El grito por justicia y reparación de las mujeres afro violentadas sexualmente

Las mujeres afrocolombianas han entablado una lucha por sus derechos.

Foto: Cortesía

Aura* vivió 15 años sin reírse. Nada. Ni una mueca. Los chistes que antes la hacían estallar en carcajadas hasta que le dolieran los músculos de las mejillas ahora apenas le recordaban que algo terrible le tenía que estar pasando adentro para que la risa le siguiera siendo esquiva. Una vez, incluso, tras terminar la función de una obra de teatro en la que participó para verbalizar su dolor, una funcionaria se le acercó. Llevaba un tiempo grabando, desde que el recinto estalló en aplausos para las actrices, y se dio cuenta de que Aura era la única que no se reía. “¿Por qué no te ríes? Ríete”, le decía. Y Aura: “Es que no tengo sonrisa”. El espacio de la sonrisa, reflexiona ahora, lo había ocupado la culpa, que llegó con la violencia sexual que le atravesó su cuerpo y su vida, y que poco a poco ha ido sacando para convencerse de que nada en ella, en su cuerpo negro que recalcaron los armados que la violentaron, fue culpable.

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En 1999, cuando sufrió el primer desplazamiento, llevaba ya varios años escuchando balaceras en su vereda ubicada en la parte alta de los Montes de María, en Bolívar. Al menos diez años antes la guerrilla se había empezado a consolidar en la zona, al igual que el Ejército. Y a cualquiera de ellos que preguntara, por ejemplo, por una gallina, había que vendérsela. Claro, también jóvenes de la zona se habían ido a un grupo u otro. Pero cuando llegaron los paramilitares del Bloque Montes de María, en 1997, la vida se hizo insostenible. “Empezaron a reclutar a los jóvenes. En el 99 se llevaron a mi hermano y todos nosotros nos tiramos a morir, a que nos devolvieran a mi hermano. Cuando lo rescatamos, nos tocó salir. Yo tenía 22 años”, recuerda.

Con la esperanza de regresar pronto a la vereda, llegaron a un centro poblado del mismo municipio. Allí decenas de familias también se habían ido y quedaron casas desocupadas. “Nos metimos en casa ajena”, afirma. Cada vez que había amenaza paramilitar, corrían a dormir en el monte. Un año después, en el 2000, empezaron las masacres en toda la región. El Salado, Las Brisas, Hato Nuevo, Macayepo y el desplazamiento de Mampuján. La familia de Aura y otras 26 más se desplazaron a Cartagena y durante un año vivieron en albergues, en cambuches y hasta en la calle.

Como en la capital del departamento no encontraron respuestas de las autoridades, decidieron retornar. Ahí vino lo peor. Pero aunque los asesinaran, amenazaran o combatieran, los antes desplazados no se fueron más de su pueblo.

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Son tres hermanas. Sus pieles son negras. Su postura, elegante. En la cabeza, un turbante. O el pelo alisado. A veces, el afro libre. Pueden caminar largas distancias, al menos los 12 kilómetros que separan el barrio El Pozón, en Cartagena, de la escultura de la India Catalina, bajo el sol de la ciudad. Saben cultivar la tierra. Mantener en pie una casa. Criar un hijo. Levantar la voz en medio de una manifestación. Contener las emociones de otra. Abrazar.

Pero los que estaban armados quisieron reducirlas a cuerpos.

Aura y sus dos hermanas fueron violadas por miembros de grupos armados, legales e ilegales, entre 2001 y 2007, en el mismo pueblo del que decidieron no irse. Y para esta mujer, que lidera una organización social en la región, la violencia sexual tuvo motivaciones racistas y sexistas. “Nos decían, primero, que éramos guerrilleras. Segundo, que era porque las negras tenemos el cuerpo bonito. Y a las negras son a las que más maltratan”.

