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Los gritos se escuchaban al unísono frente a la fila interminable de camiones, tractomulas, buses y carros particulares. Cubriendo su rostro con pañoletas amarillas y verdes con la frase “nos están matando” estampada, cientos de pobladores del nororiente colombiano arengaban exigiéndole al presidente Gustavo Petro soluciones urgentes a la crisis de violencia que enfrentan sus territorios.
En el pavimento, en la mitad de la Ruta del Sol, pusieron los retratos de 17 líderes sociales asesinados en los últimos años rodeados de margaritas y semillas. Encendieron dos veladoras en torno a ellos. Una ofrenda para recordar a Narciso Beleño, Jorge Tafur, Teófilo Acuña, Tulia Carrillo y tantos otros hombres y mujeres que pagaron con su vida el precio de defender el territorio y denunciar lo que allí sucede. Una ofrenda, también, para decirle al Estado que debe detener el desangre del movimiento social.
Fueron tres días de protestas pacíficas en el sur del Cesar, Cauca y Bogotá, donde se movilizaron unos 4.000 miembros de organizaciones campesinas, étnicas y ciudadanas adscritas al Congreso de los Pueblos. Son colectivos de base que apoyaron la elección del presidente Petro, pero decidieron salir a las calles ante los incumplimientos y la emergencia humanitaria.
“Seguimos respaldando al Gobierno, pero también somos críticos por la falta de garantías de seguridad que enfrentamos y por la avanzada paramilitar en nuestros territorios. Veníamos alertando esto desde hace más de un año y medio, tuvimos espacios de diálogo, se hicieron compromisos, pero no se cumplieron, por eso nos vimos obligados a tomar las vías de hecho”, contó una lideresa del nordeste antioqueño durante el bloqueo a la Ruta del Sol —que conecta al interior del país con la costa Caribe—, donde estuvo el equipo periodístico de Colombia+20.
Ese sitio del sur del Cesar, entre los municipios de Pelaya y Pailitas, se convirtió en el mayor punto de concentración de la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios. Hasta allí llegaron casi 3.000 habitantes de regiones como el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño y la zona sur de los departamentos de Bolívar y Cesar, donde en los últimos años se ha expandido el control del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC).
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El apoyo al presidente Petro no es irrestricto
El pliego de peticiones de la movilización planteó temas como el cambio de la doctrina de seguridad nacional, el desmonte del paramilitarismo, mecanismos urgentes de protección y autoprotección, un plan inicial de reparación integral y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el paro de La Lizama, Santander y otros espacios en Chocó, Arauca y Cauca.
Tras un cierre total de más de 30 horas en la Ruta del Sol, el miércoles por la noche los delegados del Congreso de los Pueblos y el Ministerio del Interior llegaron a un acuerdo preliminar para instalar una mesa de diálogo permanente, con lo que se levantó el bloqueo de esta vía, el de la Panamericana (en Rosas, Cauca) y la toma de la Nunciatura Apostólica, en Bogotá.
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“Decidimos levantar los bloqueos porque el debate que planteamos sobre el desmonte del paramilitarismo y el cambio de doctrina durará mucho tiempo, incluso más del que le queda a este Gobierno. Con la mesa permanente instalada, ya estamos avanzando en metodologías y en una ruta, pero no renunciamos a ir a las calles de nuevo si se repiten los incumplimientos, porque la centralidad de esto es atender a la situación humanitaria y defender la vida”, le dijo a Colombia+20 Adelso Gallo, vocero del Congreso de los Pueblos.
Al margen de la disolución de la movilización, la jornada de protestas marca uno de los principales llamados de atención que Petro ha recibido por parte de sus bases, y deja en claro que la población no está dispuesta a callar ante la falta de acciones y el desangre de sus liderazgos y procesos.
“El mensaje al gobierno y a quienes lo acompañan es que tienen que escuchar la voz de las comunidades, tenerlas en cuenta. El bloque popular es el último que respalda sus iniciativas, porque nosotros apostamos y creímos en este proyecto. El presidente debe responder y plantear acciones eficaces y eficientes en los territorios que se materialicen para evitar la muerte”, aseguró una de las lideresas del paro.
El exterminio del liderazgo social en el nororiente: más de 350 víctimas desde 2016
Aunque algunos sectores cuestionaron el papel del Congreso de los Pueblos (que en los últimos cuatro años ha sufrido el asesinato de 38 de sus miembros), la movilización va mucho más allá de la pertenencia a una u otra organización, pues la escalada violenta ha afectado a toda la población.
De acuerdo con el mecanismo de monitoreo de la JEP, solo en Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, Magdalena y Norte de Santander (de donde provienen los manifestantes de la Ruta del Sol) se han registrado al menos 1.185 eventos de conflicto armado y 359 asesinatos de líderes sociales en los últimos siete años.
Pese a que se esperaba que la situación humanitaria mejorara con la llegada del gobierno Petro, no fue así. En los 22 meses que lleva la actual administración se han presentado 313 eventos y 88 homicidios de líderes.
Uno de los casos más recientes, que aceleró la movilización, fue el de Narciso Beleño, histórico líder social agrominero del sur de Bolívar asesinado el 21 de abril en Santa Rosa del Sur, a escasos 90 kilometros del lugar de la protesta. Narciso hacía parte del Comité Nacional de Participación, instancia para que la sociedad civil se involucre en el proceso de paz que el Gobierno lleva con el ELN. En ese y otros espacios, denunció la avanzada del Clan del Golfo en la región.
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“Narciso era un profesor para muchos líderes. Insistió en que teníamos que exponer lo que pasaba y por eso fueron hasta su casa, lo buscaron y lo mataron. Va a ser muy difícil reponernos de su pérdida”, dijo un defensor de derechos humanos del sur de Bolívar.
Por ese y otros hechos de violencia, ninguno de los manifestantes se atrevió a exponer su identidad durante la movilización.
“Hemos tenido que llorar las muertes de compañeros, que se han quedado en la impunidad. Nuestro temor es que los paramilitares sigan desplazándonos, vaciando el territorio para que no haya tejido social y puedan quedarse con el control de estas zonas, ricas en oro y otros minerales. Necesitamos que el Gobierno actúe para evitar eso”, aseguró una lideresa de la región de los dos ríos (el Cauca y el Magdalena).
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Un año y medio de incumplimiento en acuerdos de La Lizama
El principal antecedente de la movilización social que se llevó a cabo esta semana se presentó a finales de enero de 2023 en el sector de La Lizama, en Barrancabermeja, Santander. En esa ocasión, cientos de líderes sociales del nororiente del país hicieron un paro y le expusieron al Gobierno un pliego de peticiones bastante similar al que se está negociando actualmente. “Ese antecedente fue una cuestión inoperante. Se dialogó con el Ministerio del Interior, se instaló una mesa de concertación, pero ni siquiera se hizo un primer encuentro con las autoridades e instituciones acordadas. Ante ese incumplimiento y tras un año y medio, decidimos movilizarnos nuevamente”, cuenta Adelso Gallo, vocero del Congreso de los Pueblos.
Gallo y los otros cuatro líderes de esa plataforma programaron reuniones con el Ministerio para la próxima semana, para debatir los puntos del pliego de peticiones y buscar soluciones a la crisis. De la efectividad de esta negociación depende no solo la vida y tranquilidad de miles de comunidades, sino parte del apoyo social que cada vez le cuesta más sostener al presidente Petro.
*Este artículo fue realizado en el marco de una misión de prensa convocada por la Asociación Minga.
