Los acuerdos del Gobierno Petro con el primer paro campesino en su mandato
El Gobierno Nacional reconoció explícitamente que en el Magdalena Medio hay una crisis humanitaria producto de la escalada paramilitar en la región, como lo pedían las comunidades que por casi una semana bloquearon la vía de Bucaramanga a Barrancabermeja.
El Instituto Universitario de la Paz (Unipaz), en Bucaramanga, fue escenario de un episodio inédito. Luego de que por cuatro días cientos de campesinos del Magdalena Medio se abalanzaran sobre la vía que comunica Bucaramanga con Barrancabermeja, en el punto conocido como La Lizama, el Gobierno Petro envió varios emisarios que se reunieron con los voceros de la movilización en un auditorio de esa universidad, para capotear el que se convirtió en el primer paro campesino en su mandato.
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Los manifestantes habían llegado a ese punto de la carretera desde el domingo 22 de enero y a partir del lunes impidieron el paso en la vía, que mantuvieron bloqueada hasta la noche del jueves 26. Los labriegos provenían de una extensa región que denominan “Los dos ríos”, que abarca el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, el centro y sur del Cesar, el sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Varios municipios enclavados entre el río Cauca y el río Magdalena.
Las comunidades campesinas de esa región convocaron el paro ante el desbordamiento de la que denominan una crisis humanitaria resultado de una escalada paramilitar que según vienen documentando las organizaciones en la zona avanza lanza en ristre contra el movimiento social de la región. La movilización ocurría semanas antes de que se cumpla el primer aniversario del asesinato de los dos principales rostros que han caído en esa feroz arremetida en la región: Teófilo Acuña y Jorge Tafur, emblemáticos líderes agrarios de la zona, baleados el 22 de febrero de 2022 en una vivienda en San Martín, Cesar.
Esos dos nombres hacen parte de un listado de 34 líderes sociales que han sido asesinados en esta región desde el año 2020 hasta la fecha. Los casos quedaron documentados en el documento dossier construido por las organizaciones sociales, con el que se convocó al paro de La Lizama. El documento recoge detalladamente las victimizaciones que ha sufrido el movimiento social y popular en esos municipios, y que termina siendo un recuento de los asesinatos que han ido ocurriendo a cuenta gotas:
Fernando de Jesús Gaviria, asesinado en agosto de 2020, en San Pablo (sur de Bolívar); Oswaldo Pérez, asesinado en julio de 2021, en Montecristo (sur de Bolívar); Erley Osorio Arias, asesinado en septiembre de 2021, en Montecristo (sur de Bolívar); José Quiñonez, asesinado en agosto de 2022, en Tamalameque (Cesar). Una lista en la que también aparecen Taylor Cruz Gil, Julio César Hernández, Edier Adán Lopera o Albeiro Hoyos.
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“La gente se movilizó porque en sus territorios hay una grave crisis en materia de derechos humanos expresada en el aumento y la reconfiguración de los grupos paramilitares que ha llevado a que aumenten los confinamientos, desplazamientos, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas”, explica Leonardo Jaimes, abogado defensor de derechos humanos en el Equipo Jurídico Pueblos.
El abogado alerta, entre otras, por la situación en la parte baja del Cesar, en San Martín, San Alberto, Aguachica, Curumaní, “donde incluso los ganaderos han llamado a crear grupos de autodefensa en contra de todo el proceso de recuperación de tierras que se está viviendo allí”. Esa región ha sido epicentro en los últimos meses del pulso por la tierra, que unos llaman “recuperaciones” y otros “invasiones”. No en vano en agosto de 2022 fue en esta región en la que José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero en Colombia, invitó a los ganaderos a actuar:
“Para mis paisanos en el sur del Cesar: cuídense, que vienen tiempos difíciles; vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación a la propiedad privada, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”, fueron las palabras del líder gremial en un video que circuló por redes sociales.
De hecho, los asesinatos de Teófilo Acuña y Jorge Tafur se dieron en medio de una disputa por un extenso complejo cenagoso en San Martín que la comunidad campesina reclama y que está en manos de Wilmer Díaz, un terrateniente de la región que apareció mencionado con nombre propio en las denuncias públicas por el crimen de ambos líderes, el año pasado.
Pero no solo los asesinatos selectivos a los liderazgos fueron los que llevaron a la movilización. Para María José Pérez, integrante de la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle, otro de los detonantes es la estigmatización y señalamientos que viene recayendo sobre el movimiento social y campesino. “Son señalamientos estigmatizantes hacia las organizaciones sociales que están dentro del territorio, en los que se nos señala de pertenecer o ejercer liderazgos sociales para el Eln, que pone en alto riesgo a los líderes e incluso como objetivo militar; lo que hemos dicho es que es trabajo organizativo y popular desde las comunidades”.
La comitiva que envió el gobierno Petro para atender la movilización la encabezó la viceministra de diálogo social, Lilia Solano. Luego de la jornada de conversaciones en la Unipaz, se levantó un acta de tres páginas en la que se logró un reconocimiento inédito por parte de un Gobierno Nacional.
