Fueron liberados los 30 militares del Ejército retenidos en Vista Hermosa, Meta

Este miércoles fueron liberados los 30 militares que hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército y que fueron retenidos en un cerco humanitario realizado por la comunidad de la vereda Lomalinda, en el municipio de Vista Hermosa, Meta, y de municipios aledaños como Puerto Rico y La Macarena. La protesta pacífica se dio, de acuerdo a los testimonios que esa comunidad le dio a Colombia+20, por una serie de intimidaciones que habían hecho los soldados, pese al cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc, que opera en el territorio, y del que no tienen claro cómo va a funcionar.

En contexto: Ejército dice que 30 militares fueron retenidos por la comunidad en Vista Hermosa

“Si ellos no van a atacar a grupos armados, que no vayamos a ser nosotros el blanco”, mencionó uno de los campesinos del sector a este diario. Al lugar llegaron este miércoles miembros de la Defensoría del Pueblo que intermediaron para que se lograra el levantamiento del cerco humanitario.

Las peticiones de las poblaciones no solo incluyen mayor claridad sobre el funcionamiento y alcance del cese al fuego, sino sobre garantías para que se cumplan los acuerdos que se dieron en una mesa de diálogo con el presidente Gustavo Petro el pasado 14 de diciembre en Bogotá y que tienen que ver con la resolución 7077 del Ministerio de Agricultura que contempla sacar el ganado de las zonas de parques nacionales y que ha generado “decomiso de ganado y judicialización de campesinos”, según explicó uno de los pobladores.

Dicha resolución ordena la cancelación del “Registro Sanitario de Predio Pecuario- RSPP de los predios que desarrollen su actividad ganadera de Bovinos y/o Bufalinos dentro del Sistema de Parques Naturales Nacionales, los Parques Naturales Regionales del País”, con el objetivo de evitar el ingreso y salida -comercialización- de los animales en estás áreas de manejo especial. Además señala que, al no poder acceder a la vacunación correspondiente, serían objeto de sacrificio.

Lea también: Defensoría pidió al Gobierno iniciar diálogos con comunidades en Guaviare y Meta

Esta resolución había empezado a regir desde mayo del 2022, pero a partir de mesas de diálogos con campesinos se había establecido el 31 de diciembre como fecha máxima para empezar a aplicarse, pero con la promesa de tener conversaciones sobre el tema. Los campesinos denuncian que no hubo esos diálogos.

Entre los compromisos acordados con el Gobierno Nacional para el levantamiento de ese cerco es una reunión la próxima semana con el Gobierno Nacional para hablar sobre la resolución. Además, el apoyo para la realización de una asamblea campesina en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá para seguir dándole forma a las apuestas de buen vivir respecto a sustitución, cultivos productivos, vivienda y otros derechos básicos que en muchas ocasiones no han podido acceder al vivir en territorios distantes y sumergidos en el conflicto.

Otra de las peticiones del campesinado es revisar con Fiscalía los casos de procesos judiciales a campesinos, ya que muchos están vinculados a investigaciones o inclusive pagando cárcel o casa por cárcel con relación a la Operación Artemisa y otros operativos.

El municipio de Vistahermosa fue uno de los epicentros de la puesta en marcha de esa operación, una estrategia que fue lanzada en abril de 2019 por la administración de Iván Duque con el objetivo de frenar la deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a los responsables de la tala y quema de bosques.

En contexto: Operación Artemisa en el Meta: incertidumbre en la defensa ambiental y campesina

Sin embargo, Artemisa fue blanco de crítica por parte de sectores sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos, tras decenas de capturas de campesinos que eran señalados de deforestar el territorio y cometer delitos ambientales. Otros informes han advertido que su concentración se ha centrado en los eslabones más débiles de las cadenas criminales (en especial sobre los campesinos colonos que habitan las áreas protegidas) y no sobre los grandes acaparadores de tierras. El gobierno de Gustavo Petro frenó esa operación en agosto pasado.

