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La gente en el Catatumbo no recuerda cómo se siente vivir en paz. La última vez fue tan fugaz, que la sensación de tranquilidad es remota, aunque anhelada. Fue en 2017, cuando la guerrilla de las Farc abandonó esta subregión de Norte de Santander, tras pactar la paz con el Estado colombiano. Y en medio de los cambios, cuando apenas saboreaban la libertad, los otros grupos armados aprovecharon para reorganizarse, tomar el control y acabar con la esperanza.
Desde Cúcuta, capital del departamento, a la puerta del Catatumbo hay tan solo una hora y media. El calor y el peligro también van aumentando al adentrarse a los municipios: Sardinata, Hacarí, Ocaña, El Tarra, Convención, La Gabarra, Tibú… La carretera está en pésimo estado, a pesar de que por allí transitan decenas de camiones al día con aceite de palma, petróleo, toneladas de alimentos y, por qué no decirlo, coca. Según las Naciones Unidas, esta es la zona con mayor número de cultivos de uso ilícito. Hay al menos 40.116 hectáreas, y de ellas, 20.000 están concentradas solo en Tibú.
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La coca, su ubicación fronteriza con Venezuela, y sobre todo el abandono estatal han hecho que en este lugar el conflicto se haya quedado tan campante. “Hay un actor insurgente histórico, que es el Ejército de Liberación Nacional (Eln); quedó un reducto del Ejército Popular de Liberación (Epl), de los diálogos de paz de los años noventa con esta guerrilla; también disidencias de las antiguas Farc, y ahora hay una pelea fuerte, porque algunos grupos paramilitares quieren entrar, como las Agc”, cuenta Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Y hay otro grupo que, aunque legal, los habitantes dicen que también causa estragos: la fuerza pública. El Catatumbo es la región más militarizada del país. Solo en 2018, en el municipio de Hacarí, se asentaron bases militares móviles pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 3 del Ejército Nacional. El presidente Iván Duque, desde el comienzo de su mandato, ha dicho que quiere para la zona “la máxima capacidad operacional”, una afirmación que ya han escuchado los catatumberos, para quienes el Estado solo llega con botas y maquinaria de extracción. “¿El desarrollo y la justicia social? Eso no existe por acá”, exclama Quintero, quien desea aspirar al Congreso por una de las 16 curules de las víctimas que revivió la Corte Constitucional.
Esa olla presión a punto de explotar la sostienen por el mango los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que sin ninguna certeza están empecinados en cambiar el rumbo del Catatumbo. Se pintan escenarios ideales que jamás han visto, pero creen posibles y más con el anuncio de que las víctimas por fin podrán tener voz en el Congreso.
“Soy un convencido de que en algún momento habrá una integración con Venezuela, que nos permita salir al mar por el Lago de Maracaibo; que volveremos a tener una línea férrea y lograremos la industrialización del área metropolitana de Cúcuta; que construiremos el embalse del Cínera, para resolver los graves problemas de servicios públicos; que tendremos la Universidad del Catatumbo como una herramienta clave para la superación de los problemas del territorio; que resolveremos el conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional y otros actores armados”, afirma Emiro del Carmen Ropero Suárez, excomandante del Frente 33 de las Farc, conocido como Rubén Zamora, quien firmó el Acuerdo Final, en 2016.
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Desear y trabajar por ese panorama “es una tarea supremamente difícil y una labor de alto riesgo”, advierte. Después de entregar las armas, Zamora se ha dedicado a liderar a los reincorporados de las Farc, reparar a las víctimas del conflicto armado, reclamar al Estado más inversión social para el Catatumbo y pelear por esas curules que, recuerda, fueron propuestas en La Habana (Cuba), durante las negociaciones de las Farc y el Gobierno. Por eso su vida se ha visto en riesgo. En el último paro nacional, las Agc lo amenazaron, al igual que a Quintero, a través de panfletos.
Sin embargo, las intimidaciones venían desde antes, cuando decidió lanzarse como candidato a la Asamblea de Norte de Santander, en 2018. “Se despertaron los demonios ¿no? Los que sienten miedo de que uno pueda participar en política y empecé a recibir amenazas. Estaba precisamente visitando a unas comunidades y aparecieron las disidencias y me cuestionaron el hecho de haber contribuido a la negociación de paz. Se presentó un hecho violento: me quemaron el vehículo. Finalmente pensé que tal vez no era el momento y me eché para atrás”.
