“Las víctimas por explosivos se incrementaron en 287 %” en 2018: Comité Internacional de la Cruz Roja

La víctima de ayer fue Narem Daryam Mora, un patrullero de la Policía de 23 años, que falleció cuando pisó un artefacto explosivo improvisado mientras realizaba una labor de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en Nariño. Pero tristemente no es la única. En lo corrido de 2019 y hasta el 20 de febrero las cuentas del Comité Internacional de la Cruz Roja sumaban 17 víctimas. Solo entre el 2 y el 8 de febrero fueron cinco las personas afectadas. El impacto en la vida es inmensurable. Por ejemplo, en Puerto Libertador (Córdoba) hubo dos casos: uno de ellos un niño con múltiples heridas de esquirlas y un hombre que perdió la visión.

En Norte de Santander, un profesor de Hacarí, en el Catatumbo, perdió una de sus extremidades inferiores y al salir de cirugía expresó su optimismo por sobrevivir al impacto. La situación es crítica. No por nada es uno de los puntos más preocupantes del informe anual que presentará próximamente el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las cifras de 2018 son alarmantes: 221 víctimas de contaminación por armas en 132 accidentes; es decir, más de una víctima por accidente. Un incremento del 287,7 % respecto a las víctimas registradas en 2017 (57 personas). En esta entrevista, Christoph Harnisch, delegado del CICR en Colombia, da detalles de este fenómeno que por primera vez tiene mayores víctimas civiles que militares.

¿Qué es lo que más lo preocupa sobre la afectación por artefactos explosivos?

Hay que aclarar primero de qué estamos hablando. En Colombia, y lo hemos observado desde hace años, hay una utilización, por parte de grupos armados, de algunos artefactos explosivos o herramientas para la defensa de sus posiciones. Es decir, no hay muchísimas minas antipersonal, pero sí dos problemas mayores: uno, las municiones no explotadas, utilizadas por la aviación colombiana para bombardear posiciones de la guerrilla, y artefactos explosivos improvisados, que no son industriales y utilizan diferentes materiales hechizos. Los dos tienen horribles características: no escogen a sus víctimas porque son armas indiscriminadas.

¿Cómo ve el panorama hoy?

Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto dos tendencias muy preocupantes. Antes, estos artefactos explosivos improvisados eran utilizados más por las Farc que por el Eln, pero ahora están siendo utilizados por todos los actores armados: Eln, Clan del Golfo, disidentes de las Farc, Rastrojos etc. Se volvió una práctica común.

¿Qué cifras tienen de este impacto?

En 2017 hubo 57 víctimas registradas por el CICR. En 2018 hemos registrado 221 víctimas por artefactos explosivos. Un incremento del 287,7 % respecto a las víctimas registradas en 2017. Una situación muy preocupante porque vemos que los artefactos explosivos están afectando más a civiles que a militares. Esta es una tendencia nueva muy negativa. Son herramientas que matan de manera silenciosa, porque muchas de estas víctimas son muy desconocidas. Es la población humilde de las zonas donde tienen presencia los actores armados.

¿Cómo discriminan esa cifra de 221 víctimas de artefactos explosivos en 2018?

Se registraron 21 víctimas de restos explosivos, es decir, municiones sin explotar o abandonadas, asociadas al Estado, y 199 víctimas de artefactos explosivos improvisados.

Pie de foto: Diomedes Diaz, campesino víctima de un artefacto explosivo en zona rural de Arauca, en agosto de 2018. El Cicr le facilitó la prótesis y el acceso a rehabilitación física. Foto: Laura Aguilera Jiménez CICR

¿Dónde se concentran los casos?

En 2018 identificamos los accidentes en 13 departamentos, específicamente: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Valle.

¿Cuáles son los departamentos más afectados?

