Los riesgos para los líderes sociales en el sur del país

Los líderes sociales del Pacífico tienen la piel curtida por la resistencia con la que han enfrentado tantas guerras en sus territorios. Desde el 1° de enero de 2016 hasta mayo de este año, la Defensoría del Pueblo confirmó que son 480 los asesinados en todo el país, gran parte de los cuales vivían en la región del Pacífico colombiano.

Tres subregiones que ilustran esta tragedia son el norte del Cauca, Cali y Buenaventura (Valle), una región unida, en lo urbano, por la carretera Panamericana y, en lo rural, por el Parque Nacional Natural Farallones en la cordillera Occidental. Hasta Cali fueron convocados una veintena de líderes de estos territorios para hacer este mapa de riesgo, con el fin de que las autoridades y la sociedad entiendan la magnitud del fenómeno que se teje en estas regiones contra los defensores de derechos humanos.

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Por un lado, en el Valle del Cauca, los líderes sociales de Cali conviven con amenazas, fronteras invisibles que se disputan grupos ilegales y tensiones territoriales con grandes proyectos urbanísticos. Allí preocupa la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los sindicalistas. En el casco urbano de Buenaventura, por ejemplo, el microtráfico y la expansión portuaria generan tensiones y riesgos para los defensores. De acuerdo con algunos testimonios, de quienes no revelamos su identidad por su riesgo, los liderazgos más amenazados son los relacionados con el activismo de género y en favor de la niñez y la juventud, dos generaciones que están atrapadas en la guerra de los ilegales y el microtráfico.

El norte del Cauca —que abarca los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla y Guachené— es una de las regiones con el mayor número de homicidios contra líderes sociales durante los últimos dos años y medio: 37, según la Defensoría del Pueblo, a mayo del 2019. Los riesgos en su contra tienen relación con la minería legal e ilegal que existe en esos municipios asentados en el valle del río Cauca. El narcotráfico y la mafia alrededor de estos territorios igualmente están dejando cientos de muertos y un rompimiento del tejido social de estas comunidades negras e indígenas en su mayoría. Los grupos armados ilegales, agrupados en tres estructuras disidentes del proceso de paz con las Farc, son los sicarios a sueldo de los narcos. Les pagan peajes y los dotan de armas mayormente americanas.

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La Paz en el Terreno quiso indagar sobre las razones detrás de esta violencia contra los líderes en estos tres territorios. Varios de los defensores, reunidos en la Universidad Icesi de Cali, construyeron este mapa de riesgo, que es una cartografía de sus territorios y de lo que están viviendo al ejercer la labor de defender los derechos humanos.

Los líderes sociales del Pacífico tienen la piel curtida por la resistencia con la que han enfrentado tantas guerras en sus territorios. Desde el 1° de enero de 2016 hasta mayo de este año, la Defensoría del Pueblo confirmó que son 480 los asesinados en todo el país, gran parte de los cuales vivían en la región del Pacífico colombiano.

Tres subregiones que ilustran esta tragedia son el norte del Cauca, Cali y Buenaventura (Valle), una región unida, en lo urbano, por la carretera Panamericana y, en lo rural, por el Parque Nacional Natural Farallones en la cordillera Occidental. Hasta Cali fueron convocados una veintena de líderes de estos territorios para hacer este mapa de riesgo, con el fin de que las autoridades y la sociedad entiendan la magnitud del fenómeno que se teje en estas regiones contra los defensores de derechos humanos.

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El norte del Cauca —que abarca los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla y Guachené— es una de las regiones con el mayor número de homicidios contra líderes sociales durante los últimos dos años y medio: 37, según la Defensoría del Pueblo, a mayo del 2019. Los riesgos en su contra tienen relación con la minería legal e ilegal que existe en esos municipios asentados en el valle del río Cauca. El narcotráfico y la mafia alrededor de estos territorios igualmente están dejando cientos de muertos y un rompimiento del tejido social de estas comunidades negras e indígenas en su mayoría. Los grupos armados ilegales, agrupados en tres estructuras disidentes del proceso de paz con las Farc, son los sicarios a sueldo de los narcos. Les pagan peajes y los dotan de armas mayormente americanas.

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