Las ansias de justicia son superiores a los riesgos: Lideresa de Buenaventura amenazada

Danelly Estupiñán defiende hace 23 años el derecho de las comunidades negras de Buenaventura a habitar sus territorios. Eso le ha supuesto enfrentar, con acciones pacíficas, a algunas personas que intentan despojar en varias zonas de esa ciudad. Su liderazgo le ha costado amenazas, desplazamientos y tener que andar permanentemente acompañada por guardaespaldas desde el 2015.

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Desde el 8 de enero de 2019 ha sido víctima de nuevos hechos de persecución. Denunció el seguimiento de hombres en varios puntos de Buenaventura. En un comunicado que dieron a conocer varias organizaciones con trabajo en esa ciudad también se reseñan algunos hechos de intimidación en contra de otra lideresa, Leyla Arroyo, quien ha trabajado en la defensa de los territorios ganados al mar. Estupiñán hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la Comisión de derechos humanos y garantías de protección del Paro Cívico.

Intentamos hacer la entrevista por medio de llamadas a su celular, sin embargo, fue imposible porque había un ruido que no dejaba escuchar su voz. Además, en tres ocasiones el teléfono sonó apagado aunque ella aseguró que lo tenía prendido. En la denuncia pública se hace énfasis en problemas similares que tanto Estupiñán como Arroyo han tenido con sus móviles.  Al final la llamé a una línea telefónica diferente y pudimos escucharnos. La lideresa contó detalles de las ocasiones en las que ha sido amenazada, le pide al Estado implementar la protección colectiva, denunció la falta de resultados con respecto a sus denuncias y dejó claro que no la van a callar.

¿Cómo han sido las últimas amenazas?

Sentí que los asedios estuvieron controlados por muchos años hasta que ahora en el 2018 el pueblo de Buenaventura decidió en el Paro Cívico exigir los derechos que históricamente nos han sido negados como el agua potable, el territorio, la salud, la educación, etcétera. Volvieron las agresiones. Después de que se levantó el paro, en junio, empezamos a registrar una serie de hechos de persecución, no solamente para mí, sino contra varios miembros del Comité Ejecutivo del Paro. En junio del año pasado fui acogida en el programa de protección temporal del gobierno Vasco y estuve en ese programa hasta diciembre. Cuando regresé a Buenaventura, ese mismo mes, empecé a percibir acciones de seguimiento que se han sostenido hasta ahora. Hay fotografías y videos que evidencian parte de esa estrategia de seguimiento en contra mía y en contra de la compañera Leyla Arroyo, coordinadora de la mesa de territorio del Paro Cívico.

¿Cómo empezaron las intimidaciones?

En el 2015 recibí amenazas después de participar en tres investigaciones que develaban los impactos de la expansión portuaria en Buenaventura. El informe ‘Buenaventura: un puerto sin comunidad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica. También participé de la investigación denominada ‘Asedio a las comunidades’, sobre TCBUEN una empresa catalana en Buenaventura. Luego participé en la investigación local ‘Más puerto, menos comunidad’. Esos documentos brindan pruebas importantes que la violencia en Buenaventura no es casual, sino que obedece a una violencia estructural que tiene un fin y es usada como una estrategia para consolidar las dinámicas económicas. Recibí amenazas telefónicas después de participar en esas investigaciones y de organizar, en conjunto con el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar, la audiencia Víctimas del desarrollo la cual fue presidida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado que sesionó en Buenaventura en el 2005.

Un mensaje de texto decía "Danelly, ha llegado tu fin" y como tres o cuatro horas después, mientras estaba en una llamada con una persona de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que estaba atendiendo mi caso, se interpuso una voz en la llamada y se escuchó que me estaba haciendo una amenaza diciéndome "Sabemos dónde estás". Me desplacé de Buenaventura por un mes y me tocó asumir un esquema de protección de la UNP que lo tengo desde ese entonces.

Ustedes piden activar las medidas de protección colectivas ¿Por qué son necesarias?

