“Medir el problema del narcotráfico en hectáreas cultivadas es un error”: Adam Isacson

El lunes pasado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, volvió a referirse al narcotráfico como “el principal enemigo de los colombianos” y pidió reiniciar la fumigación con glifosato para así evitar los choques con los cultivadores que protestan ante la erradicación forzada. En medio de las distintas respuestas, desde Estados Unidos se cuestionó la posición de Trujillo y se señaló que el Gobierno colombiano debería ver las verdaderas causas del narcotráfico.

Las críticas vinieron de Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Y es que durante la gran parte de la carrera de Isacson, este se ha centrado en Colombia como tema de estudios e incluso ha brindado acompañamiento a varios procesos paz con distintas organizaciones, incluido el de La Habana con las Farc. En entrevista con El Espectador, el experto argumenta sus críticas a la postura del mindefensa, entrega la mirada de WOLA frente a los derechos humanos en el país y hasta dio un concepto frente al seguimiento que le han hecho al caso del expresidente Álvaro Uribe.

¿Por qué dice que el problema principal de Colombia no es el narcotráfico?

Están confundiendo un síntoma con las causas. El narcotráfico es problema grave en Colombia y lo ha sido desde los años 70, pero es mucho más importante pensar por qué prospera tanto este negocio ilegal en su país. Es como si alguien tuviera cáncer, pero solo se centraran en los dolores de cabeza. ¿Por qué el ministro de Defensa no habla de los vastos territorios donde el Estado no llega? Allá es donde fácilmente se siembra la coca y se encuentran los laboratorios. ¿Por qué no habla de la pobreza y de la desigualdad? ¿Por qué no habla de la corrupción y la impunidad? Todo esto es el oxígeno que respira el narcotráfico. Hablar solo del narcotráfico como la causa de todos los problemas es una retórica de los años 80 que está muy desacreditada. Nadie hace política en este momento pensando que acabar con el narcotráfico va a acabar con el resto de los problemas del país.

¿Se equivoca Colombia en seguir con la misma estrategia entonces?

Si se dejara la prohibición y se regularan las drogas, probablemente le iría mucho mejor a Colombia. El país tiene cierto problema de adicción a las drogas como la cocaína, pero no tanto como países más consumidores. Lo que Colombia sufre es que al ser un negocio ilegal, el costo de la cocaína es elevado y eso alimenta el crimen organizado, que corrompe todo. Si allá fuera un producto regulado y de bajo costo, como el alcohol, no causaría tantos problemas. Lo que no sabemos es si en el resto del mundo los daños serían mayores si se legalizara. ¿Cuántas personas más se volverían adictos? ¿Cuántos se olvidarían de sus hijos? ¿Cuántos morirían por sobredosis? Todos esos daños no se conocen. En Estados Unidos estamos experimentando con la marihuana legal, que es una droga con menos peligros a la salud. Hay un miedo es con experimentar con drogas más adictivas como la cocaína, las metanfetaminas, la heroína, entre otras. Por eso hay que decir que uno no sabe cómo le iría al mundo, pero para Colombia habría un beneficio neto si se legaliza la cocaína.

Usted habla también de los cultivadores de coca y de una fijación del Gobierno en uno de los eslabones más débiles, ¿Cómo se debería actuar con esta población?

Medir el problema en hectáreas de coca cultivadas es un error. Una cifra más útil sería el número de familias que viven de ese cultivo, esa es la cifra que hay que bajar. Naciones Unidas, en 2017, reveló que había al menos 120 mil familias, es decir, medio millón de colombianos, viviendo de la coca, siendo raspachines, procesadores u otras. Esa cifra se debe bajar ofreciendo alternativas. También hay que hacer llegar el Estado a los territorios para ofrecer sus servicios y alternativas de economía legal. Erradicar no reduce mucho el número de familias que dependen de la coca, porque la resiembra es enorme y la migración para sembrar en otras partes es enorme. Entonces, la cifra se mantiene alta. Hay que realmente pensar en las oportunidades para esas familias. La situación de seguridad y gobernabilidad donde viven estas familias también es un tema importante.