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La violencia que sufrió Aura llegó desde la Fuerza Pública. En 2006 la Policía allanó su casa, golpeó a sus hijos de 8 y 12 años y se la llevó. De guerrillera la acusaron. “Rebelión” le dijeron que se llamaba el delito. En Cartagena, donde la llevaron, varios policías abusaron de ella. “Uno de esos hombres me enfermó”, afirma. No lo sabía entonces. En esa ocasión la liberaron pronto, pero tres meses después volvieron a capturarla. Seis meses estuvo presa. Tardó más de un año en darse cuenta de que una parte de su carne se estaba dañando.

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En Colombia las instituciones no se han puesto de acuerdo para determinar cuántas personas sufrieron violencias sexuales durante el conflicto armado. Las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica arrojan que, entre 1958 y septiembre de 2022, 16.758 personas sufrieron violencia sexual. 15.140 son mujeres. 1.409 son afrocolombianas. Los datos de la Unidad para las Víctimas son más escandalosos, pero revelan lo mismo: la violencia sexual la ejercieron mayoritariamente contra las mujeres y, entre los grupos étnicos, las más afectadas fueron las afro. Hasta el 30 de noviembre de 2022, la Unidad tenía registradas a 36.572 víctimas de “delitos contra la libertad y la integridad sexual”. El 90 por ciento son mujeres y el 21 por ciento son Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras (NARP).

A que las cifras no coinciden se suma que, según organizaciones como la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales o la Ruta Pacífica de las Mujeres, hay un subregistro que no se sabe siquiera de cuánto podría ser. Una muestra es que, en 2015, las entidades tenían registro de 5.000 víctimas, y desde entonces más de 30.000 mujeres se atrevieron a denunciar.

Los datos que existen confirman la sospecha de las mujeres sobre el racismo que definió la violencia sexual. Los departamentos que reportan los mayores casos hacen parte de la lista de los que concentran la mayor población afro del país. En orden, Antioquia, Magdalena, Nariño, Bolívar, Chocó y Cauca. La Comisión de la Verdad, en su informe sobre los impactos del conflicto en las mujeres, afirma que “con ocasión del conflicto, se entrecruzaron diversos factores como la discriminación, la exclusión y el racismo, esenciales para el patriarcado, y que se intensificaron contra las mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y campesinas”. O, en palabras de Nayibe, una lideresa del Cauca, “se cree en el imaginario colectivo que todavía tiene el país que los negros son inferiores, que los negros y las negras somos inferiores, entonces asimismo se nos quiere tratar”.

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Los armados afirmaban que las negras solo servían para el servicio doméstico o para la cama, dispuestas a ser agredidas por ellos. Una mujer, trabajadora de la salud del Cauca, le contó a la Comisión cómo fue torturada y esclavizada sexualmente por la guerrilla. “Era la única negra, y a la que violaban más porque decían que la negra resiste, es seca y más caliente. Me hacían bañar más porque decían que mi olor era más fuerte. Me obligaban a tener el cabello alisado porque mi cabello natural les daba asco. Me decían que comiera más porque así las nalgas me podían crecer, y eso les daba placer [...]”, narró.

Y en sus cuerpos quedaron las marcas. Pero no solo allí.

Las cicatrices de la violencia sexual

La ausencia de la risa fue el síntoma más visible. Ese, y el llanto. Pero mientras no lloraba ni reía, nadie podía imaginar que Aura llevaba horas repitiendo en su cabeza todas las conversaciones que había tenido en un día, o en una semana. Y preguntándose por qué dijo cada cosa que dijo. Asustada y ansiosa de contemplar la posibilidad de que se equivocó y habló de más. O que ofendió a alguien. O que cada conversación podría traer una consecuencia inesperada. No dormía por estar recordando.

Y la culpa. Después de la violencia sexual le contó a su compañero lo que le había pasado y le pidió que se separaran. “Para mí era muy duro decirle que a mí me había violado tanta gente”. A pesar de los miedos de ella, su pareja decidió apoyarla. Pero entonces vino el dolor. Tiempo después a Aura le empezaron a doler las entrañas. De la mano de su compañero fue al médico. Cáncer. Útero, ovarios y un riñón fueron extraídos de su cuerpo. Y entonces vino la vergüenza, porque como mamá sentía que debía explicarles a sus hijos por qué estaba mal de salud.

