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Un corrido popular circula con rapidez entre las redes de mensajería de los pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta. “De nuevo estoy en la Sierra / la tierra que tanto quiero / de nuevo empuñé las armas para defender a mi pueblo / que es mi gente campesina / y volví porque me lo pidieron”, reza la primera estrofa, que se acompasa con el sonido de fusiles.
La canción empezó a rodar hace días en las estribaciones de la Sierra y en ella se anuncia el regreso de un comandante paramilitar que se hace llamar Patiliso y que, dice el voz a voz, sería el nuevo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
El mensaje tiene eco en las dos vertientes de la Sierra en Magdalena: la norte, que mira al mar y conecta a Santa Marta con La Guajira, y la occidental, que mira a las montañas y conecta a la capital del Magdalena con Aracataca y Fundación.
Un turista que llegue a Santa Marta y pase una semana en los hostales que se levantan a lo largo de la Troncal del Caribe, probablemente no notará que estuvo dentro de un entramado bien organizado que alimenta a las familias que viven del turismo, pero también a las arcas del paramilitarismo, que lo regula y se lucra de él.
Es un movimiento silencioso que se nutre del mito del hombre que dominó por décadas –y que lo sigue haciendo– los caseríos y las montañas de esta zona: Hernán Giraldo Serna, el patrón de la Sierra, exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien volvió en enero pasado a Colombia luego de haber sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico tras su desmovilización en 2006.
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Aunque en la Sierra lo esperaba una fiesta de bienvenida, sigue privado de la libertad por presuntamente haber abusado sexualmente de cinco niñas menores de 14 años después de haber dejado las armas y antes de ser extraditado. De hecho, hoy está al borde de perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz por esos mismos casos.
Esa posible exclusión del temido exjefe paramilitar significa para Norma Vera Salazar, investigadora y defensora de derechos humanos, una cruz en su cabeza. Así lo cree, pues ella ha sido la principal denunciante de los crímenes sexuales de Giraldo que hoy lo tienen contra las cuerdas. La investigadora de la Universidad del Magdalena caminó por dos años la Sierra buscando a las mujeres de las que presuntamente abusó El Patrón cuando eran niñas y logró rastrear a 201 víctimas, una cifra lejana de los cerca de 30 casos que él reconoció en los tribunales de Justicia y Paz.
Vera es una de las pocas personas que hablan duro y sin dubitaciones sobre el férreo control paramilitar que ejercen las Acsn en la Sierra. Por ejemplo, señala el poder que tienen en Guachaca (Santa Marta) o en corregimientos empotrados en lo más alto de la Sierra, como Palmor, San Pedro y Siberia, en el municipio de Ciénaga. Habla incluso de la penetración histórica que han tenido los ‘paras’ de Giraldo en las organizaciones comunitarias y en las Juntas de Acción Comunal, aunque por eso ha casado peleas, incluso jurídicas.
A mediados de este año, la defensora de derechos humanos también denunció reclutamiento de menores en Guachaca y en la parte más alta de la Sierra por parte de las Acsn.
Las Juntas de Acción Comunal de un sinnúmero de veredas en ese sector rechazaron esas denuncias y negaron con vehemencia que se estuviera reclutando a menores en esa zona. Además, interpusieron una tutela en su contra para proteger sus derechos al buen nombre y a la honra, que consideraban vulnerados con las denuncias de Vera.
El argumento de los representantes de las juntas es que ese tipo de declaraciones contribuye a mantener la estigmatización sobre el territorio de Guachaca como una zona paramilitar. Además, que su sustento lo derivan del turismo y que afirmaciones como esas pueden disuadir a los visitantes de llegar a la región. En la tutela le pedían que se retractara. El Juzgado Quinto Civil del distrito de Santa Marta negó la tutela y respaldó la labor de denuncia de la investigadora.
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Hace un mes, uno de los líderes de la zona montañosa de la Sierra fue abordado por hombres armados de las Acsn y conducido hacia una base paramilitar ubicada en la montaña. Según el relato del líder, del que protegemos su identidad, en dicha finca habría por lo menos 40 o 50 hombres fuertemente armados, uniformados y con brazalete. “Igual que antes”, sostuvo. El traslado hasta allá, según su testimonio, obedeció a que el comandante del grupo quería que un líder con legitimidad en el pueblo llevara el mensaje de que su presencia en la zona es real y de que pueden acudir a ellos para solucionar problemas.
