Las exigencias de los líderes sociales al Gobierno en medio de la pandemia

El Gobierno Nacional no está haciendo lo suficiente para garantizar la protección de los líderes sociales y las comunidades en los territorios. Al menos así quedó en evidencia durante la Mesa por la Vida que convocó este miércoles la Procuraduría, por primera vez de forma virtual, a la que acudieron organizaciones y entidades que monitorean la situación de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, así como líderes de distintas regiones del país. 

Las cifras expuestas en el encuentro son alarmantes. Entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2020 han sido asesinados 56 líderes sociales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Una cifra que significa un aumento del 50% en comparación con el mismo periodo de 2019, que reportó 38 casos. La situación puede ser aún peor, pues el programa Somos Defensores reporta 62 líderes asesinados en lo que va del año y el centro de estudios Indepaz habla de 84 casos a la fecha. 

En particular, las preocupaciones se concentran en el departamento del Cauca y en el Putumayo. En el primero, se pasó de seis líderes asesinados a 14, durante los primeros meses del año. Y en el segundo se pasó de un caso a ocho en este periodo. 

(Lea: Con dineros de la paz, Duque contrata firma que financió el No en el plebiscito)

Con ese panorama, el procurador Fernando Carrillo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca las medidas de protección a esta población en el país. “El COVID-19 no puede ser una excusa más para que continúe la violencia ni para quitarle recursos a la paz”, dijo. Mientras los índices de otros tipos de violencia han disminuido durante la pandemia, el único indicador que va en aumento es el de los asesinatos a líderes sociales, junto con la violencia de género en los hogares, aseguró Carrillo. 

En ese sentido, se refirió a programas específicos derivados del Acuerdo de Paz que deben implementarse, como el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Una petición que han hecho en reiteradas ocasiones las plataformas de Derechos Humanos.

El testimonio de una lideresa desterrada del Putumayo

“Los saludo desde algún lugar del país”, inició su intervención Yuri Quintero, lideresa del Putumayo que en los últimos días tuvo que salir desplazada de su departamento junto con sus dos hijos, ante el ultimátum de los grupos armados de atentar contra su vida. 

Fue enfática en afirmar que “en Putumayo hoy la dirigencia, los voceros de las organizaciones, nos encontramos dispersos, nos tocó salir. Tenemos cuatro compañeros -  que incluso tienen medidas cautelares que no se han cumplido - en procesos de reubicación que activó la Unidad Nacional de Protección por el riesgo que corre su vida”.  Asimismo, cuestionó que en un departamento con una alta presencia militar los grupos armados ilegales se muevan con tanta tranquilidad. 

(Lea también: “Dígales que la orden es tumbarlos”: ultimátum a tres líderes sociales de Putumayo)

A la UNP le hizo una solicitud puntual: acelerar los procesos de análisis de riesgo tanto de cada dirigente como de los procesos colectivos. “Hoy lo que hay en el Putumayo es una ola de amenazas contra el proceso organizativo”, denunció.

 En particular hizo referencia a la violencia generada por la erradicación forzada que no se ha detenido en su territorio. “Hoy continúan moviéndose por el departamento tropas de Ejército, de Policía, grupos de erradicadores, que son de otras regiones y aumentan el riesgo de contagio a los campesinos”. 

“Es ilógico que desde el ministerio de Defensa, desde Presidencia, se mantenga ese afán por la erradicación forzada que además no muestra los resultados”, sostuvo la lideresa. 

Detener la erradicación forzada y la fumigación terrestre de cultivos de coca

No solo desde Putumayo pidieron suspender las acciones de erradicación forzada de coca en medio de la pandemia. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, hizo el mismo llamado en relación con su territorio, donde los operativos ya ocasionaron la muerte del campesino Alejandro Carvajal el pasado 26 de marzo. 

(En video: Los riesgos de la erradicación forzada de cultivos de coca en las regiones)

El líder denunció que la erradicación se viene adelantando en Sardinata y en la zona rural de Cúcuta, pese a que en el primero hay un acuerdo de sustitución voluntaria firmado entre los campesinos y el Estado. “Si el Gobierno mantiene la erradicación forzada se va a profundizar el conflicto social y el enfrentamiento entre comunidades campesinas y Fuerza Pública”, advirtió Quintero.

Pero además, mientras avanzan las operaciones de erradicación, la población está en alarma por la posible escalada del conflicto entre el Eln y el Epl en esa región del país. Hasta el momento, los combates se han concentrado en el corregimiento Las Mercedes de Sardinata, lo que ocasionó el desplazamiento de al menos 170 personas. Lo mismo puede ocurrir con el enfrentamiento entre el Eln y el grupo paramilitar Los Rastrojos en el área metropolitana de Cúcuta. 

