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El 2021 fue el año más peligroso de los últimos doce para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
Cada día del 2021 se presentaron tres agresiones contra líderes sociales.
Así lo evidenció el informe “Teatro de sombras”, publicado hoy por la organización Somos Defensores, en el que registran 996 agresiones, lo que significa un aumento del 3 % con respecto de 2020. Esta es la cifra más alta desde 2010, año en el que el programa no gubernamental inició su registro, y significa que, en promedio, cada día del 2021 se presentaron tres agresiones contra líderes. Entre las agresiones se cuentan también los asesinatos, dato que tuvo una leve disminución, pasando de 199 a 139 casos.
En 2022, el panorama solo empeora: en los tres primeros meses, 52 líderes y lideresas sociales fueron asesinados. Somos Defensores indica que se deben prender las alarmas, porque esta cifra casi duplica los 28 casos confirmados en el mismo período de 2021.
A escala nacional, Antioquia fue el departamento con mayor número de asesinatos en 2021, con 23 casos. Le siguen Cauca, con 22; Valle del Cauca, con 18, y Nariño, con once registros (ver gráfica).
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De acuerdo con el informe, la situación de violencia en el 2021 en estos departamentos estuvo marcada por la expansión territorial y la disputa entre actores armados ilegales, que ha propiciado una reconfiguración de las dinámicas del conflicto. Además, la disputa entre armados no solo dejó a su paso asesinatos, sino también desplazamientos, confinamientos, desaparición forzada y víctimas civiles de masacres. A partir de los registros documentados, Somos Defensores resaltó que en 2021 se perpetraron cerca de trece masacres en el Cauca, departamento que concentró el mayor número de agresiones contra líderes (245) y mantiene la tendencia de los últimos cinco años de ser el territorio más peligroso para los defensores.
¿Qué liderazgos son los más violentados?
Sobre los presuntos responsables de los 139 asesinatos registrados en el informe, en el 59 % de los casos (82) se atribuye a actores desconocidos, el otro 41 % se distribuye así: 15 % fueron perpetrados por grupos paramilitares (21 casos), 13 % por las disidencias de las Farc (18 casos), 6 % por la guerrilla del Eln (nueve casos), 4 % serían responsabilidad de la Fuerza Pública (cinco casos) y el último 3 % (cuatro casos) serían civiles responsables de los feminicidios.
El documento indica que los hechos cometidos por paramilitares tuvieron una disminución del 30 % en relación con 2020 y los que se les endilgan a las disidencias de las Farc también bajaron en un 28 %. Pese a ello, preocupa el aumento de los cometidos por autor desconocido, dado que tienen un “impacto negativo” por la impunidad que históricamente se presenta.
Un hallazgo importante de este informe es que, luego de casi doce años, se documentaron tres agresiones en San Andrés y Providencia, departamento que había permanecido libre de esta violencia. Somos Defensores explicó que una posible razón es la visibilidad que tomaron los liderazgos luego del paso del huracán Iota, en noviembre del 2020, cuando se le reclamó al Gobierno que diera soluciones a las afectaciones que vivieron los habitantes de la isla.
Somos Defensores también indica que hubo 34 casos de muertes de líderes y lideresas comunales, seguido de 32 indígenas; 21 comunitarios, y 17 campesinos (ver gráfica). Al cruzar la información de tipo de liderazgo con departamentos más afectados, se puede ver una correlación con territorios como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde hay una fuerte presencia de juntas de acción comunal, cabildos y organizaciones indígenas de base y movimientos campesinos abanderados por la defensa de sus territorios y procesos sociales.
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Las afectaciones a líderes y lideresas sindicales, afrodescendientes, ambientales, académicos, de mujeres, de población LGBTI, de jóvenes y de víctimas condensan el 25 % de los casos registrados por Somos Defensores. En el caso de los jóvenes, la organización asocia el incremento de las afectaciones con el evidente liderazgo en el marco del paro nacional y el inicio de un relevo generacional del movimiento social. Sobre los liderazgos de las víctimas, las agresiones se relacionan con su participación en las campañas para Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz , lo que “demuestra una vez más el nexo entre coyunturas electorales y agresiones a personas defensoras en los territorios”, según el informe.
La protección del Gobierno fue mínima
El documento también denuncia que, pese a las múltiples alertas de la violencia contra los líderes y lideresas sociales, el gobierno de Iván Duque no reaccionó sino el 6 de diciembre del 2021 (tres años y medio después del inicio de su mandato) con la publicación del Conpes 4063 - Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y el Liderazgo Social. Para Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores, esto no representa un avance porque no cuenta con un enfoque real de derechos. “Consideramos que lo que hace el Conpes es traer toda la estrategia del PAO [Plan de Acción Oportuna] y la eleva de estrategia a política pública, pero esta no va en la dirección correcta porque no está enfocada en las garantías, sino en la protección física , ni tampoco tiene en cuenta espacios de participación como el de la Mesa Nacional de Garantías”, señala.
Esto responde a que no existe ningún programa ni plan de acción contra la estigmatización y criminalización de estas personas ni tampoco garantías de implementación de medidas en el orden nacional y territorial, alertó Somos Defensores. Además, la adopción de esquemas de protección colectiva con enfoque étnico diferencial y el cumplimiento de medidas para el respeto a la labor de defensa de derechos humanos es casi nula.
El informe también critica de forma contundente a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. “Mientras los organismos de investigación y control continúen mas preocupados por apoyar al Gobierno que por cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, las personas defensoras de derechos humanos seguirán abandonadas a su suerte, enfrentando los elevados riesgos en el ejercicio de su labor que, lejos de disminuir, se incrementan”, sentencia.
Por ello, este debe ser un tema crucial para el próximo gobierno, afirmó Castro. “Nuestra recomendación a los candidatos presidenciales y congresistas electos es que desde ya vayan pensando en cómo van a incorporar en sus programas una política de garantías para el ejercicio de la labor de liderazgo social”.
El 2022, incluso más peligroso
Somos Defensores también publica hoy su primer informe trimestral de 2022, que registra un incremento del 89 % de los asesinatos a líderes sociales entre enero y marzo de 2022 frente al mismo período de 2021. Además, se documentan 254 agresiones contra 249 personas defensoras de derechos humanos este año, lo que significa un 41 % más que de enero a marzo de 2021, cuando se registraron 180 agresiones.
La situación del Cauca es especialmente dramática: pasó de 31 hechos en el mismo período del 2021 a 112 hechos en el 2022, lo cual representa un incremento del 261 %. “Estas cifras “demuestran no solo la falta de garantías en los territorios que genera vulnerabilidades para defensoras y defensores, sino también la ineficacia de las medidas de protección adoptadas por el Estado”, señala la organización.