Accedimos inicialmente a recibir medidas individuales porque en el contexto de Buenaventura se pueden materializar los riesgos que hemos identificado. Hoy las medidas individuales se convierten en un caldo de cultivo para las amenazas. Después del asesinato de Temístocles Machado se emitió un decreto de protección colectiva que es integral. Ese decreto no se queda sólo en medidas materiales, sino también medida jurídicas y políticas. El PCN, al igual que otras tres organizaciones sociales de Buenaventura como la Pastoral Social, Activa y el Comité Central del Paro Cívico fueron admitidos como sujetos de protección colectiva. A partir de ahí cada organización fue avanzando de manera autónoma en la construcción y la consolidación de una propuesta de protección colectiva.

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¿Qué dice la propuesta del PCN?

Lo que hay que proteger es el territorio, que es lo que nos está generando riesgo a los líderes y lideresas de Buenaventura. Por defenderlo nos estamos viendo amenazados y sometidos a riesgos y persecuciones porque hay muchos intereses tras las dinámicas de expansión portuaria en Buenaventura que no se quedan en lo local y en lo nacional, sino también en lo transnacional. En nuestra propuesta como PCN está activar la ruta étnica de protección de los territorios ganados al mar y de la Comuna 6. También garantizar del derecho fundamental a la consulta previa, se están desarrollando una serie de megaproyectos que están comprometiendo en más de un 80% el territorio habitado y habitable de Buenaventura. Si protegen el territorio, no nos vemos obligados a confrontarnos con los empresarios y con la gente que ellos ponen para que nos intimiden, nuestro riesgo no aumentaría, sino que reduce porque crearía garantías de derechos para la comunidad que pueden generar cierta estabilidad social.

¿Con cuáles obstáculos se han encontrado para implementar esas medidas?

Las medidas colectivas no se pueden aprobar en un Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) donde acuden los mismos actores que siempre convocan para otro tipo de medidas porque son actores que no toman decisiones. El Cerrem tiene que tener una composición distinta que pasa por los Ministerios con los cuales están vinculados los derechos que nosotros como comunidades negras urbanas se nos están violando. Se hizo el Cerrem después de haber hecho las propuestas, pero lo levantamos porque no había garantías de que las medidas fueran integrales. Se iban a quedar en medidas materiales, por eso vamos a retomar la discusión con el Gobierno para hacer un consenso y crear un preCerrem y que ellos finalmente logren hacer una revisión de lo que ellos denominan Cerrem.

¿Cuáles actividades estaba desarrollando antes de las amenazas?

Como somos un proceso nuestras acciones no han parado. Tenemos dos casos. Uno es el desalojo de la Isla Cascajal en el sur de Buenaventura que está compuesta por los territorios ganados al mar mediante procesos de rellenos artesanales. Ese sector siempre ha estado en la mira para reubicar a sus habitantes porque dicen que es de alto riesgo. Sin embargo, dentro de un Conpes fue declarado por el Gobierno Nacional como una zona donde se van a construir grandes hoteles y condominios que hacen parte de toda la estrategia de expansión portuaria para recibir a todos los empresarios que lleguen a Buenaventura. Nuestra pregunta siempre ha sido ¿Si es una zona de alto riesgo para la comunidad que históricamente ha habitado esos territorios y que la construyó con sus propias manos por qué no se constituye en una zona de alto riesgo para los condominios? ¿Acaso no van a vivir personas ahí? Necesitan vaciar demográficamente para dar paso al megaproyecto Malecón Bahía de la Cruz. Hemos acompañado a la comunidad en procesos de formación política, del derecho a la participación, a la consulta previa, al territorio y hemos estado movilizando y motivando a la comunidad, dándole herramientas para la exigencia de los derechos fundamentales para que en el proceso de reubicación hubiera garantías mínimas bajo los estándares internacionales de reubicación que da la ONU.

¿Qué otro proceso están adelantando?

