El caso de Natali González Arce fue hace apenas unos meses un ejemplo vivo de reconciliación cuando se convirtió en la primera exintegrante de las Farc en ocupar el cargo de subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz en Cali, en una secretaría que además iba a estar presidida por un militar retirado, Danis Rentería. Pero hoy su realidad es otra: haber entrado de lleno a la legalidad y asumir el liderazgo en la defensa de las garantías para los manifestantes en el Paro Nacional, al parecer, la tiene en la mira de los armados.
En un audio que circuló por WhatsApp el pasado 29 de abril, un manifestante alertaba a otros jóvenes que se encontraban en Puerto Resistencia, en Cali, que el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) había llegado al punto de Calipso disparando sus armas de fuego contra la multitud. Según la grabación, había cinco personas muertas, pero además a la subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad le habían disparado los uniformados, sin que las balas lograran alcanzarla.
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“Esto es un mensaje urgente: sálganse todos del perímetro, váyanse directamente para sus casas porque el GOES está disparando en Calipso, hay cinco personas muertas. A la subsecretaria de Derechos Humanos le hicieron un atentado, le lanzaron tiros. Ellos pretenden llegar a Puerto Resistencia a hacer exactamente lo mismo, por favor, a las personas que vean por ahí grítenles que se salgan porque ya viene el GOES”, decía el joven angustiado. Pero esa sería apenas la primera advertencia para la hoy funcionaria de lo que vendría en medio de las jornadas de protesta.
Natali González denuncia que, desde entonces, hombres desconocidos y en camionetas la han seguido, le han montado vigilancia y se han ubicado a las afueras de su vivienda. En una ocasión, fue citada al Puesto de Mando Unificado en la estación de la Policía Metropolitana y al terminar el encuentro fue seguida en motocicletas hasta su casa. Hasta el momento ninguno de los hombres que la ha seguido ha tenido contacto con ella, pero, según cuenta, “el nivel de hostigamiento es tal que mi hijo no puede salir y está enfermo por eso. Hemos tenido que ingresarlo de urgencias por episodios de estrés y de angustia”.
No es la única antigua integrante de las Farc en el Valle del Cauca que hoy denuncia estar siendo perseguida. Con ella, son al menos siete exmiembros de esa guerrilla, que hoy tienen algún liderazgo en el partido Comunes, los que denuncian estar en el radar de camionetas y hombres desconocidos que se ubican cerca a sus viviendas.
Anderson Ospina es el consejero de organización del Partido Comunes en Cali. Dice que primero empezó a ver en los alrededores de su vivienda a hombres desconocidos que permanecían allí por largo tiempo y luego un taxi se empezó a parquear en diagonal a su casa. Incluso, los desconocidos se han ubicado afuera de su residencia y en una ocasión un hombre siguió a su madre y a su hermana. A raíz de esos seguimientos, asegura, dejó de ir a su casa y se está quedando por fuera.
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Una situación casi calcada a la que denuncia Nathali Pareja, consejera departamental del partido Comunes en el Valle. En su caso, el vigilante del conjunto en el que vive interpeló en una ocasión a los hombres que esperaban frente al edificio y ellos le dijeron que la estaban esperando a ella, que eran sus escoltas. Si bien ella cuenta con un esquema de protección oficial, esa noche no había solicitado a sus hombres de seguridad. Afirma que ya son varias veces las que esa camioneta ha rondado su vivienda. A ellos se le suman los casos de Juan Méndez, Ronal Burgos, José Ramiro Valencia y Arley García Medina, todos integrantes del partido Comunes en el Valle del Cauca.
Si bien defensores de Derechos Humanos en todo el país han denunciado este y otros tipos de hostigamiento en medio del Paro Nacional, quienes hoy elevan esta denuncia coinciden en que en sus casos el agravante es que los siete son exmiembros de las Farc y tienen hoy un liderazgo en la legalidad y en medio de las movilizaciones. “Hay agresiones hacia los defensores en general, pero la gente del partido Comunes está muy bien referenciada. Cuando se sabe que es gente de Comunes están más encima de uno”, señala Natali González.
Ella lidera el equipo de los “cascos azules” de la secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y defensores de las garantías para la protesta, que en parte está integrado por exmiembros de las Farc y han sufrido ataques. Durante la movilización de los manifestantes que salieron de blanco, los defensores de ese equipo fueron hostigados por los marchantes, quienes los trataron de guerrilleros en un acto de estigmatización.
“Hay una narrativa del Ministerio de Defensa de que las protestas están infiltradas por la insurgencia. Lo ha dicho el partido de gobierno: hay dos Farc. Sin duda ellos consideran que nosotros seguimos en algo de eso, que estamos en algo ilegal y eso tiene influencia. Yo soy profesional en salud y he estado en Siloé prestando atención prehospitalaria y a la gente de la misión médica que anda conmigo no le ha pasado algo similar”, explica Anderson Ospina.
En su caso, uno de los seguimientos se dio luego de que fungió como vocero tras los hechos del 3 de mayo en Siloé, cuando varias personas resultaron muertas por arma de fuego en medio de las protestas. En el caso de Nathali Pareja ocurrió después de que el viernes 28 de mayo acompañara hasta la madrugada a varios manifestantes que habían sido detenidos en la estación de La María.
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Luis Alberto Albán, representante a la Cámara por el partido Comunes en el Valle y conocido en la guerra como Marcos Calarcá, tampoco duda de que la condición de exguerrilleros de quienes hoy denuncian los seguimientos es lo que los ha puesto en el radar de los armados. “No es sólo su trabajo político y de liderazgo, sino también por ser del partido. Lo único que une a estas personas es su militancia en Comunes. Todavía se sigue dudando de nuestro compromiso con la paz”, agrega el congresista.
Hace apenas una semana, tres dirigentes de una cooperativa de excombatientes, también en Cali, fueron detenidos por las autoridades y señalados por la Fiscalía de pertenecer a la red urbana de la Segunda Marquetalia en la capital del Valle. Según la Agencia para la Reincorporación, el programa PASO Colombia, la Arquidiócesis de Cali y la Misión de Verificación de la ONU, eran líderes comunitarios y de reincorporación en la cooperativa. De acuerdo con varios de los que hoy denuncian seguimientos, si bien en ese caso también se trató de exmiembros de la guerrilla, ellos se habían marginado del partido y siguieron con su ruta de reincorporación aparte, a diferencia de ellos siete, miembros activos dentro de Comunes.