‘Mal haríamos en decir que el Estado es responsable del reclutamiento’: directora del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en cabeza de Lina María Arbeláez, el pasado 22 de febrero le entregó a la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tres informes sobre reclutamiento de menores de edad hasta 2016. Dentro de los grupos armados responsables están la extinta guerrilla de las Farc y también el Eln, las disidencias y otros Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

En estos informes, según la directora, se evidencia que se abrieron 6.931 procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de menores de edad víctimas de este delito, desde 1999 hasta la firma del Acuerdo de Paz, en los que se les ha hecho acompañamiento hasta los 25 años. Sin embargo, organizaciones sociales como la Coalición Contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado (Coalico) han alertado que, en la práctica, ha faltado más acompañamiento psicosocial cuando termina el proceso de desvinculación.

Sobre reclutamiento, el año pasado la entidad reportó 144 casos, mientras que las organizaciones sociales hablaron de 222. En entrevista con El Espectador, la directora aseguró que, aunque no buscaba evadir la responsabilidad que tienen como Estado de proteger a los menores de edad víctimas de reclutamiento, su entidad tampoco puede tener a un defensor de familia por cada niño colombiano. Sobre las estrategias de prevención para el reclutamiento, en medio de la ausencia de clases por la pandemia, dijo que han impactado a 125.000 familias.

¿Qué revelan los informes que entregó el ICBF a la Fiscalía y la JEP?

Lo primero es aclarar que fueron entregados tres documentos: dos a la Fiscalía y uno a la JEP. Algo en común que tienen es que se hablan de los casos, específicamente de los expedientes de los niños y niñas reclutados por las Farc desde 1999 hasta 2016, fecha en la que se firma el Acuerdo de Paz. Incluimos los reportes de las Farc, el Eln, “Narcotalia” (la funcionaria se refiere a las disidencias de las Farc que se autodenominan “Segunda Marquetalia”) y de otros grupos GAOR. Esto consta de 3.878 expedientes. Uno de los elementos que se demuestra es que hay una recurrencia y una sistematicidad. También probamos que hay niños y niñas reclutados desde los 5 años y con una fuerza más grande entre los 9 y 13 años.

¿Qué responsabilidad tiene el ICBF en los casos de reclutamiento de menores de edad que ya fueron alertados por entidades como la Defensoría?

Nuestra visión es en materia de prevención y protección. Como lo dice la Constitución, somos todos corresponsables del cuidado de la niñez y adolescencia. Pero mal haríamos en decir que el Estado es responsable por una actividad que es un claro acto ilegal que está tipificado en el Código (...) Muchas veces, por más presencia que quisiéramos tener, aquí no se trata de tener 15 millones de defensores de familia, uno por cada niño, porque esa es una visión que traspasa las posibilidades de actuar de una entidad. Para eso hemos priorizado unos municipios teniendo en cuenta las alertas tempranas de la Defensoría y ahí es donde empezamos a desplegar todos los programas de prevención. Pero yo te hago una pregunta: Si tenemos todos los programas de prevención y aún pasa un reclutamiento: ¿la responsabilidad es del Estado o la responsabilidad es del grupo armado que lo ejerce? Porque yo sé que tenemos una obligación, pero entonces yo podría decir lo mismo: ¿es culpa de la sociedad, es culpa de la familia? Creo que aquí es entre todos que tenemos que entrar a proteger la vida, honra y bienes de los niños, niñas y adolescentes.

¿Con quiénes debe entonces articularse el ICBF para acabar con estos casos?

Tenemos que garantizar la apuesta en marcha de programas de prevención, pero no sólo es el Instituto, el Código habla de un Sistema Nacional de Bienestar Familiar que lidera el ICBF y que depende de muchas otras entidades. Por ejemplo, en materia de protección, cuando los niños y niñas entran en la ruta se activa el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Hay que buscar que su estado de salud físico esté bien y eso no es de nuestra competencia. Ahora, en materia de seguridad, nosotros tampoco tenemos cómo. Es que ni tenemos la facultad de tener una policía. No tenemos armas ni tenemos cómo defender a los niños si una persona viene con una pistola a llevárselo. Si hay un defensor de familia, mal haría yo diciéndole que se enfrente al señor que hace parte del Clan del Golfo. Este es un accionar conjunto.