Llevamos también el proceso de la Comuna 6, los barrios Isla de la Paz y La Cima, de donde Temístocles Machado hacía parte. Es una situación que pasa por el asedio de empresarios portuarios que quieren construir grandes bodegas de almacenamiento de contenedores, de parqueaderos, de hoteles para los muleros. Han aparecido personas de un momento a otro con títulos y escrituras falsas diciendo que son dueños de tres barrios completos con carretera, postes, casetas comunales. Nos toca casi cada semana hacer acciones, como mingas comuntarias, en función de que el despojo no se consolide porque todos los días nos están construyendo algo nuevo. Están vendiendo y revendiendo lotes comunitarios y nos toca irnos allá a enfrentarnos con las personas que están promoviendo el despojo. Hay un litigio jurídico para que las comunidades de Isla de la Paz y La Cima demuestren jurídicamente que ese territorio es de ellos.

¿Ha habido algún hecho puntual que coincida con las amenazas?

Son puntuales las acciones de apropiación territorial. Nos ha tocado ir a Isla de la Paz, fuimos la semana antepasada, a evitar que se consolidara el despojo a través de la construcción de unas supuestas casetas para hacer peluquería. Eso es de todos los días. El aniversario de don Temis también lo asumimos como una acción política de reivindicación y de defensa de esos derechos. Yo creo que no se trata de una situación puntual porque es un proceso y como los asedios son continuos nosotros respondemos de manera cotidiana en el marco de esa defensa de los espacios territoriales.

¿Ha habido algún resultado de la Fiscalía con respecto a las amenazas de 2015?

No, ninguna. Del 2015 no recibí ninguna respuesta a pesar de que les di toda la información

¿Tiene aspiraciones políticas como algunos líderes del Paro Cívico?

No, ninguna. Soy totalmente apolítica electoral. Estoy segurísima de que nunca postularé mi nombre a ningún cargo de elección popular. Hay compañeros del proceso que, por una decisión conjunta del Paro Cívico, son candidatos y están postulados como una opción para la situación que vive Buenaventura y se les ha denominado candidatos cívicos. Fue una decisión de las más de 200 organizaciones que hacemos parte del Comité Central del paro.

¿Temen que este año electoral la violencia recrudezca?

Sí. Parte de los análisis de contexto que se han hecho indican que la violencia puede tener algún nivel de incremento. Hay mucha gente molesta porque el Paro Cívico ha decidido tener un candidato y eso lo ven como un riesgo para el botín electoral que han ostentado durante mucho tiempo. Hay muestras que indican que el candidato cívico puede tener un nivel de aceptación importante. Por ejemplo, la Colombia Humana y la Consulta Anticorrupción obtuvieron votaciones muy significativas en Buenaventura. Creemos que esto se puede constituir en un escenario de riesgo. 

¿Por qué seguir en esa labor a pesar de la persecución?

Es algo que está dentro de mí. La Buenaventura que quiero heredarle a mis renacientes quisiera que fuera una donde pudieramos vivir de manera digna. Las ansias de justicia son superiores a los riesgos y a los miedos. Siento que es un tema de ser coherentes ética y políticamente con una ciudad que nos parió, que nos ha dado todas las posibilidades de vida a través de sus recursos naturales y de su cultura. Es un reto para muchos de nosotros. Sabemos que hay muchos intereses, pero creemos que llegará un momento en que el Estado colombiano y los gremios empresariales estarán muy dispuestos a sentarse con las comunidades y a generar procesos de garantía efectiva de derechos para los pobladores de la ciudad. El puerto no puede estar por encima de las comunidades, tienen que construirse una dinámica portuaria con la gente. Esos más de 15 puertos que han proyectado para la ciudad pueden estar aquí y cohabitar con nosotros siempre y cuando estén dispuestos a garantizar y elevar la calidad de vida de las comunidades, no pueden deteriorar la vida. A pesar de todos los riesgos y amenazas hay un convencimiento muy profundo de que nos merecemos una Buenaventura distinta y que debemos ayudar a construirla y consolidarla.

