Más de 9 mil desplazados deja la guerra en el Catatumbo

Lo guerra que libran el Eln y el Epl en el Catatumbo ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Caravanas  de campesinos con maletas grandes y varios de sus enseres han recorrido las trochas de esa región en busca de lugares en los que sus vidas corran menos riesgos. La confrontación entre los dos grupos armados está por cumplir dos meses, en medio de los cuales más de 9 mil familias se han desplazado tanto a refugios humanitarios y a cascos urbanos.   

Lea también: Tras un mes de enfrentamientos el Catatumbo está quedando desolado

El primer refugio humanitario que se conformó este año fue el 20 de febrero en la vereda Caño Tomás del municipio de Teorama (Norte de Santander). Para ese momento la guerra entre el Eln y el Epl se estaba incubando. Los desplazados salieron de un sector conocido como La Cooperativa, en Convención, luego de que el Eln atacara a una balsa y resultaran heridos dos indígenas, entre ellos un cacique de la etnia Motilón Barí. Ese hecho generó represalias por parte de los indígenas que quemaron algunas casas de los campesinos de la región señalándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Salieron de la zona y se estableció el refugio humanitario de Caño Tomás.

Con la intensificación de la guerra entre el Eln y el Epl desde el 14 de marzo, miles de catatumberos tuvieron que dejar sus hogares. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) 8.820 personas se han desplazado forzosamente desde esa fecha. Ante ese panorama empezaron a surgir más refugios humanitarios. Ese organismo internacional ha constatado la existencia de 34 en los municipios de Hacarí, San Calixto, Tibú, Teorama, La Playa de Belén, Ábrego y Ocaña.

“Son una medida de autoprotección a la guerra. Con esto se lucha contra el delito del desplazamiento forzado”, explica Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) e integrante de la Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación. La mayoría de los refugios se instalan en estructuras de uso comunitario, por ejemplo, las escuelas. Se instalan vallas de seguridad alrededor de estos como mensaje a los armados de que ese es un bien civil al que ningún actor armado, legal o ilegal, puede entrar.

La mayoría de los espacios están ubicados cerca a quebradas o ríos para que las personas puedan abastecerse de agua.  En cuanto a la atención en salud Quintero cuenta que es “casi nula” y que depende de la capacidad de organización de cada grupo de desplazados. Se hace uso de los botiquines que algunos tenían en sus casas. Sobre el abastecimiento de víveres, el líder señala que han recibido algunas entregas humanitarias del Estado y que eso se complementa con lo que producen algunos vecinos en sus fincas.

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Los riesgos

A casi dos meses del inicio de la guerra entre las dos guerrillas que hacen presencia en el Catatumbo, la situación de los desplazados en los refugios empieza a mostrar dificultades. Por ejemplo, el 5 de mayo se reportaron combates a menos de 200 metros del refugio ubicado en la vereda Mesitas del municipio de Hacarí. Hechos similares se han presentado en la vereda Hoyo Pilón, de Abrego, y en el corregimiento La Vega de San Antonio, de la Playa de Belén.

Por su parte, Ocha, oficina adscrita a las Naciones Unidas, ha hecho varios llamados de atención al Estado sobre problemas que se viven en los refugios. Por ejemplo, ese organismo asegura que “la población en situación de desplazamiento no cuenta con condiciones dignas de habitabilidad”. Son los casos de los refugios ubicados en las veredas Villa Nueva y San José del Oriente, de San Calixto, que están construidos con plásticos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó 9.468 frazadas, 100 carpas, 5.905 colchonetas.

Ligado a esa preocupación, los refugios tienen el máximo de su capacidad, mientras la guerra continúa. “En caso de presentarse nuevos desplazamientos masivos, estos colapsarían”, advierte Ocha. Además, 20 de esos espacios están instalados en instituciones educativas, lo que impide que unos 12 mil niños reciban clases. A eso se suma que según ese organismo no hay programas para el uso del tiempo libre de niños y adolescentes, lo que conlleva riesgos de reclutamiento por parte de los grupos armados.

Quintero explica que en el Catatumbo, una región que ha padecido la guerra hace más de 20 años, históricamente las comunidades se han refugiado en las escuelas por ser centros de encuentro comunitario. “No se le puede endilgar la responsabilidad a los campesinos que están protegiendo sus vidas. El Estado debe resolver y garantizar la continuidad de las clases”, enfatiza.