Usted ha hablado de que se abrieron más de 6.000 procesos administrativos para el restablecimiento de derechos. En la práctica, ¿cuántos menores de edad terminan el proceso y qué derechos se les restablecen?

En este programa tenemos tanto a los niños que se desvinculan de manera voluntaria como a los rescatados por el Ejército. La proporción de los niños que se desvinculan está alrededor del 70 %. Los procesos son muy complicados, nosotros llegamos a estar con los jóvenes hasta: los 25 años, la etapa universitaria o el momento en el que encuentren un trabajo. El proceso administrativo lo abre un defensor de familia y lo lleva hasta un punto final en el que se demuestre que el niño está en condiciones para soltarse y estar de manera independiente. Tengo un caso de un niño que estuvo dos años en las Farc y él me dice que lo primero en nuestro programa es la dignificación, porque entiende que a pesar de que ha cometido delitos es un ser humano.

Si la responsabilidad del restablecimiento de derechos recae sobre los defensores de familia, ¿cómo garantizan ustedes que los 6.000 procesos que han abierto se terminen? ¿Cómo hacen ese seguimiento?

Los defensores de familia dependen del ICBF. Los comisarios de familia dependen de la entidad administrativa territorial. Entonces, cuando hay un comisario de familia que recibe el caso, lo primero que se analiza es la condición de seguridad del niño. Si la condición de seguridad no es apta en el territorio, tiene que trasladarle al defensor de familia que también, a su vez, puede desplegar el tema a nivel nacional, porque nosotros estamos en los 1.103 municipios del país. Somos de las pocas entidades del Gobierno, junto al Ministerio de Defensa, que llegamos a toda Colombia. Ahí es donde empieza el proceso de traslado de los expedientes para que el defensor esté en el territorio donde el niño fue trasladado.

¿Y cómo le garantizan a un joven, que ya cumplió su mayoría de edad pero que alega haber sido reclutado antes de los 18 años, que lo tratarán como una víctima y no como victimario?

Eso ya con es con la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN). Ellos son quienes están obligados a realizar los hechos cuando es un mayor de edad y que alega haber sido reclutado. Son ellos y la Unidad de Víctimas.

¿Entonces no hay forma de garantizar que quienes ya cumplieron los 18 años en un grupo armado tengan los mismos beneficios de los menores de edad que también fueron reclutados?

Sí, claro, la ARN y la Unidad para las Víctimas tienen que hacer una revisión específica del material probatorio que exista o que llegue, para poder establecer si es una víctima o no.

Uno de los problemas que más advierten las organizaciones sociales es que ustedes tienen pocos cupos para los niños y niñas de todo el país en los programas de prevención al reclutamiento. El año pasado usted habló de 5.030. ¿Qué pasa cuando se llenan esos cupos y se presentan nuevos casos?

Nosotros tenemos dos líneas: la protección, que son todas las acciones que hacemos para evitar que se genere una vulneración a un derecho de un niño, y la reacción, que se activa cuando los derechos han sido macerados y se abren procesos administrativos especializados desde la vulneración que se comete. En el tema de reclutamiento tenemos muchos programas. Hay una estrategia de riesgos específicos en la que se aborda, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. Con el ministro de Defensa hablábamos de cómo el microtráfico en las urbes ha empezado a hacer que los niños y niñas se vuelvan dependientes de sustancias psicoactivas y así los van atrayendo el Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros.

Pero cuando los cupos se llenan….

En protección sí hay unos cupos específicos para recibir esos niños. Ahora, no es que si un niño fue reclutado y no tengo cupos no lo abro. No. Claro que lo abrimos. Aquí no funciona como en Primera Infancia que son unos cupos limitados, aquí sabemos que tenemos que reintegrarlo a la institucionalidad para protegerlo. Me hablabas de los cupos, pero también tenemos programas en juventud. Te estoy mostrando la amplitud de lo que hace el Estado para prevenir. En juventud tenemos el programa Sacúdete, que llega a los territorios donde se adelantan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde hay ruralidad dispersa con los chicos para romper brechas. Y ahí tenemos una oferta amplia. Con Sacúdete este año vamos a llegar a 132.000 pelados de los territorios más dejados. Se abrieron los primeros en Buenaventura, Puerto Wilches y Apartadó, los lugares en los que sabemos que tenemos que robarle los pelados a la criminalidad.