A Quintero le ocurrió algo similar en abril de este año. Mientras iba hacia un encuentro con los campesinos, fue secuestrado. Un grupo armado se llevó la camioneta y las armas de los escoltas que lo acompañan desde hace una década. “No ha sido el único hecho. Por eso me ha tocado desplazarme varias veces y limitar nuestras acciones”, agrega.
No saben si las elecciones de 2022 están en su horizonte. Depende, entre varias variables, de la seguridad. Como ellos, hay varios líderes y lideresas que dudan en transitar por el sendero de las campañas políticas, sobre todo quienes representan a las víctimas del conflicto armado. Las amenazas y las presiones los detienen.
En el Catatumbo los rumores de ser objetivos militares se escuchan a diario y la mayoría se convierte en realidad. De acuerdo con la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, durante el gobierno de Iván Duque se han presentado 112 agresiones contra líderes y lideresas, en Norte de Santander: 39 personas han sido asesinadas, 2 desaparecidas, 8 secuestradas, 54 recibieron amenazas directas y 9 sufrieron atentados.
“Esta es una región que, como si fuera poco, tiene al menos 26 exguerrilleros de las Farc asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz, además de 100.000 personas desplazadas. Tenemos que aguantar confinamientos, combates, secuestros, minas antipersonales, amenazas, amedrentamientos, estigmatización y hasta entrampamientos”, relata Quintero.
Sobre los entrampamientos, el líder denunció el año pasado, en Colombia+20, que Óscar Barragán, miembro de Ascamcat, y Yeison Arciniegas, excombatiente de las Farc, fueron detenidos por las autoridades el domingo 5 de abril, señalados de pertenecer al Epl. Teme que en cualquier momento suceda lo mismo con él, y más cuando miembros del Centro Democrático, el partido de Gobierno, han tildado a los campesinos que él representa de “cocaleros”. Cuando eso sucede, de nuevo llegan las intimidaciones.
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Entre camionetas blindadas y escoltas
Catatumbo es el claro ejemplo de la paradoja que se vive en las zonas más violentas de Colombia: aunque no se puede ni siquiera entrar porque los ojos de los armados están encima, tiene una sólida organización social. Las comunidades indígenas y campesinas, las mujeres y los sindicatos están unidos para las agendas inmediatas, como exigir mejores condiciones de vida o desescalar el conflicto, al menos, en etapa electoral.
En cada reunión de las organizaciones, las calles se llenan de camionetas blindadas y escoltas. La mayoría ha preferido vivir en Cúcuta e ir a trabajar por días a los municipios y así disminuir los riesgos. Pero un líder sin su comunidad se siente huérfano.
Saúl Alfonso Cáceres, miembro del Movimiento Constituyente Popular (MCP), cuenta que la situación de su organización es crítica desde 2018. Para entonces se libraba una guerra entre las guerrillas del Eln y el Epl, que obligó a todos los miembros del MCP a desplazarse: “Sufrimos desplazamientos y confinamientos, después de los secuestros y asesinatos de compañeros. Eso ha afectado el desarrollo de nuestro trabajo, porque hasta ahora no hemos podido volver. Siguen los mismos grupos y se vienen más. Nosotros estamos sobreviviendo en las regiones por nuestro compromiso con la gente. No la podemos dejar sola. Pero claro que uno se asusta porque incluso se meten con las familias. Esa es la opción de los enemigos que tienen miedo de nuestras denuncias de corrupción y del incremento de la violencia”.
En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo volvió a emitir una alerta temprana en los municipios de El Carmen, Convención y Teorema, debido al recrudecimiento de la guerra de guerrillas. “El debilitamiento del grupo armado ilegal Epl ha motivado prácticas violentas como extorsiones, homicidios, secuestros, quema de vehículos, restricciones a la movilidad entre otros, en su búsqueda por recobrar fuerza y autoridad en el territorio”, señaló la entidad. La crisis no ha cambiado desde entonces, según el líder del MCP.
Cáceres cree que otra de las razones para sacarlos es que en las últimas elecciones de las alcaldías obtuvieron 10.000 votos: “Pusimos candidatos en siete municipios y logramos la alcaldía de Hacarí, eso por supuesto no le conviene a los intereses de los armados. Lo preocupante es que uno gana eso con esfuerzo, pero no hay garantías para seguir. Y ahora menos con las elecciones del próximo año. La situación está muy complicada, porque las maquinarias y los grupos tendrán que pelearse esos puestos con la gente”. Por eso le pide al Gobierno que no escatime en recursos para la seguridad de los candidatos al Congreso y las juntas de acción comunal, pues también se ven afectados quienes apoyan a las víctimas en las bases.
Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, una organización defensora de los derechos de niñas y mujeres, no confía en el Gobierno porque “ha sido el principal promotor de la campaña de estigmatización. La mayoría de las amenazas vienen de nuestras mismas autoridades”. García cree que la manera “de tapar su ausencia es tratando de decir que quienes alzan la voz son revolucionarios”.
La lideresa prefiere manejar el bajo perfil, pero advierte que para este reportaje saca fuerzas para lograr un cambio, “así sea pequeño”. Con firmeza, dice que hoy el Catatumbo está tomado por narcotraficantes de otros países, quienes son los que realmente manejan a los grupos armados, y que el paramilitarismo está en los límites con Cúcuta, esperando la oportunidad de tomarse este corredor. Por esa razón, lanzarse a un cargo político es un salto al vacío. “Eso sería terrible. Nosotros los líderes ya vivimos, en 1999, las masacres y desplazamientos masivos por las Autodefensas Unidas de Colombia, y no queremos que sus reductos vuelvan a entrar. Nos ven como guerrilleros y no como defensores de derechos humanos”.
Mujeres y campesinos, los más afectados
Carmen García está amenazada desde hace cuatro años por sus denuncias sobre la presencia de la Guardia Venezolana en su vereda, en Tibú. Pero los mensajes de intimidación se desbordaron en los últimos cinco meses después de contarle al país la tragedia que viven las mujeres en este municipio: en lo corrido de 2021, han asesinado a 10 y han desplazado a otras 46.
“Y esto sucede porque se ha visto la intención de la gente de votar por ellas para las Juntas de Acción Comunal. En estos espacios hemos logrado empoderarnos y dar resultados. Defendemos, con las uñas y los dientes, nuestros territorios. Creo que ese es uno de los miedos de los grupos armados y de las bandas criminales”, señala García.
También hay otra razón. Desde 2019, las mujeres de su organización declararon que no permitirían más reclutamientos: “Nosotros no parimos un hijo más para la guerra. Nos preparamos para enseñarles que las armas solo sirven para matar. Hemos escuchado a los reincorporados de las Farc en la región, quienes dicen que con las armas no pudieron lograr nada, y eso les molesta a los grupos, ya sea al margen de la ley o al Ejército o Policía”.
Hace tan solo un mes, hizo un llamado de alerta a las autoridades, pues las mujeres, desde temprana edad, son utilizadas para sacar información de un bando a otro, incluyendo al Ejército Nacional. “Se aprovechan de su pobreza y de su inocencia. Por eso estamos haciendo incidencia en la política pública para que la Alcaldía, el Bienestar Familiar trabajen por ellas”, señala la lideresa. Desde abril, en Tibú, como contó este diario, circulan las fotografías de mujeres al lado de calificativos misóginos como la “prepago barata”, “la moza de la policía” o “la comesoldados”. Quienes son expuestas deben huir porque están en riesgo de que las asesinen, aunque nadie tenga la certeza de cuál grupo armado o quién está detrás de esta forma de intimidación.
Mireya León, integrante de la Red de Mujeres del Catatumbo, está de acuerdo con García y agrega que la guerra es producto también del machismo y por eso las principales afectadas siempre serán las mujeres: “Nuestra agenda es empoderar a las mujeres y enseñarles cómo patear la puerta cuando necesitan ayuda, y más cuando están sus hijos de por medio. Y sí, patear porque en el territorio toca así. A nosotras se nos vulneran todos los derechos, no quieren que estemos en la política y prefieren tenernos guardadas en un cajón. Nos quieren sometidas”.
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Justo este fin de semana, dos niños fueron asesinados en Tibú, después de ser acusados de un robo. Aunque los hechos están por esclarecerse, los menores de edad, al parecer, fueron entregados a un grupo armado, luego abaleados y dejados en una carretera destapada, con un letrero sobre sus cuerpos que decía “ladrones”. Este hecho es tan solo una muestra de lo que se vive en la región, donde, concuerdan los líderes, no hay autoridades ni ley.
Aunque León insiste en que no callará las atrocidades que se viven en el Catatumbo, tiene claro que esta vez no participará en esta contienda electoral. “Es que no alcanzaría a llegar, porque estamos en la mira. En febrero de este año, dos tipos me estrellaron contra un portón y me dijeron que no me querían ver liderando más los semilleros de paz ni asesorando a las víctimas o defensoras de derechos humanos. Denuncié ante la Fiscalía, a la Defensoría, me tocó dejar todo botado y no ha pasado nada. Y le apuesto que cuando esta entrevista salga, mi vida va a correr más riesgo”.
