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El caso más reciente es el de Educardo Alemeza Papamija. El pasado 3 de julio, la comunidad del corredor Puerto Vega-Teteyé, en Puerto Asís (Putumayo), denunció que, de nuevo, un campesino murió a manos de integrantes de la fuerza pública en medio de operativos de erradicación forzada de coca. Esta vez fue por disparos de policías antinarcóticos que junto al Esmad enfrentaban la protesta de los labriegos que defendían sus sembradíos de coca. Junto a él, otros tres pobladores resultaron heridos por balas de fusil. Alemeza Papamija se convirtió en el quinto caso de un civil que muere a manos de militares o policías que ejecutaban labores de erradicación de coca en lo que va corrido del año.
Desde el pasado sábado, una misión humanitaria integrada por ocho organizaciones defensoras de Derechos Humanos avanza por las veredas de la cuenca del río Guayabero, entre el sur del Meta y el Guaviare, donde las comunidades han denunciado, en los últimos dos meses, abusos y extralimitaciones del Ejército que llegó a erradicar la coca a la zona desde el 20 de mayo. Precisamente la misión fue pedida por los pobladores de la región para evitar que los choques entre uniformados y campesinos terminen en hechos como el que ocurrió en Puerto Asís.
No son casos aislados. El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, de la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, documentó 95 incidentes entre campesinos y fuerza pública en medio de operativos de erradicación forzada desde diciembre de 2016 a julio de 2020. El Observatorio los reunió en un trabajo titulado “Erradicación forzada: una política que mata”, que, según la autora de la base de datos utilizada para el trabajo, Diana Ximena Machuca, es “un llamado de atención sobre el hecho de que la erradicación forzada es una política que viola derechos humanos y que va en contravía de los propósitos contemplados en el Acuerdo de Paz”.
Los casos en los que peor terminó la confrontación, según el rastreo del Observatorio, arrojaron al menos doce campesinos, indígenas o afrodescendientes muertos por acción de las fuerzas del Estado, sin contar otros casos más que no ha sido posible confirmar. El caso más emblemático es el de la masacre de El Tandil, en zona rural de Tumaco (Nariño), ocurrida el 5 de octubre de 2017. En ese hecho fueron asesinados al menos siete campesinos a manos de la Policía Antinarcóticos, aunque aún hoy no hay consenso sobre la cifra porque se cree que pudieron haber sido más.
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Los otros casos que han terminado en muertes ocurrieron este año. El 1° de febrero, Segundo Girón murió por disparos de la Policía Antinarcóticos en el consejo comunitario del río Mejicano, en Tumaco; el 26 de marzo, Alejandro Carvajal murió por un disparo del Ejército en Sardinata, en la región del Catatumbo; el 22 de abril, el indígena awá Ángel Artemio Nastacuás murió en zona aledaña al resguardo Inda Sabaleta, en Tumaco, en medio de enfrentamientos con la Policía Antinarcóticos; el 18 de mayo, Digno Emérito Buendía murió a manos del Ejército en zona rural de Cúcuta, y el último fue el de Educardo Alemeza.
Este último con un agravante: la comunidad de la zona denuncia que la fuerza pública intentó presentarlo como guerrillero. Según le dijeron líderes de la región a Colombia 2020, luego de que agentes antinarcóticos le dispararan, lo habrían despojado de su ropa e intentado vestir con prendas militares, lo cual habría sido frustrado por la protesta de la comunidad. Luego los uniformados subieron a Educardo a un helicóptero Black Hawk de la Policía junto con otro miembro de la comunidad, con destino al casco urbano de Puerto Asís, adonde llegó sin vida. Al hombre, poblador de la vereda La Cabaña, le decían en su comunidad “el acordeonero”, porque se encargaba de amenizar los encuentros con ese instrumento propio de los ritmos vallenatos.
En un comunicado, la institución aseguró que las labores de erradicación de sus hombres fueron interrumpidas por un grupo de 200 personas que llegó allí “con el fin de exigir de manera violenta a los uniformados de la Policía Nacional que se retiraran de la zona”. Según esa comunicación, se presentaron alteraciones de orden público, “por lo que fue necesaria la intervención del personal antidisturbios de la institución, con el objetivo de dispersar a las personas que portaban armas cortopunzantes y lanzaban objetos contundentes contra los uniformados; como resultado: lesionados dos policiales, capturados por estos hechos una persona y auxiliada por los enfermeros de la Policía una persona herida al parecer con arma de fuego”.