Desde WOLA han hecho un seguimiento al proceso de paz, ¿Cómo lo calificarían hasta el momento?

Como lo han documentado fundaciones, congresistas como Juanita Goebertus y las Naciones Unidas, falta mucho en la implementación. Lo que más va atrasado es lo que tiene que ver con el primer capítulo, la reforma rural y la presencia estatal en el territorio. Claro que el doctor Emilio Archila está haciendo lo que puede, con los recursos que le dan para implementar los PDET, pero, cuatro años después, todavía hay mucho que queda en el papel, en planes y en presentaciones de Power Point. No se ha podido implementar en muchos lugares el Acuerdo, ni la presencia física del Estado. Es un tema de largo plazo, pero lo que hemos visto demuestra que están muy atrasados frente a lo que deberían estar después de cuatro años en cuanto a inversión y personal de implementación. No se ve la presencia del Gobierno en lugares como el Bajo Cauca, Catatumbo, Tumaco, La Macarena, entre otros. En algunos lugares se limita a la presencia de tropas, y ni siquiera así. Eso es lo que más falta. En cada capítulo hay aciertos y desaciertos. En la desmovilización se ha hecho un esfuerzo importante, pero debe hacerse más, aunque se destaca que solo han llegado a las disidencias menos del 10 % de los excombatientes. La JEP y la Comisión de la Verdad andan, pero necesitan más apoyo y presupuesto.

Y frente a la sustitución de cultivos...

Es un panorama mezclado. Es algo que al gobierno de Duque no le gustó. Dejaron de permitir la entrada de nuevas familias. La actual administración se queja que el gobierno de Santos estaba haciendo promesas que no se podían financiar, y eso es cierto. Pero el ritmo de cumplimiento a las familias que se comprometieron con la sustitución ha sido demasiado lento.

Ya que antes hablaba de la JEP, ¿Cómo ha visto su trabajo y los ataques desde el partido de gobierno?

La JEP siempre ha tenido el reto de que es producto de una solución a medias, que no satisface en un 100 % a nadie. Todo el mundo tenía que tragarse un sapo. Las críticas a la JEP también son porque se perdió el plebiscito, eso hizo que naciera debilitada. A pesar de eso creo que sus magistrados han demostrado un gran profesionalismo y han construido desde nada una institución bastante robusta en tan solo tres años. No han cometido grandes errores políticos. Patricia Linares y Eduardo Cifuentes son gente recta, seria y profesional. Con las últimas confesiones de las Farc (Germán Vargas Lleras, Álvaro Gómez y Jesús Bejarano) se ha mostrado que hay esperanza de conocer verdades no conocidas y que eso debe seguir adelante. Los retos más importantes es que a pesar de que son grandes académicos, no tienen pesos pesados en la política que los defiendan. Aunque ahora último se han defendido mejor desde la JEP. Otro elemento importante es que el año entrante vienen las primeras sentencias y todavía no se ha definido cómo se castigará a los exguerrilleros y militares procesados. Esto será muy importante para la credibilidad de la JEP.

¿Cómo ven desde la organización el panorama de los derechos humanos en Colombia?

Estamos viendo más masacres, más asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en comparación a los últimos 10 años. Sabíamos que los primeros años del Acuerdo de Paz iban a ser más violentos que los últimos años de negociación, pero uno esperaría que, después de esto, la institucionalidad se iba a adaptar y la justicia empezaría a funcionar para que los niveles de violencia comenzaran a disminuirse. Pero no lo estamos viendo, no hay un incremento importante en el número de condenas a los autores intelectuales de las masacres y asesinatos de líderes y cuando persiste esa impunidad, la consecuencia es que los asesinos se sienten con libertad de seguir matando.

