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Todos en Cali sueñan con una ciudad diferente, especialmente tras ser una de las capitales donde con más fuerza se sintió el paro nacional de 2021.
Entre abril y julio del año pasado los ojos del país se volcaron hacia la capital del Valle del Cauca por ser la ciudad que más registró hechos violentos durante esas protestas, con 45 de las 80 muertes registradas por Indepaz en todo el país. Eso sumado a las denuncias de ataques discriminatorios contra la minga indígena, los enfrentamientos entre civiles armados protegiendo sus propiedades y manifestantes dispuestos a morir por sus reclamos.
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Hoy, luego de más de seis meses de las movilizaciones y del ataque del pasado 7 de enero contra un camión del Esmad por parte del Eln, que dejó 15 uniformados heridos y que agudizó la estigmatización contra la protesta social, la sensación de los caleños sigue siendo de tensión, porque persisten las causas que desencadenaron el estallido y siguen vivas las cicatrices del paro. Eso sin dejar de lado el panorama electoral que se le avecina a todo el país.
Por eso, líderes sociales, jóvenes, empresarios e instituciones coinciden en que la gran lección del paro nacional es que debe haber un diálogo social y mecanismos democráticos para construir las transformaciones necesarias y que nunca más se llegue a la violencia.
La conclusión se dio este miércoles durante el encuentro “¿Qué nos dejó el paro nacional en Cali?” Los jóvenes sueñan una ciudad diferente, organizado por Colombia+20, en alianza con la Embajada de Alemania en Colombia y con apoyo de Telepacífico y la Universidad Icesi.
Todos los panelistas rechazaron la violencia, pero reconocieron que esta no se dio de manera fortuita. Diana Rojas, concejal por el Partido Liberal, explicó que justo en estos lugares se presentan las mayores necesidades. “El mapa de los puntos de resistencia coincide con los de más alta tasa de desempleo, los más altos niveles de pobreza y con las zonas más violentas de la ciudad. Y eso es importante reconocerlo, porque es ahí a donde la administración debe llegar”, explicó.
Justamente por eso, Elizabeth Sánchez, lideresa de la Comuna 15, quien ha trabajado durante 13 años con jóvenes vulnerables y acompañó a los manifestantes de Puerto Resistencia (antes Puerto Rellena), cuestionó por qué se atendieron los reclamos únicamente cuando estos se hicieron de manera violenta y no antes: “Los muchachos ya habían hecho manifestaciones artísticas pintaditos, cantando y bailando, pero estamos en un país en el que han esperado lo más violento para que escuchen. Donde no hubiera habido violencia, ¿ustedes creen que los habrían escuchado?”, afirma.
Ese mismo cuestionamiento lo manifestó María Isabel Ulloa, presidenta de Propacífico, una organización que reúne a 42 empresas privadas de la región. “No debería ser lógico que tenga que haber muertos para que las cosas cambien Debe haber mecanismos democráticos para que esos jóvenes no sientan que tienen que hacer esas cosas”, señaló y celebró que estos espacios de escucha se estén empezando a dar.
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Dos ejemplos de participación juvenil son Gabriela Posso y Nicolás Avendaño, presidenta y secretario del Consejo Municipal de Juventud de Cali. Ambos fueron panelistas del evento y aseguraron que uno de los legados positivos del paro nacional fue que despertó mayor interés en los jóvenes en la participación política.
Posso llegó al Consejo por la lista Unidad Popular Cali en Resistencia, que agrupa miembros de la primera línea, campesinos, feministas y estudiantes, y, según ella, es una muestra de “cómo los jóvenes pueden acabar con la apatía en términos políticos” y “pasar de la movilización a las urnas con la intención de construir política pública de juventud”.
Precisamente por esto, para Elizabeth Sánchez el paro nacional representó un antes y un después: “Antes había una ciudad dormida y ahora hay una ciudad totalmente despierta. Unos jóvenes que no pensaban en nada y ahora están pensando en política, que saben cuáles son sus leyes, que saben hablar y que no se quedan callados”.
Ese grito de resistencia, sin embargo, continúa significando amenazas para algunos. En el encuentro también participó Álvaro Herrera, activista y músico de la Universidad del Valle, recordado porque fue capturado ilegalmente en el paro de abril de 2021 y llevado a un CAI de Ciudad Jardín donde fue obligado a decir que era un vándalo, según denunció. Herrera no asistió presencialmente al evento porque tuvo que salir del país el martes 1° de febrero debido a que él y su familia han sido víctimas de amenazas, interceptaciones y seguimientos. “De Cali espero que podamos limar asperezas. No tiene por qué ser una ciudad donde pensar diferente nos ponga en una tumba”, dijo en un video, concluyendo el deseo de todos: que pueda haber un diálogo en el que quepan todos .
Un diálogo en el que quepan todos
“¿Cómo se va a sanar el pueblo? Escuchándolo y dándole el remedio que necesita”, respondió Elizabeth Sánchez cuando le preguntaron por propuestas para el cambio.
Y llamó la atención sobre el común denominador en el marco de las protestas: la estigmatización. “Los de camisas blancas y Ciudad Jardín son sicarios y paramilitares y los La Loma y el Distrito de Aguablanca son bandidos”, resumió. Por eso, coincidieron todos los participantes, lo que debe darse es “un diálogo para reconciliar esos extremos e impedir que la violencia los consuma, para reconstruir el tejido social”, como lo señaló Nicolás Avendaño.
María Isabel Ulloa, de Propacífico, aseguró que los empresarios ya iniciaron ese proceso de escucha con Compromiso Valle, una iniciativa que nació tras el paro nacional y ha beneficiado a más de 20 mil personas con oportunidades académicas y laborales. “Los empresarios de todos los tamaños se volcaron a las calles para dialogar y se preguntaban ‘¿por qué tanto odio contra nosotros?’. Ese proceso de escucha ayudó a decir: ``tenemos que irnos a la acción’”, contó Ulloa.
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La concejal Diana Rojas, por su parte, insistió en que las entidades deben participar en ese diálogo, pues “hay mucha responsabilidad del gobierno local en los problemas que tiene la ciudad” y debe hacerse un esfuerzo para que “la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones”. Al respecto, Ulloa añadió que ha hecho falta un buen manejo de la gestión pública para desarrollar esos cambios. “No solo hemos tenido gobiernos corruptos sino gobiernos ineptos que no hacen que las cosas pasen y las cosas tienen que pasar”, sentenció.
El intendente Rubén Darío Valencia, coordinador del programa de Pandillas y Barras en Cali de la Policía de Cali, aseguró que esta falta de gestión también se ha evidenciado en el corto plazo con que se piensan los proyectos locales. “Hemos visto que se hacen proyectos, a medias, y no se hacen procesos. Cuando se hacen procesos, los jóvenes tienen proyectos de vida y tienen logros, pero cuando se hace un proyecto de un año o seis meses y lo cortas por capricho o por línea política, se generan inconformismos”, explicó.