Las tensiones entre indígenas del Cauca y cocaleros por la minga hacia adentro

El asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña del resguardo La Laguna Siberia, en Caldono (Cauca), fue el detonante para que las autoridades tradicionales reunidas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) reafirmaran que debían hacer una limpieza de sus territorios ancestrales. Una minga hacia adentro, como los pueblos del Cauca la denominan. Sin embargo, el jueves ese ejercicio de control territorial fue interrumpido por las balas que recibieron los mingueros cuando se disponían a arrancar las matas de coca en el sector de El Caimito, corregimiento El Pescador. El saldo: 29 indígenas heridos entre guardias, comuneros y una autoridad ancestral; y 32 detenidos por las agresiones, en manos hoy de la justicia indígena. Igualmente, un campesino, Absalón Collazos, murió en medio de las confrontaciones.

Contexto: Guardia indígena fue atacada por grupo armado en Caldono, Cauca

En medio de los ataques, un pronunciamiento llamó la atención: el de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que agrupa a esa población en el país. En ese comunicado, rechazaron “algunas manifestaciones que señalan a la Coccam Caldono de ser la responsable del homicidio (de la gobernadora)”. Igualmente, aseguraron que esas manifestaciones ponen en riesgo la integridad y la vida de los miembros de esa instancia.

William Orozco, directivo de la Coccam en el Cauca, le dijo a este diario que los señalamientos de parte de algunos comuneros indígenas hacia esa coordinadora fueron pronunciados en emisoras comunitarias de Caldono y que circularon también por redes sociales.

¿Por qué algunos comuneros señalaron a la Coccam del homicidio de la gobernadora? Carlos Imbachi, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, explica que, en medio del dolor y la rabia, algunos pudieron considerar que esa coordinadora está en contra de la erradicación manual de la coca que venía liderando Sandra Liliana Peña en el territorio Sa’th Tama Kiwe, en Caldono. “Ellos afirman que los grandes cultivos de coca han motivado las violencias y como la gobernadora venía trabajando en su erradicación, de pronto algunos piensan que la Coccam, en vez de evitar, está es animando esos cultivos. Pero esa no es la posición del CRIC”, aclaró Imbachi.

En el mismo sentido habló Ferley Quintero, uno de los nueve consejeros mayores del CRIC. “Nosotros no hemos señalado a nadie en este momento. Lo que sí es cierto es que en el control territorial al que fuimos los mingueros, fuimos recibidos a bala. Uno no sabe si son los propios cultivadores o son grupos armados ilegales ligados al narcotráfico, pero eso fue lo que pasó cuando estábamos haciendo la operación”, reclamó la autoridad del pueblo yanacona.

En los operativos de la guardia indígena en los ataques fueron incautadas prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y armas de fuego de largo alcance que para el pueblo indígena demuestran que un grupo armado de la zona estuvo detrás del ataque.

Le recomendamos: La justicia indígena está amenazada de muerte en el norte del Cauca

Para los miembros de la Coccam, los operativos de la guardia van a generar violencia. “Lo forzado no está bien venga de donde venga. De antemano nosotros rechazamos la erradicación forzada y ya tocaría ver si los cabildos tienen algún plan para sustentar a las familias que dejen sin esa economía. Es mejor entrar a hablar con los cultivadores y buscar una salida concertada para que esta población no la pase tan mal”, sostuvo Orozco.

Según dijo, en Caldono han aumentado los cultivos de coca así en este municipio la presencia de esa mata no sea tan significativa como en otros municipios vecinos. Además, buena parte de los jóvenes del municipio salen hacia otras zonas del departamento a trabajar como raspachines en los cocales y muchas mujeres se van a trabajar de cocineras. Por eso, la comunidad campesina del municipio buscó a la Coccam para formular alternativas para ellos, pues no están incluidos dentro del programa nacional de sustitución de cultivos, que creó el Acuerdo de Paz.

