Los indígenas awá viven con el miedo de ser exterminados
Colombia+20 visitó el resguardo Inda Sabaleta, en el corregimiento de Llorente, donde el 3 de julio fueron asesinados un gobernador indígena y dos escoltas. Piden que se declare emergencia humanitaria.
Valentina Parada Lugo
Juan Orlando Moriano habría cumplido 35 años el pasado 11 de agosto. Seguramente habría celebrado su cumpleaños con la tradicional cena que hacía todos los años con su esposa, sus dos hijos, sus hermanos y su padre. Lo habrían acompañado también sus amigos en el resguardo Inda Sabaleta, en el municipio de Llorente (Tumaco, Nariño). Pero ese día, lejos de festejar, una caravana de unas 200 personas entre familiares y amigos visitaron su tumba en el cementerio del resguardo. No le llevaron flores, pero sí pusieron sobre su lápida una bandera roja con verde: la de la minga indígena.
Los guardias indígenas custodiaban las tumbas de Juan Orlando y de Jhon Faver Nastacuas. En ese momento habían pasado 39 días desde que los asesinaron junto a Carlos José García. El mismo número de días que esa comunidad awá permaneció en una minga humanitaria. Los indígenas temen que la visita al cementerio pueda costarle la vida a alguien más, en especial a José Albeiro, uno de los hermanos de Juan Orlando. Cinco de ellos se ubican de frente y toman sus bastones con firmeza, como intentando proteger a quienes se acercan a la lápida. Las tumbas están a pocos metros de la carretera.
(Puede leer: El pueblo awá, entre las balas y la indiferencia)
Juan Orlando Moriano era el gobernador suplente de Inda Sabaleta. Jhon Faver Nastacuas (26 años) era uno de sus escoltas, pero además era su sobrino. Y Carlos José García (29 años) también era escolta, pero de otra autoridad indígena en el resguardo de El Gran Sábalo. Los tres fueron asesinados el 3 de julio pasado sobre la carretera principal, a menos de un kilómetro de la entrada al resguardo y diagonal al cementerio donde fueron sembrados, que es como los indígenas llaman a los entierros. Su caso fue la masacre 49 del año, según Indepaz.
En el resguardo Inda Sabaleta, en Nariño, la gente aún no se repone de esa matanza. El 11 de agosto pasado, según la población, fue el día que más personas salieron a la calle después del escándalo de la masacre. Llevaban camisetas blancas con un mensaje: “Cuenten con nosotros para la paz, jamás para la guerra” y atravesaron parte del pueblo caminando hasta llegar a la Institución Educativa Agropecuaria Ambiental, donde se llevó a cabo una jornada de verificación internacional sobre lo que pasó: llegaron Gilles Bertrand, el embajador de la Unión Europea en Colombia; Raúl Rosende, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Juliette de Rivero, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En un trayecto de apenas un kilómetro había al menos 30 soldados a lado y lado de la vía custodiando a los diplomáticos. “Acá casi siempre están ellos (los militares), pero nunca hay tantos. El día de la masacre ni siquiera se aparecieron y eso que los asesinos siguieron rondando el pueblo ese día”, contó una mujer habitante de la zona.
(Puede ser de su interés: Las contradicciones en el caso de los tres jóvenes asesinados en Chochó (Sucre))
No hay sensación de seguridad. Las autoridades indígenas dicen que habrían preferido que no militarizaran porque “después es un problema para nosotros. Ustedes se van, pero uno queda marcado con los otros (los grupos armados ilegales), como si hubiéramos pedido el acompañamiento de ellos (los militares) y no fue así”, dice uno de los guardias indígenas. Tampoco sienten que el Gobierno los esté respaldando. A la visita, la única entidad estatal que llegó fue la Defensoría del Pueblo.