Los números siguen creciendo como bola de nieve. Es preocupante que vemos la situación de derechos empeorando. Hay elementos dentro del gobierno de Iván Duque que están preocupados, pero no hay una acción importante en los Ministerios de Defensa y del Interior, este último con la Unidad Nacional de Protección. Hay que ver si el nuevo defensor del Pueblo va a seguir con la misma energía que su antecesor, espero que sí. Hay que decir con voz alta lo que Naciones Unidas y otros gobiernos han dicho de forma diplomática: Colombia no está mejorando en derechos humanos y no hay voluntad política por parte del Gobierno para hacerlo.

Volviendo al tema del comienzo, el presidente Duque ha dicho que el narcotráfico es la principal causa para el asesinato de líderes sociales. ¿Aquí hay una posible verdad o se vuelve a caer en una simplificación del problema?

El narcotráfico es una fuente de financiamiento y probablemente la principal fuente de financiamiento para el crimen organizado. Este, en colaboración con individuos de la legalidad, es la primera causa del asesinato de líderes sociales en Colombia. Entonces se puede decir que el narcotráfico financia mucho de lo que está viviendo Colombia, pero el crimen organizado también vive de la extorsión, del secuestro, del tráfico de personas, de la minería ilegal y tantas otras cosas que requieren del control de un territorio, que el Estado no les está disputando.

También agregaría que esos grupos de crimen organizado que están detrás de todas esas violaciones a los derechos humanos son un enemigo mucho más difícil de combatir que las Farc. Ellas por lo menos trataban de combatir el Estado, pero estos grupos prefieren no hacer eso y mejor tener relaciones con el Estado, con los terratenientes locales y los jefes políticos locales. Ellos prefieren sobornar y coartar las autoridades. Eso las hace más difícil de combatir porque sus propias instituciones están infiltradas de una manera que las Farc nunca lo hizo. Por eso hay que decir que acabar con alguno kilos de cocaína, mientras que esas organizaciones viven de otros negocios e infiltraron a las instituciones, es muy simplista. No sé quién se deja engañar con esos argumentos tan facilistas.

A propósito de la victoria de Joe Biden en EE. UU., ¿esto puede cambiar la postura o el actuar del Gobierno colombiano?

No sé, porque el gobierno de Biden pone como alto valor la relación bilateral. Va a seguir la ayuda como siempre y muchos de los programas antinarcóticos seguirán como antes. El comercio no se va a tocar, probablemente se llega a expandir. Colombia y Estados Unidos como relación de países va bien. Pero el Partido Demócrata y Centro Democrático no van bien. Colombia vio cómo los asesores de Biden y miembros del Partido Demócrata pedían que los miembros del partido de gobierno de su país dejaran de hacer campaña en la Florida y que se alejaran de la campaña presidencial de EE. UU.

Trump ganó la Florida y dos demócratas del sur del estado perdieron sus escaños, entonces no hay nada de amor. Aunque la relación bilateral seguirá cercana, Biden y los demócratas encontrarán maneras de ser un estorbo al Centro Democrático. Seguro van a hablar más de cosas que no quiere tocar el gobierno de Duque, como implementar el Acuerdo, la protección de líderes sociales, limpiar el Ejército después de tantos escándalos. Incluso podrían manifestarse sobre los intentos de los uribistas por influenciar en el debilitado sistema judicial en el caso de su líder.

Ya que habla del caso Uribe, WOLA anunció un seguimiento especial a este proceso. ¿Por qué una acción judicial contra un expresidente por presunta manipulación de testigos tiene esa importancia y relevancia internacional?

Para Colombia es un caso importante porque es un gran prueba para la independencia de la justicia y el principio de que no hay nadie por encima de la ley. Este proceso también respondería muchas preguntas sobre el pasado de Álvaro Uribe y sus asociaciones. Es una oportunidad de saber la verdad sobre los rumores de su posible relación y sus socios más cercanos con el paramilitarismo. Todas esas cosas deben salir a través de un proceso jurídico. Es una gran prueba para la democracia colombiana. Aquí estamos viviendo algo similar con nuestro presidente saliente. Vamos a ver si las infracciones legales y éticas que ha cometido pueden ser procesadas por nuestro sistema de justicia.

En ese seguimiento de cuatro meses, ¿Qué han observado?

No ha emergido nada nuevo para nosotros. Cuando decimos que estamos haciendo seguimiento no quiere decir que tenemos investigadores. Aunque hay algo preocupante y es que la familia de Uribe ha contratado a un lobista acá. También hemos visto que un excongresista de la Florida ha publicado algunas cosas atacando a Iván Cepeda. Ellos han buscado educar a otros republicanos a favor de Uribe. Lo que preocupa de esto es que se está buscando es crear una solidaridad entre políticos con una tendencia populista y autoritaria. Se está formando una Internacional Populista y eso lo vemos en ese esfuerzo de nombrar las calles con el nombre de Álvaro Uribe o hacer trinos celebrando sus salida de la cárcel. Es una marca de que no les importa la justicia sino el autoritarismo, y ahí también están los bolsonaristas.

El lunes pasado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, volvió a referirse al narcotráfico como “el principal enemigo de los colombianos” y pidió reiniciar la fumigación con glifosato para así evitar los choques con los cultivadores que protestan ante la erradicación forzada. En medio de las distintas respuestas, desde Estados Unidos se cuestionó la posición de Trujillo y se señaló que el Gobierno colombiano debería ver las verdaderas causas del narcotráfico.

Las críticas vinieron de Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Y es que durante la gran parte de la carrera de Isacson, este se ha centrado en Colombia como tema de estudios e incluso ha brindado acompañamiento a varios procesos paz con distintas organizaciones, incluido el de La Habana con las Farc. En entrevista con El Espectador, el experto argumenta sus críticas a la postura del mindefensa, entrega la mirada de WOLA frente a los derechos humanos en el país y hasta dio un concepto frente al seguimiento que le han hecho al caso del expresidente Álvaro Uribe.

¿Por qué dice que el problema principal de Colombia no es el narcotráfico?

Están confundiendo un síntoma con las causas. El narcotráfico es problema grave en Colombia y lo ha sido desde los años 70, pero es mucho más importante pensar por qué prospera tanto este negocio ilegal en su país. Es como si alguien tuviera cáncer, pero solo se centraran en los dolores de cabeza. ¿Por qué el ministro de Defensa no habla de los vastos territorios donde el Estado no llega? Allá es donde fácilmente se siembra la coca y se encuentran los laboratorios. ¿Por qué no habla de la pobreza y de la desigualdad? ¿Por qué no habla de la corrupción y la impunidad? Todo esto es el oxígeno que respira el narcotráfico. Hablar solo del narcotráfico como la causa de todos los problemas es una retórica de los años 80 que está muy desacreditada. Nadie hace política en este momento pensando que acabar con el narcotráfico va a acabar con el resto de los problemas del país.

¿Se equivoca Colombia en seguir con la misma estrategia entonces?

Si se dejara la prohibición y se regularan las drogas, probablemente le iría mucho mejor a Colombia. El país tiene cierto problema de adicción a las drogas como la cocaína, pero no tanto como países más consumidores. Lo que Colombia sufre es que al ser un negocio ilegal, el costo de la cocaína es elevado y eso alimenta el crimen organizado, que corrompe todo. Si allá fuera un producto regulado y de bajo costo, como el alcohol, no causaría tantos problemas. Lo que no sabemos es si en el resto del mundo los daños serían mayores si se legalizara. ¿Cuántas personas más se volverían adictos? ¿Cuántos se olvidarían de sus hijos? ¿Cuántos morirían por sobredosis? Todos esos daños no se conocen. En Estados Unidos estamos experimentando con la marihuana legal, que es una droga con menos peligros a la salud. Hay un miedo es con experimentar con drogas más adictivas como la cocaína, las metanfetaminas, la heroína, entre otras. Por eso hay que decir que uno no sabe cómo le iría al mundo, pero para Colombia habría un beneficio neto si se legaliza la cocaína.

Usted habla también de los cultivadores de coca y de una fijación del Gobierno en uno de los eslabones más débiles, ¿Cómo se debería actuar con esta población?

Medir el problema en hectáreas de coca cultivadas es un error. Una cifra más útil sería el número de familias que viven de ese cultivo, esa es la cifra que hay que bajar. Naciones Unidas, en 2017, reveló que había al menos 120 mil familias, es decir, medio millón de colombianos, viviendo de la coca, siendo raspachines, procesadores u otras. Esa cifra se debe bajar ofreciendo alternativas. También hay que hacer llegar el Estado a los territorios para ofrecer sus servicios y alternativas de economía legal. Erradicar no reduce mucho el número de familias que dependen de la coca, porque la resiembra es enorme y la migración para sembrar en otras partes es enorme. Entonces, la cifra se mantiene alta. Hay que realmente pensar en las oportunidades para esas familias. La situación de seguridad y gobernabilidad donde viven estas familias también es un tema importante.

Desde WOLA han hecho un seguimiento al proceso de paz, ¿Cómo lo calificarían hasta el momento?

Como lo han documentado fundaciones, congresistas como Juanita Goebertus y las Naciones Unidas, falta mucho en la implementación. Lo que más va atrasado es lo que tiene que ver con el primer capítulo, la reforma rural y la presencia estatal en el territorio. Claro que el doctor Emilio Archila está haciendo lo que puede, con los recursos que le dan para implementar los PDET, pero, cuatro años después, todavía hay mucho que queda en el papel, en planes y en presentaciones de Power Point. No se ha podido implementar en muchos lugares el Acuerdo, ni la presencia física del Estado. Es un tema de largo plazo, pero lo que hemos visto demuestra que están muy atrasados frente a lo que deberían estar después de cuatro años en cuanto a inversión y personal de implementación. No se ve la presencia del Gobierno en lugares como el Bajo Cauca, Catatumbo, Tumaco, La Macarena, entre otros. En algunos lugares se limita a la presencia de tropas, y ni siquiera así. Eso es lo que más falta. En cada capítulo hay aciertos y desaciertos. En la desmovilización se ha hecho un esfuerzo importante, pero debe hacerse más, aunque se destaca que solo han llegado a las disidencias menos del 10 % de los excombatientes. La JEP y la Comisión de la Verdad andan, pero necesitan más apoyo y presupuesto.

Y frente a la sustitución de cultivos...

Es un panorama mezclado. Es algo que al gobierno de Duque no le gustó. Dejaron de permitir la entrada de nuevas familias. La actual administración se queja que el gobierno de Santos estaba haciendo promesas que no se podían financiar, y eso es cierto. Pero el ritmo de cumplimiento a las familias que se comprometieron con la sustitución ha sido demasiado lento.

Ya que antes hablaba de la JEP, ¿Cómo ha visto su trabajo y los ataques desde el partido de gobierno?

La JEP siempre ha tenido el reto de que es producto de una solución a medias, que no satisface en un 100 % a nadie. Todo el mundo tenía que tragarse un sapo. Las críticas a la JEP también son porque se perdió el plebiscito, eso hizo que naciera debilitada. A pesar de eso creo que sus magistrados han demostrado un gran profesionalismo y han construido desde nada una institución bastante robusta en tan solo tres años. No han cometido grandes errores políticos. Patricia Linares y Eduardo Cifuentes son gente recta, seria y profesional. Con las últimas confesiones de las Farc (Germán Vargas Lleras, Álvaro Gómez y Jesús Bejarano) se ha mostrado que hay esperanza de conocer verdades no conocidas y que eso debe seguir adelante. Los retos más importantes es que a pesar de que son grandes académicos, no tienen pesos pesados en la política que los defiendan. Aunque ahora último se han defendido mejor desde la JEP. Otro elemento importante es que el año entrante vienen las primeras sentencias y todavía no se ha definido cómo se castigará a los exguerrilleros y militares procesados. Esto será muy importante para la credibilidad de la JEP.

¿Cómo ven desde la organización el panorama de los derechos humanos en Colombia?

Estamos viendo más masacres, más asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en comparación a los últimos 10 años. