Las cifras inciertas del número de líderes asesinados en 2016

En las últimas cuatro décadas, los líderes sociales en Colombia siempre estuvieron en la mira de los grupos criminales. El baño de sangre que sufrió la Unión Patriótica (UP) durante los años ochenta es el capítulo más sombrío que ha tenido que soportar la izquierda de este país, cuando sectores del Estado y los paramilitares se aliaron para exterminar a más de 3.000 militantes de la UP. La violencia nunca cesó del todo pero en 2015, de nuevo, las organizaciones sociales prendieron las alarmas cuando los ataques y asesinatos se dispararon un 35 % con respecto a 2014 (de 78 a 105 muertes), según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). En 2016, esas alarmas nunca se apagaron.

Lo que está pasando ahora es que las cifras que manejan el Gobierno y las organizaciones sociales con respecto al número de líderes asesinados el año pasado difieren considerablemente. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró la semana pasada que fueron 58 las personas asesinadas durante el año que pasó. Y al igual que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, el ministro Cristo señaló que no existe una sistematicidad en estos crímenes. En contraste, la Cumbre Agraria habla de 94 víctimas en todo el país. Y el movimiento político Marcha Patriótica denunció que, solo entre sus simpatizantes, cerca de 125 personas fueron ejecutadas.

La situación es tan compleja que en noviembre y principios de diciembre pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea manifestaron su “profunda preocupación” por los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Posteriormente, congresistas del Polo Democrático y Alianza Verde citaron una audiencia pública en el Congreso para pedirle al Estado, y sobre todo al fiscal Néstor Martínez, incrementar los esfuerzos para investigar los crímenes. En ese espacio, el 7 de diciembre del año pasado, fue que el fiscal negó que los casos tuvieran patrones criminales en común.

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En diálogo con El Espectador, la consejera presidencial para los derechos humanos, Paula Gaviria, aseguró que la información consolidada por su consejería sobre asesinatos de líderes sociales ocurridos entre enero y noviembre de 2016 se basa en cuatro fuentes de información: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Organización Somos Defensores, Marcha Patriótica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). La funcionaria aseguró que, a raíz de una primera priorización efectuada por el Gobierno Nacional, se contaron 57 asesinatos entre enero y noviembre de 2016.

“Tuvimos en cuenta los resultados que arroja el cruce de las cuatro bases de datos que monitoreamos: 6 casos coinciden en las cuatro bases de datos analizadas. 30 casos encuentran coincidencias en la información de (Oacnudh, Somos Defensores y Cajar). 7 casos presentan coincidencias entre (Oacnudh y Cajar). 4 casos son reportados por (Oacnudh y Somos Defensores) y 10 casos que sólo son reportados por Oacnudh, organismo que además ha manifestado al Gobierno haber realizado verificaciones en terreno sobre la información reportada”, le contó Gaviria a este diario. La consejera presidencial explicó que el Gobierno instauró desde 2009 la Mesa Nacional para garantizar las labores de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y aseguró que todos los listados de líderes han sido remitidos a la Fiscalía y que esta entidad se encuentra haciendo sus respectivos análisis.

Leonardo Díaz, coordinador de protección del programa Somos Defensores –según esta organización son 78 líderes asesinados en 2016–, le manifestó a El Espectador que la diferencia en las cifras radica en que el Gobierno no tiene en cuenta a los líderes ambientalistas y los que pertenecen a juntas de acción comunal. “Desde que diferentes actores empezaron a realizar violaciones a los territorios, los líderes sociales han comenzado a transformarse en defensores del ambiente”.

Una investigación realizada por Ojo Público en 2015, un medio independiente fundado por periodistas peruanos de extensas trayectorias, reveló que después de Filipinas, Honduras, México, Perú, Guatemala y Tailandia, Colombia es el séptimo país en el mundo donde más líderes ambientalistas son asesinados. De 2002 a 2014, 50 de ellos fueron asesinados en el país, principalmente en Antioquia, Cauca y Nariño.  Díaz, además de atribuirle poca rigurosidad al Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno, aduce que este mismo no contabiliza a los líderes sociales asesinados que realizan minería artesanal o siembran cultivos de uso ilícito, porque son consideradas como actividades al margen de la ley. Paula Gaviria, consejera para los derechos humanos, por su parte, señala que se ha solicitado a las organizaciones “que nos ayuden a contar con mejor información sobre los casos reportados en los diferentes listados que nos entregan. Los listados son la fuente principal de información y análisis por parte del Gobierno en su conjunto”.

