“Las alertas tempranas no se discuten, se acatan”: defensor del Pueblo

Hace más de un año, en medio del proceso electoral, el ambiente en Colombia era de optimismo y esperanza. Por primera vez, tras medio siglo de conflicto armado, el país registró la contienda electoral más pacífica de su historia. Sin embargo, hoy el escenario es distinto con miras a los comicios regionales del 27 de octubre: no solo persiste la polarización, sino que tienden a imponerse de nuevo las amenazas, los atentados y las presiones contra candidatos por parte de grupos armados. (Ver infografía al final)

En contexto: Uno de cada tres municipios en Colombia está en riesgo electoral por grupos armados

Este miércoles la Defensoría del Pueblo dio cuenta de la situación a través de una alerta temprana: en el 36 % de los municipios (uno de cada tres) hay riesgo electoral por cuenta de la presencia de organizaciones como el Eln, las disidencias de las Farc y reductos paramilitares. En diálogo con este diario, el jefe de ese organismo, Carlos Negret, presenta un panorama de la problemática, alerta por zonas como el Bajo Cauca y hasta les jala las orejas a las autoridades por la falta de medidas para proteger a los candidatos.

¿Cómo entiende los sucesos de orden público que vienen ocurriendo en el Bajo Cauca, norte del Cauca y Catatumbo?

Es un fenómeno que se explica por la confluencia de los intereses avaros del narcotráfico en territorios donde el Estado históricamente ha estado ausente, a donde nunca ha llegado para ofrecer oportunidades y garantizando derechos.

Algo deben estar haciendo mal las autoridades cuando ocurren tragedias que estaban cantadas...

Por supuesto, las autoridades pueden hacer más, sin duda. No obstante, la arbitrariedad con la que operan los agentes del narcotráfico y de la violencia son muchas veces más astutas y rápidas que la capacidad que tiene el Estado para reaccionar.

¿Será que hace falta que la Procuraduría tome cartas con respecto a los funcionarios públicos que no han podido impedir los actos de barbarie de los últimos días?

Es importante que la Procuraduría siga avanzando en las investigaciones frente a la conducta de los funcionarios públicos en atención a las alertas tempranas. Estas no son para discutir, son para acatarlas, por eso necesitamos autoridades fuertes y robustas que atiendan este fenómeno de violencia.

Hace más de cinco meses ustedes habían elevado una alerta temprana sobre el Bajo Cauca, pero no parece haber sido escuchada...

Sí las escuchan, lo que sucede es que los actores violentos actúan con rapidez. Muchas veces al Estado le falta esa rapidez para determinar las causas estructurales por las cuales se tejen los conflictos que llevan a estas circunstancias.

Acaban de emitir una nueva alerta respecto al tema de violencia política, ¿qué han observado y qué es lo que más les preocupa?

En términos generales, en el país confluyen dos fenómenos que nos llevan a este escenario de riesgo para los municipios que hemos estado monitoreando. Por un lado, las conductas vulneratorias que atentan contra el proceso electoral, como los ataques, homicidios, atentados y amenazas contra candidatos y candidatas. Y, en segundo lugar, la presencia de actores armados que afectan y restringen la capacidad de ejercer libremente el derecho a la participación en política. Nuestra máxima preocupación es que la zozobra no altere los resultados que en democracia se deben dar.

¿Está en riesgo el Acuerdo de Paz con la decisión de “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” de volver a las armas?

De ninguna manera, tenemos a un grupo de personas en proceso de reincorporación comprometidas con la democracia y a un Estado que, a pesar de los obstáculos y las dificultades, está empeñado en cumplirle al Acuerdo.

¿La situación humanitaria que se vive se debe a la lucha por el poder regional, el aumento de los cultivos ilícitos y el lento avance de la implementación del Acuerdo de Paz?

Justamente la coincidencia de estos tres elementos, sumados a que Colombia es un territorio extenso y de una geografía variada, hace que las economías ilegales surjan en los territorios.

¿Qué se puede hacer para que las autoridades locales y nacionales atiendan las alertas tempranas?

La única solución es articularnos como Estado, y no se trata de conversar entre funcionarios, sino que las acciones de las instituciones puedan actuar conjuntamente. Hay presupuesto en Colombia para la prevención, lo que falta, en muchos casos, es la coordinación de acciones como un todo.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.

