Más de 180 alcaldes se reunirán el 5 de febrero para analizar seguridad de excombatientes

Un día después de que el partido FARC denunciara un nuevo asesinato de uno de sus integrantes, el de Jhon Fredy Vargas, registrado en Pitalito (Huila), el Gobierno Nacional le salió al paso a las críticas por la ausencia de medidas efectivas para proteger la vida de los excombatientes. Emilio Archila, consejero para la Estabilización, anunció nuevas estrategias para garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas.

“Los malos están al otro lado, los malos son quienes están presentando las amenazas. No hay ninguna debilidad, ninguna confusión, ninguna parte oscura en el mandato del presidente”, aseguró Archila al término de la reunión de la Mesa de Articulación Interinstitucional para la seguridad de los excombatientes, convocada para la mañana de este lunes. A dicha mesa asistieron delegados de los ministerios de Defensa, del Interior, la Fiscalía, el Ejército, el Cuerpo Élite de la Policía y la Unidad Nacional de Protección.

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Entre las acciones anunciadas al término de la mesa de articulación, está la próxima sesión de esa mesa en Florencia (Caquetá), aunque sin fecha definida, como parte de una estrategia que plantea convocar esa instancia en las regiones y no solamente en Bogotá, según sostuvo el consejero Archila. De esa manera, se busca involucrar más a las alcaldías y gobernaciones en la protección a los excombatientes de las Farc.

En esa misma línea, se anunció que el próximo 5 de febrero van a reunir a 180 alcaldes de los municipios donde se concentra la mayor parte de los excombatientes y más de 20 gobernadores para analizar las 40 medidas que vienen en marcha para proteger a los exguerrilleros.

En la mesa también se acordó darle prioridad a los análisis de riesgo para quienes han solicitado protección en los 27 municipios en los que se concentra el 65% de las afectaciones a excombatientes. Asimismo, impulsar planes de apoyo y protección a excombatientes desde la Policía local, que permita una interlocución permanente entre exguerrilleros y Fuerza Pública en los 522 municipios en los que están los 8.900 excombatientes que salieron de los espacios de reincorporación.

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En relación con estos últimos, Archila señaló que, al acabarse la vigencia de la figura jurídica de los espacios territoriales de reincorporación, la seguridad de esas zonas antes coordinada mediante la estrategia de Carpa Azul, pasa a estar coordinada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Según dijo el consejero, esa transición aún esta pendiente en una cuarta parte de los espacios territoriales.

El consejero también habló del fortalecimiento de las jornadas de autoprotección de los excombatientes y el impulso a las alertas tempranas de toda la institucionalidad.

Desde el partido FARC han denunciado que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 180 excombatientes en el país. De igual forma, la Misión de Verificación de la ONU aseguró que el año 2019 fue el más violento para los exguerrilleros, con 77 casos registrados de homicidio.

Un día después de que el partido FARC denunciara un nuevo asesinato de uno de sus integrantes, el de Jhon Fredy Vargas, registrado en Pitalito (Huila), el Gobierno Nacional le salió al paso a las críticas por la ausencia de medidas efectivas para proteger la vida de los excombatientes. Emilio Archila, consejero para la Estabilización, anunció nuevas estrategias para garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas.

“Los malos están al otro lado, los malos son quienes están presentando las amenazas. No hay ninguna debilidad, ninguna confusión, ninguna parte oscura en el mandato del presidente”, aseguró Archila al término de la reunión de la Mesa de Articulación Interinstitucional para la seguridad de los excombatientes, convocada para la mañana de este lunes. A dicha mesa asistieron delegados de los ministerios de Defensa, del Interior, la Fiscalía, el Ejército, el Cuerpo Élite de la Policía y la Unidad Nacional de Protección.

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En esa misma línea, se anunció que el próximo 5 de febrero van a reunir a 180 alcaldes de los municipios donde se concentra la mayor parte de los excombatientes y más de 20 gobernadores para analizar las 40 medidas que vienen en marcha para proteger a los exguerrilleros.

En la mesa también se acordó darle prioridad a los análisis de riesgo para quienes han solicitado protección en los 27 municipios en los que se concentra el 65% de las afectaciones a excombatientes. Asimismo, impulsar planes de apoyo y protección a excombatientes desde la Policía local, que permita una interlocución permanente entre exguerrilleros y Fuerza Pública en los 522 municipios en los que están los 8.900 excombatientes que salieron de los espacios de reincorporación.

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En relación con estos últimos, Archila señaló que, al acabarse la vigencia de la figura jurídica de los espacios territoriales de reincorporación, la seguridad de esas zonas antes coordinada mediante la estrategia de Carpa Azul, pasa a estar coordinada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Según dijo el consejero, esa transición aún esta pendiente en una cuarta parte de los espacios territoriales.

El consejero también habló del fortalecimiento de las jornadas de autoprotección de los excombatientes y el impulso a las alertas tempranas de toda la institucionalidad.

Desde el partido FARC han denunciado que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 180 excombatientes en el país. De igual forma, la Misión de Verificación de la ONU aseguró que el año 2019 fue el más violento para los exguerrilleros, con 77 casos registrados de homicidio.