Las Acsn tienen bases como esa en la parte montañosa de los corregimientos de Palmor, Siberia, San Pedro y San Javier, según documentó la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 044 de 2019. Esa entidad ha advertido también sobre la presencia ininterrumpida y consolidada que tiene ese grupo paramilitar en toda la Sierra, que desde la desmovilización de Giraldo ha mutado en 12 estructuras armadas: Los Giraldo, Águilas Negras, Los Mellizos, Bloque Cacique Arhuaco, Los Nevados, Los Paisas, la Oficina de Envigado, Los Urabeños, Agc, Rastrojos, la Oficina Caribe y Los Pachenca. Esta última, en junio de 2019, tras la muerte en combate con la Policía de su máximo comandante, Jesús María Aguirre –conocido como Chucho Mercancía–, pasó a llamarse Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Los nombres cambian, pero el control permanece intacto.
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A Palmor se llega desde Santa Marta por la Troncal del Caribe y se coge la trocha en un punto que queda pasando el río Sevilla. Desde ahí son poco más de 20 kilómetros de camino empinado que se recorren en dos horas por una vía destapada a la que solo suben camionetas 4x4 o motociclistas avezados. A veces se ven tramos intervenidos con placa huella. A medida que se sube la montaña, los árboles de mango se van reemplazando por cultivos de café, donde el clima ya es más templado. Entre más arriba, más imponentes se ven las montañas de la Sierra.
Uno de los líderes más emblemáticos del caserío es Marcel de Jesús Pérez, quien fuera presidente de la Junta de Acción Comunal por 12 años.
En 2018 salió desplazado para Bogotá tras denunciar irregularidades de políticos de la zona en la implementación de proyectos de energía solar. Por sus denuncias estaba en la mira de los armados y tuvo que abandonar el territorio. Volvió a Palmor hace ya más de un año.
Hoy son dos sus peleas: que con el agua que abunda en los ríos de la Sierra se genere energía para la agricultura campesina. Él mismo es el principal gestor de una pequeña central hidroeléctrica, su mayor orgullo, con la que logran abastecer de energía a todo el caserío. “El pueblo que genera su propia luz”, han titulado algunos medios cuando hablan de Palmor. Pérez defiende con ímpetu que otras cuantas de esas microcentrales hidroeléctricas podrían transformar la calidad de vida campesina de la zona y generar energía limpia.
La otra batalla es la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la región, pactado en el Acuerdo de Paz.
Él es integrante del grupo motor que empujó ese programa al principio y que recogió las iniciativas de las comunidades que quedaron plasmadas en el documento. El PDET de esta zona cubre la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, con cuatro municipios del Magdalena, tres de La Guajira y ocho del Cesar. Ciénaga, al que pertenece Palmor, puso 123 iniciativas.
“Aquí se enfrenta uno hasta a la misma comunidad por desconocimiento de qué son los PDET. En eso no hemos tenido el apoyo que deberíamos tener de la Agencia de Renovación del Territorio –a cargo de esos programas– ni del mismo municipio de Ciénaga, en el sentido de llevar la información a nuestras comunidades. Por eso en este momento estamos así: nosotros en la lucha de que se cumplan las iniciativas que dejamos establecidas y el ente territorial en lo que ellos quieren implementar. Ellos se saltan al grupo motor y llegan a las juntas para conseguir las firmas de los presidentes, que muchas veces no tienen conocimiento”, reclama.
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La misma sensación de abandono hacia el PDET la tiene Edwin Gordillo, presidente de la junta de San Pedro, otro corregimiento de Ciénaga. Dice que al principio el proceso marchó bien, se reunió a la gente de las veredas, se tuvieron en cuenta sus necesidades y sus iniciativas. Pero, asegura, hoy lo que se está implementando en el territorio no concuerda con lo que dejaron en el programa.