Las comunidades étnicas son las más vulnerables al reclutamiento, de hecho, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por reclutamiento este año en departamentos como Risaralda, Antioquia y Chocó. ¿Qué acciones específicas tiene el ICBF en este momento allá?

Tenemos que la cifra de recepción de niños y niñas para atenderlos ha bajado en un 20%. Eso es lo primero. Y no se trata de decir que vamos a aplaudir porque ha bajado. No. El hecho de que se reclute a un niño es grave, gravísimo, no sólo para el individuo, sino para la sociedad entera. En 2017 ingresaron 287 menores de edad; en 2018 bajó a 196; en 2019 a 180, y el año pasado, 144. En los casos específicos de Risaralda, donde sabemos que hay condiciones de reclutamiento graves, hemos reforzado el número de atención en materia de prevención. Risaralda ha sido priorizado para la construcción y entrada en vigencia de los centros Sacúdete. Tenemos más de 1.150 programas en 109 municipios priorizados.

La Defensoría también ha alertado por casos de reclutamiento de menores de edad venezolanos que los grupos armados traen desde su país de origen, ¿hay algún programa específico para trabajar con las necesidades de ellos como migrantes?

Cualquier menor de edad en Colombia, siguiendo la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia, debe ser atendido indistintamente de su nacionalidad. De hecho, estamos atendiendo 94.000 niños venezolanos, no por reclutamiento sino en general. En materia de restablecimiento de derechos por reclutamiento tenemos de distintas nacionalidades: 5 niños de Ecuador, 2 niños de Panamá y 37 de Venezuela que están bajo nuestro programa por reclutamiento.

¿Es cierto que se han llegado a presentar casos de niños y niñas que, haciendo parte del programa de desvinculación del ICBF y bajo su amparo, han sido amenazados o asesinados después de salir del grupo armado?

En noviembre del año pasado se rescató un niño por parte de la Fuerza Pública en Nariño y el grupo armado desplegó toda una estrategia para regresarlo. Lo tuvimos que sacar del territorio. Entonces sí se da un tema de amenazas y por eso los expedientes tienen reserva.

¿Qué estrategias específicas han articulado con el Ministerio de Educación para prevenir el reclutamiento en medio de la ausencia de clases presenciales por la pandemia?

Con el Ministerio de Educación tenemos todo un esquema de llegar a los territorios donde están esas alertas tempranas en 196 municipios, donde priorizamos programas para la utilización adecuada del tiempo libre. Un trabajo en el que hemos priorizado 125.000 familias, las cuales hemos medido grados de posible vulnerabilidad en su núcleo familiar para trabajar con ellos en alertas tempranas y poder sacar a los niños y niñas cuando ocurran los hechos. Hemos estado llegando a territorio, hemos hecho un clic muy grande con el Ministerio TIC porque es poder llegar con conectividad que les permita a los niños y niñas un acompañamiento con oferta educativa adicional, no en el marco de su educación en colegio. El ICBF creó un programa llamado Mis Manos Te Enseñan, que no sólo está en la plataforma digital sino también está en televisión y radio, y hace un trabajo conjunto al lado de las madres comunitarias y agentes educativos que nos permite estar vigilando a la familia, pero no en el sentido paternalista sino proteccionista. Tenemos un programa increíble que logró establecer riesgos, no sólo en materia de reclutamiento, sino también en materia de posibles suicidios.