Y a esa situación se le suma que ya hay seis casos confirmados de COVID-19 en esa región del país: cuatro en Ocaña (puerta de entrada a la zona), uno en Tibú y otro en Ábrego. 

Por su parte, desde el Chocó, Leyner Palacios alertó por la activación de operativos de fumigación terrestre de los cultivos en la región del San Juan y en Bojayá. “Eso es inaceptable porque las comunidades usan el agua de los ríos para sus alimentos y otras necesidades, y ahora el Gobierno viene a echarles glifosato”, reclamó el líder. 

Mientras eso sucede, su departamento, dijo, sigue viviendo una “desgracia humanitaria prolongada”, que no ha sido atendida por el Gobierno Nacional, y que hoy tiene a distintas comunidades del Chocó en total confinamiento por el recrudecimiento de las confrontaciones armadas entre el Eln y las Agc “de manera descomunal”. Eso no les permite ni siquiera poder levantar un diagnóstico claro de lo que sucede en algunas zonas del departamento. 

La crisis del norte del Cauca

Una de las preocupaciones centrales que afloró durante el encuentro es la crítica situación que atraviesa el departamento del Cauca, en medio de masacres, asesinatos, desplazamientos forzados y confinamientos. Francia Márquez fue enfática en rechazar la militarización de su territorio, medida que acentuó el Gobierno Nacional hace unos meses cuando desplegó allí la Fudra 4. 

(Le puede interesar: En el suroccidente del país, a la violencia no la detiene ni la pandemia)

“La militarización de nuestro territorio no es una salida. Todos los días vemos sobrevolando helicópteros y drones, y sin embargo nos asesinan y los grupos armados se imponen sobre la vida de nuestra gente”, reclamó la lideresa. Igualmente, señaló que los esquemas de protección de la UNP no están funcionando para los líderes en esa región del país.

Las cifras que expuso el viceministro del Interior, Daniel Palacios, también dan cuenta de la crisis: si bien a nivel general en el departamento se han reducido en un 8.6% los homicidios, en la zona rural han incrementado en un 14%, con particular énfasis en los municipios del norte del Cauca. 

Los llamados de los líderes sociales fueron escuchados y respaldados por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA. Todos hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que ponga en marcha medidas más contundentes que deriven en la protección efectiva de los líderes sociales.  A su vez, hicieron también un llamado a los grupos ilegales a detener todos los ataques y hostilidades a la población civil. 

Las respuestas del Gobierno

Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, aseguró que en los próximos días será público el informe de esa entidad sobre la situación de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Anunció también que a más tardar el 7 de agosto estará lista la política pública de protección a líderes sociales. Sin embargo, como recordó la misma consejera, la mayoría de plataformas y organizaciones sociales que hacen parte de la construcción de esa política se retiraron de esa planeación y suspendieron su interlocución con el Gobierno. Por ello, aún está en duda que esa política vaya a ser concertada. Según la consejera, el documento apunta a fortalecer los esquemas de protección colectiva. 

Por su parte, el viceministro del Interior, Daniel palacios, también encargado por ahora de la UNP, dijo que antes de que finalice este mes será aprobado el decreto que modifica la ruta de protección para volverla más rápida. Dijo que ello incluye un trabajo en conjunto con la Dijin para que inmediatamente se presente la solicitud de protección, también se active una ruta de investigación frente a la amenaza que recibió quien interpone la solicitud. 

Y desde la Fiscalía se aseguró que se viene fortaleciendo la Unidad Especial de Investigación, derivada del Acuerdo de Paz para investigar y judicializar a los autores de las amenazas y los ataques contra líderes y defensores. Producto del trabajo de esa unidad se han afectado las estructuras de Los Contadores, en Tumaco; el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas) en Riosucio; la disidencia del frente 18 en Ituango; el Eln en el sur de Bolívar; los Caparrapos en el Bajo Cauca; y el Epl en el Catatumbo. Según la representante de la Fiscalía en el encuentro, esas estructuras son responsables de 89 víctimas mortales entre líderes sociales y excombatientes y sus familias. 

También dijo que a la fecha se tienen 271 casos de homicidios contra defensores con “avance de esclarecimiento”, de los cuales 55 ya tienen sentencia condenatoria y otros 80 casos están en juicio. Sobre las recientes masacres en el Cauca, de Piamonte y Mercadres, dijo que en el primer caso ya se hizo la captura de los autores materiales y en el segundo ya se emitió la orden de captura.