Otra de las denuncias que han elevado las comunidades es que miembros de la Fuerza Pública, en medio de las operaciones, han generado afectaciones a sus casas y fincas.

Este miércoles fueron liberados los 30 militares que hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército y que fueron retenidos en un cerco humanitario realizado por la comunidad de la vereda Lomalinda, en el municipio de Vista Hermosa, Meta, y de municipios aledaños como Puerto Rico y La Macarena. La protesta pacífica se dio, de acuerdo a los testimonios que esa comunidad le dio a Colombia+20, por una serie de intimidaciones que habían hecho los soldados, pese al cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc, que opera en el territorio, y del que no tienen claro cómo va a funcionar.

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“Si ellos no van a atacar a grupos armados, que no vayamos a ser nosotros el blanco”, mencionó uno de los campesinos del sector a este diario. Al lugar llegaron este miércoles miembros de la Defensoría del Pueblo que intermediaron para que se lograra el levantamiento del cerco humanitario.

Las peticiones de las poblaciones no solo incluyen mayor claridad sobre el funcionamiento y alcance del cese al fuego, sino sobre garantías para que se cumplan los acuerdos que se dieron en una mesa de diálogo con el presidente Gustavo Petro el pasado 14 de diciembre en Bogotá y que tienen que ver con la resolución 7077 del Ministerio de Agricultura que contempla sacar el ganado de las zonas de parques nacionales y que ha generado “decomiso de ganado y judicialización de campesinos”, según explicó uno de los pobladores.

Dicha resolución ordena la cancelación del “Registro Sanitario de Predio Pecuario- RSPP de los predios que desarrollen su actividad ganadera de Bovinos y/o Bufalinos dentro del Sistema de Parques Naturales Nacionales, los Parques Naturales Regionales del País”, con el objetivo de evitar el ingreso y salida -comercialización- de los animales en estás áreas de manejo especial. Además señala que, al no poder acceder a la vacunación correspondiente, serían objeto de sacrificio.

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Esta resolución había empezado a regir desde mayo del 2022, pero a partir de mesas de diálogos con campesinos se había establecido el 31 de diciembre como fecha máxima para empezar a aplicarse, pero con la promesa de tener conversaciones sobre el tema. Los campesinos denuncian que no hubo esos diálogos.

Entre los compromisos acordados con el Gobierno Nacional para el levantamiento de ese cerco es una reunión la próxima semana con el Gobierno Nacional para hablar sobre la resolución. Además, el apoyo para la realización de una asamblea campesina en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá para seguir dándole forma a las apuestas de buen vivir respecto a sustitución, cultivos productivos, vivienda y otros derechos básicos que en muchas ocasiones no han podido acceder al vivir en territorios distantes y sumergidos en el conflicto.

Otra de las peticiones del campesinado es revisar con Fiscalía los casos de procesos judiciales a campesinos, ya que muchos están vinculados a investigaciones o inclusive pagando cárcel o casa por cárcel con relación a la Operación Artemisa y otros operativos.

El municipio de Vistahermosa fue uno de los epicentros de la puesta en marcha de esa operación, una estrategia que fue lanzada en abril de 2019 por la administración de Iván Duque con el objetivo de frenar la deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a los responsables de la tala y quema de bosques.

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Sin embargo, Artemisa fue blanco de crítica por parte de sectores sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos, tras decenas de capturas de campesinos que eran señalados de deforestar el territorio y cometer delitos ambientales. Otros informes han advertido que su concentración se ha centrado en los eslabones más débiles de las cadenas criminales (en especial sobre los campesinos colonos que habitan las áreas protegidas) y no sobre los grandes acaparadores de tierras. El gobierno de Gustavo Petro frenó esa operación en agosto pasado.

Otra de las denuncias que han elevado las comunidades es que miembros de la Fuerza Pública, en medio de las operaciones, han generado afectaciones a sus casas y fincas.