Este es un trabajo articulado de todo el Estado y cuando hablo del Estado no es sólo del Gobierno central sino también de los gobiernos locales, de las de las diferentes ramas de poder público y de la sociedad. La comunidad también tiene que estar atenta y consciente de que, si en algún momento hay riesgo, tiene que alertar porque muchas veces el reclutamiento sí es prevenible y previsible, y hay muchos padres de familia que logran alertar y se puede desplegar la Fuerza Pública, que son los encargados de garantizar que no suceda el reclutamiento.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en cabeza de Lina María Arbeláez, el pasado 22 de febrero le entregó a la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tres informes sobre reclutamiento de menores de edad hasta 2016. Dentro de los grupos armados responsables están la extinta guerrilla de las Farc y también el Eln, las disidencias y otros Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

En estos informes, según la directora, se evidencia que se abrieron 6.931 procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de menores de edad víctimas de este delito, desde 1999 hasta la firma del Acuerdo de Paz, en los que se les ha hecho acompañamiento hasta los 25 años. Sin embargo, organizaciones sociales como la Coalición Contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado (Coalico) han alertado que, en la práctica, ha faltado más acompañamiento psicosocial cuando termina el proceso de desvinculación.

Sobre reclutamiento, el año pasado la entidad reportó 144 casos, mientras que las organizaciones sociales hablaron de 222. En entrevista con El Espectador, la directora aseguró que, aunque no buscaba evadir la responsabilidad que tienen como Estado de proteger a los menores de edad víctimas de reclutamiento, su entidad tampoco puede tener a un defensor de familia por cada niño colombiano. Sobre las estrategias de prevención para el reclutamiento, en medio de la ausencia de clases por la pandemia, dijo que han impactado a 125.000 familias.

¿Qué revelan los informes que entregó el ICBF a la Fiscalía y la JEP?

Lo primero es aclarar que fueron entregados tres documentos: dos a la Fiscalía y uno a la JEP. Algo en común que tienen es que se hablan de los casos, específicamente de los expedientes de los niños y niñas reclutados por las Farc desde 1999 hasta 2016, fecha en la que se firma el Acuerdo de Paz. Incluimos los reportes de las Farc, el Eln, “Narcotalia” (la funcionaria se refiere a las disidencias de las Farc que se autodenominan “Segunda Marquetalia”) y de otros grupos GAOR. Esto consta de 3.878 expedientes. Uno de los elementos que se demuestra es que hay una recurrencia y una sistematicidad. También probamos que hay niños y niñas reclutados desde los 5 años y con una fuerza más grande entre los 9 y 13 años.

¿Qué responsabilidad tiene el ICBF en los casos de reclutamiento de menores de edad que ya fueron alertados por entidades como la Defensoría?

Nuestra visión es en materia de prevención y protección. Como lo dice la Constitución, somos todos corresponsables del cuidado de la niñez y adolescencia. Pero mal haríamos en decir que el Estado es responsable por una actividad que es un claro acto ilegal que está tipificado en el Código (...) Muchas veces, por más presencia que quisiéramos tener, aquí no se trata de tener 15 millones de defensores de familia, uno por cada niño, porque esa es una visión que traspasa las posibilidades de actuar de una entidad. Para eso hemos priorizado unos municipios teniendo en cuenta las alertas tempranas de la Defensoría y ahí es donde empezamos a desplegar todos los programas de prevención. Pero yo te hago una pregunta: Si tenemos todos los programas de prevención y aún pasa un reclutamiento: ¿la responsabilidad es del Estado o la responsabilidad es del grupo armado que lo ejerce? Porque yo sé que tenemos una obligación, pero entonces yo podría decir lo mismo: ¿es culpa de la sociedad, es culpa de la familia? Creo que aquí es entre todos que tenemos que entrar a proteger la vida, honra y bienes de los niños, niñas y adolescentes.

¿Con quiénes debe entonces articularse el ICBF para acabar con estos casos?

Tenemos que garantizar la apuesta en marcha de programas de prevención, pero no sólo es el Instituto, el Código habla de un Sistema Nacional de Bienestar Familiar que lidera el ICBF y que depende de muchas otras entidades. Por ejemplo, en materia de protección, cuando los niños y niñas entran en la ruta se activa el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Hay que buscar que su estado de salud físico esté bien y eso no es de nuestra competencia. Ahora, en materia de seguridad, nosotros tampoco tenemos cómo. Es que ni tenemos la facultad de tener una policía. No tenemos armas ni tenemos cómo defender a los niños si una persona viene con una pistola a llevárselo. Si hay un defensor de familia, mal haría yo diciéndole que se enfrente al señor que hace parte del Clan del Golfo. Este es un accionar conjunto.

