La zozobra que viven líderes sociales en Arauca luego de detenciones arbitrarias
En medio de la nueva ola de violencia que se vive en el departamento, José Vicente Murillo, un líder en Saravena, que fue criminalizado dos veces, intenta que su liderazgo en territorio no se acalle. En ninguno de los procesos penales se le han comprobado delitos.
Valentina Parada Lugo
José Vicente Murillo Tobo ha sido capturado dos veces en el departamento de Arauca, de donde es oriundo, acusado de rebelión. La primera vez fue en 2003, cuando comenzó la militarización en el departamento bajo la política de la Seguridad Democrática. En ese momento era uno de los dirigentes de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Arauca y su lucha era por la defensa ambiental por el impacto del oleoducto Caño Limón. Lo capturaron en medio de una manifestación en Saravena, y luego de estar recluido tres años fue dejado en libertad porque no se probó su responsabilidad en ningún delito.
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Algo similar vivió el 7 de diciembre de 2019, día en que fue capturado por segunda vez en su vida, tras haber comenzado un proceso de consulta popular por la misma causa ambiental. Ese día fue aprehendido en la sede social y en medio de un proceso judicial en la cárcel lo acusaron de rebelión, secuestro y concierto para delinquir. Fue hasta noviembre de 2021, casi dos años después, que un juez de garantías ordenó su libertad porque se venció el plazo para iniciar el juicio contra él.
La situación humanitaria en Arauca es crítica. En la primera semana del año han muerto al menos 27 personas en medio de enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc por el control territorial de la frontera con Venezuela, en El Amparo (estado de Apure). Este departamento del nororiente del país tiene uno de los pasos fronterizos más porosos, divididos por el río Arauca. En la capital, de hecho, pasar de un país a otro en canoa no tarda más de 45 segundos. Sin embargo, otra de las problemáticas más visibles para los araucanos ha sido la sobreexplotación minera de multinacionales que han trabajado en el territorio sin cuidar los recursos naturales ni retribuir a las poblaciones ribereñas, como dice José Murillo, quien siempre ha sido abanderado de esta causa.
Su proceso judicial ha sufrido inconsistencias, sobre todo porque uno de los cargos que se le imputaron no tiene nada que ver con la protesta social del 28 de julio del 2019 por la que dijeron haberlo capturado, sino con el secuestro a un funcionario de Ismocol, una empresa que hace reparaciones de oleoductos, el 13 de enero de 2018. Colombia+20 conoció el expediente del caso por el que estuvo en una cárcel de Bogotá desde el 7 de diciembre de 2019.
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Las pruebas de la Fiscalía
La abogada Marcela Cruz, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, explicó que el delito de secuestro le fue imputado a José Murillo tras haber sido acusado de trabajar con el movimiento social de masas del Eln y de haber participado en el secuestro del ingeniero de petróleos Rafael Andrés Riaño, quien fue raptado a las afueras de la oficina de la empresa Ismocol, ubicada en Saravena (Arauca), y llevado en un taxi hasta la frontera con Venezuela. El hombre fue dejado en libertad por la guerrilla hasta el 26 de diciembre de ese mismo año.
El 7 de diciembre 2019, el líder social José Murillo fue capturado por varios delitos, entre ellos por supuestamente haber trabajado con el Eln para llevar a cabo la retención de este funcionario. Su proceso judicial se empezó a llevar a cabo mientras estaba recluido en la cárcel La Modelo (Bogotá). Sin embargo, hasta finales de 2021 la Fiscalía apenas había recopilado tres pruebas en su contra que la abogada Cruz desvirtuó en las audiencias.
“Lo primero que identificamos es que a José lo vinculan luego de que el taxista que fue usado para cometer el secuestro hiciera un retrato hablado del secuestrador el 15 de noviembre de 2019, es decir, un año y medio después de los hechos”. Según el documento de cotejo morfológico realizado por la Policía Judicial, de 45 puntos estudiados del retrato hablado, el líder social coincidía con apenas 11 de ellos, “que no representa ni la mitad y, por ende, no tiene representatividad en el proceso. Además, el retrato hablado es de un hombre del que solo se puede identificar la mitad del rostro, porque llevaba pasamontañas” (ver facsímil 1).