Otro factor de riesgo a resolver, según Ocha, es la violencia basada en género. “La falta de una adecuada organización de los espacios de protección humanitaria donde pernoctan las familias promueve la exposición a este riesgo”, asegura el organismo. Pide que se hagan jornadas de prevención y atención de esta violencia.

Dicho organismo es que en algunos refugios se encuentran venezolanos que han tenido que salir de sus hogares por la confrontación. “No cuentan con ruta de acceso a derechos por encontrarse en situación irregular en el país”, asegura Ocha.

Ismael López, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), cuenta que a esas problemáticas se suma el subregistro. Asegura que en la región muchas personas se han desplazado de una vereda a otra o de un corregimiento a otro y no se han registrado. Proceden de esa manera debido al temor de ser estigmatizados por alguna de las dos guerrillas. 

El drama llega a las ciudades

Las personas que se encuentran en los refugios humanitarios son 8.820, sin embargo, el desplazamiento por la guerra en el Catatumbo es mayor. Hasta los cascos urbanos de Tibú, Ocaña y otros municipios han llegado a cientos de personas provenientes, en su mayoría, de las áreas rurales de los municipios donde más intensidad ha tenido la confrontación armada.

Desde el seis de marzo, cuando ya era inminente la guerra entre el Eln y el Epl, han rendido declaración como víctimas de desplazamiento forzado 600 personas que llegaron a Ocaña. El arribo de esas personas se ha dado “gota a gota” desde el seis de marzo.

Hacia ese municipio también ha habido desplazamientos masivos. El 20, 21 y 24 de abril llegaron 265 personas provenientes de Teorama, uno de los municipios con más afectaciones por el conflicto armado. Se instalaron en el coliseo de la ciudad, pero para el ocho de mayo habían recibido las ayudas humanitarias estipuladas en la ley y salieron de esa instalación.

La situación ha desbordado a la Personería municipal que tiene que tomar declaración de todos los núcleos familiares. Diana Martínez, personera de Ocaña, dice que sólo cuenta con tres auxiliares administrativos y un computador para suplir ese proceso. “Hay tantas declaraciones por tomar que tenemos agenda prevista para el mes de junio”, cuenta. Además, la entidad tiene que responder a tutelas y derechos de petición por asuntos distintos a la guerra.

Martínez reconoce que a pesar de que las declaraciones se tienen que tomar en el mismo momento que las familias llegan desplazadas, a la Personería le ha resultado imposible. Los desplazados están rindiendo sus declaraciones con citas previas.

La funcionaria afirma que ha buscado ayuda de la cooperación internacional. Logró que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados destinara un trabajador a tomar declaraciones durante un mes. Sin embargo, advierte que el desplazamiento continúa, lo que agravaría el colapso.

Otros municipios de la región también han recibido desplazados. En Villa del Rosario 15 familias (unas 60 personas) han rendido declaración como víctimas de desplazamiento forzado. “Puede haber muchos más que han llegado. A las personas les da miedo declarar”, afirma Mary Álvarez, personera de ese municipio

Fue imposible comunicarnos con el personero de Tibú, Richard Claro, por lo que no pudimos establecer la cifra de personas que se han desplazado hacia ese municipio. El refugio humanitario que estaba en Caño Tomás se trasladó hacia La Gabarra (Tibú). Juan Carlos Quintero, de Ascamcat, afirma que “hace dos meses esas familias no reciben asistencia humanitaria”.

La guerra entre el Eln y el Epl persiste, por lo tanto, las esperanzas de retornar parecen lejanas. Casi todos los días se presentan combates en en la parte Norte de San Calixto, en los corregimientos de Mesitas y San José del Tarra (Hacarí), en La Vega de San Antonio (La Playa de Belén) y en Unión Campesina (Abrego). "La zozobra persiste en toda la región", enfatiza López, miembro del Cisca.

Sectores de la sociedad civil han sido insistentes al decir que la confrontación armada solo se podrá resolver mediante el dialogo: “esta guerra no es nuestra y no cabe en nuestro Catatumbo”, han dicho. Con el panorama de desplazamiento que vive la región parece que quienes no están cabiendo son los civiles, quienes ante el miedo de perder sus vidas en el fuego cruzado han decido abandonar sus hogares.

