Mario y Elsa, un crimen sin castigo

Un retén militar fue el preámbulo del asesinato de Mario Calderón y de su esposa, Elsa Alvarado. Mientras regresaban de su finca, en el Sumapaz, hacia Bogotá, hombres del Ejército los detuvieron y les dejaron saber, entre pregunta y pregunta, que tenían demasiada información sobre ellos. Calderón llegó tan asustado que al día siguiente ya planeaba con uno de sus mejores amigos cómo sacar del país a Elsa y a su niño, Iván, quien apenas había cumplido un año. También empezó a buscar un nuevo apartamento. El tiempo, sin embargo, no le alcanzó: una semana después del retén, sicarios derribaron con balas la puerta de su casa y los ejecutaron a él, a ella y, de paso, al padre de ella.

“Ni quienes ordenaron su asesinato ni quienes lo cometieron tenían idea de las personas que eran. Ellos los habrían invitado a sentarse a dialogar sobre las diferencias. Elsa habría cocinado algo delicioso, Mario les habría invitado a un ron”, dice Luis Fernando Barón.

Él, que ahora trabaja en la Universidad Icesi de Cali para el Departamento de Estudios Políticos, se hizo amigo de la pareja en el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular, de los jesuitas), en 1991, año en que llegó como practicante al área de comunicaciones, a trabajar con Elsa. “En honor al pacifismo profundo de Mario es que estoy del lado de la academia”, asegura.

El crimen se cometió el 19 de mayo de 1997, pasada la medianoche. Cuatro hombres armados y vestidos con overol negro llegaron en un Renault 9 blanco, ataron las manos del celador del edificio, de un estudiante que se iba a subir a un taxi y del taxista que había ido a recogerlo e irrumpieron en el apartamento 702 del edificio Quintas de la Salle, en el norte de Bogotá. Si hubo o no militares involucrados es un interrogante que, en dos décadas, la justicia no ha resuelto. Esta semana, la Fiscalía, a nueve días de cumplirse el aniversario número 20 del crimen, lo declaró de lesa humanidad. Una medida importante, sin duda. Pero que quizá no llegue a ser suficiente.

El documento, de 59 páginas de la Fiscalía 28 Especializada de Derechos Humanos, conocido por El Espectador, señala que el caso había sido declarado como tal en dos ocasiones. La determinación, sin embargo, había sido tomada tan pálidamente que esta vez la Fiscalía tuvo que decirlo “de manera expresa”, como también lo solicitó la familia con sus abogados en abril de este año. Las veces anteriores, el organismo investigativo no había hecho un análisis profundo para sustentar por qué este crimen fue parte del mismo plan sistemático y generalizado contra defensores de derechos humanos, por el cual fueron aniquilados Jaime Garzón, José Eduardo Umaña y Jesús María Valle, entre otros. (Los 5 grandes crímenes que ordenó la casa Castaño)

No todos creen en la hipótesis de la alianza entre militares y paramilitares. Por ejemplo, el jesuita, amigo y compañero generacional de Calderón, Javier Giraldo, quien, con amargura, dice: “Meses antes del crimen, Mario me contó que el Ejército pasaba y les preguntaba a los campesinos de Sumapaz de quién era la finca, cuándo iban, cómo se llamaban, dónde vivían, sus números de contacto (…) La teoría de los paramilitares es un montaje de la Fiscalía. El crimen va a quedar impune, la investigación sigue abierta, pero no avanza. Si la muerte de Gaitán no se descifró, imagínense qué va a pasar con este caso”. El 19 de mayo de 1997, él perdió no solo a un colega: perdió también a un cómplice. 

Los resultados de este proceso son sinónimo de una justicia retardada y sin voluntad. El ex jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, ha dado la información que ha querido a cuentagotas desde una cárcel en Estados Unidos. Únicamente una persona ha sido condenada: Juan Carlos González, alias El Colorado, a 40 años de prisión. Diez hombres y una mujer fueron absueltos o la investigación en su contra precluyó. A los hermanos Carlos y Fidel Castaño nunca los investigaron. Y cuatro supuestos integrantes de la banda sicarial La Terraza “han muerto o fueron desaparecidos”, dice la Fiscalía. Las ejecuciones de los sicarios, luego del crimen, fueron confirmadas por el propio Don Berna. (Las confesiones de “Don Berna”)

El documento de la Fiscalía, del pasado 10 de mayo, recuerda otro incidente que prendió las alarmas entre la gente cercana a Calderón y Alvarado. Lo contó el padre Gabriel Izquierdo, quien para la fecha del asesinato dirigía el Cinep: el día del crimen, un funcionario de la Alcaldía de Bogotá oyó en una emisora local que los habían identificado como “dos guerrilleros de las Farc en el Sumapaz y el padre de una de estas personas”. El religioso dijo que esa información lo impulsó a emitir “un comunicado expresando claramente su condición de trabajadores de la paz”. Luis Fernando Barón, que también estaba en el Cinep apenas se supo de los homicidios, recuerda esa mañana lúgubre desde otra orilla.