De hecho, de los 45 puntos estudiados del retrato, entre los que se encontraban la descripción del rostro, los rasgos de los ojos, la longitud de la frente, la altura de la nariz, la prominencia de los pómulos, entre otras características del documento del cotejo morfológico, 33 de esos fueron calificados por los funcionarios judiciales como “Indeterminado” (siete rasgos) y “No se aprecia” (26 rasgos); es decir, que la mayoría de características no pudieron ser analizadas ni comparadas.
Incluso, en el expediente judicial se lee que el taxista declaró que “la Fiscalía no me orientó bien en ese tema, pues en realidad sí fui objeto de secuestro por parte del Eln, pero ellos solo me tomaron una entrevista” (ver facsímil 2). Pese a ello, esa fue una de las pruebas más consistentes que presentó el ente acusador en el proceso para determinar que la persona que describió el testigo del caso correspondía a José Vicente Murillo. “Otro de los soportes que tenían fueron las interceptaciones telefónicas entre el 17 de julio de 2019 y el 5 de enero de 2020 que le hicieron al líder social. En el informe de análisis de comunicaciones aportado por el ente acusador se evidencia que de 4.788 llamadas interceptadas, apenas 11 aportan evidencia al caso” (ver facsímil 3).
No obstante, las 11 llamadas documentadas en el expediente están relacionadas con el paro obrero del 28 de julio de 2019 contra la petrolera Ecopetrol, en la que participó Murillo como líder de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. “José contacta al HD1 (persona 1) y le dice que el tema a tratar es de la propuesta de la salida el día de mañana, para el tema de la actividad que tienen. José le dice que el 28 de julio y que necesitan cuadrar lo que hace falta (para el paro). (…) José ordena que al parecer el paro comience el 28 de julio donde hubo personas de Tame y al parecer de la zona rural”, se lee en una de las transcripciones y análisis de las comunicaciones.
Con estas conversaciones, la Fiscalía pretendió comprobar que Murillo fue responsable del delito de rebelión, tras impulsar esta movilización social que duró hasta el 30 de julio de 2019 intentando que la empresa petrolera se sentara a dialogar con la comunidad sobre los nuevos puntos de exploración petrolera.
Diez de las 11 llamadas interceptadas tienen que ver con los hechos de movilización social de ese día, que no fue reconocido por las autoridades como parte de la protesta legítima de los ciudadanos. La última llamada documentada por las autoridades estaba relacionada con la visita del líder social a La Habana (Cuba), en octubre de 2019, en la que le preguntaba a otra persona por los trámites de pasaporte y migración para salir del país. Sobre este hecho, Murillo asegura que viajó a la isla para el Encuentro Antiimperialista, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, un evento que reunió a líderes sociales de varios países con el fin de generar iniciativas comunitarias. “En medio de las audiencias preliminares, la Fiscalía me acusó de haber viajado a Cuba para reunirme con varios comandantes del Eln, a pesar de que le mostré la carta de invitación al evento y tenía registros fotográficos allí”, denuncia Murillo.
El liderazgo silenciado
El historial de capturas contra líderes sociales en Arauca no es nuevo. Varios expertos han hecho memoria sobre las capturas masivas en este departamento, tras la expedición del Decreto 1837 de 2002 en medio de la Seguridad Democrática del primer mandato del Álvaro Uribe Vélez, en el que se consolidó una normativa para desmantelar redes de apoyo con la guerrilla. Entre 2002 y 2005, está documentado que fueron capturadas al menos dos mil personas, entre los que había menores de edad señalados de participar de estas actividades delictivas. De esas dos mil personas, menos de 50 fueron condenadas por delitos como rebelión y concierto para delinquir.
Según la abogada Marcela Cruz, estos patrones de criminalización a lideres sociales han sido una “frecuente para intentar entrampar a personas que hacen trabajo social en comunidades abandonadas por el Estado y que requieren estas personas para tener algún nivel de visibilización ante el país”. Para ella, una prueba de estos intentos de silenciarlos fue el hecho de que a Murillo, por ejemplo, lo tuvieran recluido en una cárcel en Bogotá y no en el departamento mismo, “como queriendo alejarlos de su área de influencia social”.
