Los reparos al nuevo gobernador indígena arhuaco

La elección del máximo gobernador del pueblo indígena arhuaco, ubicado en Magdalena, Cesar y La Guajira, pasa por un proceso espiritual y político. Los mamos o guías espirituales consultan con la madre naturaleza sobre cuándo es el momento de cambio y sobre quién debe asumir el liderazgo. Sin embargo, el proceso político se hace con los líderes y con la comunidad a través de asambleas en las que deben participar la mayoría de las 59 comunidades que conforman este pueblo. Por cuenta de la pandemia causada por el COVID-19 y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional, que impiden la realización de actos masivos por riesgo de contagio, se esperaba que la asamblea para elegir nuevo cabildo gobernador arhuaco fuera aplazada. Sin embargo, están en asamblea permanente en el territorio de Nabusímake (Pueblo Bello, Cesar), desde el 7 de agosto, cerca de 300 indígenas sin ninguna medida de bioseguridad.

En este procedimiento resultó elegido Zarwawiko Torres. Pero su elección ha sido duramente cuestionada por otros líderes arhuacos. De hecho, más de 100 autoridades locales y mamos dirigieron una carta a los alcaldes de Pueblo Bello y Valledupar, a la Defensoría y a la Procuraduría, en la que piden que se abstengan de reconocer a Torres como representante legal del pueblo arhuaco. Sus reservas van en varias líneas. La primera tiene que ver con la realización de la asamblea aun en medio de la pandemia.

Es necesario aclarar que el cambio de gobierno debió hacerse en 2018, cuando se cumplían los cuatro años de mandato. Sin embargo, en el pueblo arhuaco estas fechas no son rígidas, por lo que llegado el momento de entregar el cargo se hizo una asamblea, entre el 15 y el 23 de julio de 2018, y se decidió que “la actual directiva general” seguiría su mandato hasta tanto el Consejo de Gobierno definiera “el direccionamiento político de la organización”, según consta en el acta de la reunión. Este año se definió hacer el cambio y la actual Directiva General arhuaca, en cabeza del cabildo gobernador José María Arroyo, puso a disposición los cargos. Fue ahí cuando empezó el proceso de consulta espiritual en el que se postularon varios candidatos y los mamos escogieron a Torres. Esta decisión debía discutirse en una asamblea masiva que, debido a la pandemia, se pidió postergar.

El Espectador pudo acceder a documentos en los que la Directiva General arhuaca, con fecha del 30 de julio, resolvió aplazar la asamblea y reiteró que sus cargos estaban a disposición. Sin embargo, la convocatoria continuó. Luego el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Pueblo Bello (Cesar) también llamaron a aplazar el evento, porque iba en contra de las recomendaciones para evitar el contagio masivo del virus. Pero estos llamados tampoco fueron atendidos.

Le preguntamos a Torres por qué desatendió las recomendaciones de las entidades y nos dijo que “el período de la directiva anterior había terminado hace dos años y eso había empezado a generar una crisis de gobernabilidad y no podía articular acciones certeras de índole social y económica que se venían presentando. Esa crisis se agudizó en la pandemia. Las autoridades regionales, que fueron quienes lideraron el proceso de cambio, no yo, tuvieron que cargar sobre sus hombros la toma de medidas para evitar el contagio del COVID-19 de la población arhuaca. Se hacía peligrosa la situación en el marco de la pandemia. Se le solicitó a la IPS Wintukua que elaborara los correspondientes protocolos de bioseguridad para hacer de las reuniones y de la asamblea un espacio seguro”.

Video: Asamblea arhuaca en Nabusímake

Al decirle que los protocolos de seguridad, como consta en videos y fotos, no existieron, dijo que “la decisión de controlar el flujo de personas corresponde a unas medidas propias del pueblo arhuaco (dictadas por el gobernador Arroyo) que se han venido trabajando con las instituciones de salud y con nuestros guías espirituales. Y también tenemos la fe de que nuestra medicina aplica en estos casos, que puede llevar a que la pandemia tenga un comportamiento distinto”.

Otros líderes consideran que hubo arbitrariedad y que de esta manera se expuso a la población al contagio masivo, pues en el pueblo arhuaco ya se han identificado a tres personas infectadas con el virus y en días pasados el pueblo kogui, de la Sierra Nevada de Santa Marta, perdió a uno de sus líderes más reconocidos: José de los Santos Sauna.