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El primer punto de dicha acta rezaba: “El gobierno reconoce que en Colombia existe una crisis humanitaria en los territorios y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, entendido este no solo desde el punto de vista militar, sino político, cultural, económico y social”.
Pero además, agregaba: “El gobierno reconoce que ha existido por décadas un proceso genocida contra el movimiento popular en Colombia”.
Como consecuencia, el gobierno se comprometió en dicha acta a concertar una hoja de ruta para declarar la emergencia humanitaria mediante Acto Administrativo propiamente emitido.
Ese reconocimiento explícito de la crisis humanitaria por el aumento del paramilitarismo era, precisamente, la principal petición de las comunidades movilizadas y que así se hiciera lo consideran como un logro. “No se pedía un puente, una escuela, lo que se estaba planteando eran unas condiciones estructurales para poder permanecer en los territorios”, recoge Leonardo Jaimes.
El compromiso concreto se materializó en el acuerdo de crear una comisión de declaratoria y solución de la emergencia humanitaria en la macrorregión del Magdalena Medio. La comisión se instalará en Bogotá el próximo 13 de febrero y estará conformada así: Por parte del gobierno, el presidente Petro o su delegado; el ministro del Interior, de Defensa, el defensor nacional del Pueblo y el alto comisionado para la Paz; estará la Procuraduría y contará con acompañamiento de la comunidad internacional: embajadas de Noruega, Suecia, Suiza, Cuba, la Misión de Verificación de la ONU, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia.
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Para la noche del jueves 26, el bloqueo sobre La Lizama se levantó y el gobierno salió bien parado de la primera gran movilización que enfrentó desde el 7 de agosto. Además, durante los cuatro días que alcanzó a durar el bloqueo, no hizo presencia el Esmad ni se intentó disolver la manifestación por vías de hecho. Sin embargo, desde la movilización sí se enviaron varias alertas durante los días de protesta sobre el hecho de que mandos locales de Policía y Ejército habrían incitado, por ejemplo, a camioneros para que arremetieran contra la movilización.
Pero el siguiente pulso con este movimiento campesino se verá en la comisión que se instalará en Bogotá, alrededor del estatus que este Gobierno concedería a grupos paramilitares como las Agc o Clan del Golfo para hablar de paz. “Lo que también planteaba el paro es que no es posible darle estatus político al paramilitarismo, cuando el paramilitarismo es utilizado como un dispositivo para desarticular y exterminar a los sectores sociales y populares en Colombia”, reclama el abogado Leonardo Jaimes.
El Instituto Universitario de la Paz (Unipaz), en Bucaramanga, fue escenario de un episodio inédito. Luego de que por cuatro días cientos de campesinos del Magdalena Medio se abalanzaran sobre la vía que comunica Bucaramanga con Barrancabermeja, en el punto conocido como La Lizama, el Gobierno Petro envió varios emisarios que se reunieron con los voceros de la movilización en un auditorio de esa universidad, para capotear el que se convirtió en el primer paro campesino en su mandato.
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Los manifestantes habían llegado a ese punto de la carretera desde el domingo 22 de enero y a partir del lunes impidieron el paso en la vía, que mantuvieron bloqueada hasta la noche del jueves 26. Los labriegos provenían de una extensa región que denominan “Los dos ríos”, que abarca el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, el centro y sur del Cesar, el sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Varios municipios enclavados entre el río Cauca y el río Magdalena.
Las comunidades campesinas de esa región convocaron el paro ante el desbordamiento de la que denominan una crisis humanitaria resultado de una escalada paramilitar que según vienen documentando las organizaciones en la zona avanza lanza en ristre contra el movimiento social de la región. La movilización ocurría semanas antes de que se cumpla el primer aniversario del asesinato de los dos principales rostros que han caído en esa feroz arremetida en la región: Teófilo Acuña y Jorge Tafur, emblemáticos líderes agrarios de la zona, baleados el 22 de febrero de 2022 en una vivienda en San Martín, Cesar.
Esos dos nombres hacen parte de un listado de 34 líderes sociales que han sido asesinados en esta región desde el año 2020 hasta la fecha. Los casos quedaron documentados en el documento dossier construido por las organizaciones sociales, con el que se convocó al paro de La Lizama. El documento recoge detalladamente las victimizaciones que ha sufrido el movimiento social y popular en esos municipios, y que termina siendo un recuento de los asesinatos que han ido ocurriendo a cuenta gotas:
Fernando de Jesús Gaviria, asesinado en agosto de 2020, en San Pablo (sur de Bolívar); Oswaldo Pérez, asesinado en julio de 2021, en Montecristo (sur de Bolívar); Erley Osorio Arias, asesinado en septiembre de 2021, en Montecristo (sur de Bolívar); José Quiñonez, asesinado en agosto de 2022, en Tamalameque (Cesar). Una lista en la que también aparecen Taylor Cruz Gil, Julio César Hernández, Edier Adán Lopera o Albeiro Hoyos.
