Los relatos de víctimas de reclutamiento de Farc que tocaron las puertas de la JEP

El día de esta entrevista, Diego* llevaba puesta una camisa con la fotografía de sus dos hijos, su razón de vida, en la espalda. No estaba abrigado, a pesar de que esa mañana en Bogotá hacía frío y apenas llegaba de Barrancabermeja, donde se crió y ha vivido sus 35 años: “En teoría nací en Bogotá, pero cuando me fueron a registrar ocurrió la toma del Palacio de Justicia, en 1985, y cerraron todas las notarías. Entonces me llevaron a Barranca y aparezco como si hubiera nacido allá”. Desde entonces, dice, su vida siempre ha estado cerca del conflicto.

Diego es víctima de reclutamiento ilícito por parte del bloque Magdalena Medio de la extinta guerrilla de las Farc y cuenta como una anécdota que podría servir hasta de cuestionamiento para los excomandantes que todavía se niegan a aceptar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -y el país entero- que en el interior de la guerrilla hubo menores de edad: “Entre varios apodos que tuve, siempre me dijeron Pupilo, (según la RAE: huérfano menor de edad que depende de un tutor). Tenía 15 años cuando entré a las filas y 13 cuando comencé en en el partido Comunista Clandestino Colombiano (Pccc).

Pasaron varios años para que Diego supiera que había sido víctima del conflicto armado y que, aunque se unió a la guerra, según él por convicción, en realidad había sido reclutado a través de la persuasión. Las organizaciones que representan a víctimas de este delito han identificado que, al interior de los grupos armados en Colombia, se reclutaba y utilizaba niños, niñas y jóvenes a través de tres modalidades: el convencimiento, cuando con mentiras y aprovechándose de su vulnerabilidad los manipulaban hasta convencerlos; el engaño, cuando les hacían falsas promesas de empleo o de recreación para llevarlos a los campamentos; y la obligación, cuando eran llevados a la fuerza, contra su voluntad, casi que por secuestro o a través de amenazas.

Por eso sus relatos son cruciales, entre otras cosas, porque en el Caso 07 de la JEP, sobre Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, apenas hay 234 personas acreditadas, aunque esa entidad estima que hay un universo de 17.024 víctimas en Colombia. Este es el segundo macrocaso con menos participantes del proceso judicial, sobre todo, porque todavía víctimas que no han identificado que fueron utilizados en la guerra o que tienen normalizado el reclutamiento.

Su historia y su voz forman parte del informe “Narrar para exigir verdad”, que entregó la organización Resilientes (un grupo de víctimas de distintas regiones del país que se organizaron para participar de la justicia transicional), con el apoyo de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado (Coalico) y Benposta Nación de Muchachos al Tribunal de Paz el pasado 30 de julio. Allí se reunieron las historias de 15 sobrevivientes al reclutamiento, de varios bloques de la antigua guerrilla. Ese día, en las instalaciones de la Jurisdicción en Bogotá, se reunieron por primera vez, después de 18 años, algunas de las víctimas que fueron reclutadas en Putumayo, Santander, Tolima, Meta y Guaviare siendo menores de edad. Todos, en la época, pudieron escapar de las filas insurgentes en 2003 y vivieron un proceso de restablecimiento de derechos por parte del ICBF en hogares de paso en Bogotá.

(Lea: Las dificultades del caso de reclutamiento forzado en la JEP)

Sus relatos son importantes, especialmente, porque este es uno de los casos con menos avances ante la JEP y el segundo con menos víctimas acreditadas. Organizaciones como la Coalico se han echado al hombro la búsqueda de personas que hayan vivido este delito para que sus voces lleguen hasta el tribunal transicional y puedan, con esos testimonios, contrastar las versiones de los excomandantes que hasta ahora, no han reconocido el reclutamiento como una política sistemática la interior de sus filas. Sobre el proceso judicial, esperan reanudar las versiones judiciales pronto.

