Las medidas del Estado para proteger a los líderes sociales

La reunión ayer de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad comenzó con un minuto de silencio en memoria de los más de 50 líderes asesinados en lo que va corrido del año. Y aunque aún no hay una coordinación entre las distintas entidades y organizaciones a la hora de presentar cifras exactas, la única realidad es que los están matando. Según la Defensoría del Pueblo, van 311 homicidios desde enero de 2016 al 30 de junio de 2018, número que no coincide con el que tiene la Fiscalía General de la Nación, que indica que en la misma fecha se registraron 181 casos.

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Pero a cualquiera de esas dos cifras se deben sumar los crímenes perpetrados en la primera semana de este mes: los de Luis Cuartos Barrios, en Atlántico; de Santa Felicinda Santamaría, en Chocó; de Margarita Estupiñán, en Nariño; y de Ana María Cortés, en Antioquia. “No vamos a permitir que los avances que hemos logrado se vean amenazados por la acción criminal de quienes pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia que los colombianos hemos decidido dejar atrás”, dijo, al término de la reunión de la Comisión, el presidente Juan Manuel Santos.

Fue un encuentro que duró cerca de cuatro horas, en la Casa de Nariño, a donde asistieron los encargados de las más importantes entidades estatales, representantes de organizaciones independientes, expertos y voceros de las comunidades afectadas por esta preocupante ola de violencia. Como era previsible, el primer llamado de Santos fue el de la urgencia de unificar las cifras, con el objetivo de responder de manera más eficiente a lo que viene ocurriendo. “La prevención siempre es una política más eficaz que cualquier otra y por eso tenemos que hacer un mejor esfuerzo”, señaló el primer mandatario, y anunció las decisiones que se comenzarán a implementar de manera inmediata.

Al programa de medidas colectivas de seguridad fueron agregados seis municipios más, ubicados en las regiones donde se viene registrando un incremento en las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos: Corinto (Cauca), Cáceres y El Bagre (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó) y Tame (Arauca). Adicionalmente, se pondrá en marcha el Plan Urgente de Intervención, cuya fase inicial será por 30 días, en las zonas más afectadas por estos hechos, que son, además de los ya señalados, Norte de Santander, Risaralda, Nariño y Córdoba.

El ‘Plan Horus’ del Ejército Nacional, que consiste en intensificar la presencia territorial en las antiguas zonas de conflicto, tendrá un ingrediente adicional, que será el de priorizar el componente de seguridad a líderes sociales. Y entrarán en funcionamiento las Unidades Básicas de Protección, a cargo del Ministerio de Defensa, para desarrollar esquemas colectivos de seguridad. En términos institucionales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibirá más recursos de parte del Gobierno para ampliar los esquemas individuales y la medida irá de la mano de la creación de una ventanilla única de denuncia, liderada por el Ministerio del Interior, para recibir información oportuna sobre amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Adicionalmente, habrá un sistema de recompensas por la información que permita identificar a los responsables de los atentados contra esta población. Según el presidente Santos, se han identificado algunos actores perpetradores de estos crímenes, como el Clan del Golfo, el Eln, las disidencias de las Farc y particulares con orígenes de diferente índole. De los 181 casos reportados por la Fiscalía, 89 ya están esclarecidos, en 21 hay imputaciones, 39 están en etapa de juicio, se han producido 18 sentencias y han sido capturadas 168 personas.

La preocupación del presidente Santos, no obstante, escaló hasta el interior de las propias Fuerzas Armadas. Desde la semana pasada, como comandante en jefe, envió inspectores a la Policía y al Ejército para supervisar qué está ocurriendo con la defensa a los líderes sociales. El primer mandatario se mostró preocupado por cuenta de las mafias y la corrupción que, según dijo, está cooptando a la institución en varias regiones del país. Y en ese sentido, anunció que esa supervisión irá acompañada de la mano de la Procuraduría.

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“Quiero reiterar mi compromiso, el del Gobierno y el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los grupos y de las comunidades en riesgo. No están solos, estamos pendientes de trabajar con ustedes, y no vamos a permitir que los violentos sigan manchando este proceso de paz. Los asesinos no pasarán”, prometió el jefe de Estado.

La herramienta legal adicional con la que cuentan ahora las autoridades judiciales es la creación de un nuevo delito en el Código Penal, que castigará con cárcel la sola amenaza contra cualquier miembro de esta población. Lo importante es, como lo advirtió Santos, redirigir la estrategia hacia la prevención y garantizarle a todo un país su derecho a vivir en paz.