El Gobierno Nacional no está haciendo lo suficiente para garantizar la protección de los líderes sociales y las comunidades en los territorios. Al menos así quedó en evidencia durante la Mesa por la Vida que convocó este miércoles la Procuraduría, por primera vez de forma virtual, a la que acudieron organizaciones y entidades que monitorean la situación de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, así como líderes de distintas regiones del país. 

Las cifras expuestas en el encuentro son alarmantes. Entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2020 han sido asesinados 56 líderes sociales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Una cifra que significa un aumento del 50% en comparación con el mismo periodo de 2019, que reportó 38 casos. La situación puede ser aún peor, pues el programa Somos Defensores reporta 62 líderes asesinados en lo que va del año y el centro de estudios Indepaz habla de 84 casos a la fecha. 

En particular, las preocupaciones se concentran en el departamento del Cauca y en el Putumayo. En el primero, se pasó de seis líderes asesinados a 14, durante los primeros meses del año. Y en el segundo se pasó de un caso a ocho en este periodo. 

(Lea: Con dineros de la paz, Duque contrata firma que financió el No en el plebiscito)

Con ese panorama, el procurador Fernando Carrillo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca las medidas de protección a esta población en el país. “El COVID-19 no puede ser una excusa más para que continúe la violencia ni para quitarle recursos a la paz”, dijo. Mientras los índices de otros tipos de violencia han disminuido durante la pandemia, el único indicador que va en aumento es el de los asesinatos a líderes sociales, junto con la violencia de género en los hogares, aseguró Carrillo. 

En ese sentido, se refirió a programas específicos derivados del Acuerdo de Paz que deben implementarse, como el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Una petición que han hecho en reiteradas ocasiones las plataformas de Derechos Humanos.

El testimonio de una lideresa desterrada del Putumayo

“Los saludo desde algún lugar del país”, inició su intervención Yuri Quintero, lideresa del Putumayo que en los últimos días tuvo que salir desplazada de su departamento junto con sus dos hijos, ante el ultimátum de los grupos armados de atentar contra su vida. 

Fue enfática en afirmar que “en Putumayo hoy la dirigencia, los voceros de las organizaciones, nos encontramos dispersos, nos tocó salir. Tenemos cuatro compañeros -  que incluso tienen medidas cautelares que no se han cumplido - en procesos de reubicación que activó la Unidad Nacional de Protección por el riesgo que corre su vida”.  Asimismo, cuestionó que en un departamento con una alta presencia militar los grupos armados ilegales se muevan con tanta tranquilidad. 

(Lea también: “Dígales que la orden es tumbarlos”: ultimátum a tres líderes sociales de Putumayo)

A la UNP le hizo una solicitud puntual: acelerar los procesos de análisis de riesgo tanto de cada dirigente como de los procesos colectivos. “Hoy lo que hay en el Putumayo es una ola de amenazas contra el proceso organizativo”, denunció.

 En particular hizo referencia a la violencia generada por la erradicación forzada que no se ha detenido en su territorio. “Hoy continúan moviéndose por el departamento tropas de Ejército, de Policía, grupos de erradicadores, que son de otras regiones y aumentan el riesgo de contagio a los campesinos”. 

“Es ilógico que desde el ministerio de Defensa, desde Presidencia, se mantenga ese afán por la erradicación forzada que además no muestra los resultados”, sostuvo la lideresa. 

Detener la erradicación forzada y la fumigación terrestre de cultivos de coca

No solo desde Putumayo pidieron suspender las acciones de erradicación forzada de coca en medio de la pandemia. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, hizo el mismo llamado en relación con su territorio, donde los operativos ya ocasionaron la muerte del campesino Alejandro Carvajal el pasado 26 de marzo. 

(En video: Los riesgos de la erradicación forzada de cultivos de coca en las regiones)

El líder denunció que la erradicación se viene adelantando en Sardinata y en la zona rural de Cúcuta, pese a que en el primero hay un acuerdo de sustitución voluntaria firmado entre los campesinos y el Estado. “Si el Gobierno mantiene la erradicación forzada se va a profundizar el conflicto social y el enfrentamiento entre comunidades campesinas y Fuerza Pública”, advirtió Quintero.

Pero además, mientras avanzan las operaciones de erradicación, la población está en alarma por la posible escalada del conflicto entre el Eln y el Epl en esa región del país. Hasta el momento, los combates se han concentrado en el corregimiento Las Mercedes de Sardinata, lo que ocasionó el desplazamiento de al menos 170 personas. Lo mismo puede ocurrir con el enfrentamiento entre el Eln y el grupo paramilitar Los Rastrojos en el área metropolitana de Cúcuta. 

