Las razones detrás del homicidio de desmovilizados de las Farc, según la FIP
En el último año y medio, 50 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc han sido asesinados. ¿Qué está pasando con su seguridad y la de sus familias? Análisis de la Fundación Ideas para la Paz.
Fundación Ideas para la Paz
A través de un cuidadoso seguimiento de prensa en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, desde enero de 2017, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha identificado 50 homicidios de personas que pertenecían a la guerrilla de las Farc. En los primeros seis meses de 2018, el número de homicidios de desmovilizados (24) casi alcanza la cifra total registrada durante todo el 2017 (26), una clara advertencia de que el problema se está intensificando.
El asesinato de desmovilizados se concentra en ciertos territorios. La mayoría de los casos se han presentado en Nariño (17), Antioquia (13) y Cauca (9). Llama la atención que el 50% de las víctimas fueron asesinadas en seis municipios: en Ituango y Peque, en Antioquia, y en El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte, en Nariño.
También es importante señalar que el 46% de los asesinatos se dieron en zonas rurales y el 36% ocurrieron en municipios donde hay Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr). Como lo ha señalado la Misión de Naciones Unidas, los ETCR con mayores problemas de seguridad son aquellos que están ubicados en corredores históricos del tráfico de drogas.
(Lea también: ¿Cómo van a proteger a los excombatientes de las Farc?)
Si se tiene en cuenta a los excombatientes que se han desmovilizado en los últimos 14 años, incluyendo aquellos que lo hicieron individualmente o como parte de un proceso colectivo, las Farc son el segundo grupo con el mayor número de asesinatos, después de las autodefensas. Entre 2004 y marzo de 2018, 2.001 desmovilizados de las AUC fueron víctimas de homicidio, mientras que, en el caso de la Farc, se han registrado 574 casos.
Esta comparación hay que tomarla con cautela, ya que mezcla dos tipos de desmovilización, cuyas dinámicas y niveles de riesgo son distintos. Sin embargo, la gráfica muestra que el asesinato de desmovilizados no es nuevo y que aún no presenta las magnitudes en términos de violencia letal que tuvieron procesos anteriores.
Homicidios de desmovilizados por grupo en condición colectiva e individual
(2007 al 31 de marzo de 2018)
Fuente: Elaboración propia basada en información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
Sobre los autores de los homicidios de desmovilizados de las Farc registrados en el último año y medio, hay que decir que el 68% fueron perpetrados por desconocidos, el 14% por disidencias de las Farc y el 8% por el ELN. Un dato revelador es que el 90% de los casos ocurrieron en zonas con presencia de las disidencias de las Farc, lo que no sugiere una causalidad, pero sí brinda información clave sobre el contexto en el cual se presentan: territorios donde el desarme de las Farc dejó vacíos de regulación que han sido llenados por viejos y nuevos actores armados ilegales.
Por ahora, no hay claridad sobre las motivaciones e intereses que hay detrás de estos homicidios, pero el seguimiento regional realizado por la FIP a la implementación de las Garantías de Seguridad contenidas en el Acuerdo, nos permite identificar cinco dinámicas que pueden influir en la seguridad de los ex miembros de las FARC y sus familias. También da luces sobre lo que podría venir en el futuro próximo.
Primero, el proceso de reincorporación de gran parte de los excombatientes de las Farc se da en un entorno donde hacen presencia múltiples actores armados ilegales. Estos grupos se disputan el control del territorio y de distintas economías ilegales, lo cual es un desafío para la seguridad de los desmovilizados. En este contexto, ellos se convierten en objetivo de reclutamiento por su experiencia militar y conocimiento del terreno. Las presiones se dan a través de amenazas y asesinatos, que incluyen a su círculo familiar.
Segundo, los rezagos en el proceso de reincorporación y los incumplimientos por parte del gobierno nacional, han generado incertidumbre en los desmovilizados. En el trasfondo de este proceso se encuentra la tensión entre apostarle a un proceso colectivo que preserve la cohesión y los liderazgos de las Farc, o, inclinarse por la reinserción individual y la desarticulación de la organización. Esta situación ha influido en la salida de desmovilizados de las Etcr y en su dispersión.