***

Al lado de Diego está Natalia*, a quien tampoco la llamaremos por su nombre real porque, aunque han pasado décadas desde que vivieron el conflicto, la zozobra no se ha ido, pues sigue en el territorio donde fue reclutada. Si bien Diego y Natalia fueron afectados por este delito, ella hace una claridad: “No es lo mismo vivir la guerra siendo hombre, que en cuerpo de mujer”. Por ahora solo diremos que ella también fue reclutada por la otrora guerrilla, específicamente por el bloque Sur, cuando tenía apenas 11 años. Se conoció con Diego en 2004, a sus 17 años, cuando también fue trasladada a Bogotá a un hogar del ICBF luego de haber sido capturada por el Ejército en medio de una emboscada con la guerrilla.

- Nos conocimos en la flor de la vida, cuando éramos jóvenes

- Cuando tenía pelo y no estaba calvo como ahora

- Él era todo un galán...

Ríen entre ellos y aseguran que es gracias a la Coalico que sus testimonios por primera vez serán tenidos en cuenta en un proceso de justicia. “Porque a nosotros siempre nos han dicho que sí, que somos víctimas, que qué pesar, pero nada más, en Colombia es imposible decir que uno estuvo en la guerrilla porque no se les ocurre pensar que pudo haber sido por reclutamiento. Esta es la primera vez que tenemos voz, porque siempre han hablado otras personas por nosotros”, reclama Natalia.

Sobre sus anécdotas de la guerra y las estrictas reglas en el monte podrían quedarse hablando días enteros, como ellos reconocen. En las Farc, como han asegurado varios excomandantes en audiencias ante la JEP, desertar era considerado una traición grave y ameritaba un consejo de guerra en el que se decidía el tipo de castigo que recibirían los combatientes. Escaparse, por supuesto, era motivo suficiente para ser condenado a fusilamiento. Y eso Diego lo tenía claro, “porque a mí me tocó perseguir a varios queriendo fugarse”, relata.

La guerra les robó a Diego y a Natalia su niñez, su adolescencia y parte de su adultez. Las secuelas más graves para ellos no son físicas ni visibles, sino más bien son del alma y eso lo explica a la perfección Natalia cuando cuenta que, por ejemplo, sus únicos amigos son los otros excombatientes con quienes tuvo su proceso en el ICBF cuando eran niños, pero todos viven en regiones lejanas del país. “Algo tan mínimo como que yo no he podido bautizar a mis hijas porque no tengo a quién decirle vea, sea mi compadre”, reclama ella con el dolor propio que la inunda recordar su pasado.

Por eso les llena de impotencia escuchar eufemismos en los noticieros, cuando los excomandantes hablan sobre esta grave afectación. Por ejemplo, Pastor Alape, excomandante del bloque Magdalena Medio, del que era parte Diego, dijo en noviembre del año pasado que las Farc no eran un ejército de niños y que no había una política sistemática para reclutar a menores de edad. “Pero eso no es cierto. En las filas nosotros veíamos muchos de nuestra edad, que además nos conocíamos de la ciudad”, replica.

(Nota relacionada: “Las Farc no eran un Ejército de niños”: Pastor Alape)

En los casi cinco años que él estuvo en la guerrilla dice que la organización con las “hojas de vida” de los nuevos ingresos eran muy estrictas, distinto a lo que la antigua cúpula ha dicho en las audiencias judiciales cuando algunos se han justificado diciendo que era difícil saber la edad de los nuevos combatientes. “Ponían la foto nuestra en la hoja de vida, nos preguntaban la edad, nombre de los padres, discapacidades, habilidades y dejaban registrado incluso hasta qué grado habíamos hecho y si sabíamos leer y escribir”, cuenta.

