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En la mañana del pasado lunes 28 de enero dos cuerpos fueron hallados con signos de tortura en una cancha de fútbol de la vereda San Pedro, en el municipio de Corinto (norte del Cauca). Las víctimas fueron identificadas como Warner Keops Petey Levy, oriundo de la región, y José Adán Salgado Vega, proveniente de Cáceres (Antioquia). Ambos, según la Policía del Cauca, disidentes de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, grupo residual de las Farc.
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Este es el saldo más reciente de la confrontación armada que se intensificó hace una semana en Corinto entre este grupo y los autodenominados Pelusos o Epl. El pasado viernes 25 de enero la situación empeoró a raíz de los constantes enfrentamientos entre los ilegales, los cuales no han cesado.
Se han registrado en las veredas La Laguna, Quebraditas, Rionegro y La Secreta, ubicadas en zona montañosa de Corinto. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) señaló mediante un comunicado que ese viernes, alrededor de las 10 p.m., la comunidad alertó sobre la presencia de varias camionetas que transportaban a miembros de un grupo guerrillero.
Al día siguiente, el fuego cruzado entre disidencias de Farc y Epl comenzó a las 10 a.m. y se extendió hasta el domingo. La disputa se recrudeció el pasado miércoles 30 de enero con la utilización de granadas y armamento de largo alcance en medio de la población.
“Alrededor de las 9 a.m., uno de los grupos entró a un colegio de la vereda San Pedro, lo que generó más conmoción y temor en la comunidad. Los niños pudieron salir, pero las actividades escolares fueron suspendidas hasta el próximo 4 de febrero”, explicó Felipe Vernaza Pinzón, defensor del Pueblo del Cauca.
La situación ha generado desplazamiento interno y confinamiento en las comunidades indígenas y campesinas. “Se tiene un promedio no verificado de que son 500 personas las que están confinadas. Sin embargo, no hemos podido ingresar a la zona para levantar un censo y garantizarles la atención”, agregó el funcionario.
Arcadio Metizo, líder indígena nasa de la ACIN, aseguró que son tres las comunidades en estado de confinamiento; es decir, cerca de 1.000 personas. Además, en un reporte de esta organización se registra que por lo menos 200 personas se desplazaron desde la vereda El Crucero a Río Negro.
El recrudecimiento de los combates registrado esta semana es una muestra de la crisis que atraviesa el norte del Cauca. Distintos informes elaborados por organizaciones sociales coinciden en señalar esta región como una de las más críticas a escala nacional en materia de seguridad; de hecho, registra el mayor número de líderes asesinados en los últimos meses.
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Para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) —entidad que elaboró un informe sobre la situación particular del suroccidente del país—, no hay duda de que el ingrediente principal del enfrentamiento es el narcotráfico.
A diferencia de otras regiones del país, la disputa en esta región no es por el control de la coca, es por los cultivos de marihuana. Según cifras de Indepaz, entre Corinto, Caloto y Miranda hay alrededor de 4.000 hectáreas de esta planta.
Con este panorama coincide la Fiscalía. Según información de la seccional del Cauca, desde hace dos años integrantes del Epl llegaron al territorio, provenientes de Norte de Santander, bastión principal de dicho grupo armado ilegal. De hecho, en una masacre perpetrada en el municipio de Suárez en diciembre de 2017, en la que murieron siete personas a manos de disidencias de las Farc, varias de las víctimas eran de esa región del país, dijo el ente acusador.
En esta región, históricamente ocupada por la desmovilizada guerrilla de las Farc, quedaron en disputa dos rutas importantes para el tráfico de estupefacientes. Una, que conecta a Jamundí (sur del Valle) con el Naya y el Pacífico caucano; y otra, que conecta a ese mismo municipio con la capital del Valle.
Por eso, tras la dejación de armas de las Farc, a mediados de 2017, en la zona se reconfiguraron los balances de poder en torno a las rentas ilegales. Los grupos armados que se disputan el control de este territorio, entre los municipios de Corinto, Miranda, Caloto, Cajibío y Toribío, entre otros, son disidencias de las Farc (del frente sexto, según información del Ejército) y el Epl o Pelusos.
A la confrontación directa entre los ilegales hay que sumarle otro factor: la férrea oposición que las autoridades indígenas han ejercido contra la presencia de grupos armados en su territorio y la siembra de cultivos de uso ilícito. Esas exigencias les han costado la vida a dos de sus líderes más emblemáticos en los últimos meses: en diciembre de 2018 fue asesinado Edwin Dagua, gobernador del resguardo de Huellas Caloto, y cuatro meses antes corrió la misma suerte Emiliano Trochez, exgobernador del Resguardo Indígena de Guadualito, en Santander de Quilichao.
A raíz de estos hechos, el norte del Cauca supera, por ejemplo, a regiones como el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo en materia de violencia. Según el informe de varias organizaciones sociales, titulado “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post Acuerdo”, entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha de la firma del Acuerdo con las Farc) y el 31 de julio de 2018, Cauca es el departamento que más registra homicidios de líderes sociales en su territorio (44 casos).
De igual manera, el municipio de Corinto es, después de Tumaco, el que más líderes asesinados registra en ese mismo período, con siete casos.
Así las cosas, las autoridades ancestrales y los líderes campesinos piden al Gobierno Nacional voltear los ojos sobre una región en la que parece que se quiere reeditar una vieja guerra: la de la marihuana.