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El asesinato de Dilan Cruz, a manos de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hizo que los marchantes del paro nacional tuvieran una nueva prioridad dentro de sus pliegos de peticiones ante el presidente Iván Duque: el desmonte de esta fuerza, creada en 1999, para controlar y contener los disturbios en medio de las manifestaciones o bloqueos. El primer mandatario aseguró que no está dispuesto a acabar con el Esmad, sin embargo, la ciudadanía insiste que no se va de las calles hasta que elimine este cuerpo policial que ha sido denunciado, centenares de veces, por violar los derechos humanos.
Esta no es la primera vez que se pide la eliminación de una entidad por cometer crímenes. Y, en caso de que el gobierno Duque acepte, tampoco sería la primera vez que una institución se cierra por este tipo de denuncias. La historia se remonta al Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), creado por el gobierno Rojas Pinilla en 1953. Tras una serie de denuncias de corrupción y de “atropellos”, como se les llamaba en ese entonces, decidieron acabar la entidad. Llegaba el Frente Nacional y era necesario dejar atrás los fantasmas de un mandato militar.
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Aunque la SIC cerró, inmediatamente, el entonces presidente Alberto Lleras Camargo, con asesoramiento de la CIA de Estados Unidos, armó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con funciones de policía judicial e inteligencia. Pero la cura fue peor que la enfermedad. “El DAS tiene una historia antigua de violaciones de derechos humanos. Desde la década de los noventa se veían documentando casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales a cargo de sus integrantes”, cuenta Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar).
El prontuario del DAS es largo, según Ortegón. No en vano, resalta, tres exdirectores de la entidad están condenados: el general (r) Miguel Maza Márquez, Jorge Noguera Cotes y María del Pilar Hurtado. El primero fue sentenciado a treinta años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán, en 1989. El segundo, a 25 años por el asesinato del académico Alfredo Correa de Andreis, en 2004, además de concierto para delinquir agravado, la destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos y el delito revelación de secreto, que sanciona cuando se someten asuntos públicos a reserva en provecho propio o ajeno. Y la tercera fue condenada a catorce años por el escándalo de las “chuzadas”, como se conocieron las intercepciones ilegales contra magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, a través de un grupo del DAS llamado G3.
Ortegón continúa: “Hay hipótesis que detrás del asesinato de los candidatos presidenciales Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa, en la década de los ochenta, está también el DAS. Lo que sí se supo es que en los primeros años del 2000 se habría tejido una alianza con el paramilitarismo”. De hecho, Salvatore Mancuso, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), salpicó a los exdirectores Noguera y José Miguel de Narváez de pasarle información sobre presuntos colaboradores de la guerrilla en Córdoba.
Con este pasado, en 2012, al expresidente Juan Manuel Santos no le quedó otra opción que acabar con el DAS y darle vida a la Dirección Nacional de Inteligencia, que hoy cumple otras funciones. "El país conoce muy bien las razones por la cuales hemos decidido tomar este paso. No es una transformación, no es una reforma. En el caso del DAS es una liquidación. Se suprime”, aseguró el exmandatario.
Pero aparte del DAS también hubo otra figura jurídica que desbordó su objetivo inicial y terminó convertido en mampara del paramilitarismo. Se trata de las cooperativas de seguridad rural, más conocidas como las Convivir, creadas en el gobierno de Cesar Gaviria y reglamentada por el de Ernesto Samper, cuyo proceder terminó involucrada con las acciones de las autodefensas. En 1997, la Corte Constitucional les puso el tatequieto y con eso llegó su final.
Otro episodio para recordar fue cuando el gobierno de Ernesto Samper borró del mapa jurídico a la Brigada XX, la unidad central de inteligencia del Ejército, en mayo de 1998. El cierre fue producto de las denuncias de Amnistía Internacional, que le pidió a Estados Unidos suspender las ayudas militares a Colombia al dar a conocer que catorce unidades del Ejército habrían cometido atrocidades contra los derechos humanos. Otras organizaciones, como Human Rights, también revelaron que existían unos escuadrones de la muerte, organizados por los grupos de autodefensas y los miembros de esta unidad, que asesinaron a activistas políticos y defensores de derechos humanos.