Vea: Arauca, el bastión de las guerrillas en Colombia que amenaza con explotar
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra es una de las que más lleva casos de este tipo. En 2019, de hecho, también documentaron los casos de Reynel Aguilar, Horacio Ramírez y José Galán, otros tres líderes sociales de Arauquita, asociados a la delegación municipal de Juntas de Acción Comunal del municipio y que fueron capturados también por el delito de rebelión en 2019.
Aguilar, por ejemplo, que es el presidente actual de la Junta de Acción Comunal de Las Acacias, asegura que también fue víctima de intentos de entrampamiento en su contra, cuando en un paro ciudadano del 2019 en el que hicieron 25 exigencias a las multinacionales, entre las que estaba inversión social y seguridad para los trabajadores del oleoducto, fue capturado por las autoridades para imputarle rebelión. “Porque en ese paro hubo presencia del Esmad y la situación se salió de control. En ese momento una de las piscinas petroleras se incendió y se dañaron varias máquinas de la empresa, entonces las autoridades nos señalaron a nosotros de haber generado esa conflagración”.
Después de 18 meses de proceso judicial, el 24 de octubre de 2021 fue dejado en libertad luego de que una jueza de garantías ordenara su excarcelación inmediata por falta de pruebas de la Fiscalía en su contra. “En ese caso hubo gente que dijo que los que generaron la conflagración fueron los del Esmad, pero eso tampoco se comprobó. Hasta ahora no se sabe qué fue lo que sucedió, lo cierto es que no hay ninguna prueba de que nosotros mismos quisiéramos atentar contra nuestro territorio, en medio de una movilización que buscaba defenderlo. En ese incendio también perdimos pastizales, territorio cacaotero y muchas familias se pusieron en riesgo, no tiene sentido que lo hubiéramos ocasionado nosotros mismos”, señala Aguilar.
Aunque desde su salida de la cárcel han continuado con las labores de liderazgo en sus veredas, la nueva ola de violencia de los primeros días de 2022 la han sentido con fuerza y amenaza con silenciar su labor social. Algunos de los líderes criminalizados, que prefirieron no precisarlo públicamente, han salido recientemente de su territorio a otros cascos urbanos para proteger su vida de los enfrentamientos guerrilleros.
José Vicente Murillo Tobo ha sido capturado dos veces en el departamento de Arauca, de donde es oriundo, acusado de rebelión. La primera vez fue en 2003, cuando comenzó la militarización en el departamento bajo la política de la Seguridad Democrática. En ese momento era uno de los dirigentes de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Arauca y su lucha era por la defensa ambiental por el impacto del oleoducto Caño Limón. Lo capturaron en medio de una manifestación en Saravena, y luego de estar recluido tres años fue dejado en libertad porque no se probó su responsabilidad en ningún delito.
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Algo similar vivió el 7 de diciembre de 2019, día en que fue capturado por segunda vez en su vida, tras haber comenzado un proceso de consulta popular por la misma causa ambiental. Ese día fue aprehendido en la sede social y en medio de un proceso judicial en la cárcel lo acusaron de rebelión, secuestro y concierto para delinquir. Fue hasta noviembre de 2021, casi dos años después, que un juez de garantías ordenó su libertad porque se venció el plazo para iniciar el juicio contra él.
La situación humanitaria en Arauca es crítica. En la primera semana del año han muerto al menos 27 personas en medio de enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc por el control territorial de la frontera con Venezuela, en El Amparo (estado de Apure). Este departamento del nororiente del país tiene uno de los pasos fronterizos más porosos, divididos por el río Arauca. En la capital, de hecho, pasar de un país a otro en canoa no tarda más de 45 segundos. Sin embargo, otra de las problemáticas más visibles para los araucanos ha sido la sobreexplotación minera de multinacionales que han trabajado en el territorio sin cuidar los recursos naturales ni retribuir a las poblaciones ribereñas, como dice José Murillo, quien siempre ha sido abanderado de esta causa.
