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Después de nueve años de investigación con apremios, pero con el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro, el CTI y la Dijín de la Policía, la Fiscalía dio un paso trascendental para fortalecer el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Como parte de una secuencia donde aún quedan piezas por agregar, logró la suspensión del poder dispositivo y medida cautelar sobre seis inmuebles que hicieron parte del fortín territorial del bloque Centauros de las autodefensas y esta organización adquirió a través del despojo y compra masiva de tierras en el Meta.
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Aunque la pesquisa de la subunidad élite de bienes de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía se extiende a 23 predios situados en área rural del municipio de El Dorado (Meta), por ahora se concentra en seis cuyo estimativo comercial asciende a $2.456 millones. Se trata de esclarecer cómo se estructuró el emporio de Casa Roja, desde donde las autodefensas desplegaron su accionar en los Llanos Orientales. Un enclave territorial en el que también funcionaron un centro industrial para elaborar uniformes y una oficina de negocios con el narcotráfico.
El punto de partida de la investigación fueron las declaraciones del jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien antes de ser expulsado de Justicia y Paz por seguir delinquiendo, dejó pistas de lo que sucedió en el Alto Ariari antes y después del asesinato del gestor y mandamás del bloque Centauros, Miguel Arroyave, perpetrado en septiembre de 2004 en Puerto Lleras (Meta). Según Don Mario, en calidad de comandante administrativo y financiero del referido bloque, él mismo organizó la compra de cerca de 12 mil hectáreas de tierra para consolidar el fortín de las autodefensas.
(Lea: "Apareció el perdido del Catatumbo")
“Se manejaron dos mecanismos. Uno era comprar predios como patrimonio de la organización del bloque Centauros y el otro comprarlos en beneficio propio”, admitió Don Mario, quien agregó que la idea fue constituir un proyecto social pensando en una futura desmovilización. No obstante, con la evolución de la guerra en la región, Casa Roja se volvió centro de operaciones de las autodefensas a través de la fachada de una hacienda ganadera y una industria de comercialización de leche, además de siembra masiva de palma africana en las tierras adquiridas.
Aunque la presencia del paramilitarismo en el Meta data de los tiempos del poder mafioso de Rodríguez Gacha o de la hegemonía de Víctor Carranza en los años 80, desde mediados de los 90 hizo presencia la Casa Castaño. La masacre de Mapiripán en julio de 1997, perpetrada por hombres que llegaron en avión a San José del Guaviare procedentes del Urabá antioqueño, demostró el interés por enfrentar a la guerrilla en los Llanos. El punto culminante se concretó en 2002, cuando se constituyó el bloque Centauros, al mando de Miguel Arroyave, alias Arcángel.
Tierras del bloque Centauros. / Fiscalía
Arroyave fue capturado en mayo de 1999 como jefe del cartel de los insumos químicos, pero al llegar a la cárcel La Modelo en Bogotá, convirtió el penal en un enlace con el Frente Capital que delinquía en Bogotá y su entorno, al mando de Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, hoy preso en Estados Unidos. Esa plataforma criminal desde la cárcel tomó el nombre de bloque Interno Capital. Desde ella se consumaron incontables delitos, la mayoría impunes. Cuando Arroyave quedó libre en 2002, creó el bloque Centauros, que multiplicó la violencia en los Llanos hasta niveles impensados.
Este narcoparamilitar era natural de Amalfi (Antioquia), el mismo municipio de donde eran oriundos los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. Por eso, cuando tomó el mando del bloque Centauros, en apoyo al proyecto de expansión territorial dispuesto por Vicente Castaño, para secundarlo llegó Daniel Rendón Herrera o Don Mario, también procedente de Amalfi. A Arroyave y Don Mario se sumaron Manuel Pirabán o Jorge Pirata y Jorge Eleázar Moreno. El bloque Centauros se extendió por todos los Llanos, pero la base de irradiación fue Casa Roja.
En la cúspide de su poder, además de la compra irregular de tierras o el despojo, esta estructura paramilitar desarrolló un sistema de cooperativas con socios estratégicos y aliados, alcanzó a cimentar la infraestructura para constituir una clínica privada, e incluso, en otra zona del Meta, puso en marcha la construcción de un conjunto de casas para lisiados de la confrontación armada. Como era lógico, esta estrategia se complementó con el apoyo de políticos, entre ellos el alcalde de El Dorado, Éusser Rondón, quien intentó ser gobernador del Meta financiado por Don Mario.
La investigación de la Fiscalía detalla seis casos que ratifican el modus operandi que se usó en Casa Roja y también en otras regiones del país. Por ejemplo, para acceder al inmueble El Porvenir, situado en la vereda La Meseta de El Dorado, el comprador fue un tal Ermilson Vargas, propietario de un negocio de pollos. Cuando el ente investigador lo interrogó para saber de su papel, admitió que firmó documentos en blanco a solicitud de Gonzalo Mejía, alias Júnior, mano derecha de Don Mario. Tiempo después, asustado por rumores de amigos, se fue a vivir a Necoclí.
Ermilson Vargas terminó vendiendo el predio a Nelson León Caro, dedicado al negocio de la publicidad en Funza (Cundinamarca). El supuesto comprador testificó que le hizo unos trabajos al candidato a la alcaldía de su municipio Jorge Enrique Rojas Rico y que, como éste no tenía cómo pagarle porque no salió elegido, le ofreció unos lotes en El Dorado. Entonces viajó a San Martín (Meta) y terminó firmando unas escrituras de afán y también una hoja en blanco. “No he tenido ningún predio, hasta ahora que la Fiscalía me informa que tengo dos en el Meta que no son míos”, declaró Nelson León.