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Danelly Estupiñán defiende hace 23 años el derecho de las comunidades negras de Buenaventura a habitar sus territorios. Eso le ha supuesto enfrentar, con acciones pacíficas, a algunas personas que intentan despojar en varias zonas de esa ciudad. Su liderazgo le ha costado amenazas, desplazamientos y tener que andar permanentemente acompañada por guardaespaldas desde el 2015.

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Desde el 8 de enero de 2019 ha sido víctima de nuevos hechos de persecución. Denunció el seguimiento de hombres en varios puntos de Buenaventura. En un comunicado que dieron a conocer varias organizaciones con trabajo en esa ciudad también se reseñan algunos hechos de intimidación en contra de otra lideresa, Leyla Arroyo, quien ha trabajado en la defensa de los territorios ganados al mar. Estupiñán hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la Comisión de derechos humanos y garantías de protección del Paro Cívico.

Intentamos hacer la entrevista por medio de llamadas a su celular, sin embargo, fue imposible porque había un ruido que no dejaba escuchar su voz. Además, en tres ocasiones el teléfono sonó apagado aunque ella aseguró que lo tenía prendido. En la denuncia pública se hace énfasis en problemas similares que tanto Estupiñán como Arroyo han tenido con sus móviles.  Al final la llamé a una línea telefónica diferente y pudimos escucharnos. La lideresa contó detalles de las ocasiones en las que ha sido amenazada, le pide al Estado implementar la protección colectiva, denunció la falta de resultados con respecto a sus denuncias y dejó claro que no la van a callar.

¿Cómo han sido las últimas amenazas?

Sentí que los asedios estuvieron controlados por muchos años hasta que ahora en el 2018 el pueblo de Buenaventura decidió en el Paro Cívico exigir los derechos que históricamente nos han sido negados como el agua potable, el territorio, la salud, la educación, etcétera. Volvieron las agresiones. Después de que se levantó el paro, en junio, empezamos a registrar una serie de hechos de persecución, no solamente para mí, sino contra varios miembros del Comité Ejecutivo del Paro. En junio del año pasado fui acogida en el programa de protección temporal del gobierno Vasco y estuve en ese programa hasta diciembre. Cuando regresé a Buenaventura, ese mismo mes, empecé a percibir acciones de seguimiento que se han sostenido hasta ahora. Hay fotografías y videos que evidencian parte de esa estrategia de seguimiento en contra mía y en contra de la compañera Leyla Arroyo, coordinadora de la mesa de territorio del Paro Cívico.

¿Cómo empezaron las intimidaciones?

En el 2015 recibí amenazas después de participar en tres investigaciones que develaban los impactos de la expansión portuaria en Buenaventura. El informe ‘Buenaventura: un puerto sin comunidad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica. También participé de la investigación denominada ‘Asedio a las comunidades’, sobre TCBUEN una empresa catalana en Buenaventura. Luego participé en la investigación local ‘Más puerto, menos comunidad’. Esos documentos brindan pruebas importantes que la violencia en Buenaventura no es casual, sino que obedece a una violencia estructural que tiene un fin y es usada como una estrategia para consolidar las dinámicas económicas. Recibí amenazas telefónicas después de participar en esas investigaciones y de organizar, en conjunto con el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar, la audiencia Víctimas del desarrollo la cual fue presidida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado que sesionó en Buenaventura en el 2005.

Un mensaje de texto decía "Danelly, ha llegado tu fin" y como tres o cuatro horas después, mientras estaba en una llamada con una persona de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que estaba atendiendo mi caso, se interpuso una voz en la llamada y se escuchó que me estaba haciendo una amenaza diciéndome "Sabemos dónde estás". Me desplacé de Buenaventura por un mes y me tocó asumir un esquema de protección de la UNP que lo tengo desde ese entonces.

Ustedes piden activar las medidas de protección colectivas ¿Por qué son necesarias?

