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“Si en Buenos Aires nos ven con cámaras y denunciando lo que pasa, seguramente nos van a buscar al día siguiente y quién sabe lo que hagan con nosotros”. Ese es el temor de una lideresa social que habló con Colombia+20 desde Santander de Quilichao, lugar en el que se refugia y desde el cual añora el fin de una guerra que nunca dejó a los bonaerenses en paz. Desde hace cinco semanas, ella y al menos 100 familias más en este municipio han sido desplazadas, con la amenaza de que un eventual regreso les puede costar la vida.
Dos estructuras de disidencias de las extintas Farc, la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, se disputan ese territorio y a su paso generaron desplazamientos masivos en las veredas San Francisco y Mazamorrero. El silencio es el mejor aliado de muchos para cuidar su integridad. Aun así hay líderes que prefieren hablar para que el país sepa lo que sucede en esta zona del norte del Cauca.
Plinio Mina es uno de ellos. En diálogo con este diario, este hombre que es miembro del Consejo Comunitario Cuencas del Río Cauca y microcuencas de los ríos Teta y Mazamorrero, advirtió que en Buenos Aires toda la fuerza pública tiene conocimiento de lo que sucede y frente al riesgo se hacen los desentendidos.
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“Desde el 1 de mayo las disidencias nos fueron sacando de Mazamorrero hasta dejar la vereda desolada. El desplazamiento más duro fue el del lunes 9 de mayo, sacaron a 48 familias -entre ellas decenas de niños y ancianos- sin destino fijo. A la Alcaldía también la tienen entre la espada y la pared y no pueden hacer nada; no quedó otra opción que huir”, agregó. Muchos han salido hacia Santander de Quilichao, donde los reciben familiares y amigos.
En medio de tantas dudas que los rodean, los bonaerenses tienen una certeza: la violencia que los quiere exterminar se volvió más fuerte cuando, en enero pasado, las disidencias asesinaron a Albeiro Camayo, emblemático líder indígena y férreo opositor del aumento de cultivos de coca en la vereda Las Delicias. Creen que pueden tener el mismo desenlace que el líder de los Kiwe Thegnas (guardias indígenas), “pero de forma más lenta y dolorosa”, como señaló Emilce Jiménez, docente y lideresa del colectivo Mujeres Trascendiendo por la Paz.
Según “La profe”, como llaman a Jiménez, las autoridades en su municipio no aprendieron lecciones tras lo sucedido con Camayo y frente a la soledad que manifiesta, la docente de matemáticas dice que pronto pueden ocurrir casos similares. “Antes de que nos sacaran del territorio teníamos el Ejército a 500 metros y eso no impedía que estuviéramos confinados. En el último año nos hicieron creer que lo adecuado era normalizar los entierros de nuestros muertos -todos asesinados por los armados- como algo que se tenía que hacer fuera de nuestro municipio, pasando por encima de nuestra ancestralidad y dignidad”, narró.
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A Milena*, además de preocuparle la violación de sus derechos y tradiciones, le duele el papel que los grupos armados le quieren dar a los jóvenes en Buenos Aires para alejarlos de sus familias y engrosar sus filas. “Nos están reclutando a los muchachos como antesala a los desplazamientos de sus familias. Les ofrecen $400.000 a la semana para servir de “lava perros”, de raspachines en los cultivos de coca y de matones de a peso. Ellos al no tener una alternativa legal para mejorar sus condiciones de vida ceden con facilidad ante los billetes y las armas. Allí matan en vida a sus familias y les ponen a ellos una cruz en el pecho”, dijo desconsolada.
Patricia Carabalí y Héctor Marino Carabalí son dos líderes históricos de Buenos Aires. Han sabido librar luchas contra mineras transnacionales y grupos armados desde hace décadas. Eso les ha costado amenazas de muerte y deben moverse en todo momento en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección que les asignaron para salvaguardar sus vidas.
Héctor Marino ha interpuesto denuncias frente a organismos nacionales e internacionales para atender la emergencia humanitaria que vive Buenos Aires, pero según él casi ningún esfuerzo ha sido suficiente. “La Comisión Colombiana de Juristas ha estado con nosotros para llegar a espacios de comités de justicia transicional. Embajadas como las de Países Bajos y Alemania ya conocen lo que vivimos ahora, saben que desde inicios de mayo más de 300 personas han sido desplazadas de Buenos Aires. Su ayuda e interés han sido cruciales, pero falta más; no hay justicia, no hay garantías de regreso”, indicó.
Patricia Carabalí, desde una casa en Santander de Quilichao, tiene una percepción similar a la de su compañero, sumando el temor por quienes siguen en el territorio “a merced de los violentos”. “A muchos de nosotros nos sacaron a las malas, pero seguimos teniendo familias allí en Buenos Aires. Un paso en falso nuestro los puede acabar, porque esta gente no tiene límites”, lamentó.
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Ambos líderes comparten una tragedia adicional: aparecen en un panfleto de las Águilas Negras, firmado el 24 de mayo de 2022, que fue denunciado por la organización Alliance for Global Justice y diferentes observatorios de DD.HH. al sur del Valle y en el norte del Cauca. Su liderazgo, inclinaciones políticas y denuncias que han querido ser silenciadas por quienes los llaman “falsos líderes” son otro obstáculo para parar un desplazamiento que con el paso de las semanas va acabando más y más con la población de Buenos Aires.
“Claro que tenemos miedo. No están implementando el Acuerdo de Paz y ahora nos están haciendo más daño que antes de su firma. Pero si nosotros nos rendimos todos se van al piso. Somos la cara y la voz de una dignidad que no se calla ni se amilana. Somos Buenos Aires, tierra de mineros artesanales y trabajadores de la tierra. Va a llegar pronto nuestro día de volver a la felicidad. Mazamorrero no será más un desierto plagado de armas, volveremos en paz”, concluyó Patricia.
*Cambio en el nombre de la fuente.