Líderes de sustitución de coca, objetivo del narcotráfico

La sustitución voluntaria de la coca está convirtiendo en carne de cañón a los líderes que socializan el PNIS. /El Espectador

La sevicia con la que fueron asesinados Jesús Orlando Grueso y Jonathan Cundimí Anchino, el fin de semana pasado en Guapi (costa Pacífica caucana), tras recibir 10 y 13 impactos de fusil respectivamente, demostraría que el doble crimen no sólo obedeció al simple desacato a la orden de paro armado del Eln, sino también al liderazgo de los afrodescendientes en la socialización del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Mire aquí la cronología de la amenaza del narcatráfico a la sustitución voluntaria de coca

Este homicidio ratifica que la sustitución voluntaria de la coca está convirtiendo en carne de cañón a los líderes que socializan el PNIS, la iniciativa del Estado para cumplir con el punto cuatro del Acuerdo Final firmado con las Farc. Ese 9 de febrero, Jesús Orlando y Jonathan, ambos integrantes del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico (Moep) y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), salían de presentar a la comunidad de la vereda La Soledad los beneficios de reemplazar la coca por cultivos agrícolas, cuando fueron interceptados por hombres vestidos de camuflado y con armas largas.

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No era la primera vez que se enfrentaban a los grupos armados. Desde que lideraron el Paro Nacional del Pacífico, en 2013, recibieron amenazas e intimidaciones. Por eso ya habían solicitado seguridad a la Unidad Nacional de Protección, aunque, según sus compañeros, las medidas adoptadas fueron recomendaciones de autoprotección y un teléfono celular.

Ese viernes de febrero, Grueso y Cundumí salieron muy temprano desde el casco urbano de Guapi para alcanzar a recorrer cinco horas en lancha por el río Napi y luego tres horas de camino hasta llegar a la reunión que tenían en el salón comunal.

Pasadas las 6 de la tarde, cuando los líderes iban a abordar la lancha para regresar a Guapi, fueron interceptados por guerrilleros del Eln, contó un compañero de Grueso, quien pidió mantener su nombre en el anonimato por las amenazas que ha recibido. Posteriormente, fueron subidos a un deslizador y llevados a la selva de la vereda San Agustín, en donde Medicina Legal encontró los cuerpos.

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“Este frente del Eln ha enviado mensajes contradictorios en esta región, pues mientras se desarrollaba el cese al fuego bilateral con el Gobierno, realizó acciones para el control territorial y poblacional, con el fin de beneficiarse de economías ilegales”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Pero en el escenario del Pacífico caucano, que lo componen los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi (unidos como un cordón sobre el mar), tras la salida de los frentes 30 y 60 de las Farc, ha aparecido un nuevo grupo armado ilegal denominado clan del Pacífico.

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“Ellos han venido amenazando a la población, entrando en disputa del territorio con el Eln, situación que ha incrementado el riesgo de las comunidades, especialmente de las autoridades étnicas y líderes sociales”, reforzó Negret.

Y esa disputa territorial pasa por las acaloradas discusiones que tienen constantemente los líderes con los grupos ilegales, como le tocó a Grueso. Los representantes de las comunidades en estas zonas rurales de Colombia siempre han servido de mediadores y defensores de derechos humanos ante las agresiones de quienes tienen las armas y pretenden imponer su ley, esta vez la de un “ejército antisustitución”.

Las cifras de homicidios contra estos líderes son un indicador de esta hipótesis: en apenas mes y medio de 2018 han sido asesinados ocho voceros del programa de sustitución voluntaria en los territorios. Algunos porque impulsan la iniciativa que aún no cumple un año y, otros, por el hecho de inscribirse en el programa y arrancar las matas de coca a cambio de recibir apoyo estatal para impulsar proyectos productivos de largo plazo.

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Así, por ejemplo, el 27 de septiembre de 2017 mientras funcionarios estatales inscribían en el programa a las familias del corregimiento El Doce de Tarazá (Antioquia), fueron intimidados y sacados de la zona por hombres del clan del Golfo. Luego, el 22 de octubre de 2017, fue asesinado Miguel Pérez Villar, líder impulsor del programa en ese municipio. Era integrante de la Coccam. Y apenas el pasado 9 de febrero presuntos hombres del clan del Golfo asesinaron a David Alexis Narváez, líder de sustitución de cultivos en el bajo Cauca antioqueño. Además, era beneficiario del programa en la vereda La Pipiola de Tarazá. Tres hechos seguidos con advertencia anticipada y con final trágico para este municipio del norte antioqueño.

Y así sigue la lista de hechos (ver cronología) que refuerzan la idea de que el “ejército antisustitución” no respeta líderes y que hay una sintonía entre el Eln, el clan del Golfo, narcotraficantes y otras organizaciones ilegales que no se quieren dejar arrebatar esos recursos que son el combustible del conflicto en zonas como la costa Pacífica caucana, en donde no sólo está la coca, sino también los laboratorios y la ruta para sacar la droga por Panamá hacia Estados Unidos.

Los otros hechos que refuerzan esta idea y cuyo listado corresponde a un documento del coordinador del programa estatal, Eduardo Díaz, son los atentados contra las misiones de Naciones Unidas cuando van a revisar los cultivos de coca de los beneficiarios del programa de sustitución voluntaria.

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Uno de estos hechos se registró el 30 de enero de este año en la vereda Altamira, municipio de El Paujil (Caquetá). Allí, hombres armados, quienes se identificaron como disidentes de las Farc, robaron los equipos de GPS, teléfonos celulares y dos vehículos a la comisión de Naciones Unidas que verificaba los cultivos de coca de campesinos inscritos en el programa. Los armados manifestaron su rechazo a esa iniciativa.

El 9 de enero de 2018, las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico amenazaron a los pobladores del corregimiento El Pinde de Tumaco (Nariño), por participar en el programa de sustitución. Hicieron advertencias amenazantes a los campesinos que permitan la verificación de Naciones Unidas.

“De 17 misiones para verificar la sustitución de cultivos, desde que empezó el programa, nos han bloqueado 12, es decir, Naciones Unidas no ha podido hacerlo por amenazas o situaciones de orden público que impiden que entren al territorio a verificar la sustitución”, recalcó Díaz, coordinador del PNIS.

Las presiones contra los líderes se han prolongado en el tiempo sin una respuesta estatal eficaz. No obstante, como los homicidios contra esta población no paran, esta semana el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, anunció una medida distinta a la protección individual con escoltas. Según le dijo a Caracol Radio, el Gobierno está socializando un decreto para pasar de la protección reactiva de líderes a la preventiva, y así poder implementar un esquema que proteja a toda una comunidad.

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En todo caso, uno de los nudos de la implementación del Acuerdo de Paz es la sustitución de cultivos de uso ilícito y su expresión más grave son los crímenes que se han registrado a su alrededor. Un año después de creada la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), su representante, Luz Perly Córdoba, dice que 27 de los voceros del programa fueron asesinados entre enero de 2017 y enero de 2018.

Por eso, los resultados hasta ahora obtenidos en el tema de sustitución voluntaria de cultivos han costado literalmente sangre y lágrimas. Y a pesar de la oposición de los armados para que los cultivadores sustituyan el arbusto por cultivos lícitos, a 31 de enero de este año el programa, con ayuda de los líderes, logró incluir a 54.527 familias que, según el PNIS, tienen 40.002 hectáreas de coca.

De esa cantidad, Naciones Unidas ha podido verificar 16.754 y la meta es que a mayo de este año sumen más familias y se llegue a 50 mil hectáreas sustituidas, afirmó Díaz. Según el último reporte de la ONU de junio de 2017, en el territorio nacional hay sembradas 146.000 hectáreas. Para el funcionario esto es un avance importante que dejará este Gobierno. Sin embargo, Luz Perly Córdoba, vocera la Coccam, dice que el programa avanza a paso de tortuga, “con las paticas enyesadas”.

La líder social dijo que los campesinos están arrancando las matas de coca, pero que el Gobierno sólo ha llegado con el millón de pesos para el sostenimiento mensual de cada familia beneficiaria, y que en departamentos como Guaviare, aún no está andando el primer proyecto productivo para esa región. De acuerdo con los datos del PNIS, hay 28.660 familias inscritas para recibir pagos y que han retirado o están retirando los cultivos ilícitos. Y, a pesar de todo, el cumplimiento de los campesinos es del 93 %, manifestó el coordinador del programa, Eduardo Díaz.

Este panorama deja ver que la mira del “ejército antisustitución” no sólo está en los líderes sociales y voceros del programa, sino también en los beneficiarios, quienes se comprometen a reemplazar la coca, pero luego su destino ha sido la muerte.

A los líderes Jesús Orlando Grueso y Jonathan Cundumí Anchino, los asesinaron por su condición de líderes, no hay duda. Los dos fueron sepultados el lunes pasado con un adiós multitudinario de guapireños, que llenaron las calles de ese municipio costero, para expresar el rechazo al doble crimen y para decirles a los armados que los líderes nunca mueren, siempre y cuando hayan dejado su legado en la comunidad. El legado de Grueso lo recibió el líder que nos relató los hechos en los que murieron sus colegas. No quiso decir su nombre por temor, y por temor en los próximos días saldrá de su Guapi del alma.