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Lo más grave de todo esto, señala Leonardo Díaz, es que desde el Estado se quiere quitar la carga política que implican los asesinatos de los líderes sociales, mostrándolos como crímenes aislados. Díaz señala que en el caso del asesinato del líder estudiantil y cercano el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Carlos Pedraza, perpetrado en 2015, una de las hipótesis de la Fiscalía señaló que su muerte estuvo relacionada con asuntos de microtráfico. Miembros de las organizaciones sociales del Cauca también señalaron que el asesinato del gobernador del resguardo indígena de Pueblo Blanco, Willar Alexander Oime Alarcón, ocurrido en marzo de este año, no se quiso tener en cuenta su liderazgo en la región sino que se manejó solo como un caso de fleteo.

Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), le contó a este diario que asegurar que no hay sistematicidad en los asesinatos es una forma de banalizar la situación. “Se está ocultando la existencia de un patrón: predomina el uso de sicarios, los casos de asesinatos y amenazas ocurren en territorios de alta conflictividad por el territorio y la mayoría de los asesinados son líderes comunales, étnicos y campesinos. Las amenazas se dirigen principalmente contra líderes afines a Marcha Patriótica”.

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En septiembre de 2016 la Fiscalía lanzó el Plan Esperanza para investigar los homicidios de 17 defensores de derechos humanos que hasta ese momento fueron ultimados en Cauca y Nariño desde el 24 de agosto, cuando se acordó el fin del conflicto entre las Farc y el Gobierno, aunque, según indaga la Fiscalía, en esos casos podría estar involucrado el Eln. En general, las organizaciones sociales aseguran que detrás de los asesinatos se encuentra “la mano negra” de la ultraderecha y su mayor crítica es que la justicia nunca avanza con respecto a los autores intelectuales. 

“De los 500 asesinatos que sufrieron los líderes sociales en el país en los últimos cinco años, existe una total impunidad”, asegura Leonardo Díaz, coordinador de protección del programa Somos Defensores, organización que reporta las más altas cifras de líderes sociales víctimas de la violencia que no termina. 

Las amenazas contra los líderes sociales continúan casi a diario. El centro de recursos para el análisis de conflictos (Cerac) calculó en 2015 que cada seis días un líder era asesinado en Colombia. Incluso, al final de esta edición El Espectador conoció que el líder caucano Óscar Gerardo Salazar de Marcha Patriótica volvió a ser amenazado por grupos neoparamilitares. Sus familiares y compañeros esperan, ante todo, que si su nombre vuelve a aparecer en las páginas de los diarios no sea para reportar su muerte.

En las últimas cuatro décadas, los líderes sociales en Colombia siempre estuvieron en la mira de los grupos criminales. El baño de sangre que sufrió la Unión Patriótica (UP) durante los años ochenta es el capítulo más sombrío que ha tenido que soportar la izquierda de este país, cuando sectores del Estado y los paramilitares se aliaron para exterminar a más de 3.000 militantes de la UP. La violencia nunca cesó del todo pero en 2015, de nuevo, las organizaciones sociales prendieron las alarmas cuando los ataques y asesinatos se dispararon un 35 % con respecto a 2014 (de 78 a 105 muertes), según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). En 2016, esas alarmas nunca se apagaron.

Lo que está pasando ahora es que las cifras que manejan el Gobierno y las organizaciones sociales con respecto al número de líderes asesinados el año pasado difieren considerablemente. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró la semana pasada que fueron 58 las personas asesinadas durante el año que pasó. Y al igual que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, el ministro Cristo señaló que no existe una sistematicidad en estos crímenes. En contraste, la Cumbre Agraria habla de 94 víctimas en todo el país. Y el movimiento político Marcha Patriótica denunció que, solo entre sus simpatizantes, cerca de 125 personas fueron ejecutadas.

La situación es tan compleja que en noviembre y principios de diciembre pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea manifestaron su “profunda preocupación” por los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Posteriormente, congresistas del Polo Democrático y Alianza Verde citaron una audiencia pública en el Congreso para pedirle al Estado, y sobre todo al fiscal Néstor Martínez, incrementar los esfuerzos para investigar los crímenes. En ese espacio, el 7 de diciembre del año pasado, fue que el fiscal negó que los casos tuvieran patrones criminales en común.

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En diálogo con El Espectador, la consejera presidencial para los derechos humanos, Paula Gaviria, aseguró que la información consolidada por su consejería sobre asesinatos de líderes sociales ocurridos entre enero y noviembre de 2016 se basa en cuatro fuentes de información: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Organización Somos Defensores, Marcha Patriótica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). La funcionaria aseguró que, a raíz de una primera priorización efectuada por el Gobierno Nacional, se contaron 57 asesinatos entre enero y noviembre de 2016.