La masacre
El 3 de julio pasado, según algunos de sus familiares, Juan Orlando había llegado temprano al resguardo Inda Sabaleta, después de haber pasado varios días en Pasto en actividades con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa). Un día antes, el sábado 2 de julio, había recibido una llamada en la que le decían que “a un muchacho de acá de la comunidad le habían quitado la mercancía (pasta base de coca) y lo habían ‘cogido’ y que lo necesitaban a él como autoridad indígena para que lo soltaran”, cuenta uno de los testigos de los hechos, a quien le guardamos su identidad por seguridad. “Juan Orlando siempre se negó a usar su poder como autoridad para que a la gente que había delinquido la soltaran. Por eso lo asesinaron”, dice.
“Juan Orlando siempre se negó a usar su poder como autoridad para que a la gente que había delinquido la soltaran. Por eso lo asesinaron”.
Según él, ese sábado el gobernador suplente se negó a interceder por el caso y colgó el teléfono. “Al día siguiente lo llamaron y le avisaron que al muchacho lo mataron”, cuenta el testigo. Después de esa noticia, el 3 de julio, Juan Orlando habría llegado al resguardo a primera hora y citó a una reunión de emergencia con otras autoridades de la región. Se reunieron en una caseta comunal que hay diagonal al cementerio. A unos 10 minutos caminando de la escuela.
(Lea también: Fiscalía designa comisión para investigar masacre de tres indígenas en Tumaco)
“Él quiso venir a verificar lo que estaba pasando, por qué habían matado al muchacho, y citó como a unas 100 personas ese día”, cuenta otra autoridad indígena que asistió a esa reunión que oficializó la misma Unipa. Según cuenta, sobre las 11:30 a.m. levantaron la sesión porque, entre otras cosas, había gente en motos “pasando” al frente.
Su relato no es detallado, es más bien escueto, frío y concreto: “A Juan Orlando se le dijo que no se asomara a la calle, que más bien llamáramos más gente de la guardia para que pudiera salir porque él estaba muy amenazado, pero él dijo que no pasaba nada, que no se iba a quedar escondido. Ahí fue que salió con el escolta (Jhon Faver Nastacuas) a la carretera. Él siempre le decía al tío que el día que lo fueran a matar, no se iba a quedar quieto”.
La Unidad Indígena del Pueblo Awá reportó la masacre sobre el mediodía de ese 3 de julio. Aseguraron que a Juan Orlando lo interceptaron tres hombres en moto, que lo llamaron por su nombre a un lado de la carretera y que dispararon unas cuatro veces. Tenía heridas de bala en el tórax y en las extremidades. En el momento del ataque armado intervino Nastacuas, uno de sus escoltas. Algunos testigos dicen que él alcanzó a accionar su arma y que segundos después apareció Carlos José García, también escolta, pero ambos fueron alcanzados por las balas. Los dos trabajaban para la Unidad Nacional de Protección.
(En otros temas: El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría)
La reunión dentro de la caseta se dispersó. “Nadie se escondió. Al contrario, todos salieron a defenderlos, pero ya Juan Orlando estaba muerto. Los escoltas quedaron heridos y los asesinos ya se habían ido en las motos”, cuenta la autoridad. El desespero fue tal, que los consejeros indígenas de la Unipa que estaban ese día recuerdan que algunos solo pudieron atacar a los sicarios con sus bastones de mando, a pesar de que ellos empuñaban armas de fuego. “Pudo haber sido peor, porque la gente entró en furia, pero no había cómo defenderse”, repite la autoridad.
Ese mismo día, la Fiscalía anunció que había designado una comisión especial de fiscales, investigadores y criminalísticos para esclarecer lo que pasó en esa masacre. Un hombre cercano a Orlando que llegó hasta el lugar de los hechos dice que ellos conocían a los hombres que asesinaron a los tres indígenas. “Fueron Los Contadores”, aseguró.
Ese grupo era uno de los que había amenazado al gobernador suplente recientemente. Uno de sus familiares asegura que Juan Orlando había decidido, desde comienzos de año, no dormir en el resguardo por motivos de seguridad, pero dice que había recibido unas cuatro amenazas directas en los últimos meses. En lo que va de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha reportado 22 homicidios contra indígenas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego.
