pero, aun así, su voluntad sigue firme. “Vamos a seguir sembrando y haciendo lo que nos toca: poner a producir la tierra”, sentencia Misael Payares.
“Que callen los fusiles”, la campaña por los campesinos de Las Pavas
“Hoy tenemos la esperanza de que si luchamos unidos / algún día las cosas cambian / que no maten a nuestros hijos hoy tenemos la esperanza”, canta Etni Torres, campesino que habita la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar. La canción lleva por nombre Que callen los fusiles, que hoy sirve de símbolo para la lucha que 123 familias emprendieron hace más de una década por reclamar su territorio.Se trata de una campaña promovida por la Fundación Chasquis en apoyo a la comunidad campesina que reclama la hacienda Las Pavas y que se lanzó el pasado lunes en redes sociales.
Con el hashtag #QueCallenLosFusiles, los usuarios en redes sociales podrán enviar un mensaje de apoyo a la lucha no solo de la comunidad de Las Pavas, sino de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país. La invitación es a que a través de un video los ciudadanos interpreten su propia versión de la canción de Etni Torres y la publiquen en redes sociales.
La composición Que callen los fusiles está disponible en redes y en la página de la Fundación Chasquis.