Algo parecido encontró la Fiscalía respecto a la compra del predio La Esperanza, también situado en El Dorado. De nuevo el punto de partida de la transacción fue Ermilson Vargas, quien esta vez señaló que no conoce el bien y que firmó papeles amenazado por Júnior. Como el predio El Porvenir, igualmente terminó en manos de Jorge Enrique Rojas. Don Mario dijo a la Fiscalía que, cuando dejó los Llanos en 2004, Rojas fue quien conservó sus bienes. Un año después, este político de Funza fue asesinado en Facatativá.
Otro negocio evaluado por la Fiscalía fue el de la compra del predio La Esperanza I. Sólo que en esta ocasión el adquiriente fue un tal Juan Diego López Cossio, que vivía en Armenia (Quindío). Cuando el ente investigador quiso saber del personaje, encontró que murió de infarto, pero que tuvo vínculos con el narcotráfico. “Al parecer tenía conexiones con personas del norte del Valle, a quienes servía de testaferro”, concluyó la investigación. Lo paradójico es que todavía aparece como titular de 21 inmuebles en distintas regiones del país.
López Cossio también apareció como comprador del predio Las Brisas, de 13 hectáreas de extensión, aunque la dueña original insistió en que no lo recuerda. Los vecinos del predio declararon que nunca quisieron vender y uno de ellos manifestó que tuvo que irse un tiempo de la región por amenazas. En cuanto al predio San Bernardo, de 105 hectáreas, la compradora fue la esposa de Guillermo Rondón, hermano de Éusser Rondón, el político aliado de Don Mario. La vendedora comentó a la Fiscalía que al lado de su finca, al administrador le decían John Patas y resultó asesinado.
En la mayoría de los casos evaluados, la Fiscalía llegó a otro personaje: Diego Gallo. En una de las declaraciones, Don Mario explicó quien era: “El señor Jorge Enrique Rojas era mandadero de Diego Gallo (...) es que el narcotraficante se cuida mucho de dar la cara, se queda como el hombre de atrás”. Gallo, extraditado después a Estados Unidos, también apareció en el negocio del predio San Bernardo, cedido a un tercero, quien lo obtuvo en “circunstancias excepcionales”. Hoy, sobre este bien, avaluado en $1.587 millones, existe un proceso reivindicatorio.
La investigación de la Fiscalía establece una segunda fase determinada por dos acontecimientos. El 13 de septiembre de 2004, en la vía entre Briceño y Zipaquirá, aparecieron los cadáveres baleados de Éusser Rondón y los políticos Nubia Sánchez y Carlos Javier Sabogal. Por este triple crimen fue condenado el exgobernador del Meta Edilberto Castro, pero un testigo clave, José Raúl Mira, asesinado en 2008, detalló el entramado del bloque Centauros y su estrategia expansionista desde Casa Roja. Seis días después, fue asesinado el jefe paramilitar Miguel Arroyave.
A partir de este momento se recrudecieron los enfrentamientos entre los herederos del bloque Centauros, la organización narcotraficante de Los Rastrojos y la de Daniel Barrera, alias El Loco. Según Don Mario, estos últimos fueron apoderándose y realizando ventas ficticias de los predios del bloque Centauros. Ese fue el momento en el que decidió salir del Llano y reacomodarse en Urabá, dejándole la administración de sus bienes a Jorge Enrique Rojas, de quien afirmó que sabía perfectamente quién era él en ese tiempo.
De manera global, todo lo que un día se llamó Casa Roja aparece vendido después por un tal Ricardo González Vásquez, asesinado en Medellín en 2006. Pero han venido apareciendo otros que también reclaman. Unos que aseguran ser sus dueños pero que fueron desplazados. El ciudadano Marcos López habla de seis predios suyos, pero no ha aporta los documentos de tradición o propiedad. Desde 2009 administra el predio principal Joaquín Patarroyo, pero la Fiscalía sostiene que no ha entregado los soportes del contrato de arrendamiento y que él manifiesta no recordar el valor del arriendo.
Lo demás es contexto. Junto a los hermanos Dairo y Juan de Dios Úsuga, en el intento de rearme paramilitar, Don Mario constituyó las Autodefensas Gaitanistas en 2008. Un año después, fue capturado. Juan de Dios Úsuga fue abatido por la Policía en 2012. Su hermano Dairo, conocido como Otoniel, es la cabeza del Clan del Golfo, organización narcotraficante combatida por el Estado. El reacomodo del narcoparamilitarismo plantea verdades con negocios de tierras que apenas empiezan a aclararse.
Pero, como suele ocurrir en Colombia, el dilema es que el gestor de Casa Roja y su red de compra y despojo de tierras; el organizador de cooperativas regionales integradas con socios y aliados; de la principal industria de prendas militares para la logística del bloque Centauros o de las inversiones de narcotraficantes en los Llanos Orientales, ya es un hombre en el pabellón de los extraditables. De los días en que Don Mario atendía en promedio entre 20 o 30 personas que buscaban desde su apoyo político hasta su consejo económico o militar, pronto la que sabrá de esos secretos será la justicia norteamericana.