Incluso Diego habla sobre las escuelas de adoctrinamiento a las que tenían que someterse cuando ingresaban, en las que les enseñaban el uso de las armas, los cánticos importantes, los códigos para comunicarse y los objetivos militares. Era todo menos una escuela y, como él menciona, estaba lejos de estar diseñado para niños y niñas. Por eso, cuando a sus 17 años logró fugarse sin que se dieran cuenta, lo primero que hizo fue terminar el bachillerato y validarlo esa vez en Bogotá, donde vivía en el hogar de paso. Y no conforme con su primer resultado del Icfes, ya graduado, lo repitió “porque quería tener un mejor puntaje”. Y lo mejoró, en efecto, obteniendo la posición 186 esa vez, con el que obtuvo una matrícula honorifica en la Escuela Superior de Administración Pública para estudiar esa carrera. Sin embargo, por su situación económica y por falta de apoyo del Estado, no pudo terminarla.

De hecho, en el informe que presentó “Resilientes” el viernes pasado, de las 15 víctimas que narran sus historias apenas dos de ellas tenían 15 años cuando fueron llevadas a la guerrilla y una fue reclutada a los 16. Las otras 12 personas fueron llevadas a los campamentos entre los 11 a los 14 años. En sus relatos las víctimas cuentan cómo había unidades guerrilleras (de 25 personas) conformadas, por completo, por menores de edad. También niegan que por ser los más jóvenes tuvieran tareas de chicos, -si es que hay alguna tarea en la guerra apta para ellos- como lo han dicho los excomandantes también en sus versiones. “Desde que uno entraba le tocaba cargar el equipo con el mismo peso que todos, combatir, frentear la guerra, para esas cosas nadie era diferente”, repite Natalia.

Para ese momento ya tenía una hija y a su esposa, que fue la mujer que lo recibió luego de salir de las filas de la guerrilla. “Cuando me fugué me fui a la casa de ella, que en ese entonces éramos amigos, pero ella fue la que me recibió primero”, narra. De su fuga no cuenta mucho, pero hay una anécdota que sí recuerda y que hoy, lejos de parecerle jocosa, le molesta profundamente: “En esa época para desmovilizarse uno tenía que irse a entregar a un batallón, entonces mi mamá me llevó al Nueva Granada, y cuando nos bajamos y le dijimos al militar que estaba en la puerta para qué íbamos, recuerdo que nos preguntó: ‘¿Traen el arma?’. ‘No’, le respondimos. ‘Entonces no hay cupo’”, recuerda.

En el camino de la desmovilización y del restablecimiento de derechos se encontró con varias personas, pero hubo uno en especial con el que hizo ‘click’ y a quien hoy llama “panita” y es un excombatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia que, al igual que él, llegó a la guerra por falta de oportunidades y terminó fugándose de los paramilitares a la misma edad que él (17 años). Se conocieron en la correccional de menores donde estuvieron por dos noches luego de haberse presentado en el batallón y luego coincidieron en el mismo hogar de paso del ICBF a su llegada a Bogotá. “Nos combatíamos en la misma zona incluso, pero terminamos siendo verdaderos panas del alma”, y hace énfasis en las tres últimas palabras. De hecho, fue él quien lo impulsó a participar de la JEP el año pasado, en plena pandemia, cuando el tema de reclutamiento por parte de las Farc comenzó a ser más visible en los noticieros. “Él me dijo que participara, que no desaprovechara esa oportunidad de aportar a la paz, ya que él no pudo estar en ninguna justicia transicional”, cuenta.

En ocasiones, como explica, para Diego y para cualquiera que haya pertenecido a un grupo armado era más fácil volver a la ilegalidad que intentar hacer una vida de cero en la legalidad. Como dice él, “a veces hace falta la papita en la casa” y las opciones para surgir sin tener un título universitario o experiencia laboral, son pocas. “A uno le hacen muchas ofertas para unirse a varios grupos armados, una vez me dijeron que si me unía a Los Urabeños, pero no, yo ya no quería eso, aunque sobrevivir es difícil ni por necesidad volvería”.