Hablar con sus hijos fue el primer paso para despojarse de la vergüenza. El segundo vino de la mano de otras mujeres. Antes de perder su libertad, Aura labraba la tierra en compañía de hombres y mujeres afrocolombianas. Pero la prisión hizo que varios de sus antiguos compañeros pusieran sobre ella la duda. Sin embargo, un grupo de 18 mujeres se quedaron. “Yo creo en ti”, “yo sé cómo eres”, le dijeron. La confianza llegó como una fuerza. Levantaron el azadón para sembrar plátano. Halaron de la mata para sacar la yuca. Se levantaron temprano para echarle maíz a las gallinas. Luego, la compañía en el trabajo del campo le soltó la lengua. Y se dio cuenta de que no era la única con cicatrices en el cuerpo.

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Las secuelas que dejó la violencia sexual en las víctimas del conflicto son físicas, psicológicas, económicas y familiares. Ángela Escobar, coordinadora de la Red Nacional de Víctimas y Profesionales, dice que los problemas son inimaginables. “Por medio de unas cartografías corporales empezamos a identificar las consecuencias e impactos de la violencia sexual y en salud física encontramos, por ejemplo, incontinencia urinaria, enfermedades de transmisión sexual, problemas en sus senos, mucho dolor en los huesos, cicatrices de haber sido golpeadas y haber sido maltratadas. En los hombres encontramos mucho el problema de las hemorroides”.

Eso a nivel general, pero la violencia sexual en muchos ocasiones la ejercieron con otras torturas. A una de las compañeras de Aura le quemaron la vulva con un mechero. Otra de ellas fue empalada y ahora debe usar toallas higiénicas diariamente porque tiene incontinencia urinaria.

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Yolanda Perea, víctima de violencia sexual, lideresa chocoana e integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, también conoce casos de torturas extremas. Una de sus amigas sufrió canibalismo. “Ella y su esposo están pagando por la reconstrucción de su rostro”, dice.

Y en salud mental los problemas van desde la ansiedad y la depresión hasta las ideaciones suicidas y los bloqueos cognitivos. “Es como si no pudiéramos avanzar en estudiar”, afirma Ángela Escobar. Además, miles de mujeres son abandonadas por sus esposos, pues consideran que han perdido valor, o les dicen que no pueden volver a tener relaciones sexuales con ellas. O ellas mismas no se sienten capaces de volver a intimar con un varón.

Todos estos dolores impactan la vida económica de las víctimas. Primero, porque a menudo la consecuencia más inmediata de la violencia sexual es el desplazamiento forzado de la mujer, de toda su familia o incluso de toda su comunidad. Desde la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre) han evidenciado este hecho. En esta organización, conformada por alrededor de 7.000 mujeres afro de 12 departamentos, han documentado 450 casos de violencias sexuales que después causaron el desplazamiento de las víctimas.

“Además de los impactos físicos y psicológicos, también está el empobrecimiento y el desplazamiento forzado. Muchas mujeres se vieron obligadas a desplazarse producto de la violencia sexual de la que fueron víctimas. Al llegar a las ciudades también han tenido que enfrentar situaciones de racismo y discriminación racial”, afirma Luz Marina Becerra, fundadora de La Comadre. Este racismo se traduce también en falta de oportunidades para acceder a empleos dignos, a educación y a vivienda. “Las mujeres empiezan a vivir distintas formas de racismo, una de esas es el racismo institucional y la falta de voluntad política de los funcionarios para atenderlas y para avanzar en la implementación de políticas públicas que favorezcan sus vidas”.