Hay 248 personas confinadas y 88 han sido desplazadas. En 2021 ocurrieron 23 asesinatos y en 2020, 32. El gobernador de ese resguardo, Álex Guanga, asegura que del Estado nadie llega a atenderles porque su resguardo está ubicado en lo que se considera zona roja. “El Estado se ha olvidado de nosotros y de todas nuestras comunidades. Sabemos que la misma institucionalidad tiene temor de venir”.
Lo dice con firmeza porque, desde la masacre, no había llegado una delegación a verificar lo sucedido, a pesar de que había pasado más de un mes. Denunció, incluso, que los cuerpos de los tres indígenas asesinados tuvo que levantarlos la misma guardia indígena, quienes los transportaron en sus vehículos hasta Tumaco porque la Fiscalía no llegó. Por eso, una de sus peticiones como autoridad máxima es que el Gobierno Nacional y el departamental reactiven la Mesa de Concertación para el pueblo awá, con el fin de tomar medidas de protección. Además de pedir que se declare la emergencia humanitaria en su territorio.
(Siga leyendo: La violencia que el pueblo awá ya no aguanta más)
La Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana 045 de 2019, ya había expuesto la difícil situación de orden público que se vive allí. En ese territorio, además de la estructura armada conocida como Los Contadores, un grupo asociado a carteles de narcotráfico mexicanos que se desintegraron del Frente Oliver Sinisterra, hacen presencia. También una estructura de Los Rastrojos, de la Columna Daniel Aldana, de Los Barreras y el Bloque Occidental Alfonso Cano.
La entidad ya había advertido que hay constantes enfrentamientos con el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico. En la zona urbana de Llorente, apenas a 30 minutos en carro de Inda Sabaleta, hay presencia del Eln. Y sobre toda la costa pacífica, llegando a Tumaco, hay por lo menos nueve grupos residuales de las Farc que se disputan las rentas ilegales en esa región.
* * *
Al entrar al resguardo, por el lado derecho de la carretera, hay un tapete verde amarilloso de hoja de coca que ha crecido tanto que sus hojas alcanzan a tocar el borde del asfalto. Al lado izquierdo de la carretera están las casas de los habitantes. Pero pareciera que el otro lado de la vía únicamente estuviera destinado para los cultivos. A excepción de una casa de madera, levantada en medio de la hoja de coca. En la única ventana de esa vivienda se asomaron dos niñas, de unos 5 años, a ver pasar la caravana humanitaria.
Inda Sabaleta es el resguardo con el mayor número de cultivos de coca en todo el país, según la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz). De acuerdo con sus cifras, hasta el año pasado había unas 2.000 hectáreas de cultivos de coca en ese territorio.
Esa era, de hecho, una de las luchas de Juan Orlando. Se oponía con firmeza a que su pueblo se involucrara con esos cultivos. En el homenaje del pasado 11 de agosto, Yurani López Moriano, gobernadora del resguardo Nunalbí Alto Ulbí, de Barbacoas, habló sobre la bandera de defensa de los derechos humanos de su amigo y reiteró que el riesgo de exterminio del pueblo awá es vigente y no es una exageración. “Me preocupa que la gente que acompañó esa reunión fue amenazada. Son unas 80 o 100 personas y casi todas han tenido que salir de Inda Sabaleta. Si acá quedan unas cinco testigos, es mucho”, denunció.
Los niños, las otras víctimas
Dayana Bisbicuis Ortiz, la consejera de educación de la Unipa, asegura que todavía no se han dimensionado las afectaciones que están sufriendo los menores y jóvenes del resguardo con los ataques armados. Habla desde un salón de clases de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental Bilingüe, el mismo lugar que hace un año, en agosto de 2021, albergó a 400 personas por ocho días mientras pasaban los enfrentamientos en el resguardo.
