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El miércoles 19 de enero sobre las 10:35 p.m., en el centro de Saravena (Arauca), sonaron los primeros disparos en el municipio. A esa hora, alrededor de 50 dirigentes sociales que habían viajado de todo el departamento, estaban reunidos en la sede principal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra capacitándose justamente en medidas de autoprotección en caso de ataques armados. El taller surgió por iniciativa de los líderes en medio del recrudecimiento de los combates y ataques de grupos armados como el Décimo Frente y el 85 de las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln, que iniciaron el pasado 2 de enero. Minutos después de esos primeros disparos, detonó un carrobomba a 15 metros de la sede de la Fundación.
Marcela Cruz, una abogada que presenció el hecho, le contó a Colombia+20 cómo vivieron el más grave ataque en la historia de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que lleva más de 20 años trabajando con líderes y lideresas por la defensa del territorio araucano. “Lo que nos salvó la vida fue que, desde hace una semana que llevábamos reunidos allí, habíamos tomado la decisión de cerrar la calle del frente de la Fundación, precisamente para impedir el paso de personas y de vehículos cercanos a la sede. Por eso nuestros daños fueron solo estructurales, sino no sabemos qué habría pasado con nosotros porque atacar contra una cantidad considerable de líderes sociales no es cualquier cosa, ni siquiera es un homicidio selectivo como estábamos acostumbrados a ver...Intentaron hacer una masacre de dirigencia social”, relata.
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La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, nacida en 1997, tiene como finalidad representar a comunidades colectivas araucanas de campesinos, comunales, sindicalistas, indígenas, mujeres, entre otras poblaciones que se unen para defender los derechos humanos en el departamento, hacer veeduría sobre actividades como la minería en el territorio y rechazar las rentas ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de migrantes y la minería ilegal. Actualmente, la Junta Directiva de la organización la componen 50 líderes y lideresas de esas comunidades de todos los rincones del departamento; las mismas 50 personas que llevaban cuatro días concentradas en la sede de Saravena, recibiendo capacitaciones de autoprotección para ellos y sus comunidades, expuestas a los combates entre actores armados.
“Era de conocimiento público que acá se estaba concentrando la dirigencia social de Arauca, de hecho habíamos pensado que era mejor para todos capacitarnos en el día y pernoctar acá mismo en la sede, con el fin de que nadie tuviera que estar saliendo y entrando del edificio y así disminuíamos la exposición de riesgo de cada uno, pero fue todo lo contario”, relata Cruz, quien además explica que nunca habían sido blanco de un ataque armado de esta dimensión, pese a que a finales del año 2007, la Fundación de Derechos Humanos fue víctima de otro carrobomba explotado en la misma sede, esa vez a manos de la otrora guerrilla de las Farc, “pero esa vez fue un explosivo mucho más pequeño y que no ocasionó daños mayores, como solo con la intención de intimidarnos”, dice.
Ese fue el único antecedente de un atentado directo contra los dirigentes sociales de la Fundación Joel Sierra. Antes de eso, aseguran varios líderes, habían llegado a recibir intimidaciones generales contra los líderes sociales, pero no había tanta contundencia cuando estaban las antiguas Farc “porque ellos tenían una imagen política qué cuidar, los grupos armados que hay ahora en el territorio no dimensionan en costo político de involucrar a la población civil en la guerra”, dijeron otros dirigentes de Saravena consultados, que están convencidos de que se han convertido en una piedra en el zapato por su postura radical contra el narcotráfico, la explotación petrolera y las rentas ilícitas de la frontera.
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Para ese año, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Arauca presentó un pico en la siembra de cultivos, registrando unas 2.300 hectáreas en todo el departamento y estas rentas ilegales eran uno de los principales combustibles para los actores armados ilegales. Un año después, en 2008, el número de hectáreas de coca sembradas se redujo en un 78,9 % y fue menor a las 500. En ese lapso, la disputa no era solo entre las guerrillas de las Farc y el Eln sino también con los grupos paramilitares, entre otras cosas, por la rentabilidad que les permitía fortalecerse como estructuras armadas y por el tráfico ilegal de droga hacia Venezuela, en una de las fronteras más porosas de Latinoamérica.
Sin embargo, en 2018 el departamento fue declarado como libre de cultivos ilícitos y aunque el Gobierno ha insistido en atribuírselo al Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), lo cierto es que la razón principal es que la guerrilla del Eln se opuso tajantemente, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, a la siembra de coca en el territorio. Un investigador en conflicto armado y criminólogo, explicó que “una de las razones de la guerra actual en el departamento es que el Eln busca desalojar a las disidencias de las Farc de Arauca y Apure, y la virulencia de la respuesta de las disidencias, refiriéndome a la bestialidad de atentar contra la población civil como ocurrió contra la Fundación, es una señal de que están perdiendo”.
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Aunque hasta ahora ningún actor armado se ha atribuido el atentado contra la población civil, tanto el criminólogo como los líderes sociales coinciden con que serían las disidencias, especialmente porque el 9 de enero pasado, diez días antes del atentado, en el departamento se difundió un audio de Whatsapp en el que un comandante de las disidencias “daba la orden de atacar a líderes comunales, sociales y proyectos comunitarios”, explica otro líder de la Joel Sierra, que pidió no revelar su identidad.
“Nosotros comenzamos a comparar la voz de la persona que daba la orden y nos pareció muy similar a la del comandante del Frente 28. Dos días después, en un medio de comunicación del departamento, salió Ernesto Mejía Casanova, conocido en el mundo subversivo como “Ernesto” y corrobó que ese audio lo había emitido el comandante “Antonio Medina”, en el que advertía que: “la idea es volar esos negocios de los manes. De Asojuntas, presidentes de juntas, líderes de ellos, toda esa mierda hay que matar”.
Sin embargo, según la entrevista que dio el comandante guerrillero al periodista Álvaro Pérez, le respondió que: “en medio de los combates y viendo la masacre que estaba sucediendo, en un acto de indignación, el camarada ‘Antonio Medina’, en medio de su dolor e indignación, hace ese pronunciamiento. Pero ya fue llamado a instancia correspondiente para hacer las correcciones del caso (...) Reconocemos que fue un momento de indignación, de profundo dolor y rabia”.
Además de esa amenaza, el pasado mismo 19 de enero, pero en la mañana, fue asesinado en Arauca capital José Abelino Pérez, un líder social integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el municipio de Tame. Según la abogada Marcela Cruz, “él había sido uno de los tantos líderes sociales que intentaron criminalizar en 2019, haciendo creer que hacían parte de estructuras armadas. En ese año le allanaron la casa y plantaron artefactos como proveedores de fusil, para decir que había cometido el delito de tráfico, fabricación y porte de armas, pero luego de un año en la cárcel y de demostrar su inocencia, había salido en libertad y trabajaba como mototaxista, pero ese mismo día fue asesinado”.
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Medidas cautelares para proteger a los líderes
El 29 de julio del 2002, luego de varias solicitudes de organizaciones sociales por el recrudecimiento de la guerra paramilitar en Arauca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 14 líderes sociales del departamento. En ese entonces, los municipios más afectados eran Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, donde se libraban confrontaciones armadas a plena luz del día. Para ese momento, varios sectores sociales de Arauca comenzaron a movilizarse y firmaron un compromiso el 4 de marzo del 2002, en el que involucraban al Gobierno para que garantizara la presencia de Fuerza Pública en las zonas de los enfrentamientos.
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Ese compromiso firmado hizo que los movimientos sociales suscritos se convirtieran en “objetivos militares” para los grupos paramilitares y el 8 de noviembre de ese año, fue asesinado el líder José Rusbell Lara, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Por esos hechos, la CIDH se pronunció y ordenó al Estado investigar este crimen, perpetrado después de las medidas cautelares que hicieron que la sede de la Fundacíon en Saravena, la misma que fue atacada el pasado 19 de enero, tuviera blindaje en su infraestructura para resistir a posibles ataques armados. “Sin embargo, esas medidas cautelares nos las quitaron como en 2010 porque consideraron que ya había disminuido el riesgo y el edificio volvió a tener vidrios y estructuras normales, pero seguramente si hubiéramos tenido ese blindaje, el ataque de hace dos días no habría sido de tanta dimensión”, señala la abogada Cruz.
Por eso, como medida de autoprotección este año, Colombia+20 conoció que una de las razones de la reunión de la Asamblea en pleno que se llevaba a cabo esta semana en Saravena, antes del atentado, era precisamente con el fin de contemplar la necesidad de solicitar medidas cautelares ante la CIDH nuevamente, por la situación que se vive en el departamento desde el 2 de enero de 2022. Marcela Cruz aseguró que “aunque no tuvimos heridos de gravedad, el vigilante de la sede del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que está justo al lado de nuestro edificio, falleció por ese atentado, entonces creemos que este no va ser el último ataque contra líderes sociales en Arauca y eso nos tiene que llevar a tomar medidas más drásticas para protegernos”.