El desplazamiento, según Luz Marina, también se ve a nivel espacial o geográfico. A las mujeres afro les toca llegar a las zonas marginadas y allí a menudo continúa la violencia. “Inclusive les toca volver a vivir desplazamientos intraurbanos o les toca sacar a sus hijos porque son zonas donde grupos armados ejercen el control y han querido vincular a sus hijos a la venta y consumo del microtráfico”, afirma.

En estos casos también hay una pérdida cultural. La población afrocolombiana tiene unas formas específicas de relacionamiento en sus territorios, que van desde la siembra de cultivos de pancoger hasta la crianza colectiva de los hijos e hijas. Eso se pone en riesgo. En la ciudad nadie se conoce con nadie. La vecina ya no es una comadre.

Por eso Aura no se muda al pequeño apartamento que le dio el Estado en Cartagena hace unos años en respuesta a su condición de víctima. La “carta cheque” que recibió servía para un subsidio de vivienda. Ella quería que se la hicieran en su tierrita. Donde pudiera salir a cuidar sus animales y sus cultivos. No se pudo. “Me entregaron un apartamento que es una cajita de fósforos. Tiene dos cuartos en los que cabe una cama. Y en mi casa somos siete: yo, mi compañero y mis cinco hijos”. Hace poco le dijeron que se lo iban a quitar si no lo vivía. Ella es campesina. Apenas se aguanta una semana viviendo allá, porque la tierra la llama. “Yo no voy a vivir en un apartamento, montada como un gallo fino y con hambre. Yo trabajo en el campo”, afirma.

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La reparación es cuestión de justicia racial y fiscal

El conflicto armado fue racista. Así lo afirmó el comisionado de la verdad Leyner Palacios. Pero el racismo de los actores armados, legales o ilegales, no surgió con ellos. Para Luz Marina Becerra el problema parte de la visión estatal sobre los territorios afrocolombianos e indígenas. “Históricamente hemos vivido el racismo, la injusticia, las desigualdades e inequidades. El abandono total del Estado hacia nuestros territorios lo que ha hecho es legitimar la acción de los violentos o exacerbar esas violencias sistemáticas que hemos vivido el pueblo negro y especialmente las mujeres negras”, dice tajante Becerra.

La inacción del Estado frente a las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a las personas afro les dio carta abierta a los armados para continuar generando violencia. Así lo ve la lideresa. Así, esa violencia se materializó en las vidas y los cuerpos de las mujeres. “La violencia sexual la vivieron no solo por ser mujeres, sino por ser negras, por pertenecer a un grupo étnico, por habitar en estos territorios históricamente abandonados o desprotegidos por el Estado y por estos imaginarios racistas”, finaliza.

La falta de inversión y de oportunidades a nivel de educación, salud, vivienda, servicios públicos y trabajo es la evidencia del racismo del Estado.

En el documento “Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina”, elaborado por Ilex Acción Jurídica y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (Cesr, por sus siglas en inglés), se analiza por qué la población afro de Colombia y de toda América Latina tiene niveles desproporcionados de pobreza e insatisfacción de sus derechos humanos frente a la población no afro. Este es un hecho. Sus posibles causas son variadas, pero según el documento hay una clara. La situación está definida “por la falta de políticas fiscales que realmente atiendan las necesidades de la población y la falta de espacios de participación efectiva que inciden en las decisiones sobre la destinación de recursos y la definición del gasto público”.

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Es decir, la plata que se recauda, que luego se destina y se invierte en gasto público no tiene en cuenta, de manera particular, los derechos humanos de la población afro. Esto es lo que las organizaciones llaman un enfoque étnico-racial. Además, la política fiscal de los países tampoco tiene, casi nunca, enfoque de género. Las mujeres negras están en el peor de los escenarios.

Resolver esta situación es una exigencia que han hecho diversas organizaciones en Latinoamérica. La premisa es que para que los derechos de las personas sean efectivos se tienen que alinear las políticas fiscales con los compromisos que los Estados asumen en materia de derechos humanos, dejando de lado la discrecionalidad que históricamente han tenido los gobiernos para decidir cómo invertir los recursos.