Y a esa situación se le suma que ya hay seis casos confirmados de COVID-19 en esa región del país: cuatro en Ocaña (puerta de entrada a la zona), uno en Tibú y otro en Ábrego. 

Por su parte, desde el Chocó, Leyner Palacios alertó por la activación de operativos de fumigación terrestre de los cultivos en la región del San Juan y en Bojayá. “Eso es inaceptable porque las comunidades usan el agua de los ríos para sus alimentos y otras necesidades, y ahora el Gobierno viene a echarles glifosato”, reclamó el líder. 

Mientras eso sucede, su departamento, dijo, sigue viviendo una “desgracia humanitaria prolongada”, que no ha sido atendida por el Gobierno Nacional, y que hoy tiene a distintas comunidades del Chocó en total confinamiento por el recrudecimiento de las confrontaciones armadas entre el Eln y las Agc “de manera descomunal”. Eso no les permite ni siquiera poder levantar un diagnóstico claro de lo que sucede en algunas zonas del departamento. 

La crisis del norte del Cauca

Una de las preocupaciones centrales que afloró durante el encuentro es la crítica situación que atraviesa el departamento del Cauca, en medio de masacres, asesinatos, desplazamientos forzados y confinamientos. Francia Márquez fue enfática en rechazar la militarización de su territorio, medida que acentuó el Gobierno Nacional hace unos meses cuando desplegó allí la Fudra 4. 

(Le puede interesar: En el suroccidente del país, a la violencia no la detiene ni la pandemia)

“La militarización de nuestro territorio no es una salida. Todos los días vemos sobrevolando helicópteros y drones, y sin embargo nos asesinan y los grupos armados se imponen sobre la vida de nuestra gente”, reclamó la lideresa. Igualmente, señaló que los esquemas de protección de la UNP no están funcionando para los líderes en esa región del país.

Las cifras que expuso el viceministro del Interior, Daniel Palacios, también dan cuenta de la crisis: si bien a nivel general en el departamento se han reducido en un 8.6% los homicidios, en la zona rural han incrementado en un 14%, con particular énfasis en los municipios del norte del Cauca. 

Los llamados de los líderes sociales fueron escuchados y respaldados por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA. Todos hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que ponga en marcha medidas más contundentes que deriven en la protección efectiva de los líderes sociales.  A su vez, hicieron también un llamado a los grupos ilegales a detener todos los ataques y hostilidades a la población civil. 

Las respuestas del Gobierno

Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, aseguró que en los próximos días será público el informe de esa entidad sobre la situación de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Anunció también que a más tardar el 7 de agosto estará lista la política pública de protección a líderes sociales. Sin embargo, como recordó la misma consejera, la mayoría de plataformas y organizaciones sociales que hacen parte de la construcción de esa política se retiraron de esa planeación y suspendieron su interlocución con el Gobierno. Por ello, aún está en duda que esa política vaya a ser concertada. Según la consejera, el documento apunta a fortalecer los esquemas de protección colectiva. 

Por su parte, el viceministro del Interior, Daniel palacios, también encargado por ahora de la UNP, dijo que antes de que finalice este mes será aprobado el decreto que modifica la ruta de protección para volverla más rápida. Dijo que ello incluye un trabajo en conjunto con la Dijin para que inmediatamente se presente la solicitud de protección, también se active una ruta de investigación frente a la amenaza que recibió quien interpone la solicitud. 

Y desde la Fiscalía se aseguró que se viene fortaleciendo la Unidad Especial de Investigación, derivada del Acuerdo de Paz para investigar y judicializar a los autores de las amenazas y los ataques contra líderes y defensores. Producto del trabajo de esa unidad se han afectado las estructuras de Los Contadores, en Tumaco; el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas) en Riosucio; la disidencia del frente 18 en Ituango; el Eln en el sur de Bolívar; los Caparrapos en el Bajo Cauca; y el Epl en el Catatumbo. Según la representante de la Fiscalía en el encuentro, esas estructuras son responsables de 89 víctimas mortales entre líderes sociales y excombatientes y sus familias. 

También dijo que a la fecha se tienen 271 casos de homicidios contra defensores con “avance de esclarecimiento”, de los cuales 55 ya tienen sentencia condenatoria y otros 80 casos están en juicio. Sobre las recientes masacres en el Cauca, de Piamonte y Mercadres, dijo que en el primer caso ya se hizo la captura de los autores materiales y en el segundo ya se emitió la orden de captura.