Accedimos inicialmente a recibir medidas individuales porque en el contexto de Buenaventura se pueden materializar los riesgos que hemos identificado. Hoy las medidas individuales se convierten en un caldo de cultivo para las amenazas. Después del asesinato de Temístocles Machado se emitió un decreto de protección colectiva que es integral. Ese decreto no se queda sólo en medidas materiales, sino también medida jurídicas y políticas. El PCN, al igual que otras tres organizaciones sociales de Buenaventura como la Pastoral Social, Activa y el Comité Central del Paro Cívico fueron admitidos como sujetos de protección colectiva. A partir de ahí cada organización fue avanzando de manera autónoma en la construcción y la consolidación de una propuesta de protección colectiva.

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¿Qué dice la propuesta del PCN?

Lo que hay que proteger es el territorio, que es lo que nos está generando riesgo a los líderes y lideresas de Buenaventura. Por defenderlo nos estamos viendo amenazados y sometidos a riesgos y persecuciones porque hay muchos intereses tras las dinámicas de expansión portuaria en Buenaventura que no se quedan en lo local y en lo nacional, sino también en lo transnacional. En nuestra propuesta como PCN está activar la ruta étnica de protección de los territorios ganados al mar y de la Comuna 6. También garantizar del derecho fundamental a la consulta previa, se están desarrollando una serie de megaproyectos que están comprometiendo en más de un 80% el territorio habitado y habitable de Buenaventura. Si protegen el territorio, no nos vemos obligados a confrontarnos con los empresarios y con la gente que ellos ponen para que nos intimiden, nuestro riesgo no aumentaría, sino que reduce porque crearía garantías de derechos para la comunidad que pueden generar cierta estabilidad social.

¿Con cuáles obstáculos se han encontrado para implementar esas medidas?

Las medidas colectivas no se pueden aprobar en un Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) donde acuden los mismos actores que siempre convocan para otro tipo de medidas porque son actores que no toman decisiones. El Cerrem tiene que tener una composición distinta que pasa por los Ministerios con los cuales están vinculados los derechos que nosotros como comunidades negras urbanas se nos están violando. Se hizo el Cerrem después de haber hecho las propuestas, pero lo levantamos porque no había garantías de que las medidas fueran integrales. Se iban a quedar en medidas materiales, por eso vamos a retomar la discusión con el Gobierno para hacer un consenso y crear un preCerrem y que ellos finalmente logren hacer una revisión de lo que ellos denominan Cerrem.

¿Cuáles actividades estaba desarrollando antes de las amenazas?

Como somos un proceso nuestras acciones no han parado. Tenemos dos casos. Uno es el desalojo de la Isla Cascajal en el sur de Buenaventura que está compuesta por los territorios ganados al mar mediante procesos de rellenos artesanales. Ese sector siempre ha estado en la mira para reubicar a sus habitantes porque dicen que es de alto riesgo. Sin embargo, dentro de un Conpes fue declarado por el Gobierno Nacional como una zona donde se van a construir grandes hoteles y condominios que hacen parte de toda la estrategia de expansión portuaria para recibir a todos los empresarios que lleguen a Buenaventura. Nuestra pregunta siempre ha sido ¿Si es una zona de alto riesgo para la comunidad que históricamente ha habitado esos territorios y que la construyó con sus propias manos por qué no se constituye en una zona de alto riesgo para los condominios? ¿Acaso no van a vivir personas ahí? Necesitan vaciar demográficamente para dar paso al megaproyecto Malecón Bahía de la Cruz. Hemos acompañado a la comunidad en procesos de formación política, del derecho a la participación, a la consulta previa, al territorio y hemos estado movilizando y motivando a la comunidad, dándole herramientas para la exigencia de los derechos fundamentales para que en el proceso de reubicación hubiera garantías mínimas bajo los estándares internacionales de reubicación que da la ONU.

¿Qué otro proceso están adelantando?