La respuesta a qué priorizar varía, pero según Según María Emilia Mamberti, oficial de programas del Cesr, debe tenerse en cuenta que “cuando los indicadores de acceso a derechos dan mal, sostenidamente a lo largo del tiempo, como es en el caso de la población afro en Colombia y hay brechas en indicadores de acceso a trabajo, educativos, hay problemas de invisibilización estadística... Bueno, todo es una pauta de que puede haber una razón presupuestaria detrás de eso”. Y las estrategias que se apliquen para resolver este problema deberían estar pensadas desde un enfoque étnico-racial y de género.

Un ejemplo para entender este último punto ocurrió en Argentina. Para financiar gastos extraordinarios por la pandemia del Covid-19 se aprobó el impuesto de pago único (Aporte Extraordinario Solidario) que únicamente debían pagar personas con un patrimonio muy alto. “Alcanzó a un porcentaje ínfimo de contribuyentes, pero logró una recaudación para financiar gastos que benefician altamente a las mujeres porque por ejemplo, permitió pagar equipos de protección personal del personal de la salud, que es un sector en el que las mujeres están sobrerrepresentadas”, afirma Mamberti. Además, quienes lo pagaron fueron mayormente varones, pues la riqueza está masculinizada.

La nueva reforma tributaria, aprobada en 2022, es un paso para que quienes ganan más, tributen más. El reto está en poner a dialogar esto con la garantía de derechos humanos. Dayana Blanco Acendra, directora de Ilex Acción Jurídica, afirma que Colombia ha sido pionera en legislaciones para garantizar los derechos de los afro, como con la expedición de la Ley 70 de 1993, pero no se destina la plata necesaria para materializarlo. “Cuando revisamos estas legislaciones y su impacto vemos que todavía tenemos deudas con las comunidades étnicas, específicamente con las comunidades negras del país, que se traducen en el rezago se los cumplimientos de las políticas, en la falta de representación sustantiva de las personas afrodescendientes en la ejecución de estas políticas”, afirma.

A nivel práctico, hay al menos cuatro formas en la que Colombia podría avanzar en la justicia fiscal con perspectiva étnico-racial: invertir en sistemas estadísticos robustos y confiables con enfoque diferencial; incrementar y desarrollar las capacidades técnicas y profesionales de la población afro; invertir en programas de investigación e innovación que fomenten el desarrollo; e impulsar incentivos tributarios para garantizar el derecho al trabajo, al territorio, a la memoria y a la reparación simbólica y económica de esta población.

La vida de las mujeres afro víctimas de violencias sexuales se impactaría positivamente si se avanza en la implementación de las medidas mencionadas, teniendo en cuenta que lo que las víctimas buscan es la reparación. ¿Cómo repararlas? Esa respuesta la tienen las mismas mujeres.

Lo que proponen las mujeres

Las víctimas de violencias sexuales no están buscando que les den dinero. Pero sí se necesita dinero para mejorar sus vidas. En eso coinciden todas.

Pero es precisamente la plata la que no ha sido suficiente. En agosto de 2022 la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, afirmó que el presupuesto aprobado para esta entidad (2.5 billones de pesos) era “insuficiente para atender la realidad de las víctimas”. La mitad de este rubro está destinado a indemnizaciones y reparaciones colectivas.

Esta entidad atiende la reparación a las víctimas de violencias sexuales, tras aceptarlas como víctimas e incluirlas en el Registro Único de Víctimas, y su trabajo se centra en tres puntos: atención humanitaria, indemnización y acompañamiento a la inversión. La primera acción se trata de un giro único de dos salarios mínimos destinados a ayudar a la crisis por la que puede estar pasando la víctima. Según los datos que esta entidad entregó para la realización de este reportaje, desde 2012 hasta octubre de 2022 ha hecho 4.201 giros por valor de casi siete mil millones de pesos. Es decir, no se les ha girado a todas las víctimas.

Luego está la indemnización. Para las víctimas de violencia sexual el monto de la compensación económica simbólica es de 30 SMMLV y, hasta noviembre de 2022, 13.377 víctimas de este delito habían sido indemnizadas. 2.966 hacen parte de la población NARP. Este punto es álgido entre las organizaciones de mujeres.

Para Aura la reparación es tardía. En su caso, han pasado 23 años desde el primer desplazamiento y 17 desde la violencia sexual. Y la indemnización aún no llega. Por el contrario, lo que le han dicho en los puntos de atención es que, antes de ella, que es una mujer joven, están las mayores de 74 años y las que tienen alguna discapacidad. Se pregunta entonces si tendrá que esperar 30 años más.

Yolanda Perea, de la Ruta Pacífica de las Mujeres, afirma que, teniendo en cuenta que existen nueve millones de víctimas del conflicto que también deben ser reparadas, la indemnización en realidad no tarda tanto. Sin embargo, la forma en la que se hace no ayuda a mejorar la vida de las mujeres. “Uno se encuentra con que cuando le pagan a las mujeres, ella ya debe mucha plata, paga arriendo… entra a pagar todo lo que debe y no a buscar un proyecto para ellas”. Para mejorar este punto, la Unidad para las Víctimas tiene un programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos del que han participado 8.831 personas. En su mayoría mujeres. Esto no garantiza que efectivamente los recursos transformen la vida de las víctimas.

Más allá de ese rubro, lo que piden las víctimas es una reparación integral que tenga en cuenta todas sus afectaciones.

La Unidad para las Víctimas, mediante una respuesta escrita a este medio de comunicación, reconoció este proceso como un “reto”, pues “implica intentar resarcir afectaciones sufridas en la dignidad y la integridad de las personas que atraviesan sus proyectos de vida personales, familiares y esto implica, no sólo el reconocimiento y el repudio social de lo que sucedió con el cuerpo de las víctimas, sino el acompañamiento para su sanación emocional, así como la reparación simbólica y económica y más allá de eso garantías de no repetición, que implican las múltiples transformaciones culturales de la sociedad en general, respecto a los estereotipos de género que promuevan relaciones de poder equitativas entre hombres y mujeres y que erradiquen las violencias basadas en género”. Esto, en palabras de la misma entidad, es “una tarea casi imposible”.

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Una tarea para la que se necesita dinero, pero no solo eso. “La reparación no es sinónimo de dinero, la reparación implica escuchar el llamado de las víctimas en su acción política de movilización, implica su dignificación a través de ejercicios de memoria histórica para la no repetición, así como garantizar el acceso a programas de salud mental que aborden procesos de sanación incluso espiritual y adicionalmente transformaciones culturales”, respondieron desde la entidad para este artículo.

Si se trata de escuchar, las mujeres han puesto sobre la mesa al menos dos propuestas concretas para lograr la reparación.

Para hablar de la primera hay que hablar de Denis Mukwege. En 1999 este médico congoleño fundó un pequeño hospital en el que pretendía atender partos de la forma más cuidadosa y humana posible. Quería reducir la mortalidad materna, un problema que, hasta entonces, consideraba uno de los más graves que afrontaban las mujeres del Congo. En Bukavu, la ciudad en la que abrió, esperó a recibir un primer parto. Sin embargo, la mujer que apareció, la primera paciente, no estaba embarazada. La mujer había recibido disparos en su aparato genital por parte de hombres armados de un grupo en conflicto. Los daños que había que reparar escapaban de la imaginación de cualquier cirujano.

Desde entonces, Mukwege especializó su hospital en la atención a víctimas de violencias sexuales, que eran muchas por cuenta del conflicto armado de ese país, pero también por cuenta del machismo generalizado. Pero no se quedó solo en la atención médica: atención en salud mental, acompañamiento judicial y apoyo para lograr autonomía económica son algunos de los programas que ofrece el Hospital de Panzi. Por su trabajo, en 2018 ganó el Premio Nobel de Paz, junto a Nadia Murad, víctima de violencia sexual y activista iraquí por los derechos de las mujeres y por las víctimas de este delito.