El segundo punto que critican los líderes arhuacos es que Torres fue el delegado arhuaco en la junta directiva de la EPS indígena Dusakawi, una entidad que está bajo vigilancia especial de la Superintendencia de Salud desde 2016, y que en 2015 fue denunciada por la propia directiva arhuaca por presunta malversación de recursos. Torres le confirmó a este medio que ha tenido “una relación en las instancias directivas de la empresa”, pero no se refirió al tema de malversación de recursos.

Leonor Zalabata, consejera de derechos humanos y delegada de la Confederación Indígena Tayrona ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en Colombia, considera que esta relación con la EPS es problemática. “Zarwawiko Torres estuvo más de 20 años en Dusakawi, tiene más de cinco casas de paso y a eso se dedicó toda la vida. Nunca se dedicó a la organización del pueblo arhuaco”. Además, asegura que los otros directivos elegidos en la asamblea de los días pasados también han tenido relaciones con la empresa. “Necesitan el poder político de la organización, que son los que le podrían hacer el control (a la EPS), para que puedan seguir sosteniendo el poder económico a través de la EPS”, dijo Zalabata.

Un hecho reciente se sumó a la lista de cuestionamientos. En la tarde del 14 de agosto un grupo de hombres jóvenes entró a la Casa Indígena de Valledupar, sede de la Directiva General y anunciaron que eran semaneros, es decir, guardias indígenas, y que tenían la orden de llevarse a los directivos. Como lo relata el líder Rubiel Zalabata y como quedó grabado en un video, estos jóvenes se llevaron de manera violenta a José María Arroyo, Hermes Torres y Reinaldo Torres Solis, Alirio Torres y Gelver Zapata.

Los presentes en la reunión avisaron a la Policía, institución que logró detener el carro en el que llevaban a Arroyo y a Zapata. La Procuraduría envió un documento de carácter urgente al alcalde de Valledupar en el que le pidió localizar a las personas desaparecidas. Luego, hacia las dos de la mañana se supo que condujeron al resto de directivos hasta Sabana Crespo y luego los subieron en mulas hasta Nabusímake. El 15 de agosto Zarwawiko Torres envío una comunicación a varias entidades en la que explica que se requirió a la junta a comparecer ante la asamblea y que Hermes Torres y Reinaldo Torres están participando de la misma. Zarwawiko Torres le dijo a este medio que “convocar a través de los semaneros es un procedimiento totalmente normal”, y que investigarán si hubo uso excesivo de la fuerza. Pero este medio recibió información en la que se asegura que los directivos están en una especie de calabozos en Nabusímake y que se encuentran en mal estado de salud.

Finalmente, el otro cuestionamiento sobre la idoneidad de Torres para dirigir el pueblo arhuaco tiene que ver con sus antecedentes en la justicia especial indígena. Este medio conoció que Torres fue sancionado por la jurisdicción especial indígena y cumplió tres meses de detención por la violación de una niña arhuaca de 11 años en 2001. Sobre este tema se refirió el Cabildo arhuaco Magdalena Guajira (autoridad regional) en un documento interno que conocimos. “¿Qué rumbo va a tomar la Justicia Propia si el Gobernador electo está en deuda con la justicia?”, cuestiona este documento. “¿Qué credibilidad tendrá el Gobernador electo para aplicar justicia? ¿Qué pasará cuando un Arhuaco o una Arhuaca acuda al Gobierno Propio en busca de aplicación de justicia por violación, por violencia intrafamiliar, por abuso y embarazo no deseado o por abandono de familia?”, complementa.

Sobre este tema no pudimos interpelar a Torres. Le enviamos un mensaje en el que le pedíamos conversar sobre este caso de violencia sexual, pero al cierre de esta edición no recibimos ninguna respuesta.

La reflexión de fondo para Leonor Zalabata es que un cargo no debe dividir al pueblo arhuaco. “Soy comisionada de derechos humanos y faltaría a la verdad si reconociera a esta gente como legítimos gobernantes del pueblo arhuaco. Pero evitaré al máximo una confrontación entre nosotros. Si nos vamos allá, nos contagiamos. Tenemos que analizar las cosas y esta no es la época”.