Llevamos también el proceso de la Comuna 6, los barrios Isla de la Paz y La Cima, de donde Temístocles Machado hacía parte. Es una situación que pasa por el asedio de empresarios portuarios que quieren construir grandes bodegas de almacenamiento de contenedores, de parqueaderos, de hoteles para los muleros. Han aparecido personas de un momento a otro con títulos y escrituras falsas diciendo que son dueños de tres barrios completos con carretera, postes, casetas comunales. Nos toca casi cada semana hacer acciones, como mingas comuntarias, en función de que el despojo no se consolide porque todos los días nos están construyendo algo nuevo. Están vendiendo y revendiendo lotes comunitarios y nos toca irnos allá a enfrentarnos con las personas que están promoviendo el despojo. Hay un litigio jurídico para que las comunidades de Isla de la Paz y La Cima demuestren jurídicamente que ese territorio es de ellos.

¿Ha habido algún hecho puntual que coincida con las amenazas?

Son puntuales las acciones de apropiación territorial. Nos ha tocado ir a Isla de la Paz, fuimos la semana antepasada, a evitar que se consolidara el despojo a través de la construcción de unas supuestas casetas para hacer peluquería. Eso es de todos los días. El aniversario de don Temis también lo asumimos como una acción política de reivindicación y de defensa de esos derechos. Yo creo que no se trata de una situación puntual porque es un proceso y como los asedios son continuos nosotros respondemos de manera cotidiana en el marco de esa defensa de los espacios territoriales.

¿Ha habido algún resultado de la Fiscalía con respecto a las amenazas de 2015?

No, ninguna. Del 2015 no recibí ninguna respuesta a pesar de que les di toda la información

¿Tiene aspiraciones políticas como algunos líderes del Paro Cívico?

No, ninguna. Soy totalmente apolítica electoral. Estoy segurísima de que nunca postularé mi nombre a ningún cargo de elección popular. Hay compañeros del proceso que, por una decisión conjunta del Paro Cívico, son candidatos y están postulados como una opción para la situación que vive Buenaventura y se les ha denominado candidatos cívicos. Fue una decisión de las más de 200 organizaciones que hacemos parte del Comité Central del paro.

¿Temen que este año electoral la violencia recrudezca?

Sí. Parte de los análisis de contexto que se han hecho indican que la violencia puede tener algún nivel de incremento. Hay mucha gente molesta porque el Paro Cívico ha decidido tener un candidato y eso lo ven como un riesgo para el botín electoral que han ostentado durante mucho tiempo. Hay muestras que indican que el candidato cívico puede tener un nivel de aceptación importante. Por ejemplo, la Colombia Humana y la Consulta Anticorrupción obtuvieron votaciones muy significativas en Buenaventura. Creemos que esto se puede constituir en un escenario de riesgo. 

¿Por qué seguir en esa labor a pesar de la persecución?

Es algo que está dentro de mí. La Buenaventura que quiero heredarle a mis renacientes quisiera que fuera una donde pudieramos vivir de manera digna. Las ansias de justicia son superiores a los riesgos y a los miedos. Siento que es un tema de ser coherentes ética y políticamente con una ciudad que nos parió, que nos ha dado todas las posibilidades de vida a través de sus recursos naturales y de su cultura. Es un reto para muchos de nosotros. Sabemos que hay muchos intereses, pero creemos que llegará un momento en que el Estado colombiano y los gremios empresariales estarán muy dispuestos a sentarse con las comunidades y a generar procesos de garantía efectiva de derechos para los pobladores de la ciudad. El puerto no puede estar por encima de las comunidades, tienen que construirse una dinámica portuaria con la gente. Esos más de 15 puertos que han proyectado para la ciudad pueden estar aquí y cohabitar con nosotros siempre y cuando estén dispuestos a garantizar y elevar la calidad de vida de las comunidades, no pueden deteriorar la vida. A pesar de todos los riesgos y amenazas hay un convencimiento muy profundo de que nos merecemos una Buenaventura distinta y que debemos ayudar a construirla y consolidarla.

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