La lideresa cuenta que el Catatumbo es llamado “el territorio apache, porque allí solo hay salvajismo”. “A través de las redes sociales y de WhatsApp llegan videos terribles de asesinatos. Vemos cómo matan a la gente. Pero nadie dice nada, porque detrás hay mucho dinero, muchos intereses”, asegura León, quien pone de nuevo sobre la mesa la problemática de la coca: “En Colombia culpan a los campesinos por cultivarla, insisten en que ese es el origen de la violencia y no se preguntan por dónde sale, quiénes tienen untado el dedo o por qué es tan rentable que no haya inversión social”. Sin vías ni infraestructura es más difícil para el campesinado cultivar otros productos que no sean la coca, porque no hay manera de comercializarlos. Mantenerlos en la pobreza, explican los líderes, es obligarlos a ligarse a la economía ilícita.
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En eso las cifras le dan la razón: un kilo de coca vale más que dos cargas de cacao y el jornal lo pagan entre 40.000 y 50.000 pesos, una suma que en otros cultivos es imposible de sostener. Y en vez de soluciones, los líderes campesinos reciben calificativos de “narcos”, cuando son el eslabón más débil, y son asesinados en el fuego cruzado de los bandos del territorio.
“La situación que hoy tenemos es responsabilidad del Gobierno. Esto no es una consigna política, es una afirmación técnica. No cumplió de manera plena con el Programa Nacional Integral de Sustitución, pactado en La Habana (Cuba). Cambiaron los cronogramas de manera unilateral, cerraron la cobertura de familias y hoy estamos inundados de coca”, añade Juan Quintero. Las opciones del Ejecutivo, desde entonces, han sido la erradicación forzada y el glifosato, pero eso solo ha traído más enfrentamientos con la gente que, incluso, han terminado en asesinatos de campesinos.
Pacto humanitario
Hace un mes, múltiples sectores que conforman la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo se reunieron en Cúcuta para lanzar una propuesta de acuerdo humanitario, en el que se solicita el cese multilateral del fuego de los actores que están en la región, sobre todo ahora que llega la etapa de elecciones. El objetivo es salvaguardar la vida de la población y desescalar la guerra.
No es la primera vez que sucede. En dos ocasiones anteriores, gracias a este tipo de iniciativas, la violencia disminuyó gracias a la propuesta de los siete mínimos humanitarios: la distinción entre combatientes y no combatientes; la identificación de bienes civiles y sociales, como las iglesias y escuelas; la prohibición de minas antipersonales; el cese del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; la movilidad de las personas; el cuidado con las fuentes de supervivencia económica, y el respeto por las misiones humanitarias.
La petición también fue dirigida a los agentes del Estado. “El año pasado propusimos a todos los actores armados, incluido a la fuerza pública, que avanzaran en unas manifestaciones públicas de respetar el Derecho Internacional Humanitario. Se pronunció el Eln, el Epl, los grupos rearmados de las FARC, manifestando su reconocimiento a la Mesa Humanitaria y su deber de no atentar contra la población civil. Y debo decirlo en en esta entrevista: el único actor que no se ha manifestado hasta ahora es el Estado colombiano”, advierte Quintero.
Para los líderes, es importante que el Estado, además, les ayude a consolidar sus estrategias comunitarias de cuidado, como las guardias campesinas e indígenas, que sin armas defienden a los más vulnerables, o las casas región, donde llegan quienes han sufrido amenazas. Aunque las medidas de la Unidad Nacional de Protección son inmediatas, no son efectivas a largo plazo y tampoco les permiten adelantar su trabajo de liderazgo con tranquilidad.
Justo en el momento en el que se lanzaba esta iniciativa, Rodolfo Galvis, líder de restitución de tierras en Tibú, fue desaparecido, al parecer, por las disidencias del Frente 33 de las Farc. Aunque contaba con la protección de la UNP, se lo llevaron y un mes después las autoridades no han dado con su paradero. Las organizaciones sociales exigen celeridad en su búsqueda y hacen un llamado de alerta, pues si desde ya están ocurriendo estos crímenes, vaticinan que el otro año las malas noticias no pararán de llegar a sus puertas. Así será imposible, como asegura Juan Quintero, lograr el objetivo reparador del Acuerdo de acceder a la política, como siempre, por la ausencia de garantías.
*Esta producción hace parte del especial ‘Defender la paz: una labor de alto riesgo’, apoyado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia (FESCOL), a través de su proyecto ‘Violencia y Órdenes Políticos Locales en el Posacuerdo’.