“Gabriel Izquierdo (quien murió el año pasado) estaba destrozado. Los compañeros de generación de Mario no reaccionaban. Algunos se sentaron en la cafetería pálidos y otros se encerraron en sus oficinas a llorar. Fue un momento caótico. Fuimos los jóvenes quienes reaccionamos, llamamos a pedir que se hiciera el levantamiento de cuerpos y nos pusimos a hacer el comunicado”, relata Barón. “A Elsa yo le pregunté muchas veces sobre su seguridad. En los últimos meses vi en su mirada miedo y dolor. Nunca me dijo nada. Nadie sabe si ellos recibían amenazas. Me miraba como diciéndome: ‘Sí están pasando cosas, pero no te puedo contar’ ”, dice Juan Manuel Navarrete.

Él era uno de los mejores amigos, en la universidad, de Elsa Alvarado y en su mente permanecen las mejores referencias: “Elsita se parecía a Julia Roberts: alta, bella, con la misma sonrisa grande. Era tremendamente dulce y era difícil verla enojada o salida de sus chiros. De una gran inteligencia. No era una mujer simple, lo que le permitió tener reconocimiento. Tenía una energía muy linda. Por donde pasaba Elsa Alvarado uno no podía dejar la cabeza quieta”. Según Luis Fernando Barón, quien trabajó con ella casi siete años, era una jefa estricta, puntual, organizada, hasta cuadriculada. Y con un interés especial en las radios comunitarias.

“Elsa tenía la expectativa de hacer el puente entre las radios comunitarias y los políticos tradicionales. Ella, como Mario, tenía el convencimiento de que era imperativo hablar con los que pensaban distinto e insistía en que había que entablar un diálogo pedagógico con las élites del país”, indica Barón. “Ella, al igual que Mario, era muy crítica. Fue muy dura con los medios de comunicación de la época”, resalta el padre Javier Giraldo, y agrega: “Su asesinato tuvo una proyección más amplia. Fue un golpe a un sector de personas conscientes de las luchas sociales. Fue un momento muy complicado, porque la muerte de Eduardo Umaña también ocurrió al poco tiempo”.

José Eduardo Umaña fue asesinado en su oficina, en Bogotá, el 18 de abril de 1998, y su caso, así como el del periodista Jaime Garzón, acribillado el 13 de agosto de 1999 en una calle bogotana, fue declarado de lesa humanidad en septiembre del año pasado. En ese momento, la Fiscalía acogió los argumentos de la familia Umaña y señaló que personas como él, Garzón, Calderón o Alvarado eran percibidas en ciertos sectores de las Fuerzas Militares como “enemigo interno”. Una conclusión que se fundaba en manuales castrenses con indicaciones como esta: “Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor”.  (El modus operandi contra Jaime Garzón y otras personas “incómodas")

La gente cercana a Calderón y a Alvarado cree que su decisión de comprar un terreno en el Sumapaz, acercarse a los campesinos de la región y volverse defensores ambientales los hizo parecer “traidores” a los ojos de los paramilitares y de ciertos militares, que veían en el Sumapaz un fortín de la guerrilla. “Mario y Elsita estaban involucrados en la creación de una reserva de la sociedad civil en el Sumapaz. Él y un grupo de amigos fueron de las primeras personas en pensar en políticas ambientales, en una época en que no existía el Ministerio de Ambiente. Mario desarrolló un activismo muy fuerte y Elsita lo acompañó en todo”.

Quien habla es un hombre que fue uno de los amigos más cercanos de la pareja. No quiere que su identidad se conozca, sino la huella que dejaron Mario Calderón y Elsa Alvarado: “La intervención de Mario en temas ambientales, en la que Elsa lo respaldó, fue importante para la constitución de un pensamiento ambiental en Colombia. (…) Yo me pregunto: si estuvieran vivos, ¿cuál hubiera sido la evolución de sus ideas? Además, mostraron que se necesitaban acciones concretas de protección. Pero desde entonces se constituyeron las amenazas de quienes creían que mantener los bosques y las aguas era fomentar nichos de protección a la guerrilla”.

Sofía Zambrano, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (que ha asesorado a la familia Alvarado), indicó: “La demora de la justicia ha sido un gran obstáculo”. Para ella, declarar este crimen de lesa humanidad “es reconocer que, más allá de sus familias, nosotros como sociedad también fuimos víctimas de ese ataque sistemático contra los defensores de derechos humanos”. Zambrano confirmó que este caso llegará pronto ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que la única reparación que se ha solicitado fue una inmaterial a alias Don Berna, para la organización la Reserva Natural de Suma-Paz. (El Bloque Capital y el crimen de Jaime Garzón)

A Don Berna, la familia de Elsa Alvarado —Calderón era huérfano y sus hermanos fallecieron— también le ha exigido verdad. La abogada Zambrano señala su inquietud sobre todo por el interés del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Esperamos que en la JEP podamos obtener la verdad que no hemos podido encontrar en la justicia ordinaria”, dice Zambrano. “Ojalá no sea una frustración más”. Plazas Acevedo es, por ahora, el único militar vinculado formalmente al expediente 821, abierto desde hace 20 años por los asesinatos de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado.

Ese expediente también abarca el intento de homicidio de Elvira Chacón de Alvarado, madre de Elsa, quien no fue la única sobreviviente esa madrugada. El 19 de mayo de 1997, en el apartamento 702 del edificio Quintas de la Salle, también quedó vivo Iván Calderón Alvarado. Del pequeño siempre se ha dicho que esquivó la muerte porque su madre lo había escondido en un armario; Elvira Alvarado, la hermana mayor de Elsa que crio a Iván como propio, cuenta algo distinto. Por primera vez en 20 años, ella se animó a hablar con un medio de comunicación sobre lo que le pasó a su familia. Lo hace por su hijo y por rescatar la memoria de su padre, el ingeniero Carlos Alvarado.

Mañana en El Espectador podrá encontrar la segunda entrega de este trabajo conmemorativo.

Un retén militar fue el preámbulo del asesinato de Mario Calderón y de su esposa, Elsa Alvarado. Mientras regresaban de su finca, en el Sumapaz, hacia Bogotá, hombres del Ejército los detuvieron y les dejaron saber, entre pregunta y pregunta, que tenían demasiada información sobre ellos. Calderón llegó tan asustado que al día siguiente ya planeaba con uno de sus mejores amigos cómo sacar del país a Elsa y a su niño, Iván, quien apenas había cumplido un año. También empezó a buscar un nuevo apartamento. El tiempo, sin embargo, no le alcanzó: una semana después del retén, sicarios derribaron con balas la puerta de su casa y los ejecutaron a él, a ella y, de paso, al padre de ella.

“Ni quienes ordenaron su asesinato ni quienes lo cometieron tenían idea de las personas que eran. Ellos los habrían invitado a sentarse a dialogar sobre las diferencias. Elsa habría cocinado algo delicioso, Mario les habría invitado a un ron”, dice Luis Fernando Barón.

Él, que ahora trabaja en la Universidad Icesi de Cali para el Departamento de Estudios Políticos, se hizo amigo de la pareja en el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular, de los jesuitas), en 1991, año en que llegó como practicante al área de comunicaciones, a trabajar con Elsa. “En honor al pacifismo profundo de Mario es que estoy del lado de la academia”, asegura.

El crimen se cometió el 19 de mayo de 1997, pasada la medianoche. Cuatro hombres armados y vestidos con overol negro llegaron en un Renault 9 blanco, ataron las manos del celador del edificio, de un estudiante que se iba a subir a un taxi y del taxista que había ido a recogerlo e irrumpieron en el apartamento 702 del edificio Quintas de la Salle, en el norte de Bogotá. Si hubo o no militares involucrados es un interrogante que, en dos décadas, la justicia no ha resuelto. Esta semana, la Fiscalía, a nueve días de cumplirse el aniversario número 20 del crimen, lo declaró de lesa humanidad. Una medida importante, sin duda. Pero que quizá no llegue a ser suficiente.

El documento, de 59 páginas de la Fiscalía 28 Especializada de Derechos Humanos, conocido por El Espectador, señala que el caso había sido declarado como tal en dos ocasiones. La determinación, sin embargo, había sido tomada tan pálidamente que esta vez la Fiscalía tuvo que decirlo “de manera expresa”, como también lo solicitó la familia con sus abogados en abril de este año. Las veces anteriores, el organismo investigativo no había hecho un análisis profundo para sustentar por qué este crimen fue parte del mismo plan sistemático y generalizado contra defensores de derechos humanos, por el cual fueron aniquilados Jaime Garzón, José Eduardo Umaña y Jesús María Valle, entre otros. (Los 5 grandes crímenes que ordenó la casa Castaño)

No todos creen en la hipótesis de la alianza entre militares y paramilitares. Por ejemplo, el jesuita, amigo y compañero generacional de Calderón, Javier Giraldo, quien, con amargura, dice: “Meses antes del crimen, Mario me contó que el Ejército pasaba y les preguntaba a los campesinos de Sumapaz de quién era la finca, cuándo iban, cómo se llamaban, dónde vivían, sus números de contacto (…) La teoría de los paramilitares es un montaje de la Fiscalía. El crimen va a quedar impune, la investigación sigue abierta, pero no avanza. Si la muerte de Gaitán no se descifró, imagínense qué va a pasar con este caso”. El 19 de mayo de 1997, él perdió no solo a un colega: perdió también a un cómplice. 

Los resultados de este proceso son sinónimo de una justicia retardada y sin voluntad. El ex jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, ha dado la información que ha querido a cuentagotas desde una cárcel en Estados Unidos. Únicamente una persona ha sido condenada: Juan Carlos González, alias El Colorado, a 40 años de prisión. Diez hombres y una mujer fueron absueltos o la investigación en su contra precluyó. A los hermanos Carlos y Fidel Castaño nunca los investigaron. Y cuatro supuestos integrantes de la banda sicarial La Terraza “han muerto o fueron desaparecidos”, dice la Fiscalía. Las ejecuciones de los sicarios, luego del crimen, fueron confirmadas por el propio Don Berna. (Las confesiones de “Don Berna”)

El documento de la Fiscalía, del pasado 10 de mayo, recuerda otro incidente que prendió las alarmas entre la gente cercana a Calderón y Alvarado. Lo contó el padre Gabriel Izquierdo, quien para la fecha del asesinato dirigía el Cinep: el día del crimen, un funcionario de la Alcaldía de Bogotá oyó en una emisora local que los habían identificado como “dos guerrilleros de las Farc en el Sumapaz y el padre de una de estas personas”. El religioso dijo que esa información lo impulsó a emitir “un comunicado expresando claramente su condición de trabajadores de la paz”. Luis Fernando Barón, que también estaba en el Cinep apenas se supo de los homicidios, recuerda esa mañana lúgubre desde otra orilla.

“Gabriel Izquierdo (quien murió el año pasado) estaba destrozado. Los compañeros de generación de Mario no reaccionaban. Algunos se sentaron en la cafetería pálidos y otros se encerraron en sus oficinas a llorar. Fue un momento caótico. Fuimos los jóvenes quienes reaccionamos, llamamos a pedir que se hiciera el levantamiento de cuerpos y nos pusimos a hacer el comunicado”, relata Barón. “A Elsa yo le pregunté muchas veces sobre su seguridad. En los últimos meses vi en su mirada miedo y dolor. Nunca me dijo nada. Nadie sabe si ellos recibían amenazas. Me miraba como diciéndome: ‘Sí están pasando cosas, pero no te puedo contar’ ”, dice Juan Manuel Navarrete.

Él era uno de los mejores amigos, en la universidad, de Elsa Alvarado y en su mente permanecen las mejores referencias: “Elsita se parecía a Julia Roberts: alta, bella, con la misma sonrisa grande. Era tremendamente dulce y era difícil verla enojada o salida de sus chiros. De una gran inteligencia. No era una mujer simple, lo que le permitió tener reconocimiento. Tenía una energía muy linda. Por donde pasaba Elsa Alvarado uno no podía dejar la cabeza quieta”. Según Luis Fernando Barón, quien trabajó con ella casi siete años, era una jefa estricta, puntual, organizada, hasta cuadriculada. Y con un interés especial en las radios comunitarias.

“Elsa tenía la expectativa de hacer el puente entre las radios comunitarias y los políticos tradicionales. Ella, como Mario, tenía el convencimiento de que era imperativo hablar con los que pensaban distinto e insistía en que había que entablar un diálogo pedagógico con las élites del país”, indica Barón. “Ella, al igual que Mario, era muy crítica. Fue muy dura con los medios de comunicación de la época”, resalta el padre Javier Giraldo, y agrega: “Su asesinato tuvo una proyección más amplia. Fue un golpe a un sector de personas conscientes de las luchas sociales. Fue un momento muy complicado, porque la muerte de Eduardo Umaña también ocurrió al poco tiempo”.

José Eduardo Umaña fue asesinado en su oficina, en Bogotá, el 18 de abril de 1998, y su caso, así como el del periodista Jaime Garzón, acribillado el 13 de agosto de 1999 en una calle bogotana, fue declarado de lesa humanidad en septiembre del año pasado. En ese momento, la Fiscalía acogió los argumentos de la familia Umaña y señaló que personas como él, Garzón, Calderón o Alvarado eran percibidas en ciertos sectores de las Fuerzas Militares como “enemigo interno”. Una conclusión que se fundaba en manuales castrenses con indicaciones como esta: “Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor”.  (El modus operandi contra Jaime Garzón y otras personas “incómodas")

La gente cercana a Calderón y a Alvarado cree que su decisión de comprar un terreno en el Sumapaz, acercarse a los campesinos de la región y volverse defensores ambientales los hizo parecer “traidores” a los ojos de los paramilitares y de ciertos militares, que veían en el Sumapaz un fortín de la guerrilla. “Mario y Elsita estaban involucrados en la creación de una reserva de la sociedad civil en el Sumapaz. Él y un grupo de amigos fueron de las primeras personas en pensar en políticas ambientales, en una época en que no existía el Ministerio de Ambiente. Mario desarrolló un activismo muy fuerte y Elsita lo acompañó en todo”.

Quien habla es un hombre que fue uno de los amigos más cercanos de la pareja. No quiere que su identidad se conozca, sino la huella que dejaron Mario Calderón y Elsa Alvarado: “La intervención de Mario en temas ambientales, en la que Elsa lo respaldó, fue importante para la constitución de un pensamiento ambiental en Colombia. (…) Yo me pregunto: si estuvieran vivos, ¿cuál hubiera sido la evolución de sus ideas? Además, mostraron que se necesitaban acciones concretas de protección. Pero desde entonces se constituyeron las amenazas de quienes creían que mantener los bosques y las aguas era fomentar nichos de protección a la guerrilla”.

Sofía Zambrano, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (que ha asesorado a la familia Alvarado), indicó: “La demora de la justicia ha sido un gran obstáculo”. Para ella, declarar este crimen de lesa humanidad “es reconocer que, más allá de sus familias, nosotros como sociedad también fuimos víctimas de ese ataque sistemático contra los defensores de derechos humanos”. Zambrano confirmó que este caso llegará pronto ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que la única reparación que se ha solicitado fue una inmaterial a alias Don Berna, para la organización la Reserva Natural de Suma-Paz. (El Bloque Capital y el crimen de Jaime Garzón)

A Don Berna, la familia de Elsa Alvarado —Calderón era huérfano y sus hermanos fallecieron— también le ha exigido verdad. La abogada Zambrano señala su inquietud sobre todo por el interés del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Esperamos que en la JEP podamos obtener la verdad que no hemos podido encontrar en la justicia ordinaria”, dice Zambrano. “Ojalá no sea una frustración más”. Plazas Acevedo es, por ahora, el único militar vinculado formalmente al expediente 821, abierto desde hace 20 años por los asesinatos de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado.

Ese expediente también abarca el intento de homicidio de Elvira Chacón de Alvarado, madre de Elsa, quien no fue la única sobreviviente esa madrugada. El 19 de mayo de 1997, en el apartamento 702 del edificio Quintas de la Salle, también quedó vivo Iván Calderón Alvarado. Del pequeño siempre se ha dicho que esquivó la muerte porque su madre lo había escondido en un armario; Elvira Alvarado, la hermana mayor de Elsa que crio a Iván como propio, cuenta algo distinto. Por primera vez en 20 años, ella se animó a hablar con un medio de comunicación sobre lo que le pasó a su familia. Lo hace por su hijo y por rescatar la memoria de su padre, el ingeniero Carlos Alvarado.

Mañana en El Espectador podrá encontrar la segunda entrega de este trabajo conmemorativo.