“Tuvimos en cuenta los resultados que arroja el cruce de las cuatro bases de datos que monitoreamos: 6 casos coinciden en las cuatro bases de datos analizadas. 30 casos encuentran coincidencias en la información de (Oacnudh, Somos Defensores y Cajar). 7 casos presentan coincidencias entre (Oacnudh y Cajar). 4 casos son reportados por (Oacnudh y Somos Defensores) y 10 casos que sólo son reportados por Oacnudh, organismo que además ha manifestado al Gobierno haber realizado verificaciones en terreno sobre la información reportada”, le contó Gaviria a este diario. La consejera presidencial explicó que el Gobierno instauró desde 2009 la Mesa Nacional para garantizar las labores de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y aseguró que todos los listados de líderes han sido remitidos a la Fiscalía y que esta entidad se encuentra haciendo sus respectivos análisis.

Leonardo Díaz, coordinador de protección del programa Somos Defensores –según esta organización son 78 líderes asesinados en 2016–, le manifestó a El Espectador que la diferencia en las cifras radica en que el Gobierno no tiene en cuenta a los líderes ambientalistas y los que pertenecen a juntas de acción comunal. “Desde que diferentes actores empezaron a realizar violaciones a los territorios, los líderes sociales han comenzado a transformarse en defensores del ambiente”.

Una investigación realizada por Ojo Público en 2015, un medio independiente fundado por periodistas peruanos de extensas trayectorias, reveló que después de Filipinas, Honduras, México, Perú, Guatemala y Tailandia, Colombia es el séptimo país en el mundo donde más líderes ambientalistas son asesinados. De 2002 a 2014, 50 de ellos fueron asesinados en el país, principalmente en Antioquia, Cauca y Nariño.  Díaz, además de atribuirle poca rigurosidad al Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno, aduce que este mismo no contabiliza a los líderes sociales asesinados que realizan minería artesanal o siembran cultivos de uso ilícito, porque son consideradas como actividades al margen de la ley. Paula Gaviria, consejera para los derechos humanos, por su parte, señala que se ha solicitado a las organizaciones “que nos ayuden a contar con mejor información sobre los casos reportados en los diferentes listados que nos entregan. Los listados son la fuente principal de información y análisis por parte del Gobierno en su conjunto”.

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Lo más grave de todo esto, señala Leonardo Díaz, es que desde el Estado se quiere quitar la carga política que implican los asesinatos de los líderes sociales, mostrándolos como crímenes aislados. Díaz señala que en el caso del asesinato del líder estudiantil y cercano el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Carlos Pedraza, perpetrado en 2015, una de las hipótesis de la Fiscalía señaló que su muerte estuvo relacionada con asuntos de microtráfico. Miembros de las organizaciones sociales del Cauca también señalaron que el asesinato del gobernador del resguardo indígena de Pueblo Blanco, Willar Alexander Oime Alarcón, ocurrido en marzo de este año, no se quiso tener en cuenta su liderazgo en la región sino que se manejó solo como un caso de fleteo.

Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), le contó a este diario que asegurar que no hay sistematicidad en los asesinatos es una forma de banalizar la situación. “Se está ocultando la existencia de un patrón: predomina el uso de sicarios, los casos de asesinatos y amenazas ocurren en territorios de alta conflictividad por el territorio y la mayoría de los asesinados son líderes comunales, étnicos y campesinos. Las amenazas se dirigen principalmente contra líderes afines a Marcha Patriótica”.

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En septiembre de 2016 la Fiscalía lanzó el Plan Esperanza para investigar los homicidios de 17 defensores de derechos humanos que hasta ese momento fueron ultimados en Cauca y Nariño desde el 24 de agosto, cuando se acordó el fin del conflicto entre las Farc y el Gobierno, aunque, según indaga la Fiscalía, en esos casos podría estar involucrado el Eln. En general, las organizaciones sociales aseguran que detrás de los asesinatos se encuentra “la mano negra” de la ultraderecha y su mayor crítica es que la justicia nunca avanza con respecto a los autores intelectuales. 

“De los 500 asesinatos que sufrieron los líderes sociales en el país en los últimos cinco años, existe una total impunidad”, asegura Leonardo Díaz, coordinador de protección del programa Somos Defensores, organización que reporta las más altas cifras de líderes sociales víctimas de la violencia que no termina. 

Las amenazas contra los líderes sociales continúan casi a diario. El centro de recursos para el análisis de conflictos (Cerac) calculó en 2015 que cada seis días un líder era asesinado en Colombia. Incluso, al final de esta edición El Espectador conoció que el líder caucano Óscar Gerardo Salazar de Marcha Patriótica volvió a ser amenazado por grupos neoparamilitares. Sus familiares y compañeros esperan, ante todo, que si su nombre vuelve a aparecer en las páginas de los diarios no sea para reportar su muerte.