Los otros cuestionamientos al Ejército en el Catatumbo

El pasado domingo, el general Diego Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano que opera en el Catatumbo (Norte de Santander), admitió que uniformados del Ejército asesinaron a un civil: Dimar Torres, quien fue miliciano de las Farc y se acogió al Acuerdo de Paz que firmó la exguerrilla con el Estado. Además, la Fiscalía anunció que investigara lo ocurrido. El hecho se une a varias denuncias de los catatumberos frente el accionar de la Fuerza Pública en la región. Organizaciones sociales y personeros han registrado más quejas contra el Ejército.

Hay otros asesinatos de civiles que en el Catatumbo piden que sean esclarecidos. El caso más reciente, aparte del asesinato de Dimar, se dio en el municipio de El Carmen. Colombia2020 conoció una denuncia según la cual un hombre fue ejecutado por uniformados del Ejército en la vereda Tamaco. El relato señala que, hacia la 1:30 pm del 27 de noviembre de 2018, miembros del Ejército y la Policía llegaron a una casa disparando, por lo que un hombre se resguardó debajo de una cama, hasta donde llegaron los soldados disparando y le produjeron dos heridas. “Él les pedía que por favor no le dispararan, que él era civil, que no tenía nada que ver, pero hicieron caso omiso a sus suplicas y le habían disparado, pasando por alto, incluso, su estado de indefensión”, quedó consignado en el documento.  La víctima murió desangrada porque el traslado del herido se dio hasta las 6:30 pm en el helicóptero militar hasta el municipio de Aguachica (César).

La personera de El Carmen Inés Rosalía Bustos, dice que “poco se conoce del hecho” y que el Ejército ha dicho que la muerte del campesino se trata de un “daño colateral” en medio de un operativo contra el Eln. “En el Catatumbo pasan muchas cosas y esas no son documentadas por los periodistas”, dijo refiriéndose a que el cubrimiento mediático de esa región que está en guerra se incrementó sólo hasta que ocurrió el asesinato de Dimar.

El Ministerio de Defensa, al ser consultado por ese caso, respondió que “los hechos son materia de investigación. Según la comunicación, hay procesos abiertos en la Fiscala 132 Especializada de Valledupar, en la Fiscalía 130 Especializada de Cúcuta, en el Juzgado penal Militar No. 88 y hay una investigación interna disciplinaria que se encuentra en estado de instrucción.

Otro hecho en el que un civil resultó muerto se dio en la vereda Mesitas de Hacarí. El 6 de junio del 2018 el Ejército lanzó una ofensiva contra posiciones del Epl en la zona, durante varios días se desarrollaron combates. La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo, una iniciativa que reúne a varias organizaciones sociales de la región, condenó la acción militar: “los bombardeos y ametrallamientos son indiscriminados, se han impactado viviendas y bienes civiles, la Fuerza Pública ha tomado viviendas sin orden judicial y ha tomado pertenencias de los civiles”, señaló un comunicado publicado tras una verificación en el terreno.

En el operativo resultó muerto Yurjen Soto Gutiérrez, un campesino de la zona de 19 años. Según relatos de pobladores, con quienes hablamos luego de los hechos pero que les protegemos sus identidades porque temen represalias, Soto se encontraba en su casa, en donde cayó un explosivo arrojado por los militares. El personero de Hacarí, Yony Galvis, dijo que no han obtenido respuestas sobre el caso.

Las quejas contra el Batallón de Despliegue Rápido Número 7, perteneciente a la Fuerza de Despliegue Rápido Número Tres (Fudra) que opera en Hacarí, tienen que ver con la ocupación de bienes civiles por parte de uniformados y con el acceso al agua de la comunidad. Se ha denunciado que los uniformados hacen trincheras en propiedades privadas, situación que se ha dado en el corregimiento San José del Tarra. Las inconformidades en cuanto al agua tienen que ver con que las tropas desvían el líquido que usan los habitantes de Mesitas y San José del Tarra para utilizarla en sus actividades diarias. En ese municipio no hay tantas denuncias por el accionar del Ejército, comparado con otros municipios de la región. El Ministerio de Defensa aseguró no tener conocimiento de esas quejas, pero aseguró que "se han adelantado capacitaciones donde se ha reiterado al personal Militar, la obligación de respetar los bienes civiles, contemplados en la normatividad internacional".