(Lea también: Excombatientes de las Farc, el temor al exterminio)
Tercero, el riesgo varía de acuerdo al tipo de desmovilizado y al lugar donde realiza su proceso de reincorporación a la vida civil. Las dificultades para protegerlos se acentúan en el nivel local, especialmente cuando deciden salir del perímetro establecido para los Etcr. Como lo ha señalado la Misión de las Naciones Unidas, el surgimiento de nuevos asentamientos colectivos, algunos de ellos en zonas rurales donde las Farc hicieron presencia antes del desarme y otros en entornos urbanos, también dificulta el desarrollo de medidas de protección para esta población.Cuarto, en algunas zonas del país se han presentado casos de desmovilizados que han ejercido un liderazgo negativo provocando fracturas al interior de la organización y sus bases políticas. Esto ha generado luchas por el control de organizaciones sociales que sirven como plataforma política del partido de las Farc. Una dinámica que se expresa con mayor intensidad en medio de la contienda electoral.
Quinto, el proceso de desmovilización ha dejado asuntos no resueltos entre las Farc y otros actores legales e ilegales que continúan vigentes. Es el caso del ELN en Arauca. Esta situación puede poner en riesgo la seguridad de los reincorporados, principalmente de comandantes que lideraron acciones concretas de las Farc en el pasado.
No hay una explicación única para los homicidios de los desmovilizados de las Farc. Es un error simplificar el problema a la conexión entre hechos y a la participación de exmiembros de esta guerrilla en actividades ilegales. La experiencia de procesos anteriores y lo ocurrido tras el desarme de las Farc, muestra que los asesinatos deben ser leídos en un contexto más amplio: vacíos de regulación, presencia de actores armados ilegales, tensiones y fracturas internas, así como la falta de capacidad del Estado para proveer seguridad y justicia en amplias zonas del país.
Retroceder en la implementación del Acuerdo podría agravar esta situación. Por eso el nuevo gobierno no debe echar para atrás lo que se ha venido haciendo, sino hacer los ajustes necesarios para dar más certezas a los desmovilizados y brindarles garantías de seguridad no solo a ellos sino a sus familias y a las comunidades.
*Este análisis fue escrito por Juan Carlos Garzón, Andrés Cajiao y Ángela María Silva, investigadores de la Fundación Ideas para la Paz.
A través de un cuidadoso seguimiento de prensa en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, desde enero de 2017, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha identificado 50 homicidios de personas que pertenecían a la guerrilla de las Farc. En los primeros seis meses de 2018, el número de homicidios de desmovilizados (24) casi alcanza la cifra total registrada durante todo el 2017 (26), una clara advertencia de que el problema se está intensificando.
El asesinato de desmovilizados se concentra en ciertos territorios. La mayoría de los casos se han presentado en Nariño (17), Antioquia (13) y Cauca (9). Llama la atención que el 50% de las víctimas fueron asesinadas en seis municipios: en Ituango y Peque, en Antioquia, y en El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte, en Nariño.
También es importante señalar que el 46% de los asesinatos se dieron en zonas rurales y el 36% ocurrieron en municipios donde hay Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr). Como lo ha señalado la Misión de Naciones Unidas, los ETCR con mayores problemas de seguridad son aquellos que están ubicados en corredores históricos del tráfico de drogas.
(Lea también: ¿Cómo van a proteger a los excombatientes de las Farc?)
Si se tiene en cuenta a los excombatientes que se han desmovilizado en los últimos 14 años, incluyendo aquellos que lo hicieron individualmente o como parte de un proceso colectivo, las Farc son el segundo grupo con el mayor número de asesinatos, después de las autodefensas. Entre 2004 y marzo de 2018, 2.001 desmovilizados de las AUC fueron víctimas de homicidio, mientras que, en el caso de la Farc, se han registrado 574 casos.
Esta comparación hay que tomarla con cautela, ya que mezcla dos tipos de desmovilización, cuyas dinámicas y niveles de riesgo son distintos. Sin embargo, la gráfica muestra que el asesinato de desmovilizados no es nuevo y que aún no presenta las magnitudes en términos de violencia letal que tuvieron procesos anteriores.