La reunión ayer de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad comenzó con un minuto de silencio en memoria de los más de 50 líderes asesinados en lo que va corrido del año. Y aunque aún no hay una coordinación entre las distintas entidades y organizaciones a la hora de presentar cifras exactas, la única realidad es que los están matando. Según la Defensoría del Pueblo, van 311 homicidios desde enero de 2016 al 30 de junio de 2018, número que no coincide con el que tiene la Fiscalía General de la Nación, que indica que en la misma fecha se registraron 181 casos.

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Pero a cualquiera de esas dos cifras se deben sumar los crímenes perpetrados en la primera semana de este mes: los de Luis Cuartos Barrios, en Atlántico; de Santa Felicinda Santamaría, en Chocó; de Margarita Estupiñán, en Nariño; y de Ana María Cortés, en Antioquia. “No vamos a permitir que los avances que hemos logrado se vean amenazados por la acción criminal de quienes pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia que los colombianos hemos decidido dejar atrás”, dijo, al término de la reunión de la Comisión, el presidente Juan Manuel Santos.

Fue un encuentro que duró cerca de cuatro horas, en la Casa de Nariño, a donde asistieron los encargados de las más importantes entidades estatales, representantes de organizaciones independientes, expertos y voceros de las comunidades afectadas por esta preocupante ola de violencia. Como era previsible, el primer llamado de Santos fue el de la urgencia de unificar las cifras, con el objetivo de responder de manera más eficiente a lo que viene ocurriendo. “La prevención siempre es una política más eficaz que cualquier otra y por eso tenemos que hacer un mejor esfuerzo”, señaló el primer mandatario, y anunció las decisiones que se comenzarán a implementar de manera inmediata.

Al programa de medidas colectivas de seguridad fueron agregados seis municipios más, ubicados en las regiones donde se viene registrando un incremento en las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos: Corinto (Cauca), Cáceres y El Bagre (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó) y Tame (Arauca). Adicionalmente, se pondrá en marcha el Plan Urgente de Intervención, cuya fase inicial será por 30 días, en las zonas más afectadas por estos hechos, que son, además de los ya señalados, Norte de Santander, Risaralda, Nariño y Córdoba.

El ‘Plan Horus’ del Ejército Nacional, que consiste en intensificar la presencia territorial en las antiguas zonas de conflicto, tendrá un ingrediente adicional, que será el de priorizar el componente de seguridad a líderes sociales. Y entrarán en funcionamiento las Unidades Básicas de Protección, a cargo del Ministerio de Defensa, para desarrollar esquemas colectivos de seguridad. En términos institucionales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibirá más recursos de parte del Gobierno para ampliar los esquemas individuales y la medida irá de la mano de la creación de una ventanilla única de denuncia, liderada por el Ministerio del Interior, para recibir información oportuna sobre amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Adicionalmente, habrá un sistema de recompensas por la información que permita identificar a los responsables de los atentados contra esta población. Según el presidente Santos, se han identificado algunos actores perpetradores de estos crímenes, como el Clan del Golfo, el Eln, las disidencias de las Farc y particulares con orígenes de diferente índole. De los 181 casos reportados por la Fiscalía, 89 ya están esclarecidos, en 21 hay imputaciones, 39 están en etapa de juicio, se han producido 18 sentencias y han sido capturadas 168 personas.

La preocupación del presidente Santos, no obstante, escaló hasta el interior de las propias Fuerzas Armadas. Desde la semana pasada, como comandante en jefe, envió inspectores a la Policía y al Ejército para supervisar qué está ocurriendo con la defensa a los líderes sociales. El primer mandatario se mostró preocupado por cuenta de las mafias y la corrupción que, según dijo, está cooptando a la institución en varias regiones del país. Y en ese sentido, anunció que esa supervisión irá acompañada de la mano de la Procuraduría.

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“Quiero reiterar mi compromiso, el del Gobierno y el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los grupos y de las comunidades en riesgo. No están solos, estamos pendientes de trabajar con ustedes, y no vamos a permitir que los violentos sigan manchando este proceso de paz. Los asesinos no pasarán”, prometió el jefe de Estado.

La herramienta legal adicional con la que cuentan ahora las autoridades judiciales es la creación de un nuevo delito en el Código Penal, que castigará con cárcel la sola amenaza contra cualquier miembro de esta población. Lo importante es, como lo advirtió Santos, redirigir la estrategia hacia la prevención y garantizarle a todo un país su derecho a vivir en paz.