Hace más de un año, en medio del proceso electoral, el ambiente en Colombia era de optimismo y esperanza. Por primera vez, tras medio siglo de conflicto armado, el país registró la contienda electoral más pacífica de su historia. Sin embargo, hoy el escenario es distinto con miras a los comicios regionales del 27 de octubre: no solo persiste la polarización, sino que tienden a imponerse de nuevo las amenazas, los atentados y las presiones contra candidatos por parte de grupos armados. (Ver infografía al final)

En contexto: Uno de cada tres municipios en Colombia está en riesgo electoral por grupos armados

Este miércoles la Defensoría del Pueblo dio cuenta de la situación a través de una alerta temprana: en el 36 % de los municipios (uno de cada tres) hay riesgo electoral por cuenta de la presencia de organizaciones como el Eln, las disidencias de las Farc y reductos paramilitares. En diálogo con este diario, el jefe de ese organismo, Carlos Negret, presenta un panorama de la problemática, alerta por zonas como el Bajo Cauca y hasta les jala las orejas a las autoridades por la falta de medidas para proteger a los candidatos.

¿Cómo entiende los sucesos de orden público que vienen ocurriendo en el Bajo Cauca, norte del Cauca y Catatumbo?

Es un fenómeno que se explica por la confluencia de los intereses avaros del narcotráfico en territorios donde el Estado históricamente ha estado ausente, a donde nunca ha llegado para ofrecer oportunidades y garantizando derechos.

Algo deben estar haciendo mal las autoridades cuando ocurren tragedias que estaban cantadas...

Por supuesto, las autoridades pueden hacer más, sin duda. No obstante, la arbitrariedad con la que operan los agentes del narcotráfico y de la violencia son muchas veces más astutas y rápidas que la capacidad que tiene el Estado para reaccionar.

¿Será que hace falta que la Procuraduría tome cartas con respecto a los funcionarios públicos que no han podido impedir los actos de barbarie de los últimos días?

Es importante que la Procuraduría siga avanzando en las investigaciones frente a la conducta de los funcionarios públicos en atención a las alertas tempranas. Estas no son para discutir, son para acatarlas, por eso necesitamos autoridades fuertes y robustas que atiendan este fenómeno de violencia.

Hace más de cinco meses ustedes habían elevado una alerta temprana sobre el Bajo Cauca, pero no parece haber sido escuchada...

Sí las escuchan, lo que sucede es que los actores violentos actúan con rapidez. Muchas veces al Estado le falta esa rapidez para determinar las causas estructurales por las cuales se tejen los conflictos que llevan a estas circunstancias.

Acaban de emitir una nueva alerta respecto al tema de violencia política, ¿qué han observado y qué es lo que más les preocupa?

En términos generales, en el país confluyen dos fenómenos que nos llevan a este escenario de riesgo para los municipios que hemos estado monitoreando. Por un lado, las conductas vulneratorias que atentan contra el proceso electoral, como los ataques, homicidios, atentados y amenazas contra candidatos y candidatas. Y, en segundo lugar, la presencia de actores armados que afectan y restringen la capacidad de ejercer libremente el derecho a la participación en política. Nuestra máxima preocupación es que la zozobra no altere los resultados que en democracia se deben dar.

¿Está en riesgo el Acuerdo de Paz con la decisión de “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” de volver a las armas?

De ninguna manera, tenemos a un grupo de personas en proceso de reincorporación comprometidas con la democracia y a un Estado que, a pesar de los obstáculos y las dificultades, está empeñado en cumplirle al Acuerdo.

¿La situación humanitaria que se vive se debe a la lucha por el poder regional, el aumento de los cultivos ilícitos y el lento avance de la implementación del Acuerdo de Paz?

Justamente la coincidencia de estos tres elementos, sumados a que Colombia es un territorio extenso y de una geografía variada, hace que las economías ilegales surjan en los territorios.

¿Qué se puede hacer para que las autoridades locales y nacionales atiendan las alertas tempranas?

La única solución es articularnos como Estado, y no se trata de conversar entre funcionarios, sino que las acciones de las instituciones puedan actuar conjuntamente. Hay presupuesto en Colombia para la prevención, lo que falta, en muchos casos, es la coordinación de acciones como un todo.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.