Desde que se desmovilizó se ha dedicado a estudiar. Ya es tecnólogo en Sistemas y Redes y sueña con estudiar la Ingeniería. Trabaja en lo que le salga, pero hubo un empleo en especial que lo devolvió a mirar la guerra desde otra perspectiva. “El año pasado estaba trabajando con una empresa de las que son aliadas al proceso de paz y fuimos a entregar unos insumos al espacio de reincorporación de la zona donde yo había operado. Esa gente vive muy mal, las casas están muy mal construidas, están sobreviviendo apenas. Vi de lejos a muchos de quienes fueron mis compañeros y, ¿le digo algo?... yo no habría aguantado eso. Yo por mi lado seguiré esperando lo mío”. Y con lo suyo se refiere a su proceso en la JEP, donde voces como la suya hacían falta para entender este delito que hasta hoy no cesa y del que todavía hay muchas verdades pendientes.

(Le puede interesar: En busca de los menores de edad reclutados y desaparecidos)

Las propuestas de reparación de las víctimas de reclutamiento

Para cerrar el capítulo de la guerra que vivieron en carne propia, las 15 víctimas que forman parte de un grupo llamado Resilientes ya presentaron ante la justicia transicional dos de sus propuestas de reparación colectiva.

Diego, por ejemplo, dice que lo más importante para ellos es ser tenidos en cuenta en las 16 curules de las víctimas que están pendientes desde hace casi cinco años. “Para nosotros es fundamental estar ahí, porque nuestra victimización no es igual que las de otras personas”. Además, explican que tener participación política es el primer paso para los cambios que esperan.

Por otro lado, hablan de la importancia de que la reparación para nosotros del caso 07 nos reparen de una manera diferente, tenemos características diferentes a las otras víctimas y por eso exigimos que se cree un fondo para vivienda, educación y productividad. “Sabemos que lo negociado en La Habana frente a la reparación ya no se puede modificar, entonces pedimos que a las víctimas directas de reclutamiento y que estamos en regiones diferentes (por lo que no podemos ser reparados de manera colectiva), nos creen un fondo de vivienda, educación y proyectos productivos”.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes

El día de esta entrevista, Diego* llevaba puesta una camisa con la fotografía de sus dos hijos, su razón de vida, en la espalda. No estaba abrigado, a pesar de que esa mañana en Bogotá hacía frío y apenas llegaba de Barrancabermeja, donde se crió y ha vivido sus 35 años: “En teoría nací en Bogotá, pero cuando me fueron a registrar ocurrió la toma del Palacio de Justicia, en 1985, y cerraron todas las notarías. Entonces me llevaron a Barranca y aparezco como si hubiera nacido allá”. Desde entonces, dice, su vida siempre ha estado cerca del conflicto.

Diego es víctima de reclutamiento ilícito por parte del bloque Magdalena Medio de la extinta guerrilla de las Farc y cuenta como una anécdota que podría servir hasta de cuestionamiento para los excomandantes que todavía se niegan a aceptar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -y el país entero- que en el interior de la guerrilla hubo menores de edad: “Entre varios apodos que tuve, siempre me dijeron Pupilo, (según la RAE: huérfano menor de edad que depende de un tutor). Tenía 15 años cuando entré a las filas y 13 cuando comencé en en el partido Comunista Clandestino Colombiano (Pccc).

Pasaron varios años para que Diego supiera que había sido víctima del conflicto armado y que, aunque se unió a la guerra, según él por convicción, en realidad había sido reclutado a través de la persuasión. Las organizaciones que representan a víctimas de este delito han identificado que, al interior de los grupos armados en Colombia, se reclutaba y utilizaba niños, niñas y jóvenes a través de tres modalidades: el convencimiento, cuando con mentiras y aprovechándose de su vulnerabilidad los manipulaban hasta convencerlos; el engaño, cuando les hacían falsas promesas de empleo o de recreación para llevarlos a los campamentos; y la obligación, cuando eran llevados a la fuerza, contra su voluntad, casi que por secuestro o a través de amenazas.