El 26 de marzo ya se había tenido un primer acercamiento con los cocaleros y autoridades indígenas locales para buscar una salida a esta población, que habita dentro del territorio ancestral indígena. Luego, para el 6 de abril se convocó otro encuentro similar para seguir avanzando en el diálogo. “Ahí se explicó el por qué no se está de acuerdo con la erradicación forzada, porque son familias que dependen de la coca y si se les quita el cultivo sin darles otra alternativa van a quedar aguantando hambre”. Ahí iba el proceso, que se interrumpió esta semana, con el lamentable asesinato de la gobernadora y lo que ello desencadenó.

La postura del CRIC es que la minga hacia adentro lo que está haciendo es una limpieza del territorio para eliminar lo que lo desarmoniza. Básicamente dos cosas: por un lado, “la siembra exagerada de la coca, la marihuana y la amapola, que son plantas sagradas, pero cuando se usan para fines económicos ya cambia el panorama”, explicó Carlos Imbachi.

Y por el otro, expulsar a los foráneos que han entrado al territorio a arrendarles las parcelas a los comuneros, con el fin de sembrar coca en grandes extensiones. No campesinos que sobreviven del cultivo, sino grandes propietarios de cultivos que se lucran con esa planta. “Nunca el tema de los cultivos ha sido una política de sostenimiento para los pueblos indígenas. El cultivo a gran escala solo persigue fines económicos”, enfatizó Quintero, del CRIC.

Acá puede leer un pronunciamiento del CRIC sobre los hechos:

Han sido claros en resaltar que sus acciones contra los cultivos nada tienen que ver con los operativos de erradicación forzada que desarrolla la Fuerza Pública. Primero, señalan que sus operaciones se dirigen solamente contra las grandes extensiones de coca, a diferencia de la Fuerza Pública que implementa una política de tierra arrasada; y segundo, rechazan que el general Marco Mayorga Niño, comandante de la III División del Ejército, hubiera sugerido en medios de comunicación que sus tropas y las autoridades locales indígenas coordinaron los operativos para la erradicación. Lo suyo, dijeron, es un ejercicio desde su autonomía y jurisdicción propia, en el que reafirman su control territorial.

Para este fin de semana se espera que las autoridades del CRIC se reúnan con los directivos regionales de la Coccam para establecer una ruta a seguir, en la que nadie salga perjudicado. Las mingas continuarán, reafirman las autoridades indígenas.

El asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña del resguardo La Laguna Siberia, en Caldono (Cauca), fue el detonante para que las autoridades tradicionales reunidas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) reafirmaran que debían hacer una limpieza de sus territorios ancestrales. Una minga hacia adentro, como los pueblos del Cauca la denominan. Sin embargo, el jueves ese ejercicio de control territorial fue interrumpido por las balas que recibieron los mingueros cuando se disponían a arrancar las matas de coca en el sector de El Caimito, corregimiento El Pescador. El saldo: 29 indígenas heridos entre guardias, comuneros y una autoridad ancestral; y 32 detenidos por las agresiones, en manos hoy de la justicia indígena. Igualmente, un campesino, Absalón Collazos, murió en medio de las confrontaciones.

Contexto: Guardia indígena fue atacada por grupo armado en Caldono, Cauca

En medio de los ataques, un pronunciamiento llamó la atención: el de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que agrupa a esa población en el país. En ese comunicado, rechazaron “algunas manifestaciones que señalan a la Coccam Caldono de ser la responsable del homicidio (de la gobernadora)”. Igualmente, aseguraron que esas manifestaciones ponen en riesgo la integridad y la vida de los miembros de esa instancia.

William Orozco, directivo de la Coccam en el Cauca, le dijo a este diario que los señalamientos de parte de algunos comuneros indígenas hacia esa coordinadora fueron pronunciados en emisoras comunitarias de Caldono y que circularon también por redes sociales.

¿Por qué algunos comuneros señalaron a la Coccam del homicidio de la gobernadora? Carlos Imbachi, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, explica que, en medio del dolor y la rabia, algunos pudieron considerar que esa coordinadora está en contra de la erradicación manual de la coca que venía liderando Sandra Liliana Peña en el territorio Sa’th Tama Kiwe, en Caldono. “Ellos afirman que los grandes cultivos de coca han motivado las violencias y como la gobernadora venía trabajando en su erradicación, de pronto algunos piensan que la Coccam, en vez de evitar, está es animando esos cultivos. Pero esa no es la posición del CRIC”, aclaró Imbachi.