Ahora la historia se repite, pero esta vez desde la ciudadanía, que en este paro nacional le ha pedido a la presidencia el cierre del Esmad. Empero, no es un asunto nuevo. Desde las negociaciones del Acuerdo de Paz, representantes de la extinta guerrilla de las Farc hicieron un listado de las cien propuestas mínimas para la participación política. Dentro de ese pliego se encontraba la prohibición de tratamiento militar a la protesta social y desmonte de este cuerpo policial.
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“Se prohibirá de manera expresa y taxativa cualquier tratamiento militar y de guerra a la legítima movilización o protesta social y popular. En especial, se procederá al desmonte del Esmad. En lugar de la represión y el uso desproporcionado de la fuerza, se propiciará el diálogo y la solución negociada de los conflictos políticos y sociales”, dice el artículo 89 del documento entregado por las extintas Farc.
Sin embargo, según una fuente que estuvo en La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos se negó rotundamente a las propuestas de cambios en las fuerzas militares y policiales. Para darle una salida a esta discusión, se creó un apartado del punto dos del Acuerdo Final, en el que se establecieron garantías para la movilización y la protesta pacífica; pero nada de eso se ha cumplido.
Dentro de este pacto, que justo cumplió esta semana tres años de firmado, quedó estipulada la necesidad de revisar o modificar las normas que se aplican a la movilización. También se dejó en evidencia la importancia de un “fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades”.
Finalmente, el Gobierno se comprometió a “ampliar las instancias de participación ciudadana para la interlocución y la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores”.
El clamor también tuvo eco en el Congreso, cuando el exrepresentante por el Polo Democrático Alirio Uribe, hace dos años, realizó un debate en el que evidenció el uso excesivo de la fuerza del Esmad. De acuerdo con su informe, de 2010 a 2016, se reportaron 600 víctimas por agresiones: "Ha habido un uso de mala fe de armas no letales, que se traducen en asesinatos o mutilaciones. Por eso consideramos que este órgano está cuestionado e incluso está desviado a otros menesteres. Por ejemplo, fue utilizado en 1.200 desalojos de viviendas urbanas. Es un absurdo porque no se creó para eso".
Para Uribe, "hay muchas motivaciones para recomponer un órgano que fue creado cuando había un fuerte conflicto armado en Colombia y que hoy, en medio de un escenario de posconflicto, debería rediseñar o rehacer para que se ajuste a las normas nacionales e internacionales en lo que tiene que ver con el derecho a la protesta pacífica”.
Hoy el Partido Verde se sumó a esta idea. Wilmer Leal, representante a la Cámara, les pidió a los miembros del Comité del Paro Nacional que se incluya, en los puntos a tratar, el desmonte del Esmad. El congresista afirmó que la responsabilidad de las represiones a los ciudadanos que marchan es del Gobierno Nacional que utiliza la fuerza y no el dialogo para solucionar conflictos.
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Las organizaciones sociales han desmentido que sus armas no sean letales y denuncian que a la fecha hay 18 personas asesinadas por el Esmad. Entre los casos más emblemáticos están Johnny Silva y Nicolás David Neira, quienes fueron asesinados en 2005 por agentes antidisturbios. El Consejo de Estado condenó en los dos casos a la nación por el uso excesivo de la fuerza y ordenó al Gobierno indemnizar a las familias. Pero la lista continúa: Hermides Jaime Téllez, Diomar Alfonso Quintero, Carlos Giovanni Blanco, Édison Franco Jaime, Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, Yoel Jácome Ortiz, César Hurtado, Jaime Alfonso Acosta. Y ahora se suma Dilan Cruz