“Aquí nos vinieron con un proyecto de plantas fotovoltaicas (de energía solar), pero a las veredas que más lo necesitan no las tuvieron en cuenta. Estamos hablando de veredas que quedan a seis u ocho horas de camino. Les dieron las plantas a familias a las que les pasan las redes eléctricas de la energía comercial por encima de la casa. Hicieron las cosas al revés”, afirma.
Pese las dificultades para aterrizar lo que quedó plasmado en el PDET, Gordillo sostiene que ese programa es la última esperanza de su comunidad, que solo ha recibido migajas de las alcaldías. Ahora que hay cosecha de café, que empezó en octubre e irá hasta febrero, hay presencia de militares en su corregimiento. Vienen a darles protección a los compradores, dice Edwin, pero cuando se acabe la cosecha, se irá también el Ejército. Y entonces, señala, quedarán de nuevo a su suerte. Dice que el respaldo de la comunidad lo hace sentirse protegido, pero sabe que está cercado por el grupo armado.
Tanto en la entrada de Palmor como en la de San Pedro están instalados peajes comunitarios de $5.000 que recaudan las juntas de acción comunal para el mantenimiento de la vía, según explican. Sin embargo, parte de ese recaudo podría estar yendo a parar a las arcas paramilitares. Así lo había denunciado el líder ambientalista Alejandro Llinás antes de ser asesinado en abril de 2020 en la zona de Guachaca.
Las curules de paz, otro asunto urgente
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) alertó sobre la posibilidad de que Jorge Tovar, el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, antiguo jefe paramilitar conocido en la guerra como Jorge 40, sea candidato a la curul de paz de esta región. En la zona dicen que ya está haciendo campaña. Desde que se desempeñó en 2020 como coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior ha sostenido que él también es víctima del conflicto armado y que no puede ser juzgado por los crímenes de su padre, por los que ha pedido perdón.
Sin embargo, para Máximo José Polo, también candidato a esa curul de paz y cuyo hermano fue asesinado en la época de las Auc, la sola presencia del hijo de Jorge 40 es intimidante para las víctimas de la estructura que comandó su padre. Cree que al lado de él es difícil hacer campaña y que víctimas y organizaciones sociales que quieren apuntarle a esa curul se sienten metidas en una pelea perdida desde el principio. El sentimiento, explican, no es solo por un candidato como Jorge Tovar, sino porque saben que las élites políticas tradicionales buscarán hacerse con ese asiento en la Cámara de Representantes.
Pero hay otro riesgo. A la Sierra han vuelto los desmovilizados del paramilitarismo que se acogieron a Justicia y Paz y han purgado sus penas en la cárcel. La Defensoría ha advertido de la posibilidad de que algunos de ellos se hayan reintegrado a las estructuras armadas vigentes en el territorio y hayan vuelto a tener un rol de mando. En otras ocasiones, los desmovilizados han llegado a tener representatividad en la comunidad.
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En este último grupo estaba Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, quien se presentaba como líder social y decía estar dedicado al trabajo comunitario en la Sierra. Tuvo protección asignada por el Estado e incluso interpuso recursos jurídicos contra quienes lo señalaron como cabecilla de las Acsn. Lo último que se supo de él es que este año salió del país argumentando amenazas contra su vida.
Así, mientras en la zona plana de la Sierra nadie quiere hablar del control paramilitar del territorio, en las montañas patrullan uniformados los hombres de las Acsn. El fin de semana pasado se conoció que una comisión de la Agencia Nacional de Tierras que ejecutaba labores de campo se cruzó con un grupo de paramilitares de esa estructura que andaba por la zona. Ese control sigue siendo silencioso, hasta que de cuando en cuando muestra sus dientes con asesinatos que resuenan a nivel nacional por tratarse de defensores del ambiente como Llinás, el guardaparques Wilton Orrego, la pareja de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve o la activista afro Maritza Quiroz .
*Este reportaje contó con la colaboración en campo del investigador y profesor de la Universidad del Magdalena Lerber Dimas.
**Esta producción hace parte del especial “Defender la paz: una labor de alto riesgo”, apoyado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol), a través de su proyecto “Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo”.