En el mismo sentido habló Ferley Quintero, uno de los nueve consejeros mayores del CRIC. “Nosotros no hemos señalado a nadie en este momento. Lo que sí es cierto es que en el control territorial al que fuimos los mingueros, fuimos recibidos a bala. Uno no sabe si son los propios cultivadores o son grupos armados ilegales ligados al narcotráfico, pero eso fue lo que pasó cuando estábamos haciendo la operación”, reclamó la autoridad del pueblo yanacona.

En los operativos de la guardia indígena en los ataques fueron incautadas prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y armas de fuego de largo alcance que para el pueblo indígena demuestran que un grupo armado de la zona estuvo detrás del ataque.

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Para los miembros de la Coccam, los operativos de la guardia van a generar violencia. “Lo forzado no está bien venga de donde venga. De antemano nosotros rechazamos la erradicación forzada y ya tocaría ver si los cabildos tienen algún plan para sustentar a las familias que dejen sin esa economía. Es mejor entrar a hablar con los cultivadores y buscar una salida concertada para que esta población no la pase tan mal”, sostuvo Orozco.

Según dijo, en Caldono han aumentado los cultivos de coca así en este municipio la presencia de esa mata no sea tan significativa como en otros municipios vecinos. Además, buena parte de los jóvenes del municipio salen hacia otras zonas del departamento a trabajar como raspachines en los cocales y muchas mujeres se van a trabajar de cocineras. Por eso, la comunidad campesina del municipio buscó a la Coccam para formular alternativas para ellos, pues no están incluidos dentro del programa nacional de sustitución de cultivos, que creó el Acuerdo de Paz.

El 26 de marzo ya se había tenido un primer acercamiento con los cocaleros y autoridades indígenas locales para buscar una salida a esta población, que habita dentro del territorio ancestral indígena. Luego, para el 6 de abril se convocó otro encuentro similar para seguir avanzando en el diálogo. “Ahí se explicó el por qué no se está de acuerdo con la erradicación forzada, porque son familias que dependen de la coca y si se les quita el cultivo sin darles otra alternativa van a quedar aguantando hambre”. Ahí iba el proceso, que se interrumpió esta semana, con el lamentable asesinato de la gobernadora y lo que ello desencadenó.

La postura del CRIC es que la minga hacia adentro lo que está haciendo es una limpieza del territorio para eliminar lo que lo desarmoniza. Básicamente dos cosas: por un lado, “la siembra exagerada de la coca, la marihuana y la amapola, que son plantas sagradas, pero cuando se usan para fines económicos ya cambia el panorama”, explicó Carlos Imbachi.

Y por el otro, expulsar a los foráneos que han entrado al territorio a arrendarles las parcelas a los comuneros, con el fin de sembrar coca en grandes extensiones. No campesinos que sobreviven del cultivo, sino grandes propietarios de cultivos que se lucran con esa planta. “Nunca el tema de los cultivos ha sido una política de sostenimiento para los pueblos indígenas. El cultivo a gran escala solo persigue fines económicos”, enfatizó Quintero, del CRIC.

Acá puede leer un pronunciamiento del CRIC sobre los hechos:

Han sido claros en resaltar que sus acciones contra los cultivos nada tienen que ver con los operativos de erradicación forzada que desarrolla la Fuerza Pública. Primero, señalan que sus operaciones se dirigen solamente contra las grandes extensiones de coca, a diferencia de la Fuerza Pública que implementa una política de tierra arrasada; y segundo, rechazan que el general Marco Mayorga Niño, comandante de la III División del Ejército, hubiera sugerido en medios de comunicación que sus tropas y las autoridades locales indígenas coordinaron los operativos para la erradicación. Lo suyo, dijeron, es un ejercicio desde su autonomía y jurisdicción propia, en el que reafirman su control territorial.

Para este fin de semana se espera que las autoridades del CRIC se reúnan con los directivos regionales de la Coccam para establecer una ruta a seguir, en la que nadie salga perjudicado. Las mingas continuarán, reafirman las autoridades indígenas.