Lea también: El Catatumbo no es para la guerra: obispo de Tibú

Lo guerra que libran el Eln y el Epl en el Catatumbo ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Caravanas  de campesinos con maletas grandes y varios de sus enseres han recorrido las trochas de esa región en busca de lugares en los que sus vidas corran menos riesgos. La confrontación entre los dos grupos armados está por cumplir dos meses, en medio de los cuales más de 9 mil familias se han desplazado tanto a refugios humanitarios y a cascos urbanos.   

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El primer refugio humanitario que se conformó este año fue el 20 de febrero en la vereda Caño Tomás del municipio de Teorama (Norte de Santander). Para ese momento la guerra entre el Eln y el Epl se estaba incubando. Los desplazados salieron de un sector conocido como La Cooperativa, en Convención, luego de que el Eln atacara a una balsa y resultaran heridos dos indígenas, entre ellos un cacique de la etnia Motilón Barí. Ese hecho generó represalias por parte de los indígenas que quemaron algunas casas de los campesinos de la región señalándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Salieron de la zona y se estableció el refugio humanitario de Caño Tomás.

Con la intensificación de la guerra entre el Eln y el Epl desde el 14 de marzo, miles de catatumberos tuvieron que dejar sus hogares. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) 8.820 personas se han desplazado forzosamente desde esa fecha. Ante ese panorama empezaron a surgir más refugios humanitarios. Ese organismo internacional ha constatado la existencia de 34 en los municipios de Hacarí, San Calixto, Tibú, Teorama, La Playa de Belén, Ábrego y Ocaña.

“Son una medida de autoprotección a la guerra. Con esto se lucha contra el delito del desplazamiento forzado”, explica Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) e integrante de la Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación. La mayoría de los refugios se instalan en estructuras de uso comunitario, por ejemplo, las escuelas. Se instalan vallas de seguridad alrededor de estos como mensaje a los armados de que ese es un bien civil al que ningún actor armado, legal o ilegal, puede entrar.

La mayoría de los espacios están ubicados cerca a quebradas o ríos para que las personas puedan abastecerse de agua.  En cuanto a la atención en salud Quintero cuenta que es “casi nula” y que depende de la capacidad de organización de cada grupo de desplazados. Se hace uso de los botiquines que algunos tenían en sus casas. Sobre el abastecimiento de víveres, el líder señala que han recibido algunas entregas humanitarias del Estado y que eso se complementa con lo que producen algunos vecinos en sus fincas.

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Los riesgos

A casi dos meses del inicio de la guerra entre las dos guerrillas que hacen presencia en el Catatumbo, la situación de los desplazados en los refugios empieza a mostrar dificultades. Por ejemplo, el 5 de mayo se reportaron combates a menos de 200 metros del refugio ubicado en la vereda Mesitas del municipio de Hacarí. Hechos similares se han presentado en la vereda Hoyo Pilón, de Abrego, y en el corregimiento La Vega de San Antonio, de la Playa de Belén.

Por su parte, Ocha, oficina adscrita a las Naciones Unidas, ha hecho varios llamados de atención al Estado sobre problemas que se viven en los refugios. Por ejemplo, ese organismo asegura que “la población en situación de desplazamiento no cuenta con condiciones dignas de habitabilidad”. Son los casos de los refugios ubicados en las veredas Villa Nueva y San José del Oriente, de San Calixto, que están construidos con plásticos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó 9.468 frazadas, 100 carpas, 5.905 colchonetas.

Ligado a esa preocupación, los refugios tienen el máximo de su capacidad, mientras la guerra continúa. “En caso de presentarse nuevos desplazamientos masivos, estos colapsarían”, advierte Ocha. Además, 20 de esos espacios están instalados en instituciones educativas, lo que impide que unos 12 mil niños reciban clases. A eso se suma que según ese organismo no hay programas para el uso del tiempo libre de niños y adolescentes, lo que conlleva riesgos de reclutamiento por parte de los grupos armados.

Quintero explica que en el Catatumbo, una región que ha padecido la guerra hace más de 20 años, históricamente las comunidades se han refugiado en las escuelas por ser centros de encuentro comunitario. “No se le puede endilgar la responsabilidad a los campesinos que están protegiendo sus vidas. El Estado debe resolver y garantizar la continuidad de las clases”, enfatiza.

Otro factor de riesgo a resolver, según Ocha, es la violencia basada en género. “La falta de una adecuada organización de los espacios de protección humanitaria donde pernoctan las familias promueve la exposición a este riesgo”, asegura el organismo. Pide que se hagan jornadas de prevención y atención de esta violencia.

Dicho organismo es que en algunos refugios se encuentran venezolanos que han tenido que salir de sus hogares por la confrontación. “No cuentan con ruta de acceso a derechos por encontrarse en situación irregular en el país”, asegura Ocha.

Ismael López, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), cuenta que a esas problemáticas se suma el subregistro. Asegura que en la región muchas personas se han desplazado de una vereda a otra o de un corregimiento a otro y no se han registrado. Proceden de esa manera debido al temor de ser estigmatizados por alguna de las dos guerrillas. 

El drama llega a las ciudades

Las personas que se encuentran en los refugios humanitarios son 8.820, sin embargo, el desplazamiento por la guerra en el Catatumbo es mayor. Hasta los cascos urbanos de Tibú, Ocaña y otros municipios han llegado a cientos de personas provenientes, en su mayoría, de las áreas rurales de los municipios donde más intensidad ha tenido la confrontación armada.

Desde el seis de marzo, cuando ya era inminente la guerra entre el Eln y el Epl, han rendido declaración como víctimas de desplazamiento forzado 600 personas que llegaron a Ocaña. El arribo de esas personas se ha dado “gota a gota” desde el seis de marzo.

Hacia ese municipio también ha habido desplazamientos masivos. El 20, 21 y 24 de abril llegaron 265 personas provenientes de Teorama, uno de los municipios con más afectaciones por el conflicto armado. Se instalaron en el coliseo de la ciudad, pero para el ocho de mayo habían recibido las ayudas humanitarias estipuladas en la ley y salieron de esa instalación.

La situación ha desbordado a la Personería municipal que tiene que tomar declaración de todos los núcleos familiares. Diana Martínez, personera de Ocaña, dice que sólo cuenta con tres auxiliares administrativos y un computador para suplir ese proceso. “Hay tantas declaraciones por tomar que tenemos agenda prevista para el mes de junio”, cuenta. Además, la entidad tiene que responder a tutelas y derechos de petición por asuntos distintos a la guerra.

Martínez reconoce que a pesar de que las declaraciones se tienen que tomar en el mismo momento que las familias llegan desplazadas, a la Personería le ha resultado imposible. Los desplazados están rindiendo sus declaraciones con citas previas.

La funcionaria afirma que ha buscado ayuda de la cooperación internacional. Logró que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados destinara un trabajador a tomar declaraciones durante un mes. Sin embargo, advierte que el desplazamiento continúa, lo que agravaría el colapso.

Otros municipios de la región también han recibido desplazados. En Villa del Rosario 15 familias (unas 60 personas) han rendido declaración como víctimas de desplazamiento forzado. “Puede haber muchos más que han llegado. A las personas les da miedo declarar”, afirma Mary Álvarez, personera de ese municipio

Fue imposible comunicarnos con el personero de Tibú, Richard Claro, por lo que no pudimos establecer la cifra de personas que se han desplazado hacia ese municipio. El refugio humanitario que estaba en Caño Tomás se trasladó hacia La Gabarra (Tibú). Juan Carlos Quintero, de Ascamcat, afirma que “hace dos meses esas familias no reciben asistencia humanitaria”.

La guerra entre el Eln y el Epl persiste, por lo tanto, las esperanzas de retornar parecen lejanas. Casi todos los días se presentan combates en en la parte Norte de San Calixto, en los corregimientos de Mesitas y San José del Tarra (Hacarí), en La Vega de San Antonio (La Playa de Belén) y en Unión Campesina (Abrego). "La zozobra persiste en toda la región", enfatiza López, miembro del Cisca.

Sectores de la sociedad civil han sido insistentes al decir que la confrontación armada solo se podrá resolver mediante el dialogo: “esta guerra no es nuestra y no cabe en nuestro Catatumbo”, han dicho. Con el panorama de desplazamiento que vive la región parece que quienes no están cabiendo son los civiles, quienes ante el miedo de perder sus vidas en el fuego cruzado han decido abandonar sus hogares.

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