Su proceso judicial ha sufrido inconsistencias, sobre todo porque uno de los cargos que se le imputaron no tiene nada que ver con la protesta social del 28 de julio del 2019 por la que dijeron haberlo capturado, sino con el secuestro a un funcionario de Ismocol, una empresa que hace reparaciones de oleoductos, el 13 de enero de 2018. Colombia+20 conoció el expediente del caso por el que estuvo en una cárcel de Bogotá desde el 7 de diciembre de 2019.
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Las pruebas de la Fiscalía
La abogada Marcela Cruz, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, explicó que el delito de secuestro le fue imputado a José Murillo tras haber sido acusado de trabajar con el movimiento social de masas del Eln y de haber participado en el secuestro del ingeniero de petróleos Rafael Andrés Riaño, quien fue raptado a las afueras de la oficina de la empresa Ismocol, ubicada en Saravena (Arauca), y llevado en un taxi hasta la frontera con Venezuela. El hombre fue dejado en libertad por la guerrilla hasta el 26 de diciembre de ese mismo año.
El 7 de diciembre 2019, el líder social José Murillo fue capturado por varios delitos, entre ellos por supuestamente haber trabajado con el Eln para llevar a cabo la retención de este funcionario. Su proceso judicial se empezó a llevar a cabo mientras estaba recluido en la cárcel La Modelo (Bogotá). Sin embargo, hasta finales de 2021 la Fiscalía apenas había recopilado tres pruebas en su contra que la abogada Cruz desvirtuó en las audiencias.
“Lo primero que identificamos es que a José lo vinculan luego de que el taxista que fue usado para cometer el secuestro hiciera un retrato hablado del secuestrador el 15 de noviembre de 2019, es decir, un año y medio después de los hechos”. Según el documento de cotejo morfológico realizado por la Policía Judicial, de 45 puntos estudiados del retrato hablado, el líder social coincidía con apenas 11 de ellos, “que no representa ni la mitad y, por ende, no tiene representatividad en el proceso. Además, el retrato hablado es de un hombre del que solo se puede identificar la mitad del rostro, porque llevaba pasamontañas” (ver facsímil 1).
De hecho, de los 45 puntos estudiados del retrato, entre los que se encontraban la descripción del rostro, los rasgos de los ojos, la longitud de la frente, la altura de la nariz, la prominencia de los pómulos, entre otras características del documento del cotejo morfológico, 33 de esos fueron calificados por los funcionarios judiciales como “Indeterminado” (siete rasgos) y “No se aprecia” (26 rasgos); es decir, que la mayoría de características no pudieron ser analizadas ni comparadas.
Incluso, en el expediente judicial se lee que el taxista declaró que “la Fiscalía no me orientó bien en ese tema, pues en realidad sí fui objeto de secuestro por parte del Eln, pero ellos solo me tomaron una entrevista” (ver facsímil 2). Pese a ello, esa fue una de las pruebas más consistentes que presentó el ente acusador en el proceso para determinar que la persona que describió el testigo del caso correspondía a José Vicente Murillo. “Otro de los soportes que tenían fueron las interceptaciones telefónicas entre el 17 de julio de 2019 y el 5 de enero de 2020 que le hicieron al líder social. En el informe de análisis de comunicaciones aportado por el ente acusador se evidencia que de 4.788 llamadas interceptadas, apenas 11 aportan evidencia al caso” (ver facsímil 3).
No obstante, las 11 llamadas documentadas en el expediente están relacionadas con el paro obrero del 28 de julio de 2019 contra la petrolera Ecopetrol, en la que participó Murillo como líder de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. “José contacta al HD1 (persona 1) y le dice que el tema a tratar es de la propuesta de la salida el día de mañana, para el tema de la actividad que tienen. José le dice que el 28 de julio y que necesitan cuadrar lo que hace falta (para el paro). (…) José ordena que al parecer el paro comience el 28 de julio donde hubo personas de Tame y al parecer de la zona rural”, se lee en una de las transcripciones y análisis de las comunicaciones.
Con estas conversaciones, la Fiscalía pretendió comprobar que Murillo fue responsable del delito de rebelión, tras impulsar esta movilización social que duró hasta el 30 de julio de 2019 intentando que la empresa petrolera se sentara a dialogar con la comunidad sobre los nuevos puntos de exploración petrolera.