Por eso sus relatos son cruciales, entre otras cosas, porque en el Caso 07 de la JEP, sobre Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, apenas hay 234 personas acreditadas, aunque esa entidad estima que hay un universo de 17.024 víctimas en Colombia. Este es el segundo macrocaso con menos participantes del proceso judicial, sobre todo, porque todavía víctimas que no han identificado que fueron utilizados en la guerra o que tienen normalizado el reclutamiento.

Su historia y su voz forman parte del informe “Narrar para exigir verdad”, que entregó la organización Resilientes (un grupo de víctimas de distintas regiones del país que se organizaron para participar de la justicia transicional), con el apoyo de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado (Coalico) y Benposta Nación de Muchachos al Tribunal de Paz el pasado 30 de julio. Allí se reunieron las historias de 15 sobrevivientes al reclutamiento, de varios bloques de la antigua guerrilla. Ese día, en las instalaciones de la Jurisdicción en Bogotá, se reunieron por primera vez, después de 18 años, algunas de las víctimas que fueron reclutadas en Putumayo, Santander, Tolima, Meta y Guaviare siendo menores de edad. Todos, en la época, pudieron escapar de las filas insurgentes en 2003 y vivieron un proceso de restablecimiento de derechos por parte del ICBF en hogares de paso en Bogotá.

(Lea: Las dificultades del caso de reclutamiento forzado en la JEP)

Sus relatos son importantes, especialmente, porque este es uno de los casos con menos avances ante la JEP y el segundo con menos víctimas acreditadas. Organizaciones como la Coalico se han echado al hombro la búsqueda de personas que hayan vivido este delito para que sus voces lleguen hasta el tribunal transicional y puedan, con esos testimonios, contrastar las versiones de los excomandantes que hasta ahora, no han reconocido el reclutamiento como una política sistemática la interior de sus filas. Sobre el proceso judicial, esperan reanudar las versiones judiciales pronto.

***

Al lado de Diego está Natalia*, a quien tampoco la llamaremos por su nombre real porque, aunque han pasado décadas desde que vivieron el conflicto, la zozobra no se ha ido, pues sigue en el territorio donde fue reclutada. Si bien Diego y Natalia fueron afectados por este delito, ella hace una claridad: “No es lo mismo vivir la guerra siendo hombre, que en cuerpo de mujer”. Por ahora solo diremos que ella también fue reclutada por la otrora guerrilla, específicamente por el bloque Sur, cuando tenía apenas 11 años. Se conoció con Diego en 2004, a sus 17 años, cuando también fue trasladada a Bogotá a un hogar del ICBF luego de haber sido capturada por el Ejército en medio de una emboscada con la guerrilla.

- Nos conocimos en la flor de la vida, cuando éramos jóvenes

- Cuando tenía pelo y no estaba calvo como ahora

- Él era todo un galán...

Ríen entre ellos y aseguran que es gracias a la Coalico que sus testimonios por primera vez serán tenidos en cuenta en un proceso de justicia. “Porque a nosotros siempre nos han dicho que sí, que somos víctimas, que qué pesar, pero nada más, en Colombia es imposible decir que uno estuvo en la guerrilla porque no se les ocurre pensar que pudo haber sido por reclutamiento. Esta es la primera vez que tenemos voz, porque siempre han hablado otras personas por nosotros”, reclama Natalia.

Sobre sus anécdotas de la guerra y las estrictas reglas en el monte podrían quedarse hablando días enteros, como ellos reconocen. En las Farc, como han asegurado varios excomandantes en audiencias ante la JEP, desertar era considerado una traición grave y ameritaba un consejo de guerra en el que se decidía el tipo de castigo que recibirían los combatientes. Escaparse, por supuesto, era motivo suficiente para ser condenado a fusilamiento. Y eso Diego lo tenía claro, “porque a mí me tocó perseguir a varios queriendo fugarse”, relata.