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“La gente se movilizó porque en sus territorios hay una grave crisis en materia de derechos humanos expresada en el aumento y la reconfiguración de los grupos paramilitares que ha llevado a que aumenten los confinamientos, desplazamientos, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas”, explica Leonardo Jaimes, abogado defensor de derechos humanos en el Equipo Jurídico Pueblos.
El abogado alerta, entre otras, por la situación en la parte baja del Cesar, en San Martín, San Alberto, Aguachica, Curumaní, “donde incluso los ganaderos han llamado a crear grupos de autodefensa en contra de todo el proceso de recuperación de tierras que se está viviendo allí”. Esa región ha sido epicentro en los últimos meses del pulso por la tierra, que unos llaman “recuperaciones” y otros “invasiones”. No en vano en agosto de 2022 fue en esta región en la que José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero en Colombia, invitó a los ganaderos a actuar:
“Para mis paisanos en el sur del Cesar: cuídense, que vienen tiempos difíciles; vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación a la propiedad privada, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”, fueron las palabras del líder gremial en un video que circuló por redes sociales.
De hecho, los asesinatos de Teófilo Acuña y Jorge Tafur se dieron en medio de una disputa por un extenso complejo cenagoso en San Martín que la comunidad campesina reclama y que está en manos de Wilmer Díaz, un terrateniente de la región que apareció mencionado con nombre propio en las denuncias públicas por el crimen de ambos líderes, el año pasado.
Pero no solo los asesinatos selectivos a los liderazgos fueron los que llevaron a la movilización. Para María José Pérez, integrante de la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle, otro de los detonantes es la estigmatización y señalamientos que viene recayendo sobre el movimiento social y campesino. “Son señalamientos estigmatizantes hacia las organizaciones sociales que están dentro del territorio, en los que se nos señala de pertenecer o ejercer liderazgos sociales para el Eln, que pone en alto riesgo a los líderes e incluso como objetivo militar; lo que hemos dicho es que es trabajo organizativo y popular desde las comunidades”.
La comitiva que envió el gobierno Petro para atender la movilización la encabezó la viceministra de diálogo social, Lilia Solano. Luego de la jornada de conversaciones en la Unipaz, se levantó un acta de tres páginas en la que se logró un reconocimiento inédito por parte de un Gobierno Nacional.
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El primer punto de dicha acta rezaba: “El gobierno reconoce que en Colombia existe una crisis humanitaria en los territorios y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, entendido este no solo desde el punto de vista militar, sino político, cultural, económico y social”.
Pero además, agregaba: “El gobierno reconoce que ha existido por décadas un proceso genocida contra el movimiento popular en Colombia”.
Como consecuencia, el gobierno se comprometió en dicha acta a concertar una hoja de ruta para declarar la emergencia humanitaria mediante Acto Administrativo propiamente emitido.
Ese reconocimiento explícito de la crisis humanitaria por el aumento del paramilitarismo era, precisamente, la principal petición de las comunidades movilizadas y que así se hiciera lo consideran como un logro. “No se pedía un puente, una escuela, lo que se estaba planteando eran unas condiciones estructurales para poder permanecer en los territorios”, recoge Leonardo Jaimes.
El compromiso concreto se materializó en el acuerdo de crear una comisión de declaratoria y solución de la emergencia humanitaria en la macrorregión del Magdalena Medio. La comisión se instalará en Bogotá el próximo 13 de febrero y estará conformada así: Por parte del gobierno, el presidente Petro o su delegado; el ministro del Interior, de Defensa, el defensor nacional del Pueblo y el alto comisionado para la Paz; estará la Procuraduría y contará con acompañamiento de la comunidad internacional: embajadas de Noruega, Suecia, Suiza, Cuba, la Misión de Verificación de la ONU, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia.
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Para la noche del jueves 26, el bloqueo sobre La Lizama se levantó y el gobierno salió bien parado de la primera gran movilización que enfrentó desde el 7 de agosto. Además, durante los cuatro días que alcanzó a durar el bloqueo, no hizo presencia el Esmad ni se intentó disolver la manifestación por vías de hecho. Sin embargo, desde la movilización sí se enviaron varias alertas durante los días de protesta sobre el hecho de que mandos locales de Policía y Ejército habrían incitado, por ejemplo, a camioneros para que arremetieran contra la movilización.
Pero el siguiente pulso con este movimiento campesino se verá en la comisión que se instalará en Bogotá, alrededor del estatus que este Gobierno concedería a grupos paramilitares como las Agc o Clan del Golfo para hablar de paz. “Lo que también planteaba el paro es que no es posible darle estatus político al paramilitarismo, cuando el paramilitarismo es utilizado como un dispositivo para desarticular y exterminar a los sectores sociales y populares en Colombia”, reclama el abogado Leonardo Jaimes.