Homicidios de desmovilizados por grupo en condición colectiva e individual
(2007 al 31 de marzo de 2018)
Fuente: Elaboración propia basada en información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
Sobre los autores de los homicidios de desmovilizados de las Farc registrados en el último año y medio, hay que decir que el 68% fueron perpetrados por desconocidos, el 14% por disidencias de las Farc y el 8% por el ELN. Un dato revelador es que el 90% de los casos ocurrieron en zonas con presencia de las disidencias de las Farc, lo que no sugiere una causalidad, pero sí brinda información clave sobre el contexto en el cual se presentan: territorios donde el desarme de las Farc dejó vacíos de regulación que han sido llenados por viejos y nuevos actores armados ilegales.
Por ahora, no hay claridad sobre las motivaciones e intereses que hay detrás de estos homicidios, pero el seguimiento regional realizado por la FIP a la implementación de las Garantías de Seguridad contenidas en el Acuerdo, nos permite identificar cinco dinámicas que pueden influir en la seguridad de los ex miembros de las FARC y sus familias. También da luces sobre lo que podría venir en el futuro próximo.
Primero, el proceso de reincorporación de gran parte de los excombatientes de las Farc se da en un entorno donde hacen presencia múltiples actores armados ilegales. Estos grupos se disputan el control del territorio y de distintas economías ilegales, lo cual es un desafío para la seguridad de los desmovilizados. En este contexto, ellos se convierten en objetivo de reclutamiento por su experiencia militar y conocimiento del terreno. Las presiones se dan a través de amenazas y asesinatos, que incluyen a su círculo familiar.
Segundo, los rezagos en el proceso de reincorporación y los incumplimientos por parte del gobierno nacional, han generado incertidumbre en los desmovilizados. En el trasfondo de este proceso se encuentra la tensión entre apostarle a un proceso colectivo que preserve la cohesión y los liderazgos de las Farc, o, inclinarse por la reinserción individual y la desarticulación de la organización. Esta situación ha influido en la salida de desmovilizados de las Etcr y en su dispersión.
(Lea también: Excombatientes de las Farc, el temor al exterminio)
Tercero, el riesgo varía de acuerdo al tipo de desmovilizado y al lugar donde realiza su proceso de reincorporación a la vida civil. Las dificultades para protegerlos se acentúan en el nivel local, especialmente cuando deciden salir del perímetro establecido para los Etcr. Como lo ha señalado la Misión de las Naciones Unidas, el surgimiento de nuevos asentamientos colectivos, algunos de ellos en zonas rurales donde las Farc hicieron presencia antes del desarme y otros en entornos urbanos, también dificulta el desarrollo de medidas de protección para esta población.Cuarto, en algunas zonas del país se han presentado casos de desmovilizados que han ejercido un liderazgo negativo provocando fracturas al interior de la organización y sus bases políticas. Esto ha generado luchas por el control de organizaciones sociales que sirven como plataforma política del partido de las Farc. Una dinámica que se expresa con mayor intensidad en medio de la contienda electoral.
Quinto, el proceso de desmovilización ha dejado asuntos no resueltos entre las Farc y otros actores legales e ilegales que continúan vigentes. Es el caso del ELN en Arauca. Esta situación puede poner en riesgo la seguridad de los reincorporados, principalmente de comandantes que lideraron acciones concretas de las Farc en el pasado.
No hay una explicación única para los homicidios de los desmovilizados de las Farc. Es un error simplificar el problema a la conexión entre hechos y a la participación de exmiembros de esta guerrilla en actividades ilegales. La experiencia de procesos anteriores y lo ocurrido tras el desarme de las Farc, muestra que los asesinatos deben ser leídos en un contexto más amplio: vacíos de regulación, presencia de actores armados ilegales, tensiones y fracturas internas, así como la falta de capacidad del Estado para proveer seguridad y justicia en amplias zonas del país.
Retroceder en la implementación del Acuerdo podría agravar esta situación. Por eso el nuevo gobierno no debe echar para atrás lo que se ha venido haciendo, sino hacer los ajustes necesarios para dar más certezas a los desmovilizados y brindarles garantías de seguridad no solo a ellos sino a sus familias y a las comunidades.
*Este análisis fue escrito por Juan Carlos Garzón, Andrés Cajiao y Ángela María Silva, investigadores de la Fundación Ideas para la Paz.