La guerra les robó a Diego y a Natalia su niñez, su adolescencia y parte de su adultez. Las secuelas más graves para ellos no son físicas ni visibles, sino más bien son del alma y eso lo explica a la perfección Natalia cuando cuenta que, por ejemplo, sus únicos amigos son los otros excombatientes con quienes tuvo su proceso en el ICBF cuando eran niños, pero todos viven en regiones lejanas del país. “Algo tan mínimo como que yo no he podido bautizar a mis hijas porque no tengo a quién decirle vea, sea mi compadre”, reclama ella con el dolor propio que la inunda recordar su pasado.

Por eso les llena de impotencia escuchar eufemismos en los noticieros, cuando los excomandantes hablan sobre esta grave afectación. Por ejemplo, Pastor Alape, excomandante del bloque Magdalena Medio, del que era parte Diego, dijo en noviembre del año pasado que las Farc no eran un ejército de niños y que no había una política sistemática para reclutar a menores de edad. “Pero eso no es cierto. En las filas nosotros veíamos muchos de nuestra edad, que además nos conocíamos de la ciudad”, replica.

(Nota relacionada: “Las Farc no eran un Ejército de niños”: Pastor Alape)

En los casi cinco años que él estuvo en la guerrilla dice que la organización con las “hojas de vida” de los nuevos ingresos eran muy estrictas, distinto a lo que la antigua cúpula ha dicho en las audiencias judiciales cuando algunos se han justificado diciendo que era difícil saber la edad de los nuevos combatientes. “Ponían la foto nuestra en la hoja de vida, nos preguntaban la edad, nombre de los padres, discapacidades, habilidades y dejaban registrado incluso hasta qué grado habíamos hecho y si sabíamos leer y escribir”, cuenta.

Incluso Diego habla sobre las escuelas de adoctrinamiento a las que tenían que someterse cuando ingresaban, en las que les enseñaban el uso de las armas, los cánticos importantes, los códigos para comunicarse y los objetivos militares. Era todo menos una escuela y, como él menciona, estaba lejos de estar diseñado para niños y niñas. Por eso, cuando a sus 17 años logró fugarse sin que se dieran cuenta, lo primero que hizo fue terminar el bachillerato y validarlo esa vez en Bogotá, donde vivía en el hogar de paso. Y no conforme con su primer resultado del Icfes, ya graduado, lo repitió “porque quería tener un mejor puntaje”. Y lo mejoró, en efecto, obteniendo la posición 186 esa vez, con el que obtuvo una matrícula honorifica en la Escuela Superior de Administración Pública para estudiar esa carrera. Sin embargo, por su situación económica y por falta de apoyo del Estado, no pudo terminarla.

De hecho, en el informe que presentó “Resilientes” el viernes pasado, de las 15 víctimas que narran sus historias apenas dos de ellas tenían 15 años cuando fueron llevadas a la guerrilla y una fue reclutada a los 16. Las otras 12 personas fueron llevadas a los campamentos entre los 11 a los 14 años. En sus relatos las víctimas cuentan cómo había unidades guerrilleras (de 25 personas) conformadas, por completo, por menores de edad. También niegan que por ser los más jóvenes tuvieran tareas de chicos, -si es que hay alguna tarea en la guerra apta para ellos- como lo han dicho los excomandantes también en sus versiones. “Desde que uno entraba le tocaba cargar el equipo con el mismo peso que todos, combatir, frentear la guerra, para esas cosas nadie era diferente”, repite Natalia.

Para ese momento ya tenía una hija y a su esposa, que fue la mujer que lo recibió luego de salir de las filas de la guerrilla. “Cuando me fugué me fui a la casa de ella, que en ese entonces éramos amigos, pero ella fue la que me recibió primero”, narra. De su fuga no cuenta mucho, pero hay una anécdota que sí recuerda y que hoy, lejos de parecerle jocosa, le molesta profundamente: “En esa época para desmovilizarse uno tenía que irse a entregar a un batallón, entonces mi mamá me llevó al Nueva Granada, y cuando nos bajamos y le dijimos al militar que estaba en la puerta para qué íbamos, recuerdo que nos preguntó: ‘¿Traen el arma?’. ‘No’, le respondimos. ‘Entonces no hay cupo’”, recuerda.