Norte de Santander, donde se ha incrementado en un 800 % el número de víctimas, y Nariño, que ha tenido un incremento del 600 % en víctimas con respecto a 2017. Son zonas muy afectadas por el conflicto armado no internacional que tiene Colombia. Hay comunidades enteras confinadas y con restricciones en su movilidad. Por lo tanto, pueden sufrir problemas de seguridad alimentaria, como está pasando en Chocó.

¿Han hablado con actores armados ilegales sobre artefactos explosivos?

Sí, y mantenemos ese diálogo sobre los riesgos de la contaminación con armas. Siempre pedimos no utilizarlos o informarle a la comunidad sobre esto. Desafortunadamente, aunque escuchan a nuestros delegados, no hay ningún seguimiento de esas recomendaciones.

¿Cómo es la atención de estas nuevas víctimas?

Para que una víctima sea reconocida en Colombia debe contar con una certificación emitida por una autoridad local. También tenemos una preocupación grande porque las autoridades locales no están entregando esta certificación fácilmente, hay mucho desconocimiento. Y en la medida en que estas víctimas no cuentan con esta certificación tienen todas las dificultades para ingresar a la ruta de atención estatal. Es muy importante hacer un llamado a las autoridades locales para que otorguen esa certificación. Se están demorando hasta un año en hacerlo.

Usted ha utilizado en esta entrevista en varias ocasiones el término conflicto armado ¿qué impacto tiene en la atención a las víctimas de artefactos explosivos que el Gobierno no se vea muy interesado en reconocerlo como tal?

La atención a las víctimas necesita una voluntad de objetividad y de ver las cosas tal y como son en los territorios. Uno puede debatir durante años sobre los términos, pero la realidad de la gente es muy clara. El CICR toma los términos del Derecho Internacional Humanitario porque somos un resultado de ese cuerpo jurídico creado para las víctimas y aquí hay víctimas, existen, no es un cuento. Es difícil ver las realidades en el terreno porque esto duele. En estos debates hay que priorizar la dimensión humana. La gente vive duros enfrentamientos que deben tener un mínimo de reglas y para tener esto es importante utilizar las palabras que tienen reconocimiento en este marco jurídico.

La víctima de ayer fue Narem Daryam Mora, un patrullero de la Policía de 23 años, que falleció cuando pisó un artefacto explosivo improvisado mientras realizaba una labor de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en Nariño. Pero tristemente no es la única. En lo corrido de 2019 y hasta el 20 de febrero las cuentas del Comité Internacional de la Cruz Roja sumaban 17 víctimas. Solo entre el 2 y el 8 de febrero fueron cinco las personas afectadas. El impacto en la vida es inmensurable. Por ejemplo, en Puerto Libertador (Córdoba) hubo dos casos: uno de ellos un niño con múltiples heridas de esquirlas y un hombre que perdió la visión.

En Norte de Santander, un profesor de Hacarí, en el Catatumbo, perdió una de sus extremidades inferiores y al salir de cirugía expresó su optimismo por sobrevivir al impacto. La situación es crítica. No por nada es uno de los puntos más preocupantes del informe anual que presentará próximamente el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las cifras de 2018 son alarmantes: 221 víctimas de contaminación por armas en 132 accidentes; es decir, más de una víctima por accidente. Un incremento del 287,7 % respecto a las víctimas registradas en 2017 (57 personas). En esta entrevista, Christoph Harnisch, delegado del CICR en Colombia, da detalles de este fenómeno que por primera vez tiene mayores víctimas civiles que militares.

¿Qué es lo que más lo preocupa sobre la afectación por artefactos explosivos?

Hay que aclarar primero de qué estamos hablando. En Colombia, y lo hemos observado desde hace años, hay una utilización, por parte de grupos armados, de algunos artefactos explosivos o herramientas para la defensa de sus posiciones. Es decir, no hay muchísimas minas antipersonal, pero sí dos problemas mayores: uno, las municiones no explotadas, utilizadas por la aviación colombiana para bombardear posiciones de la guerrilla, y artefactos explosivos improvisados, que no son industriales y utilizan diferentes materiales hechizos. Los dos tienen horribles características: no escogen a sus víctimas porque son armas indiscriminadas.