Diez de las 11 llamadas interceptadas tienen que ver con los hechos de movilización social de ese día, que no fue reconocido por las autoridades como parte de la protesta legítima de los ciudadanos. La última llamada documentada por las autoridades estaba relacionada con la visita del líder social a La Habana (Cuba), en octubre de 2019, en la que le preguntaba a otra persona por los trámites de pasaporte y migración para salir del país. Sobre este hecho, Murillo asegura que viajó a la isla para el Encuentro Antiimperialista, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, un evento que reunió a líderes sociales de varios países con el fin de generar iniciativas comunitarias. “En medio de las audiencias preliminares, la Fiscalía me acusó de haber viajado a Cuba para reunirme con varios comandantes del Eln, a pesar de que le mostré la carta de invitación al evento y tenía registros fotográficos allí”, denuncia Murillo.
El liderazgo silenciado
El historial de capturas contra líderes sociales en Arauca no es nuevo. Varios expertos han hecho memoria sobre las capturas masivas en este departamento, tras la expedición del Decreto 1837 de 2002 en medio de la Seguridad Democrática del primer mandato del Álvaro Uribe Vélez, en el que se consolidó una normativa para desmantelar redes de apoyo con la guerrilla. Entre 2002 y 2005, está documentado que fueron capturadas al menos dos mil personas, entre los que había menores de edad señalados de participar de estas actividades delictivas. De esas dos mil personas, menos de 50 fueron condenadas por delitos como rebelión y concierto para delinquir.
Según la abogada Marcela Cruz, estos patrones de criminalización a lideres sociales han sido una “frecuente para intentar entrampar a personas que hacen trabajo social en comunidades abandonadas por el Estado y que requieren estas personas para tener algún nivel de visibilización ante el país”. Para ella, una prueba de estos intentos de silenciarlos fue el hecho de que a Murillo, por ejemplo, lo tuvieran recluido en una cárcel en Bogotá y no en el departamento mismo, “como queriendo alejarlos de su área de influencia social”.
Vea: Arauca, el bastión de las guerrillas en Colombia que amenaza con explotar
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra es una de las que más lleva casos de este tipo. En 2019, de hecho, también documentaron los casos de Reynel Aguilar, Horacio Ramírez y José Galán, otros tres líderes sociales de Arauquita, asociados a la delegación municipal de Juntas de Acción Comunal del municipio y que fueron capturados también por el delito de rebelión en 2019.
Aguilar, por ejemplo, que es el presidente actual de la Junta de Acción Comunal de Las Acacias, asegura que también fue víctima de intentos de entrampamiento en su contra, cuando en un paro ciudadano del 2019 en el que hicieron 25 exigencias a las multinacionales, entre las que estaba inversión social y seguridad para los trabajadores del oleoducto, fue capturado por las autoridades para imputarle rebelión. “Porque en ese paro hubo presencia del Esmad y la situación se salió de control. En ese momento una de las piscinas petroleras se incendió y se dañaron varias máquinas de la empresa, entonces las autoridades nos señalaron a nosotros de haber generado esa conflagración”.
Después de 18 meses de proceso judicial, el 24 de octubre de 2021 fue dejado en libertad luego de que una jueza de garantías ordenara su excarcelación inmediata por falta de pruebas de la Fiscalía en su contra. “En ese caso hubo gente que dijo que los que generaron la conflagración fueron los del Esmad, pero eso tampoco se comprobó. Hasta ahora no se sabe qué fue lo que sucedió, lo cierto es que no hay ninguna prueba de que nosotros mismos quisiéramos atentar contra nuestro territorio, en medio de una movilización que buscaba defenderlo. En ese incendio también perdimos pastizales, territorio cacaotero y muchas familias se pusieron en riesgo, no tiene sentido que lo hubiéramos ocasionado nosotros mismos”, señala Aguilar.
Aunque desde su salida de la cárcel han continuado con las labores de liderazgo en sus veredas, la nueva ola de violencia de los primeros días de 2022 la han sentido con fuerza y amenaza con silenciar su labor social. Algunos de los líderes criminalizados, que prefirieron no precisarlo públicamente, han salido recientemente de su territorio a otros cascos urbanos para proteger su vida de los enfrentamientos guerrilleros.