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Dentro de la cadena del cultivo de la hoja de coca y la transformación en pasta base de coca las mujeres y jóvenes participan en cada actividad. Siembran, recolectan, pican, agregan químicos, y, además, manejan la contabilidad y dan de comer a los varones que participan de la producción. Sin embargo, la voz femenina en los procesos de decisión es limitada. Ellas, a pesar de que manifiestan que se necesitan alternativas para sustituir este cultivo, no quedaron representadas en los Programas de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito a través de un enfoque de género, ni su participación en las instancias de discusión es la más equitativa.
Así lo sienten y lo expresan las mujeres cocaleras del Catatumbo (Norte de Santander) y el Sur de Bolívar (Bolívar). Dos organizaciones de estas regiones (Asociación Campesina del Catatumbo y Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra) documentaron esta situación en el informe “El papel de las mujeres y jóvenes en la economía de la Pasta Base de Coca (PBC)”. En este documento relacionan cómo se evidencia la desigualdad que limita el acceso de ellas a los espacios de empoderamiento, de capacitación, organización y de decisión sobre el territorio; así como el poco reconocimiento de sus liderazgos.
“Cuando son espacios de participación de composición mixta, son los hombres quienes tienen una voz predominante y la presencia de las mujeres se ve disminuida por el cumplimiento de obligaciones familiares de cuidado”, dicen las líderes de estas organizaciones. Esa responsabilidad de cuidado que asumen las mujeres y jóvenes desde los 14 años, incluso antes, causa “una sensación de incertidumbre y desencanto frente a su futuro”, así lo expresaron las que participaron en los talleres para la construcción de este informe. Ese desencanto tiene que ver con que en los entornos rurales en los que viven sus oportunidades educativas y laborales son pocas. Luego, tampoco son tenidas en cuenta a nivel de organización comunitaria.
Las jóvenes, además, temen porque los actores armados las acechan. Para ellas la violencia sexual es una amenaza constante, y para los varones lo es más el reclutamiento a grupos ilegales. Esto causa que se desplacen a centros urbanos.
Por esto siempre hay una dicotomía. Para las mujeres cocaleras de estas regiones es precisamente este cultivo el que les ha posibilitado el sustento, estabilidad y autonomía frente a sus familias, y a la vez es el generador de conflictos sociales como el aumento de consumo de alcohol o los embarazos a temprana edad y la conformación de familias de hombres y mujeres muy jóvenes.
Pero la mirada de las mujeres es particular. En el Catatumbo y en el Sur de Bolívar, regiones que siguen teniendo una fuerte presencia de actores armados, las mujeres crecen con la idea de que no están hechas para asumir cargos de representación, pues es eso lo que se les dice desde niñas. Luego, con la falta de independencia económica, se les dificulta el acceso a la educación formal y a otros espacios de formación con organizaciones sociales. Quedan, en muchos casos, supeditadas a la voluntad de su cónyuge o padre.
Las mujeres también resaltaron que la presencia institucional es insuficiente “para garantizar la atención y cumplimiento de derechos de las mujeres a poseer tierra”, lo que deriva en conflictos y trámites burocráticos.
Las lideresas Yurani y Yenidia Cuéllar, y Maira Castillo, recalcan que la lucha de las mujeres sigue siendo por “minimizar los riesgos que asumen por su condición de mujeres y por ser lideresas defensoras de derechos humanos que luchan cada día porque la cultura violenta se aleje de la crianza de niños y niñas; y que ellas puedan gozar de mayores garantías en la exigencia de sus derechos”.
Y agregan que los procesos formativos con jóvenes y mujeres enfocados a que participen política y socialmente, y sean escuchados, podría lograr que sus planes de vida sean más claros, aunque continúen vinculados a la economía cocalera.