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Esa escuela, que entre semana es un espacio de aprendizaje de 600 niños y niñas indígenas, se convirtió por esos días en una especie de búnker para proteger al pueblo entero de las balas. Los salones de clases los adecuaban para dormir, aunque poco se descansaba en medio de los tiroteos. En esos combates alcanzaron a morir seis personas, una de ellas por pisar una mina antipersonal. Se llamaba María Verónica Pai Cabeza, era lideresa del resguardo Piguambí Palangala y tenía seis meses de embarazo.
En las últimas cinco semanas, desde que ocurrió la masacre, a la institución educativa han dejado de ir 12 niños y jóvenes por el miedo de sus padres a que puedan ser atacados en el camino. “Nos preocupa no poder atender los riesgos al reclutamiento forzado en este regreso a clases. Sabemos que muchos de los que no volvieron fue porque se desplazaron con sus familias, pero otros podrían haber sido llevados a los grupos o a trabajar a los cultivos de coca”, señala.
Como consejera, cuenta que han documentado casos de reclutamiento de niños en el resguardo desde los 9 años. Y aunque dice que uno de sus propósitos es que la institución se convierta en un entorno protector, “con el antecedente de los combates el año pasado y la masacre de este año, ha sido difícil que los padres de familia e incluso los profesores, vuelvan a tener confianza para traerlos y los riesgos de utilización de los grupos se vuelven menos controlables”.
Para Dayana el proceso no es únicamente desde la educación tradicional. Su importancia radica en que sabe que desde ese espacio se empiezan a formar grandes líderes para la comunidad. “Así empezó Juan Orlando. Así empecé yo también y muchos de los que estamos como consejeros ahora. Uno empieza desde el colegio, luego entra a la guardia infantil y se va abriendo camino en esto. Por eso hay que proteger estos lugares”.
(Siga leyendo: Los duros hallazgos de la Comisión en el departamento más golpeado por la guerra)
La salida de la misión humanitaria del resguardo la organizó José Albeiro Moriano, el guardia mayor de Inda Sabaleta, hermano de Juan Orlando y, desde que asesinaron a su hermano, integrante de la guardia. A su lado iban tres niños de la guardia infantil junto al coordinador y otros líderes indígenas que, con radio y bastón en mano, acompañaron a la misión humanitaria hasta su salida del territorio. Los más pequeños, dos niños de unos 8 años, iban atrás de José Albeiro y lo custodiaron cuando visitó la tumba de su hermano. “Yo no he dejado de soñar con él desde que lo asesinaron y por eso estoy aquí, porque mi hermano me ha dicho que debo seguir con su legado”.
* Este viaje se realizó en el marco de la misión de prensa organizada por Asociación Minga y la Unipa.
Juan Orlando Moriano habría cumplido 35 años el pasado 11 de agosto. Seguramente habría celebrado su cumpleaños con la tradicional cena que hacía todos los años con su esposa, sus dos hijos, sus hermanos y su padre. Lo habrían acompañado también sus amigos en el resguardo Inda Sabaleta, en el municipio de Llorente (Tumaco, Nariño). Pero ese día, lejos de festejar, una caravana de unas 200 personas entre familiares y amigos visitaron su tumba en el cementerio del resguardo. No le llevaron flores, pero sí pusieron sobre su lápida una bandera roja con verde: la de la minga indígena.
Los guardias indígenas custodiaban las tumbas de Juan Orlando y de Jhon Faver Nastacuas. En ese momento habían pasado 39 días desde que los asesinaron junto a Carlos José García. El mismo número de días que esa comunidad awá permaneció en una minga humanitaria. Los indígenas temen que la visita al cementerio pueda costarle la vida a alguien más, en especial a José Albeiro, uno de los hermanos de Juan Orlando. Cinco de ellos se ubican de frente y toman sus bastones con firmeza, como intentando proteger a quienes se acercan a la lápida. Las tumbas están a pocos metros de la carretera.