Usted ha hablado de que se abrieron más de 6.000 procesos administrativos para el restablecimiento de derechos. En la práctica, ¿cuántos menores de edad terminan el proceso y qué derechos se les restablecen?

En este programa tenemos tanto a los niños que se desvinculan de manera voluntaria como a los rescatados por el Ejército. La proporción de los niños que se desvinculan está alrededor del 70 %. Los procesos son muy complicados, nosotros llegamos a estar con los jóvenes hasta: los 25 años, la etapa universitaria o el momento en el que encuentren un trabajo. El proceso administrativo lo abre un defensor de familia y lo lleva hasta un punto final en el que se demuestre que el niño está en condiciones para soltarse y estar de manera independiente. Tengo un caso de un niño que estuvo dos años en las Farc y él me dice que lo primero en nuestro programa es la dignificación, porque entiende que a pesar de que ha cometido delitos es un ser humano.

Si la responsabilidad del restablecimiento de derechos recae sobre los defensores de familia, ¿cómo garantizan ustedes que los 6.000 procesos que han abierto se terminen? ¿Cómo hacen ese seguimiento?

Los defensores de familia dependen del ICBF. Los comisarios de familia dependen de la entidad administrativa territorial. Entonces, cuando hay un comisario de familia que recibe el caso, lo primero que se analiza es la condición de seguridad del niño. Si la condición de seguridad no es apta en el territorio, tiene que trasladarle al defensor de familia que también, a su vez, puede desplegar el tema a nivel nacional, porque nosotros estamos en los 1.103 municipios del país. Somos de las pocas entidades del Gobierno, junto al Ministerio de Defensa, que llegamos a toda Colombia. Ahí es donde empieza el proceso de traslado de los expedientes para que el defensor esté en el territorio donde el niño fue trasladado.

¿Y cómo le garantizan a un joven, que ya cumplió su mayoría de edad pero que alega haber sido reclutado antes de los 18 años, que lo tratarán como una víctima y no como victimario?

Eso ya con es con la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN). Ellos son quienes están obligados a realizar los hechos cuando es un mayor de edad y que alega haber sido reclutado. Son ellos y la Unidad de Víctimas.

¿Entonces no hay forma de garantizar que quienes ya cumplieron los 18 años en un grupo armado tengan los mismos beneficios de los menores de edad que también fueron reclutados?

Sí, claro, la ARN y la Unidad para las Víctimas tienen que hacer una revisión específica del material probatorio que exista o que llegue, para poder establecer si es una víctima o no.

Uno de los problemas que más advierten las organizaciones sociales es que ustedes tienen pocos cupos para los niños y niñas de todo el país en los programas de prevención al reclutamiento. El año pasado usted habló de 5.030. ¿Qué pasa cuando se llenan esos cupos y se presentan nuevos casos?

Nosotros tenemos dos líneas: la protección, que son todas las acciones que hacemos para evitar que se genere una vulneración a un derecho de un niño, y la reacción, que se activa cuando los derechos han sido macerados y se abren procesos administrativos especializados desde la vulneración que se comete. En el tema de reclutamiento tenemos muchos programas. Hay una estrategia de riesgos específicos en la que se aborda, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. Con el ministro de Defensa hablábamos de cómo el microtráfico en las urbes ha empezado a hacer que los niños y niñas se vuelvan dependientes de sustancias psicoactivas y así los van atrayendo el Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros.

Pero cuando los cupos se llenan….

En protección sí hay unos cupos específicos para recibir esos niños. Ahora, no es que si un niño fue reclutado y no tengo cupos no lo abro. No. Claro que lo abrimos. Aquí no funciona como en Primera Infancia que son unos cupos limitados, aquí sabemos que tenemos que reintegrarlo a la institucionalidad para protegerlo. Me hablabas de los cupos, pero también tenemos programas en juventud. Te estoy mostrando la amplitud de lo que hace el Estado para prevenir. En juventud tenemos el programa Sacúdete, que llega a los territorios donde se adelantan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde hay ruralidad dispersa con los chicos para romper brechas. Y ahí tenemos una oferta amplia. Con Sacúdete este año vamos a llegar a 132.000 pelados de los territorios más dejados. Se abrieron los primeros en Buenaventura, Puerto Wilches y Apartadó, los lugares en los que sabemos que tenemos que robarle los pelados a la criminalidad.