Mukwege, con el ánimo de compartir su conocimiento y aprender de otras sociedades, conoció en 2016 la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales de Colombia, con quienes trabaja hasta hoy. Con la experiencia del Hospital de Panzi, las colombianas han logrado estructurar una propuesta de reparación para las víctimas de violencia sexual.

La propuesta es construir y poner a funcionar un Centro Especializado para la Reparación Holística para víctimas de violencia sexual. Ángela Escobar, coordinadora de la Red, explica que la idea es que tenga un quirófano para realizar las cirugías que necesitan las mujeres producto de este hecho y que también tenga espacios para recuperación emocional en los que se puedan llevar procesos sostenidos. Escobar afirma que esto respondería a las necesidades de las mujeres que se preguntan ¿para qué plata si tengo mal mi salud? Esta atención sería una reparación temprana a las heridas de las mujeres.

Además, explica Escobar, “lo estamos mirando como una sanción propia, o sea, que sea construido por firmantes de paz”. Es decir, como una sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz para los excombatientes que este tribunal encuentre culpables. “Sería una reparación colectiva con beneficio individual”, afirma la coordinadora de la Red.

Por otro lado, una propuesta distinta nace desde La Comadre. Desde hace cientos de años, en las comunidades afrocolombianas las dolencias de las mujeres se atienden con plantas. A falta de médicos en las zonas rurales, las mujeres conocieron y desarrollaron el poder sanador del prontoalivio, la albahaca, el orozul, la celedonia o el cilantro. La medicina tradicional, además, ha sido un alivio para el alma.

Por esto la propuesta que han construido de manera colectiva las mujeres de La Comadre se llama Estrategia de Sanación Ancestral y tiene en cuenta el componente de sanación espiritual y física. “Tuvimos en cuenta nuestros saberes propios, la manera como nos curamos del alma, como resolvíamos los conflictos. Esta estrategia contempla varias líneas, una es el aprender, desaprender y reaprender, otra es la estrategia del macundal, la chirimioterapia… Tiene varias fases, acompañadas por elementos espirituales de las comunidades”, explica Luz Mariana Becerra. Además, buscan que el Estado tenga en cuenta la medicina tradicional a la hora de atender a las víctimas.

Aunque parezcan tareas “casi imposibles”, para las investigadoras de Ilex y Cesr el problema se puede resolver. “Necesitamos saber quiénes son las personas que estamos reparando, en el detalle. Se necesita información extrapresupuestaria, metafísica y de definición de los objetivos de los programas del presupuesto según el marco de derechos humanos”, afirma María Emilia Mamberti. En palabras de Dayana Blanco, directora de Ilex, “Necesitamos saber cuáles son las necesidades específicas de las comunidades y poblaciones étnicas”.

¿Cómo hubiera sido la vida para Aura si hubiera podido ir a un hospital en el que no juzgaran? ¿En el que el portero no le preguntara a qué iba? Y que cuando ella le respondiera, él gritara: ¡llegó una violada!, como les ha pasado a decenas de mujeres. ¿Cómo hubiera sido si en ese momento hubiera existido la Ley para las Víctimas y el Estado le hubiera hecho un “giro único por valor de dos salarios mínimos” al menos para que hubiera llegado a Cartagena con plata para comer en el año 2000?

¿Cómo cambiaría ahora su vida si una terapeuta le ayudara a entender por qué sigue repitiendo cada conversación en su cabeza y quizás lograra dejar de hacerlo?

Lo que ya logró fue recuperar la sonrisa. Incluso le puso un día a la semana. Al final de la tarde se reúne con las mujeres de su organización, todas campesinas, todas afro, para reírse. Contar chistes picantes. Imitar a otra. Compartir una anécdota. El resultado son las carcajadas de todas. El jueves es de risa.

*La realización de este reportaje contó con el apoyo de Ilex Acción Jurídica y la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal.