Los reclamos de los cocaleros, otra cara del paro nacional en el Cauca

En Popayán se movilizaron más de 4.500 cocaleros en las marchas del 12M.

Foto: Cortesía Guillermo Mosquera

En el departamento del Cauca, según estimaciones de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), hay más de 6.000 familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos Ilícitos (PNIS). Muchos de ellos llevan años reclamando que lo pactado en el Acuerdo de Paz, en clave de que ellos cuenten con proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, no se ha cumplido. Y a esto se suma que desde la firma del Acuerdo, en al menos 30 municipios de allí sus poblaciones han sido blanco de dinámicas de grupos armados, situación que ha hecho aún más vulnerable a personas en territorios como Corinto, Toribío, Argelia, el corregimiento de El Plateado, Santa Rosa, San Sebastián o Caldono. Su paciencia ya está al límite y se lo quieren decir al país.

La frustración de estas familias también radica en que sus esfuerzos a la hora de sustituir cultivos no son correspondidos, al menos en cifras, por los avances estatales en materia de una política contra las drogas que se acople al proceso de paz. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el 98% del total de las familias inscritas al PNIS han cumplido con sus obligaciones de erradicación voluntaria y han mantenido una tasa de resiembra muy bajo acorde a los estándares internacionales (0.98%).

Y a cambio de esto, como algo desafortunado para estos campesinos, menos del 10% de ellos han contado con la asistencia estatal correspondiente, que fue prometida si se cumplían con los objetivos de erradicación voluntaria. Los cocaleros caucanos viven esto que es mucho más que una percepción, se sienten reflejados por estas cifras y por eso expresan su malestar en las calles.

Por ese motivo y por la persistencia gubernamental de asperjar con glifosato a las zonas cocaleras, principalmente, es que desde el 7 de mayo, hasta hoy, han llegado paulatinamente cerca de 5.000 campesinos cocaleros a Popayán, provenientes en su mayoría de los municipios de Argelia, Balboa y Patía (Cauca).

Dentro de sus intenciones, a propósito de las jornadas de paro nacional, según sus voceros, es robustecer los llamados sociales para el respeto integral del derecho a la protesta, pero ahondando en pedidos y esfuerzos para que el Estado colombiano no deje de lado lo que ellos llaman “una agonizante Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, aludiendo a las medidas del cuarto punto de lo pactado en La Habana.

César Jeréz, un líder cocalero que por varios años estuvo involucrado en los procesos de la Coordinadora Nacional de cultivadores de coca, Amapola y Marihuana (Coccam), le dijo a este diario que en el Catatumbo, en el suroccidente antioqueño, en Caquetá y particularmente en Cauca, “los cocaleros estamos cansados de no encontrar voluntades del Gobierno para hablar sobre alternativas que hagan más viables los procesos de sustitución voluntaria. En cambio, han optado por tomar una vía de criminalización y persecución hacia nosotros. Por eso marchamos y nos unimos al paro nacional por tiempo indefinido”.

Hasta el pasado lunes, 9 de mayo, en la entrada norte de Popayán hacia la Vía Panamericana se concentraron más de 4.000 cocaleros de Argelia y Balboa, que entre marchas y bloqueos en las calles encontraron su forma de manifestación. A lo largo de estos tres días, se sumaron más de 1.000 compañeros suyos provenientes de Patía.

Diego, vocero de la regional Coccam en Argelia y miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), indicó que si los problemas de fondo que ellos reclaman no los gestionan ahora, tiempo en el que la movilización social ha cogido más fuerza que nunca en los últimos años, “Cauca seguirá teniendo los mismos problemas estructurales por mucho tiempo más”.

Además, el líder campesino agregó que “el compromiso del Gobierno, lo que nosotros estamos pidiendo, no solo se limita a las familias inscritas en los programas de sustitución o a nuestro clamor para que cese el uso del glifosato, sino que apelamos a que este sea el primer paso para que el problema de fondo que traen las drogas de uso ilícito deje de afectar los temas de salud y de acceso a la educación en nuestras comunidades. No queremos más pantallazos, llegó la hora de que las políticas se tornen en algo concreto dentro del Cauca”.

De hecho, los cocaleros caucanos le hacen a sus autoridades locales un pedido especial para que estén de su lado frente a las políticas de sustitución de cultivos. A sus voceros les inquieta ver cómo, por ejemplo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto suspendió la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en territorios colectivos y ancestrales ubicados en Nariño, haciendo prevalecer, entre otras cosas, el derecho a la consulta previa de comunidades; y que a su parecer en su departamento, a nivel judicial o social no estén cerca de lograr este tipo de escenarios.

“Seguramente la decisión de esa sala ayudará al desarrollo de lugares marginados como Tumaco, El Charco o Francisco Pizarro. Soñamos con lo mismo”, dijo el líder Diego.

Por los bloqueos en vías entre Cauca y Valle, hay centrales de abasto en Popayán que se encuentran sin algunos productos básicos para la venta. Algunos sectores políticos locales le han atribuido de forma directa a los cocaleros parte de este problema, pero Diego Castro y Guillermo Mosquera, otra cabeza de Coccam, le han hecho frente a estas acusaciones.

“Tanto militares, como policías y nosotros mismos hemos habilitado corredores humanitarios para que no falten productos escasos como el pollo, la papa, la cebolla o los huevos. Grupos liderados por Diego han hecho campañas de pedagogía en las calles para que la ciudadanía no se quede con que sólo bloqueamos calles porque sí. Esto se hace con un fin y no es el de dejar a los payaneses desabastecidos. Esos corredores son lo mínimo que podemos hacer, porque nuestro mensaje es de paz y no se puede tergiversar”, aseguró Mosquera.

Limando asperezas con el CRIC

La relación entre campesinos cocaleros con comuneros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) fue tensa en las últimas semanas. La tarde del 22 de abril, en los corregimientos de Caimito y Socorro, jurisdicción de Caldono, un grupo de indígenas llegaron a zonas cocaleras ubicadas allí para erradicar cultivos de uso ilícito. Según ellos, esa era una voluntad expresa de Sandra Liliana Peña, lideresa nasa, que fue asesinada el 20 de abril por cuatro hombres armados.

Esa acción desencadenó en una batalla campal entre campesinos e indígenas, que dejó como saldo un cocalero muerto y 31 comuneros del CRIC heridos con armas de fuego. Mientras que los indígenas acusaban a los campesinos de haber perpetrado el asesinato de Peña, los cultivadores catalogaban a los miembros del CRIC de ser serviles de aquellos que no querían ver los procesos de sustitución voluntaria.

La tensión continúo durante la movilización de la minga indígena rumbo a Cali, por el paro nacional, pero ahora, con más encuentros que diferencias y aprovechando el regreso de la minga a Cauca, el panorama, al menos en Popayán, habla de una puerta a la reconciliación entre ambas poblaciones.

De hecho, en las movilizaciones masivas de ayer (12M) por la capital caucana, en la agenda del día se llevó a cabo una marcha conjunta entre gremios de maestros payaneses, CRIC, Ascamta, campesinos cocaleros y colectivos afrodescendientes. Sin rencores estuvieron pacíficamente desplazándose por las calles de Popayán pidiendo garantías para sus pueblos, especialmente las relacionadas con la implementación integral del Acuerdo de Paz.

Algunos de esos momentos se ven a continuación:

“En los días de paro, muchos medios solo mostraban a la minga como los único que se movilizaban por el Cauca. Lastimosamente las necesidades de este departamento superan las peticiones de solo un sector, por lo que también es y será nuestra obligación levantar la voz. Es más lo que nos une… todos queremos paz, que no haya glifosato y que se respeten a los más pobres. A partir de allí construimos como si fuéramos uno solo”, concluyeron Diego y César Jeréz.

La noche en Popayán contrastó con la tranquilidad del día y terminó con disturbios en el centro, a la altura de la Alcaldía y el parque principal, pero ningún reporte oficial le atribuye ni a cocaleros ni a indígenas formar parte de estas confrontaciones. Las movilizaciones seguirán seguramente a lo largo del fin de semana, según los cocaleros, quienes esperan además contar con el respaldo de al menos 3.500 miembros del CRIC, que les ayuden a resonar su voz y a pedir por un país en el que el trabajo por la sustitución de cultivos no sea motivo de persecución o estigmatización. Quieren continuar su vida en legalidad, sin ser blanco de criminalizaciones o el acecho de grupos armados ilegales, como les tocó padecer durante el conflicto armado.

La Fundación Paz y Reconciliación emitió un reporte el 13 de abril de 2021, en el que alertan sobre una escalada en el Cauca de grupos armados posdesmovilización que afectan las dinámicas de reincorporación y puede atentar contra la vida de poblaciones vulnerables, como excombatientes, campesinos cocaleros o indígenas. Allí no se discriminan entre guerrillas o paramilitares y los riesgos son altos. Por eso, en la agenda de los cocaleros estarán presentes distintos reclamos asociados a este flagelo, al que catalogan igual o incluso más nocivo que las aspersiones con glifosato sobre sus hogares.