Las comunidades étnicas son las más vulnerables al reclutamiento, de hecho, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por reclutamiento este año en departamentos como Risaralda, Antioquia y Chocó. ¿Qué acciones específicas tiene el ICBF en este momento allá?

Tenemos que la cifra de recepción de niños y niñas para atenderlos ha bajado en un 20%. Eso es lo primero. Y no se trata de decir que vamos a aplaudir porque ha bajado. No. El hecho de que se reclute a un niño es grave, gravísimo, no sólo para el individuo, sino para la sociedad entera. En 2017 ingresaron 287 menores de edad; en 2018 bajó a 196; en 2019 a 180, y el año pasado, 144. En los casos específicos de Risaralda, donde sabemos que hay condiciones de reclutamiento graves, hemos reforzado el número de atención en materia de prevención. Risaralda ha sido priorizado para la construcción y entrada en vigencia de los centros Sacúdete. Tenemos más de 1.150 programas en 109 municipios priorizados.

La Defensoría también ha alertado por casos de reclutamiento de menores de edad venezolanos que los grupos armados traen desde su país de origen, ¿hay algún programa específico para trabajar con las necesidades de ellos como migrantes?

Cualquier menor de edad en Colombia, siguiendo la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia, debe ser atendido indistintamente de su nacionalidad. De hecho, estamos atendiendo 94.000 niños venezolanos, no por reclutamiento sino en general. En materia de restablecimiento de derechos por reclutamiento tenemos de distintas nacionalidades: 5 niños de Ecuador, 2 niños de Panamá y 37 de Venezuela que están bajo nuestro programa por reclutamiento.

¿Es cierto que se han llegado a presentar casos de niños y niñas que, haciendo parte del programa de desvinculación del ICBF y bajo su amparo, han sido amenazados o asesinados después de salir del grupo armado?

En noviembre del año pasado se rescató un niño por parte de la Fuerza Pública en Nariño y el grupo armado desplegó toda una estrategia para regresarlo. Lo tuvimos que sacar del territorio. Entonces sí se da un tema de amenazas y por eso los expedientes tienen reserva.

¿Qué estrategias específicas han articulado con el Ministerio de Educación para prevenir el reclutamiento en medio de la ausencia de clases presenciales por la pandemia?

Con el Ministerio de Educación tenemos todo un esquema de llegar a los territorios donde están esas alertas tempranas en 196 municipios, donde priorizamos programas para la utilización adecuada del tiempo libre. Un trabajo en el que hemos priorizado 125.000 familias, las cuales hemos medido grados de posible vulnerabilidad en su núcleo familiar para trabajar con ellos en alertas tempranas y poder sacar a los niños y niñas cuando ocurran los hechos. Hemos estado llegando a territorio, hemos hecho un clic muy grande con el Ministerio TIC porque es poder llegar con conectividad que les permita a los niños y niñas un acompañamiento con oferta educativa adicional, no en el marco de su educación en colegio. El ICBF creó un programa llamado Mis Manos Te Enseñan, que no sólo está en la plataforma digital sino también está en televisión y radio, y hace un trabajo conjunto al lado de las madres comunitarias y agentes educativos que nos permite estar vigilando a la familia, pero no en el sentido paternalista sino proteccionista. Tenemos un programa increíble que logró establecer riesgos, no sólo en materia de reclutamiento, sino también en materia de posibles suicidios.

Este es un trabajo articulado de todo el Estado y cuando hablo del Estado no es sólo del Gobierno central sino también de los gobiernos locales, de las de las diferentes ramas de poder público y de la sociedad. La comunidad también tiene que estar atenta y consciente de que, si en algún momento hay riesgo, tiene que alertar porque muchas veces el reclutamiento sí es prevenible y previsible, y hay muchos padres de familia que logran alertar y se puede desplegar la Fuerza Pública, que son los encargados de garantizar que no suceda el reclutamiento.

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