En el camino de la desmovilización y del restablecimiento de derechos se encontró con varias personas, pero hubo uno en especial con el que hizo ‘click’ y a quien hoy llama “panita” y es un excombatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia que, al igual que él, llegó a la guerra por falta de oportunidades y terminó fugándose de los paramilitares a la misma edad que él (17 años). Se conocieron en la correccional de menores donde estuvieron por dos noches luego de haberse presentado en el batallón y luego coincidieron en el mismo hogar de paso del ICBF a su llegada a Bogotá. “Nos combatíamos en la misma zona incluso, pero terminamos siendo verdaderos panas del alma”, y hace énfasis en las tres últimas palabras. De hecho, fue él quien lo impulsó a participar de la JEP el año pasado, en plena pandemia, cuando el tema de reclutamiento por parte de las Farc comenzó a ser más visible en los noticieros. “Él me dijo que participara, que no desaprovechara esa oportunidad de aportar a la paz, ya que él no pudo estar en ninguna justicia transicional”, cuenta.

En ocasiones, como explica, para Diego y para cualquiera que haya pertenecido a un grupo armado era más fácil volver a la ilegalidad que intentar hacer una vida de cero en la legalidad. Como dice él, “a veces hace falta la papita en la casa” y las opciones para surgir sin tener un título universitario o experiencia laboral, son pocas. “A uno le hacen muchas ofertas para unirse a varios grupos armados, una vez me dijeron que si me unía a Los Urabeños, pero no, yo ya no quería eso, aunque sobrevivir es difícil ni por necesidad volvería”.

Desde que se desmovilizó se ha dedicado a estudiar. Ya es tecnólogo en Sistemas y Redes y sueña con estudiar la Ingeniería. Trabaja en lo que le salga, pero hubo un empleo en especial que lo devolvió a mirar la guerra desde otra perspectiva. “El año pasado estaba trabajando con una empresa de las que son aliadas al proceso de paz y fuimos a entregar unos insumos al espacio de reincorporación de la zona donde yo había operado. Esa gente vive muy mal, las casas están muy mal construidas, están sobreviviendo apenas. Vi de lejos a muchos de quienes fueron mis compañeros y, ¿le digo algo?... yo no habría aguantado eso. Yo por mi lado seguiré esperando lo mío”. Y con lo suyo se refiere a su proceso en la JEP, donde voces como la suya hacían falta para entender este delito que hasta hoy no cesa y del que todavía hay muchas verdades pendientes.

(Le puede interesar: En busca de los menores de edad reclutados y desaparecidos)

Las propuestas de reparación de las víctimas de reclutamiento

Para cerrar el capítulo de la guerra que vivieron en carne propia, las 15 víctimas que forman parte de un grupo llamado Resilientes ya presentaron ante la justicia transicional dos de sus propuestas de reparación colectiva.

Diego, por ejemplo, dice que lo más importante para ellos es ser tenidos en cuenta en las 16 curules de las víctimas que están pendientes desde hace casi cinco años. “Para nosotros es fundamental estar ahí, porque nuestra victimización no es igual que las de otras personas”. Además, explican que tener participación política es el primer paso para los cambios que esperan.

Por otro lado, hablan de la importancia de que la reparación para nosotros del caso 07 nos reparen de una manera diferente, tenemos características diferentes a las otras víctimas y por eso exigimos que se cree un fondo para vivienda, educación y productividad. “Sabemos que lo negociado en La Habana frente a la reparación ya no se puede modificar, entonces pedimos que a las víctimas directas de reclutamiento y que estamos en regiones diferentes (por lo que no podemos ser reparados de manera colectiva), nos creen un fondo de vivienda, educación y proyectos productivos”.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes