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El pasado 7 de marzo el ingeniero Bryan Fernando Velandia y el topógrafo Ciro Antonio Perales fueron secuestrados por un comando armado en Puerto Perea, un caserío indígena a orillas del río Putumayo, en jurisdicción del departamento del Amazonas.
Velandia y Perales, contratistas de una gran empresa de telecomunicaciones, realizaban trabajos para instalar antenas de telefonía y conexión a internet en el mismo sector donde semanas antes un grupo -supuestamente del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc- había arrancado la antena de telecomunicaciones del caserío Guaquira y la había arrojado al río. Ambos contratistas fueron asesinados en el lugar, mientras que Nixon Pérez, el motorista del bote que los transportaba, fue asesinado después aguas arriba, en jurisdicción de Puerto Leguízamo.
Esta masacre pasó desapercibida en los medios de comunicación, pero no fue la única por esos días en los límites de Putumayo con Amazonas: una fuente de la Defensoría contó a Colombia+20 que entre el 13 y 14 de marzo una incursión del llamado Frente Primero Carolina Ramírez de la disidencia entró por el río Putumayo a la zona de Puerto Alegría, limítrofe con Puerto Leguízamo, asesinando un número aún no determinado de personas. Esa institución logró identificar que entre las víctimas estaba un menor, sobrino del líder indígena Javier Sanda.
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El 12 de marzo, un día antes de dicha incursión, el señor Ricardo Sanda, presidente del Consejo Indígena de Puerto Alegría, denunció amenazas contra su vida y tuvo que salir del territorio. Ese mismo día, la Registraduría ordenó el traslado del puesto de votación ubicado en Puerto Alegría hacia El Encanto, otro pueblo varias horas abajo por el río, por considerar que no había garantías de seguridad en la zona.
Otra masacre ocurrió el 25 de diciembre pasado. En ese hecho murieron siete personas en la región limítrofe entre Amazonas y Putumayo, que sí fue registrada por los medios de comunicación. La zona es habitada por indígenas de etnias Inga y Murui, también conocidos como Uitotos. Desde enero de 2021, la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo la confrontación que ahora se materializa.
En la Alerta Temprana 002 dicha entidad señaló el “alto valor estratégico” que tienen los ríos Caquetá y Putumayo para el autodenominado Frente Primero y “para los grupos armados de crimen organizado (sobre todo dedicados al narcotráfico)”, lo que configura a la región en un importante corredor “de movilidad de tropas, armas, productos y elementos relacionados con narcotráfico”.
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Colombia+20 reportó uno de los episodios más confusos y brutales de esta guerra, ocurrido el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo. Allí se vieron implicadas unidades del Ejército Nacional, en un operativo contra ‘Bruno’, jefe de los Comandos de la Frontera, quien no resultó abatido ni capturado. El desenlace fue la muerte de 11 personas, entre ellas varios civiles.
También habíamos contado como el Frente Carolina Ramírez tomó control de la cuenca baja del río Caquetá, que transcurre por el departamento de Amazonas, expulsando a los funcionarios de Parques Nacionales en el 2020 e implementando reclutamientos forzosos de menores de forma masiva durante 2021, convirtiendo la región del Apaporis, Tarairá y La Pedrera en una de sus retaguardias, con fácil salida hacia el Brasil.
“La ubicación privilegiada de la subregión del Eje Putumayo ha atraído la presencia de facciones disidentes de las antiguas Farc- Ep autodenominadas Frente Primero y Frente 48, así como de otros actores armados ilegales dedicados al narcotráfico”, dice la Alerta Temprana 002 de 2021, que definió el riesgo para toda la región como “alto”.
Un funcionario de la Defensoría que consultamos para esta nota calcula que tan sólo por la ruta del río Caquetá circulan alrededor de treinta toneladas de cocaína mensualmente. Los traficantes burlan el puesto fronterizo fluvial de Tarapacá desembarcando la droga y pasándola por trochas para volver a embarcarla río abajo.
A esto se suma que “la Policía Federal brasileña ha disminuido los controles en los botes”, según cuenta alguien de una ONG que recorre con frecuencia la región, agregando que de todos modos la presencia militar colombiana es insuficiente: “En Tarapacá hay sólo seis policías y menos de 100 militares. ¿Qué pueden hacer para cubrir un área geográfica tan grande?”, se pregunta.
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“La disputa en este momento es sobre el río Putumayo, el Frente Primero Carolina Ramírez, una disidencia, y los Comandos de Frontera, que son un grupo de reciclaje, ahí hay desmovilizados del frente 48 de las Farc, gente de la Constru, que es una banda del Putumayo”, asegura una fuente de la Defensoría que pidió reserva de su nombre. La misma fuente agrega: “por el Apaporis conectan con el río Caquetá y pueden salir al Brasil, y por el Putumayo pueden salir también al Brasil pero sobre todo controlan cultivos de coca que hay del lado peruano de la frontera, pero que son administrados por colombianos”.
El río Putumayo, que sirve de frontera con el Perú y después pasa al Brasil tras recorrer buena parte del departamento de Amazonas, es epicentro de minería, extracción ilegal de madera y una fuerte dinámica de narcotráfico donde intervienen también grupos organizados brasileros como la Familia del Norte y los Comandos Vermelhos, una dinámica de crimen trasnacional que desborda la institucionalidad de ambos países.
Además, en los límites entre los departamentos de Putumayo y Amazonas está la región de Puerto Leguízamo y La Tagua, un punto donde existe una trocha que conecta al río Caquetá con el Putumayo en menos de 40 minutos. Por eso, quien controle esa región, tiene acceso a ambas cuencas y cuenta con una salida fácil al Brasil y al Perú, así como dominio sobre las dos principales rutas del narcotráfico de la zona. También puede controlar un par de afluentes del río Putumayo que conectan con Leticia y Puerto Nariño, los únicos municipios del departamento. Es por eso que la confrontación entre los Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez se ha concentrado en este punto.
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Ambos grupos están concentrados en apoderarse de las economías ilegales, pero el Frente Carolina Ramírez, en opinión de la fuente de la Defensoría “se ha degradado mucho, son los que están ejecutando las masacres y se están metiendo con las autoridades indígenas, con los líderes, porque asumen que son auxiliadores de los Comandos de Frontera”.
Todo esto ocurre en uno de los departamentos del país con mayor déficit institucional y acción casi nula de las autoridades, donde la pobreza multidimensional afecta al 59% de la población urbana y al 51% de la población rural, de acuerdo con cifras de la ONU.
“La falta de presencia institucional y la dispersión de la población en el amplio territorio departamental dificultan la denuncia, el registro y la atención”, asegura la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que reportó 4 amenazas en 2021 y el confinamiento de “cinco mil personas afectadas por restricciones a la movilidad y al acceso o atención humanitaria”, aunque la propia oficina reconoce que hay un gran subregistro en los reportes de afectación humanitaria.
La crisis no parece tener solución a corto plazo. “Se filtran los nombres de uno y después queda uno mal visto por ahí”, dijo a este diario un líder amenazado en la zona de Puerto Alegría, quien prefirió no dar declaraciones. Mientras tanto, la zozobra se impone: “estamos corriendo para sacarlo del territorio a él y su familia”, contó una fuente de la Defensoría.