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Han pasado casi 10 días desde que el Personero Municipal de Tame, Juan Carlos Villane, alertó que desde el 9 de julio al menos siete veredas de su municipio estaban bajo el control de grupos armados ilegales que llevaban varios días en enfrentamientos.
En redes sociales comenzaron a circular videos de las comunidades en medio de los disparos y algunos líderes comunitarios de los consejos afrodescendientes de la zona, en diálogo con Colombia+20 aseguraron que al menos 50 habitantes de las veredas La Holanda, Gran Bucare, Temblador, La Esperanza, Siberia I y II y la vereda Las Nubes están completamente incomunicados luego de que les hubieran “decomisado” los celulares.
Aunque el ministro de Defensa Diego Molano responsabilizó al Eln por estos hechos y aseguro que habría 11 personas privadas de la libertad, el gremio de consejos comunitarios afodescendientes dicen que serían más de 300 personas, entre todas las veredas, las que en este momento están bajo el control de los grupos armados. “La información más reciente que tenemos es que el Eln decidió hacer unas inspecciones a los celulares de la gente y por eso están incomunicados”, explicó uno de los líderes afro, según las denuncias de dos habitantes de las veredas que lograron salir de la zona.
La primera institución en documentar este hecho fue la Defensoría del Pueblo, quien el pasado 13 de julio alertó sobre el inminente riesgo en que estaría la población civil y avisó de, por lo menos, 15 retenciones, entre las que habría menores de edad, excombatientes de las Farc y campesinos del sector. Aunque el ministro de Defensa anunció un “operativo militar en la zona”, la petición más urgente de los líderes afrodescendientes es que se abra un corredor humanitario para que los pobladores puedan salir para abastecerse o para hacer diligencias urgentes. “
Por ahora, según el gremio, el Eln estaría permitiendo las salidas controladas a una persona por familia, pero no son periódicas. “Si en una familia hay una pareja, escasamente están permitiéndole al hombre salir a hacer algunas compras urgentes y retienen a la otra persona como garantía de regreso del que salió. Este nivel de control es algo que no veíamos hace muchos años”, sostiene. Pedimos a la cooperación internacional, organismos de Derechos Humanos e instituciones como la Defensoría del Pueblo que logren llegar hasta allí para intervenir por las necesidades más básicas de la gente”, piden.
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Los mismos líderes fueron quienes convocaron a un consejo de justicia transicional el pasado 13 de julio en los que pidieron garantías para las comunidades víctimas. “Por ahora sabemos que han continuado los enfrentamientos, pero desconocemos si hay civiles implicados o heridos en estos casos”.
Esa es una de las máximas preocupaciones de los defensores de derechos humanos que, por ahora, buscan consolidar un censo de personas afectadas para entregarle a la Unidad para las Víctimas. “La información que hemos entregado a la Unidad ha sido, principalmente, los datos de la población afrodescendiente que está confinada. El compromiso es que ellos puedan llegar en una misión humanitaria y atender las necesidades prioritarias. Ellos se comprometieron a corroborar y documentar los casos de las personas afectadas”.
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De acuerdo con uno de los líderes del gremio, que pidieron ser nombrados en colectivo por seguridad, de la vereda La Holanda habrían logrado salir 30 personas durante el fin de semana hacia el municipio de Puerto Rondón. “Son los casos de algunas personas que lograron huir y otros de quienes salieron antes de que los enfrentamientos se recrudecieran la semana pasada. Incluso esas personas que están por fuera del territorio están completamente aterrorizadas. Este es el verdadero miedo democrático”, señalan.
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En contexto
En marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el municipio de Arauca. En el documento, le pedían al Gobierno actuar con urgencia ante la exacerbación de los riesgos de ataque contra la población civil y de infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por recientes acciones violentas del Eln y del frente décimo de las disidencias de las Farc, especialmente en la capital del departamento. La entidad alertó que podría haber “homicidios, masacres, ataques indiscriminados con interposición de población civil, instalación de artefactos explosivos improvisados, ‘plan pistola’ contra miembros de la Fuerza Pública, incrementos de los secuestros extorsivos y con fines políticos, amenazas y extorsiones”.
En los últimos tres meses más de 15 líderes y lideresas sociales de este departamento han sido desplazados de sus municipios y otros han preferido abandonar el departamento por la nueva ola de violencia que viven desde comienzos de este 2022. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denuncia que ninguna de las personas que han solicitado medidas de protección a la UNP este año han obtenido respuesta y piden que la Mesa Territorial de Garantías cumpla su función. El defensor del Pueblo Carlos Camargo, el pasado 21 de abril aseguró que, en lo que va del año, al menos 38 personas se han desplazado cada día y otras 146 han sido asesinadas solo en este departamento.
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Por ahora, la petición más urgente es que se cumplan los compromisos de la Mesa Territorial de Garantías, consolidada apenas el 7 de diciembre del 2021. El abogado Juan Carlos Torregrosa explica que aunque el año pasado ganaron una tutela que obligó al Gobierno a consolidar esa Mesa, todavía no se ven los primeros frutos. “Habíamos quedado que se iba consolidar el trabajo a través de la creación de una submesa de garantías de protección para los líderes sociales, por prevención pero también para reaccionar a los casos de riesgo inminente. La Defensoría creó un grupo de WhatsApp para eso, pero pareciera que el Estado no tuviera ningún interés. No hay nada todavía”.