La elección del máximo gobernador del pueblo indígena arhuaco, ubicado en Magdalena, Cesar y La Guajira, pasa por un proceso espiritual y político. Los mamos o guías espirituales consultan con la madre naturaleza sobre cuándo es el momento de cambio y sobre quién debe asumir el liderazgo. Sin embargo, el proceso político se hace con los líderes y con la comunidad a través de asambleas en las que deben participar la mayoría de las 59 comunidades que conforman este pueblo. Por cuenta de la pandemia causada por el COVID-19 y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional, que impiden la realización de actos masivos por riesgo de contagio, se esperaba que la asamblea para elegir nuevo cabildo gobernador arhuaco fuera aplazada. Sin embargo, están en asamblea permanente en el territorio de Nabusímake (Pueblo Bello, Cesar), desde el 7 de agosto, cerca de 300 indígenas sin ninguna medida de bioseguridad.

En este procedimiento resultó elegido Zarwawiko Torres. Pero su elección ha sido duramente cuestionada por otros líderes arhuacos. De hecho, más de 100 autoridades locales y mamos dirigieron una carta a los alcaldes de Pueblo Bello y Valledupar, a la Defensoría y a la Procuraduría, en la que piden que se abstengan de reconocer a Torres como representante legal del pueblo arhuaco. Sus reservas van en varias líneas. La primera tiene que ver con la realización de la asamblea aun en medio de la pandemia.

Es necesario aclarar que el cambio de gobierno debió hacerse en 2018, cuando se cumplían los cuatro años de mandato. Sin embargo, en el pueblo arhuaco estas fechas no son rígidas, por lo que llegado el momento de entregar el cargo se hizo una asamblea, entre el 15 y el 23 de julio de 2018, y se decidió que “la actual directiva general” seguiría su mandato hasta tanto el Consejo de Gobierno definiera “el direccionamiento político de la organización”, según consta en el acta de la reunión. Este año se definió hacer el cambio y la actual Directiva General arhuaca, en cabeza del cabildo gobernador José María Arroyo, puso a disposición los cargos. Fue ahí cuando empezó el proceso de consulta espiritual en el que se postularon varios candidatos y los mamos escogieron a Torres. Esta decisión debía discutirse en una asamblea masiva que, debido a la pandemia, se pidió postergar.

El Espectador pudo acceder a documentos en los que la Directiva General arhuaca, con fecha del 30 de julio, resolvió aplazar la asamblea y reiteró que sus cargos estaban a disposición. Sin embargo, la convocatoria continuó. Luego el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Pueblo Bello (Cesar) también llamaron a aplazar el evento, porque iba en contra de las recomendaciones para evitar el contagio masivo del virus. Pero estos llamados tampoco fueron atendidos.

Le preguntamos a Torres por qué desatendió las recomendaciones de las entidades y nos dijo que “el período de la directiva anterior había terminado hace dos años y eso había empezado a generar una crisis de gobernabilidad y no podía articular acciones certeras de índole social y económica que se venían presentando. Esa crisis se agudizó en la pandemia. Las autoridades regionales, que fueron quienes lideraron el proceso de cambio, no yo, tuvieron que cargar sobre sus hombros la toma de medidas para evitar el contagio del COVID-19 de la población arhuaca. Se hacía peligrosa la situación en el marco de la pandemia. Se le solicitó a la IPS Wintukua que elaborara los correspondientes protocolos de bioseguridad para hacer de las reuniones y de la asamblea un espacio seguro”.

Video: Asamblea arhuaca en Nabusímake

Al decirle que los protocolos de seguridad, como consta en videos y fotos, no existieron, dijo que “la decisión de controlar el flujo de personas corresponde a unas medidas propias del pueblo arhuaco (dictadas por el gobernador Arroyo) que se han venido trabajando con las instituciones de salud y con nuestros guías espirituales. Y también tenemos la fe de que nuestra medicina aplica en estos casos, que puede llevar a que la pandemia tenga un comportamiento distinto”.

Otros líderes consideran que hubo arbitrariedad y que de esta manera se expuso a la población al contagio masivo, pues en el pueblo arhuaco ya se han identificado a tres personas infectadas con el virus y en días pasados el pueblo kogui, de la Sierra Nevada de Santa Marta, perdió a uno de sus líderes más reconocidos: José de los Santos Sauna.