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Juan Orlando Moriano era el gobernador suplente de Inda Sabaleta. Jhon Faver Nastacuas (26 años) era uno de sus escoltas, pero además era su sobrino. Y Carlos José García (29 años) también era escolta, pero de otra autoridad indígena en el resguardo de El Gran Sábalo. Los tres fueron asesinados el 3 de julio pasado sobre la carretera principal, a menos de un kilómetro de la entrada al resguardo y diagonal al cementerio donde fueron sembrados, que es como los indígenas llaman a los entierros. Su caso fue la masacre 49 del año, según Indepaz.
En el resguardo Inda Sabaleta, en Nariño, la gente aún no se repone de esa matanza. El 11 de agosto pasado, según la población, fue el día que más personas salieron a la calle después del escándalo de la masacre. Llevaban camisetas blancas con un mensaje: “Cuenten con nosotros para la paz, jamás para la guerra” y atravesaron parte del pueblo caminando hasta llegar a la Institución Educativa Agropecuaria Ambiental, donde se llevó a cabo una jornada de verificación internacional sobre lo que pasó: llegaron Gilles Bertrand, el embajador de la Unión Europea en Colombia; Raúl Rosende, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Juliette de Rivero, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En un trayecto de apenas un kilómetro había al menos 30 soldados a lado y lado de la vía custodiando a los diplomáticos. “Acá casi siempre están ellos (los militares), pero nunca hay tantos. El día de la masacre ni siquiera se aparecieron y eso que los asesinos siguieron rondando el pueblo ese día”, contó una mujer habitante de la zona.
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No hay sensación de seguridad. Las autoridades indígenas dicen que habrían preferido que no militarizaran porque “después es un problema para nosotros. Ustedes se van, pero uno queda marcado con los otros (los grupos armados ilegales), como si hubiéramos pedido el acompañamiento de ellos (los militares) y no fue así”, dice uno de los guardias indígenas. Tampoco sienten que el Gobierno los esté respaldando. A la visita, la única entidad estatal que llegó fue la Defensoría del Pueblo.
La masacre
El 3 de julio pasado, según algunos de sus familiares, Juan Orlando había llegado temprano al resguardo Inda Sabaleta, después de haber pasado varios días en Pasto en actividades con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa). Un día antes, el sábado 2 de julio, había recibido una llamada en la que le decían que “a un muchacho de acá de la comunidad le habían quitado la mercancía (pasta base de coca) y lo habían ‘cogido’ y que lo necesitaban a él como autoridad indígena para que lo soltaran”, cuenta uno de los testigos de los hechos, a quien le guardamos su identidad por seguridad. “Juan Orlando siempre se negó a usar su poder como autoridad para que a la gente que había delinquido la soltaran. Por eso lo asesinaron”, dice.
“Juan Orlando siempre se negó a usar su poder como autoridad para que a la gente que había delinquido la soltaran. Por eso lo asesinaron”.
Según él, ese sábado el gobernador suplente se negó a interceder por el caso y colgó el teléfono. “Al día siguiente lo llamaron y le avisaron que al muchacho lo mataron”, cuenta el testigo. Después de esa noticia, el 3 de julio, Juan Orlando habría llegado al resguardo a primera hora y citó a una reunión de emergencia con otras autoridades de la región. Se reunieron en una caseta comunal que hay diagonal al cementerio. A unos 10 minutos caminando de la escuela.
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“Él quiso venir a verificar lo que estaba pasando, por qué habían matado al muchacho, y citó como a unas 100 personas ese día”, cuenta otra autoridad indígena que asistió a esa reunión que oficializó la misma Unipa. Según cuenta, sobre las 11:30 a.m. levantaron la sesión porque, entre otras cosas, había gente en motos “pasando” al frente.
Su relato no es detallado, es más bien escueto, frío y concreto: “A Juan Orlando se le dijo que no se asomara a la calle, que más bien llamáramos más gente de la guardia para que pudiera salir porque él estaba muy amenazado, pero él dijo que no pasaba nada, que no se iba a quedar escondido. Ahí fue que salió con el escolta (Jhon Faver Nastacuas) a la carretera. Él siempre le decía al tío que el día que lo fueran a matar, no se iba a quedar quieto”.
La Unidad Indígena del Pueblo Awá reportó la masacre sobre el mediodía de ese 3 de julio. Aseguraron que a Juan Orlando lo interceptaron tres hombres en moto, que lo llamaron por su nombre a un lado de la carretera y que dispararon unas cuatro veces. Tenía heridas de bala en el tórax y en las extremidades. En el momento del ataque armado intervino Nastacuas, uno de sus escoltas. Algunos testigos dicen que él alcanzó a accionar su arma y que segundos después apareció Carlos José García, también escolta, pero ambos fueron alcanzados por las balas. Los dos trabajaban para la Unidad Nacional de Protección.
(En otros temas: El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría)
La reunión dentro de la caseta se dispersó. “Nadie se escondió. Al contrario, todos salieron a defenderlos, pero ya Juan Orlando estaba muerto. Los escoltas quedaron heridos y los asesinos ya se habían ido en las motos”, cuenta la autoridad. El desespero fue tal, que los consejeros indígenas de la Unipa que estaban ese día recuerdan que algunos solo pudieron atacar a los sicarios con sus bastones de mando, a pesar de que ellos empuñaban armas de fuego. “Pudo haber sido peor, porque la gente entró en furia, pero no había cómo defenderse”, repite la autoridad.
Ese mismo día, la Fiscalía anunció que había designado una comisión especial de fiscales, investigadores y criminalísticos para esclarecer lo que pasó en esa masacre. Un hombre cercano a Orlando que llegó hasta el lugar de los hechos dice que ellos conocían a los hombres que asesinaron a los tres indígenas. “Fueron Los Contadores”, aseguró.
Ese grupo era uno de los que había amenazado al gobernador suplente recientemente. Uno de sus familiares asegura que Juan Orlando había decidido, desde comienzos de año, no dormir en el resguardo por motivos de seguridad, pero dice que había recibido unas cuatro amenazas directas en los últimos meses. En lo que va de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha reportado 22 homicidios contra indígenas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego.
Hay 248 personas confinadas y 88 han sido desplazadas. En 2021 ocurrieron 23 asesinatos y en 2020, 32. El gobernador de ese resguardo, Álex Guanga, asegura que del Estado nadie llega a atenderles porque su resguardo está ubicado en lo que se considera zona roja. “El Estado se ha olvidado de nosotros y de todas nuestras comunidades. Sabemos que la misma institucionalidad tiene temor de venir”.
Lo dice con firmeza porque, desde la masacre, no había llegado una delegación a verificar lo sucedido, a pesar de que había pasado más de un mes. Denunció, incluso, que los cuerpos de los tres indígenas asesinados tuvo que levantarlos la misma guardia indígena, quienes los transportaron en sus vehículos hasta Tumaco porque la Fiscalía no llegó. Por eso, una de sus peticiones como autoridad máxima es que el Gobierno Nacional y el departamental reactiven la Mesa de Concertación para el pueblo awá, con el fin de tomar medidas de protección. Además de pedir que se declare la emergencia humanitaria en su territorio.
(Siga leyendo: La violencia que el pueblo awá ya no aguanta más)
La Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana 045 de 2019, ya había expuesto la difícil situación de orden público que se vive allí. En ese territorio, además de la estructura armada conocida como Los Contadores, un grupo asociado a carteles de narcotráfico mexicanos que se desintegraron del Frente Oliver Sinisterra, hacen presencia. También una estructura de Los Rastrojos, de la Columna Daniel Aldana, de Los Barreras y el Bloque Occidental Alfonso Cano.