¿Cómo ve el panorama hoy?

Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto dos tendencias muy preocupantes. Antes, estos artefactos explosivos improvisados eran utilizados más por las Farc que por el Eln, pero ahora están siendo utilizados por todos los actores armados: Eln, Clan del Golfo, disidentes de las Farc, Rastrojos etc. Se volvió una práctica común.

¿Qué cifras tienen de este impacto?

En 2017 hubo 57 víctimas registradas por el CICR. En 2018 hemos registrado 221 víctimas por artefactos explosivos. Un incremento del 287,7 % respecto a las víctimas registradas en 2017. Una situación muy preocupante porque vemos que los artefactos explosivos están afectando más a civiles que a militares. Esta es una tendencia nueva muy negativa. Son herramientas que matan de manera silenciosa, porque muchas de estas víctimas son muy desconocidas. Es la población humilde de las zonas donde tienen presencia los actores armados.

¿Cómo discriminan esa cifra de 221 víctimas de artefactos explosivos en 2018?

Se registraron 21 víctimas de restos explosivos, es decir, municiones sin explotar o abandonadas, asociadas al Estado, y 199 víctimas de artefactos explosivos improvisados.

Pie de foto: Diomedes Diaz, campesino víctima de un artefacto explosivo en zona rural de Arauca, en agosto de 2018. El Cicr le facilitó la prótesis y el acceso a rehabilitación física. Foto: Laura Aguilera Jiménez CICR

¿Dónde se concentran los casos?

En 2018 identificamos los accidentes en 13 departamentos, específicamente: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Valle.

¿Cuáles son los departamentos más afectados?

Norte de Santander, donde se ha incrementado en un 800 % el número de víctimas, y Nariño, que ha tenido un incremento del 600 % en víctimas con respecto a 2017. Son zonas muy afectadas por el conflicto armado no internacional que tiene Colombia. Hay comunidades enteras confinadas y con restricciones en su movilidad. Por lo tanto, pueden sufrir problemas de seguridad alimentaria, como está pasando en Chocó.

¿Han hablado con actores armados ilegales sobre artefactos explosivos?

Sí, y mantenemos ese diálogo sobre los riesgos de la contaminación con armas. Siempre pedimos no utilizarlos o informarle a la comunidad sobre esto. Desafortunadamente, aunque escuchan a nuestros delegados, no hay ningún seguimiento de esas recomendaciones.

¿Cómo es la atención de estas nuevas víctimas?

Para que una víctima sea reconocida en Colombia debe contar con una certificación emitida por una autoridad local. También tenemos una preocupación grande porque las autoridades locales no están entregando esta certificación fácilmente, hay mucho desconocimiento. Y en la medida en que estas víctimas no cuentan con esta certificación tienen todas las dificultades para ingresar a la ruta de atención estatal. Es muy importante hacer un llamado a las autoridades locales para que otorguen esa certificación. Se están demorando hasta un año en hacerlo.

Usted ha utilizado en esta entrevista en varias ocasiones el término conflicto armado ¿qué impacto tiene en la atención a las víctimas de artefactos explosivos que el Gobierno no se vea muy interesado en reconocerlo como tal?

La atención a las víctimas necesita una voluntad de objetividad y de ver las cosas tal y como son en los territorios. Uno puede debatir durante años sobre los términos, pero la realidad de la gente es muy clara. El CICR toma los términos del Derecho Internacional Humanitario porque somos un resultado de ese cuerpo jurídico creado para las víctimas y aquí hay víctimas, existen, no es un cuento. Es difícil ver las realidades en el terreno porque esto duele. En estos debates hay que priorizar la dimensión humana. La gente vive duros enfrentamientos que deben tener un mínimo de reglas y para tener esto es importante utilizar las palabras que tienen reconocimiento en este marco jurídico.