En el Catatumbo hace presencia la Fuerza de Tarea Vulcano, pero el panorama militar cambió con la activación de la Fudra Tres. El presidente Iván Duque la instaló en Ocaña en octubre del 2018 “el soldado, con su presencia, le da tranquilidad todas las familias”, aseguró. “Hoy venimos a decirles a ustedes (los soldados) que con su trabajo y abnegación vamos a devolverle la paz a cada rincón de esta región”, complementó el primer mandatario. Sin embargo, la realidad en Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Teorama, donde opera la Fudra ha sido otra.

Robos, abusos y amenazas

Las quejas por el accionar del Ejército en el Catatumbo son variadas. Aparte de los hechos en los que resultaron muertos algunos habitantes de la región hay denuncias por intimidaciones, amenazas y robos. “Se han presentado prácticas que nosotros creíamos ya eliminadas al interior de las Fuerzas Armadas como empadronamientos (registrar entradas y salidas de los pobladores), restricciones a la movilidad y capturas de gente que la comunidad dice que son campesinos”, afirma Juan Carlos Quintero, integrante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat).           

Habitantes de la vereda La Primavera, de San Calixto, señalaron al Ejército de robar una tienda el pasado 12 de enero. Según la denuncia, hacia las tres de la tarde llegaron soldados hasta el establecimiento, que estaba cerrado, y forzaron el candado. Cuando llegaron los dueños de la tienda se percataron de que faltaban 15 millones de pesos en efectivo.

En ese mismo municipio ha habido otras denuncias. Por ejemplo, en la vereda Caracol se dio la detención de tres personas en febrero. Lo que dice la comunidad es que había tres campesinos que estaban trabajando en un cultivo de coca, del cual viven miles de familias en la región, cuando se encontraron la base de un cilindro bomba, una circunferencia de hierro que se veía vieja y estaba oxidada. Los labriegos hicieron a un lado el metal, siguieron trabajando, pero luego sintieron disparos, corrieron y fueron capturados por el Ejército quien los señaló de terrorismo. En este momento esas tres personas siguen presas y defienden su inocencia. “A pesar de que con la Fuerza de Tarea Vulcano también había denuncias no se veía que se llevaran a la gente como ahora”, denuncia el personero de San Calixto, José Luis Franco.

En la vereda San Luis, del mismo municipio, el Ejército le habría disparado el sábado 20 de abril a dos líderes sociales de la región. Esa denuncia fue recibida por Franco, a quien ambas personas le manifestaron que a pesar de que le dijeron a la Fuerza Pública que eran líderes, los uniformados siguieron disparando. “Hasta el momento no tenemos ningún tipo de explicación sobre este caso”, reprocha Quintero, quien también conoce la denuncia porque uno de los afectados hace parte de Ascamcat. El Ministerio de Defensa dijo no tener conocimiento de esos hechos.    

En Teorama también ha habido denuncias de excesos. “Desde la entrada de la Fudra las comunidades vienen denunciando situaciones que para ellos son arbitrarias y constituyen un abuso de autoridad”, enfatizó Ever Payares, personero de ese municipio. Las quejas se refieren a invasión de predios privados, ubicación de la tropa en nacederos de agua, retenes que restringen la movilidad de los campesinos y disparos contra personas que se encuentran trabajando en el campo. En dicho municipio opera el Batallón de Respuesta Rápido Número Ocho, la Fuerza de Tarea Vulcano y el Batallón Estratégico Número 10 que cuida el oleoducto Caño Limón Coveñas.

“No podría decir que las denuncias se incrementaron con la entrada de la Fudra porque eso ha sido una constante”, anota Payares. En las veredas donde se han presentado más inconvenientes con los uniformados ha sido: Jurisdicciones, Piedras de Moler, Caño Seco, La Llana, La Cecilia, Filo Guamo y Miracotes.

Las denuncias más insistentes de la comunidad de Teorama tienen que ver con la ocupación de predios privados y la contaminación de fuentes de agua por parte de los soldados. “Según las comunidades el Ejército se hace en los nacimientos de agua, donde se bañan, se asea, lavan ropa y los habitantes manifiestan que se tienen que tomar el agua ya contaminada”, explicó el personero.

El único personero con los que hablamos que dijo que no ha sentido que el orden público se haya degradado desde la entrada de la Fudra fue Yony Galvis.

Sin confianza

En Teorama la gente se abstiene de dejar por escrito ante la Personería sus denuncias, argumentan que temen represalias por parte de la Fuerza Pública. Según cuenta Payares, la gente siente que si se quejan el Ejército puede llegar a arrancar las plantaciones de coca, de la cual dependen entre el 80 y el 90% de los campesinos en el municipio. El funcionario denuncia que incluso él fue señalado por hacer denuncias contra los uniformados, cuenta que el excomandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, Marcolino Tamayo, le dijo en un consejo de seguridad que sus denuncias estaban encaminadas a favorecer la acción de la insurgencia. “Las personas que tienen conocimiento de sus derechos y los defienden en el territorio son estigmatizados”, recalcó.

En el Catatumbo hacen presencia hace décadas el Eln y el Epl, guerrillas que desde marzo del año pasado libran una guerra. Dicha confrontación armada hizo que el número de víctimas en la región se incrementaran de 7.368 víctimas en 2017 a 30.380 en el 2018, según el Registro Único de Víctimas. Incluso esos grupos armados controlan vastas regiones del territorio.  

Para que la Fuerza Pública pueda retomar el control de esa región no solamente falta que se impongan en los combates que sostienen con los grupos armados. “Si el Ejército quiere llegar a la zona y que la gente de un momento a otro le abra la puerta, eso no se va a dar. Eso se va a dar si ellos mismos van generando confianza”, resume el personero Franco. "Nuestra apuesta es desplegarnos por el terreno, que la confianza se dé, pero después de 40 años tenemos que ganarnosla", aseguró el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército. El general Moreno mencionó un plan llamado Catatumbo Sostenible que impulsan los hombres bajo su mando y que busca sustituir la coca por palma de aceite, sábila, cacao, entre otros, y la construcción de la carretera entre Tibú y el corregimiento de La Gabarra. "La apuesta es buscar que el desarrollo llegue. La seguridad multidimensional es la solución para la región", resumió.

Contrario a lograr ese objetivo, los hechos que denuncian las comunidades han revivido fantasmas que se creían del pasado. Quintero asegura que en la vereda Campo Alegre, de Convención, donde fue asesinado Dimar Torres, la Brigada Móvil Número 15 perpetró varias ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos". Ocaña, la capital de la región, es recordada de manera funesta por este accionar criminal. Por su parte, Franco recordó los tiempos en los que la Fuerza Pública se alió con las Autodefensas Unidas de Colombia que llegaron en 1996 e instauraron el terror. "El tema de Dimar fue un caso aislado. Nosotros, los soldados de la Segunda División, seguimos desplegados trabajando para que las personas logren recuperar la percepción de seguridad", enfatizó el general Moreno. 

A esa falta de confianza se suman las declaraciones del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, que han generado malestar. En un primer momento, dijo que la ejecución se había producido en medio de un “forcejeo” y luego afirmó en una entrevista que "si hubo homicidio tuvo que haber alguna motivación". El general Moreno confirmó que quienes se vieron inmersos en el asesinato de Dimar Torres pertenecen al Comando Energético Número Uno, Batallón de Operaciones Terrestres Número 11.

Quintero dice que la alta militarización del Catatumbo “es una concepción equivocada y profundiza la violencia”. “Estas son unas tropas que al parecer no están entrenadas para la paz. No estamos diciendo que el Ejército no vaya, sino que haya gente profesional para cumplir su deber. Ese es el verdadero debate”, resume el líder. Y es que dicha región lleva décadas pidiendo que llegue la inversión estatal para garantizar los derechos de los catatumberos y dejar sin espacio a la guerra.  

El pasado domingo, el general Diego Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano que opera en el Catatumbo (Norte de Santander), admitió que uniformados del Ejército asesinaron a un civil: Dimar Torres, quien fue miliciano de las Farc y se acogió al Acuerdo de Paz que firmó la exguerrilla con el Estado. Además, la Fiscalía anunció que investigara lo ocurrido. El hecho se une a varias denuncias de los catatumberos frente el accionar de la Fuerza Pública en la región. Organizaciones sociales y personeros han registrado más quejas contra el Ejército.

Hay otros asesinatos de civiles que en el Catatumbo piden que sean esclarecidos. El caso más reciente, aparte del asesinato de Dimar, se dio en el municipio de El Carmen. Colombia2020 conoció una denuncia según la cual un hombre fue ejecutado por uniformados del Ejército en la vereda Tamaco. El relato señala que, hacia la 1:30 pm del 27 de noviembre de 2018, miembros del Ejército y la Policía llegaron a una casa disparando, por lo que un hombre se resguardó debajo de una cama, hasta donde llegaron los soldados disparando y le produjeron dos heridas. “Él les pedía que por favor no le dispararan, que él era civil, que no tenía nada que ver, pero hicieron caso omiso a sus suplicas y le habían disparado, pasando por alto, incluso, su estado de indefensión”, quedó consignado en el documento.  La víctima murió desangrada porque el traslado del herido se dio hasta las 6:30 pm en el helicóptero militar hasta el municipio de Aguachica (César).

La personera de El Carmen Inés Rosalía Bustos, dice que “poco se conoce del hecho” y que el Ejército ha dicho que la muerte del campesino se trata de un “daño colateral” en medio de un operativo contra el Eln. “En el Catatumbo pasan muchas cosas y esas no son documentadas por los periodistas”, dijo refiriéndose a que el cubrimiento mediático de esa región que está en guerra se incrementó sólo hasta que ocurrió el asesinato de Dimar.

El Ministerio de Defensa, al ser consultado por ese caso, respondió que “los hechos son materia de investigación. Según la comunicación, hay procesos abiertos en la Fiscala 132 Especializada de Valledupar, en la Fiscalía 130 Especializada de Cúcuta, en el Juzgado penal Militar No. 88 y hay una investigación interna disciplinaria que se encuentra en estado de instrucción.

Otro hecho en el que un civil resultó muerto se dio en la vereda Mesitas de Hacarí. El 6 de junio del 2018 el Ejército lanzó una ofensiva contra posiciones del Epl en la zona, durante varios días se desarrollaron combates. La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo, una iniciativa que reúne a varias organizaciones sociales de la región, condenó la acción militar: “los bombardeos y ametrallamientos son indiscriminados, se han impactado viviendas y bienes civiles, la Fuerza Pública ha tomado viviendas sin orden judicial y ha tomado pertenencias de los civiles”, señaló un comunicado publicado tras una verificación en el terreno.

En el operativo resultó muerto Yurjen Soto Gutiérrez, un campesino de la zona de 19 años. Según relatos de pobladores, con quienes hablamos luego de los hechos pero que les protegemos sus identidades porque temen represalias, Soto se encontraba en su casa, en donde cayó un explosivo arrojado por los militares. El personero de Hacarí, Yony Galvis, dijo que no han obtenido respuestas sobre el caso.

Las quejas contra el Batallón de Despliegue Rápido Número 7, perteneciente a la Fuerza de Despliegue Rápido Número Tres (Fudra) que opera en Hacarí, tienen que ver con la ocupación de bienes civiles por parte de uniformados y con el acceso al agua de la comunidad. Se ha denunciado que los uniformados hacen trincheras en propiedades privadas, situación que se ha dado en el corregimiento San José del Tarra. Las inconformidades en cuanto al agua tienen que ver con que las tropas desvían el líquido que usan los habitantes de Mesitas y San José del Tarra para utilizarla en sus actividades diarias. En ese municipio no hay tantas denuncias por el accionar del Ejército, comparado con otros municipios de la región. El Ministerio de Defensa aseguró no tener conocimiento de esas quejas, pero aseguró que "se han adelantado capacitaciones donde se ha reiterado al personal Militar, la obligación de respetar los bienes civiles, contemplados en la normatividad internacional".

En el Catatumbo hace presencia la Fuerza de Tarea Vulcano, pero el panorama militar cambió con la activación de la Fudra Tres. El presidente Iván Duque la instaló en Ocaña en octubre del 2018 “el soldado, con su presencia, le da tranquilidad todas las familias”, aseguró. “Hoy venimos a decirles a ustedes (los soldados) que con su trabajo y abnegación vamos a devolverle la paz a cada rincón de esta región”, complementó el primer mandatario. Sin embargo, la realidad en Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Teorama, donde opera la Fudra ha sido otra.

Robos, abusos y amenazas

Las quejas por el accionar del Ejército en el Catatumbo son variadas. Aparte de los hechos en los que resultaron muertos algunos habitantes de la región hay denuncias por intimidaciones, amenazas y robos. “Se han presentado prácticas que nosotros creíamos ya eliminadas al interior de las Fuerzas Armadas como empadronamientos (registrar entradas y salidas de los pobladores), restricciones a la movilidad y capturas de gente que la comunidad dice que son campesinos”, afirma Juan Carlos Quintero, integrante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat).           

Habitantes de la vereda La Primavera, de San Calixto, señalaron al Ejército de robar una tienda el pasado 12 de enero. Según la denuncia, hacia las tres de la tarde llegaron soldados hasta el establecimiento, que estaba cerrado, y forzaron el candado. Cuando llegaron los dueños de la tienda se percataron de que faltaban 15 millones de pesos en efectivo.

En ese mismo municipio ha habido otras denuncias. Por ejemplo, en la vereda Caracol se dio la detención de tres personas en febrero. Lo que dice la comunidad es que había tres campesinos que estaban trabajando en un cultivo de coca, del cual viven miles de familias en la región, cuando se encontraron la base de un cilindro bomba, una circunferencia de hierro que se veía vieja y estaba oxidada. Los labriegos hicieron a un lado el metal, siguieron trabajando, pero luego sintieron disparos, corrieron y fueron capturados por el Ejército quien los señaló de terrorismo. En este momento esas tres personas siguen presas y defienden su inocencia. “A pesar de que con la Fuerza de Tarea Vulcano también había denuncias no se veía que se llevaran a la gente como ahora”, denuncia el personero de San Calixto, José Luis Franco.

En la vereda San Luis, del mismo municipio, el Ejército le habría disparado el sábado 20 de abril a dos líderes sociales de la región. Esa denuncia fue recibida por Franco, a quien ambas personas le manifestaron que a pesar de que le dijeron a la Fuerza Pública que eran líderes, los uniformados siguieron disparando. “Hasta el momento no tenemos ningún tipo de explicación sobre este caso”, reprocha Quintero, quien también conoce la denuncia porque uno de los afectados hace parte de Ascamcat. El Ministerio de Defensa dijo no tener conocimiento de esos hechos.    

En Teorama también ha habido denuncias de excesos. “Desde la entrada de la Fudra las comunidades vienen denunciando situaciones que para ellos son arbitrarias y constituyen un abuso de autoridad”, enfatizó Ever Payares, personero de ese municipio. Las quejas se refieren a invasión de predios privados, ubicación de la tropa en nacederos de agua, retenes que restringen la movilidad de los campesinos y disparos contra personas que se encuentran trabajando en el campo. En dicho municipio opera el Batallón de Respuesta Rápido Número Ocho, la Fuerza de Tarea Vulcano y el Batallón Estratégico Número 10 que cuida el oleoducto Caño Limón Coveñas.

“No podría decir que las denuncias se incrementaron con la entrada de la Fudra porque eso ha sido una constante”, anota Payares. En las veredas donde se han presentado más inconvenientes con los uniformados ha sido: Jurisdicciones, Piedras de Moler, Caño Seco, La Llana, La Cecilia, Filo Guamo y Miracotes.

Las denuncias más insistentes de la comunidad de Teorama tienen que ver con la ocupación de predios privados y la contaminación de fuentes de agua por parte de los soldados. “Según las comunidades el Ejército se hace en los nacimientos de agua, donde se bañan, se asea, lavan ropa y los habitantes manifiestan que se tienen que tomar el agua ya contaminada”, explicó el personero.

El único personero con los que hablamos que dijo que no ha sentido que el orden público se haya degradado desde la entrada de la Fudra fue Yony Galvis.

Sin confianza

En Teorama la gente se abstiene de dejar por escrito ante la Personería sus denuncias, argumentan que temen represalias por parte de la Fuerza Pública. Según cuenta Payares, la gente siente que si se quejan el Ejército puede llegar a arrancar las plantaciones de coca, de la cual dependen entre el 80 y el 90% de los campesinos en el municipio. El funcionario denuncia que incluso él fue señalado por hacer denuncias contra los uniformados, cuenta que el excomandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, Marcolino Tamayo, le dijo en un consejo de seguridad que sus denuncias estaban encaminadas a favorecer la acción de la insurgencia. “Las personas que tienen conocimiento de sus derechos y los defienden en el territorio son estigmatizados”, recalcó.

En el Catatumbo hacen presencia hace décadas el Eln y el Epl, guerrillas que desde marzo del año pasado libran una guerra. Dicha confrontación armada hizo que el número de víctimas en la región se incrementaran de 7.368 víctimas en 2017 a 30.380 en el 2018, según el Registro Único de Víctimas. Incluso esos grupos armados controlan vastas regiones del territorio.  

Para que la Fuerza Pública pueda retomar el control de esa región no solamente falta que se impongan en los combates que sostienen con los grupos armados. “Si el Ejército quiere llegar a la zona y que la gente de un momento a otro le abra la puerta, eso no se va a dar. Eso se va a dar si ellos mismos van generando confianza”, resume el personero Franco. "Nuestra apuesta es desplegarnos por el terreno, que la confianza se dé, pero después de 40 años tenemos que ganarnosla", aseguró el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército. El general Moreno mencionó un plan llamado Catatumbo Sostenible que impulsan los hombres bajo su mando y que busca sustituir la coca por palma de aceite, sábila, cacao, entre otros, y la construcción de la carretera entre Tibú y el corregimiento de La Gabarra. "La apuesta es buscar que el desarrollo llegue. La seguridad multidimensional es la solución para la región", resumió.

Contrario a lograr ese objetivo, los hechos que denuncian las comunidades han revivido fantasmas que se creían del pasado. Quintero asegura que en la vereda Campo Alegre, de Convención, donde fue asesinado Dimar Torres, la Brigada Móvil Número 15 perpetró varias ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos". Ocaña, la capital de la región, es recordada de manera funesta por este accionar criminal. Por su parte, Franco recordó los tiempos en los que la Fuerza Pública se alió con las Autodefensas Unidas de Colombia que llegaron en 1996 e instauraron el terror. "El tema de Dimar fue un caso aislado. Nosotros, los soldados de la Segunda División, seguimos desplegados trabajando para que las personas logren recuperar la percepción de seguridad", enfatizó el general Moreno. 

A esa falta de confianza se suman las declaraciones del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, que han generado malestar. En un primer momento, dijo que la ejecución se había producido en medio de un “forcejeo” y luego afirmó en una entrevista que "si hubo homicidio tuvo que haber alguna motivación". El general Moreno confirmó que quienes se vieron inmersos en el asesinato de Dimar Torres pertenecen al Comando Energético Número Uno, Batallón de Operaciones Terrestres Número 11.

Quintero dice que la alta militarización del Catatumbo “es una concepción equivocada y profundiza la violencia”. “Estas son unas tropas que al parecer no están entrenadas para la paz. No estamos diciendo que el Ejército no vaya, sino que haya gente profesional para cumplir su deber. Ese es el verdadero debate”, resume el líder. Y es que dicha región lleva décadas pidiendo que llegue la inversión estatal para garantizar los derechos de los catatumberos y dejar sin espacio a la guerra.