La entidad ya había advertido que hay constantes enfrentamientos con el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico. En la zona urbana de Llorente, apenas a 30 minutos en carro de Inda Sabaleta, hay presencia del Eln. Y sobre toda la costa pacífica, llegando a Tumaco, hay por lo menos nueve grupos residuales de las Farc que se disputan las rentas ilegales en esa región.
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Al entrar al resguardo, por el lado derecho de la carretera, hay un tapete verde amarilloso de hoja de coca que ha crecido tanto que sus hojas alcanzan a tocar el borde del asfalto. Al lado izquierdo de la carretera están las casas de los habitantes. Pero pareciera que el otro lado de la vía únicamente estuviera destinado para los cultivos. A excepción de una casa de madera, levantada en medio de la hoja de coca. En la única ventana de esa vivienda se asomaron dos niñas, de unos 5 años, a ver pasar la caravana humanitaria.
Inda Sabaleta es el resguardo con el mayor número de cultivos de coca en todo el país, según la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz). De acuerdo con sus cifras, hasta el año pasado había unas 2.000 hectáreas de cultivos de coca en ese territorio.
Esa era, de hecho, una de las luchas de Juan Orlando. Se oponía con firmeza a que su pueblo se involucrara con esos cultivos. En el homenaje del pasado 11 de agosto, Yurani López Moriano, gobernadora del resguardo Nunalbí Alto Ulbí, de Barbacoas, habló sobre la bandera de defensa de los derechos humanos de su amigo y reiteró que el riesgo de exterminio del pueblo awá es vigente y no es una exageración. “Me preocupa que la gente que acompañó esa reunión fue amenazada. Son unas 80 o 100 personas y casi todas han tenido que salir de Inda Sabaleta. Si acá quedan unas cinco testigos, es mucho”, denunció.
Los niños, las otras víctimas
Dayana Bisbicuis Ortiz, la consejera de educación de la Unipa, asegura que todavía no se han dimensionado las afectaciones que están sufriendo los menores y jóvenes del resguardo con los ataques armados. Habla desde un salón de clases de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental Bilingüe, el mismo lugar que hace un año, en agosto de 2021, albergó a 400 personas por ocho días mientras pasaban los enfrentamientos en el resguardo.
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Esa escuela, que entre semana es un espacio de aprendizaje de 600 niños y niñas indígenas, se convirtió por esos días en una especie de búnker para proteger al pueblo entero de las balas. Los salones de clases los adecuaban para dormir, aunque poco se descansaba en medio de los tiroteos. En esos combates alcanzaron a morir seis personas, una de ellas por pisar una mina antipersonal. Se llamaba María Verónica Pai Cabeza, era lideresa del resguardo Piguambí Palangala y tenía seis meses de embarazo.
En las últimas cinco semanas, desde que ocurrió la masacre, a la institución educativa han dejado de ir 12 niños y jóvenes por el miedo de sus padres a que puedan ser atacados en el camino. “Nos preocupa no poder atender los riesgos al reclutamiento forzado en este regreso a clases. Sabemos que muchos de los que no volvieron fue porque se desplazaron con sus familias, pero otros podrían haber sido llevados a los grupos o a trabajar a los cultivos de coca”, señala.
Como consejera, cuenta que han documentado casos de reclutamiento de niños en el resguardo desde los 9 años. Y aunque dice que uno de sus propósitos es que la institución se convierta en un entorno protector, “con el antecedente de los combates el año pasado y la masacre de este año, ha sido difícil que los padres de familia e incluso los profesores, vuelvan a tener confianza para traerlos y los riesgos de utilización de los grupos se vuelven menos controlables”.
Para Dayana el proceso no es únicamente desde la educación tradicional. Su importancia radica en que sabe que desde ese espacio se empiezan a formar grandes líderes para la comunidad. “Así empezó Juan Orlando. Así empecé yo también y muchos de los que estamos como consejeros ahora. Uno empieza desde el colegio, luego entra a la guardia infantil y se va abriendo camino en esto. Por eso hay que proteger estos lugares”.
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