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En todo caso, explica Diana Machuca, los muertos “son solo la expresión de la violencia letal. Pero en muchos casos registramos un uso abusivo de la fuerza por parte de los militares o policías, y también del Esmad. Vemos la quema de casas, el maltrato hacia las comunidades y heridos de gravedad”. Entre estos últimos casos se registra el del líder social Deobaldo Cruz. El 3 de junio de 2019, la Policía Antinarcóticos ejecutaba labores de erradicación de coca en la vereda La Cumbre, de Puerto Asís. Como presidente de la junta de esa vereda, Cruz medió entre los campesinos y los agentes, pero cuando la confrontación escaló, uno de los perdigones disparados por la Policía impactó su ojo izquierdo, por lo que perdió la visión por ese ojo. Por el liderazgo que ejerce en la asociación de campesinos de Puerto Asís, una jueza le ordenó al Estado, en abril de este año, que lo protegiera, en un fallo que también ordenó proteger a otros nueve líderes sociales de varias regiones del país.
Se intensifican los choques
En 2020, el Gobierno nacional estableció la meta de erradicación forzada de coca en 130.000 hectáreas, un 62 % más que en 2019, cuando se propuso erradicar 80.000. Según el rastreo del Observatorio de Tierras, ello se ha traducido en el aumento de las confrontaciones entre campesinos y fuerzas del Estado. Este año se registraron casi todos los casos que acabaron en muertes de campesinos, a excepción de la masacre de El Tandil. Según ese mapeo, la mitad de los casos se han registrado en 2020 y el 42 % de ellos durante la cuarentena, decretada el 25 de marzo.
Ahora bien, la base de datos construida por el Observatorio es una muestra significativa de lo ocurrido en estos tres años y medio, y es más que un registro caso a caso. Primero, porque se hizo con base en las denuncias y comunicados de organizaciones campesinas, principalmente de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que articula a las asociaciones de base. Y segundo, porque se empezó a construir desde el inicio de la cuarentena, por lo que recopilar la información de los hechos actuales es más accesible que rastrear la de aquellos sucedidos en 2017.
Sin embargo, incluso las cifras remitidas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía a las investigadoras del Observatorio confirman el incremento de las confrontaciones en 2020. Según esas cifras, en 2017 se presentaron 98 “bloqueos de la comunidad”; en 2018, doce; en 2019 hubo 54, y solo entre enero y marzo de 2020 se registraron 96. Igualmente, esos hechos van acompañados del incremento de los grupos móviles de erradicación que operan en el país. Según esa institución, en 2017 se utilizaron 456; en 2018, 145; en 2019, 442, y solo entre enero y marzo de 2020, la cifra ya iba en 200 grupos móviles de erradicación.
(Nota relacionada: El campesino que murió por un disparo del Ejército en el Catatumbo)
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha reiterado que la erradicación de coca no se detendrá durante la pandemia, pese a los llamados de las comunidades campesinas. Sin embargo, entidades que le hacen seguimiento a esa política llaman la atención sobre los mecanismos que se pueden aplicar para que no se sigan presentando violaciones a los derechos humanos en ese contexto.
Pedro Arenas, de la Corporación Viso Mutop, que recientemente elaboró un reporte sobre este tema que entregó a la Procuraduría General, sostuvo que “buena parte de esos daños podrían haberse evitado si los organismos de control, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría acompañaran las operaciones de erradicación, como lo dicta la Ley 30 de 1986, que adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes”. Ello, denuncia, no está ocurriendo. Prueba de eso son los reclamos de las comunidades campesinas del Guayabero hacia la Defensoría regional del Meta, que solo se presentó en la zona un mes después de que iniciaran las confrontaciones con el Ejército, por lo cual, entre otras razones, se pidió el acompañamiento de la misión humanitaria que llegó el pasado sábado a la región.