El segundo punto que critican los líderes arhuacos es que Torres fue el delegado arhuaco en la junta directiva de la EPS indígena Dusakawi, una entidad que está bajo vigilancia especial de la Superintendencia de Salud desde 2016, y que en 2015 fue denunciada por la propia directiva arhuaca por presunta malversación de recursos. Torres le confirmó a este medio que ha tenido “una relación en las instancias directivas de la empresa”, pero no se refirió al tema de malversación de recursos.

Leonor Zalabata, consejera de derechos humanos y delegada de la Confederación Indígena Tayrona ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en Colombia, considera que esta relación con la EPS es problemática. “Zarwawiko Torres estuvo más de 20 años en Dusakawi, tiene más de cinco casas de paso y a eso se dedicó toda la vida. Nunca se dedicó a la organización del pueblo arhuaco”. Además, asegura que los otros directivos elegidos en la asamblea de los días pasados también han tenido relaciones con la empresa. “Necesitan el poder político de la organización, que son los que le podrían hacer el control (a la EPS), para que puedan seguir sosteniendo el poder económico a través de la EPS”, dijo Zalabata.

Un hecho reciente se sumó a la lista de cuestionamientos. En la tarde del 14 de agosto un grupo de hombres jóvenes entró a la Casa Indígena de Valledupar, sede de la Directiva General y anunciaron que eran semaneros, es decir, guardias indígenas, y que tenían la orden de llevarse a los directivos. Como lo relata el líder Rubiel Zalabata y como quedó grabado en un video, estos jóvenes se llevaron de manera violenta a José María Arroyo, Hermes Torres y Reinaldo Torres Solis, Alirio Torres y Gelver Zapata.

Los presentes en la reunión avisaron a la Policía, institución que logró detener el carro en el que llevaban a Arroyo y a Zapata. La Procuraduría envió un documento de carácter urgente al alcalde de Valledupar en el que le pidió localizar a las personas desaparecidas. Luego, hacia las dos de la mañana se supo que condujeron al resto de directivos hasta Sabana Crespo y luego los subieron en mulas hasta Nabusímake. El 15 de agosto Zarwawiko Torres envío una comunicación a varias entidades en la que explica que se requirió a la junta a comparecer ante la asamblea y que Hermes Torres y Reinaldo Torres están participando de la misma. Zarwawiko Torres le dijo a este medio que “convocar a través de los semaneros es un procedimiento totalmente normal”, y que investigarán si hubo uso excesivo de la fuerza. Pero este medio recibió información en la que se asegura que los directivos están en una especie de calabozos en Nabusímake y que se encuentran en mal estado de salud.

Finalmente, el otro cuestionamiento sobre la idoneidad de Torres para dirigir el pueblo arhuaco tiene que ver con sus antecedentes en la justicia especial indígena. Este medio conoció que Torres fue sancionado por la jurisdicción especial indígena y cumplió tres meses de detención por la violación de una niña arhuaca de 11 años en 2001. Sobre este tema se refirió el Cabildo arhuaco Magdalena Guajira (autoridad regional) en un documento interno que conocimos. “¿Qué rumbo va a tomar la Justicia Propia si el Gobernador electo está en deuda con la justicia?”, cuestiona este documento. “¿Qué credibilidad tendrá el Gobernador electo para aplicar justicia? ¿Qué pasará cuando un Arhuaco o una Arhuaca acuda al Gobierno Propio en busca de aplicación de justicia por violación, por violencia intrafamiliar, por abuso y embarazo no deseado o por abandono de familia?”, complementa.

Sobre este tema no pudimos interpelar a Torres. Le enviamos un mensaje en el que le pedíamos conversar sobre este caso de violencia sexual, pero al cierre de esta edición no recibimos ninguna respuesta.

La reflexión de fondo para Leonor Zalabata es que un cargo no debe dividir al pueblo arhuaco. “Soy comisionada de derechos humanos y faltaría a la verdad si reconociera a esta gente como legítimos gobernantes del pueblo arhuaco. Pero evitaré al máximo una confrontación entre nosotros. Si nos vamos allá, nos contagiamos. Tenemos que analizar las cosas y esta no es la época”.