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La primera vez que Yurani Bañol Hoyos se encontró de frente a un guerrillero fue en medio de una escuela de liderazgo juvenil a la que llegó desde Riosucio (Chocó) para acompañar, precisamente, a otras comunidades del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, ante los problemas que no cesaban por la presencia de los grupos armados. Era 2011 y, recuerda bien, las antiguas Farc estaban en una escalada violenta en el país. El objetivo de la escuela era que los jóvenes llegaran en “manada” para detener a la guerrilla y evitar que se tomaran, con las armas, los consejos comunitarios y resguardos indígenas.
La joven de 28 años, lideresa juvenil de Riosucio, dice que ese fue el comienzo de una carrera vocacional con la que busca trabajar con las comunidades mientras se le cumple el sueño de ser comunicadora social. Por ahora, estudia Contabilidad, porque era de las únicas carreras que encontró de manera virtual y accesible en el casco urbano de Turbo (Antioquia). Su familia y ella vivieron el desplazamiento forzado y el despojo en el consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla, en 1997, y desde entonces no han podido retornar a su tierra. “A veces tengo miedo por muchas cosas que pasan acá, por muchos jóvenes o líderes que han callado, pero uno sigue de pie es por la gente”, afirma.
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Yurani fue una de las invitadas al más reciente Diálogo para la No Continuidad y No Repetición del Conflicto Armado, organizado por la Comisión de la Verdad el pasado 9 de julio en Apartadó (Antioquia). Desde este escenario, pidió que Colombia volcara su mirada al Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano, donde la violencia continúa desbordada. A ella se sumaron nueve panelistas más, quienes coinciden en que las comunidades han tenido que tomar medidas de autoprotección para sobrevivir al reclutamiento de sus niños, niñas y jóvenes. Desde montar escuelas de deportes y construcción de paz hasta cursos para identificar las minas antipersonales hacen parte de las estrategias a las que han tenido que acudir para alejarlos de la guerra.
Estas dos regiones han sido históricamente controladas por grupos paramilitares, aunque en la década del 2000 hubo fuerte presencia de las antiguas Farc y el Eln, sobre todo en el Bajo Atrato. Actualmente, las comunidades denuncian que desde el 2005, tras la desmovilización de las antiguas Autodefensas Campesinas de Colombia, comenzaron a llegar las Águilas Negras a su territorio y después se consolidaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Por las carreteras del Urabá es común encontrarse con las siglas Agc marcadas en las paredes.
La razón por la que casi todos los grupos armados han estado en esta región del país es por su cercanía con el Golfo del Urabá, ruta marítima estratégica para el narcotráfico por su comunicación con Panamá. Eso, la agroindustria bananera y la ganadería en casi todo su territorio son las razones que explican la disputa de los grupos armados. Jorge Hugo Jarupa Bailarín, gobernador mayor de nueve comunidades indígenas en el municipio de Turbo, explica que una de las mayores problemáticas es la vinculación de jóvenes a las guerrillas o grupos paramilitares. Aunque reconoce que es imposible dar una cifra de cuántos son los jóvenes reclutados, cree que ahora lo importante es crear estrategias para que no decidan enlistarse: “Lo que más nos preocupa ahora es que tenemos muchas personas con muchas necesidades insatisfechas, buscando la vida fácil, vinculándose a grupos armados porque ellos les ofrecen $1 millón mensuales, y eso es algo que nosotros jamás vamos a poder igualar si no tenemos un programa estable para ellos”.
La Unidad para las Víctimas reportó que, entre 2016 y 2019, en Antioquia se presentaron al menos 49 casos relacionados con la vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes a grupos al margen de la ley. El número, han advertido las organizaciones sociales, no refleja la realidad, pues existe un enorme subregistro y el reclutamiento se desbordó en la pandemia. La mayoría de las víctimas, según la entidad, eran menores de edad del pueblo indígena zenú. El gobernador Jarupa advierte que, aunque han denunciado la presencia de actores armados en territorio ancestral, no ha habido alertas tempranas ni acciones del Gobierno para mitigar este riesgo.
Por eso, desde 2019, creó junto a las comunidades un proyecto de capacitación a jóvenes integrantes de las guardias indígenas, con el fin de incentivar el sentido de pertenencia por sus raíces. “Necesitamos recursos para fortalecer el programa. Lo que se ha hecho, a través de charlas y talleres, es hablar de la importancia de nuestras tradiciones. Aunque a veces luchar contra quienes tienen el dinero fácil es imposible”.
A este problema, Arquímedes Carpio, de la Organización Regional de Consejos y Autoridades del Pueblo Wounaan, añade el elevado número de suicidios de jóvenes indígenas del Chocó durante 2021, según él, “porque la única alternativa que les ofrecen para sobrevivir es sumarse a un grupo armado”. Su organización está consolidando los casos de suicidio de este año. “El patrón que hemos documentado es que lo hacen justo después de haber recibido ofertas (o amenazas) para unirse a los paramilitares. Ante la falta de opciones, se quitan la vida en sus casas”. El caso más reciente que recuerda ocurrió hace tres semanas en un resguardo de Murindó.
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Arquímedes Carpio cuenta que como comunidad indígena acuden a jornadas de medicina ancestral para ayudarles. Sin embargo, afirma que ahora, en medio del recrudecimiento de la violencia, se está saliendo de sus manos: “Ahora estamos en una crisis porque los médicos propios son obligados, en muchos casos, a colaborar con los paramilitares cuando hay combates. Entonces nadie quiere seguir ese camino, apenas tenemos veinte médicos ancestrales en todos los resguardos indígenas del departamento”.
La otra salida a estas problemáticas es la educación. Por eso, a través de jornadas propias y encuentros con los jóvenes, han identificado las temáticas que más llaman su atención, como el manejo y la importancia de un resguardo indígena, el respeto por la autoridad y los principios del gobierno propio ancestral. Pero, aclara, sabe que sus conocimientos tendrán efectos si además están acompañados de alternativas de empleo reales, que sirvan para enfrentar las amenazas de los grupos armados. “Y para eso no tenemos presupuesto nosotros como indígenas”, agrega.
Algo similar están replicando en Riosucio con Yurani. Desde 2012, a través de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), han trabajado en escuelas étnicas y de liderazgo en los territorios de Domingodó, Chicao, La Madre, Montaño, Apartadó, Yalaki, Riociego, Villa Hermosa, El Grito, Quiparadó, La Larga, Pedeguita y Mancilla, así como en Cacarica y las subcuencas de Balsas, La Raya y Perancho. “En la Asociación fomentamos los liderazgos juveniles, sobre todo para ocuparnos como jóvenes en los tiempos libres y disminuir los riesgos de reclutamiento de menores de edad”.
Además de eso, se sumaron al programa de Educación en Riesgo de Minas, iniciativa del Alto Comisionado para la Paz, que le dio vida a una idea que comenzaron a ejecutar desde 2015 en los colegios para prevenir que los niños pisaran minas antipersonales. En ese momento, antes de tener un respaldo institucional, las capacitaciones las hacían en jornadas en las escuelas y puerta a puerta. “Explicábamos en lenguaje muy propio, muy sencillo, qué cuidados debían tener los niños cuando iban al colegio. Que si venían un artefacto llamativo no lo tocaran, que evitaran tomar rutas nuevas, todo para que los niños entendieran la dimensión, pero sin asustarlos”, relata Yurani.
Si bien la metodología de enseñanza hoy no es muy distinta, sí pasan más tiempo en los territorios: “Ya no nos reunimos en escuelas únicamente, sino que tenemos sitios definidos como asociación para estar en los consejos comunitarios o resguardos por varias semanas y eso nos permite trabajar más temas en profundidad”.
Esta iniciativa es, según la lideresa, una de las más importantes y con más vigencia, pues en lo que va del 2021 se han presentado diez fallecimientos de indígenas en resguardos antioqueños y chocoanos por pisar artefactos explosivos, según información de la Organización Indígena de Antioquia.
Además, deben tener más cuidado porque están adelantando un programa de apropiación rural para cultivos de maíz y otros vegetales con los que buscan consolidar huertas comunitarias. “Es apenas una idea, pero se nos ocurrió que si nos tomamos los lugares que sabemos que están libres de riesgo de minas podríamos contribuir a ocupar más esos espacios”. Su lucha es encontrar alternativas propias en las que no deban depender de los gobiernos para ser atendidos y prevenir más casos fatales.
Al respecto, Leyner Palacios, comisionado de la Verdad, señala que estas problemáticas del Urabá y Bajo Atrato se deben entender desde la lógica del racismo histórico que han vivido: “A Colombia le falta materializar el artículo 7 de la Constitución, referente a la diversidad étnica y cultural, y la Ley 70 de 1993, porque el pensar normal del colombiano es que esta gente, por su color de piel o etnia, no merece esos derechos ni esas oportunidades (...) Se ha pensado que es posible descuartizar los cuerpos negros aquí, por ejemplo, porque sencillamente la sociedad no los considera como seres humanos”.
Abdobidio Córdoba Mosquera, consultivo para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, también considera que el racismo estructural ha contribuido a abrir las brechas con la población negra colombiana. “Cuando matan a alguien en estas regiones no solo es grave el hecho de que sean jóvenes, sino que son afros, negros y casi siempre sin formación”, menciona.
Desde 2002, cuando trabajó en la Alcaldía de Medellín, después de salir desplazado de Apartadó (Antioquia), comenzó a formar parte de los Semilleros Infantiles para la Participación, una idea que quiso luego adoptar para enfocarlos no solo a la participación, sino también con el componente de construcción de paz.
“Yo renuncié a la Alcaldía con el gran sueño de ejecutar ese programa. Fui hasta Bogotá para hablar con presidencia, hablé con una amiga que trabajaba en Prosperidad Social, hablé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familia, pero todos me mandaban a presentar la propuesta con la Alcaldía local. Cuando le dije al entonces alcalde de Apartadó, me dijo que no, que el problema de los jóvenes ahí eran los papás y mamás que no les ponían atención”. Aunque han pasado más de diez años, la propuesta de Abdobidio sigue vigente y la ha ido actualizando por las dinámicas de la guerra.
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Semilleros Infantiles para la Participación es un proyecto que busca crear entornos protectores para garantizar el buen uso del tiempo libre de niños y jóvenes de Apartadó. A través de deportes y de programas de paz y reconciliación, espera que al menos 5.000 niños, de seis a trece años, puedan ocuparse en las jornadas extracurriculares y formarse como gestores de paz y participación ciudadana.
Pero no puede emprender esta labor solo, así que también invita a los padres y madres a que acompañen los cursos y aprendan de prevención de vinculación a grupos armados y violencia. “Queremos que las familias participen, por ejemplo, siendo los operadores de los refrigerios o de las actividades con los niños para generar ingresos a las familias e involucrarlos de todo el proceso”, dice Abdobidio.
Ahora los líderes y lideresas se acercan a la justicia transicional para lanzar, una vez más, un grito de auxilio al Estado . Desde este escenario, el comisionado Leyner Palacios asegura que en el informe final, que emitirán en noviembre de este año, harán recomendaciones con enfoques diferenciales, para que en estas zonas de Antioquia y Chocó no se repita la violencia y estas estrategias sean reconocidas y tenidas en cuenta.
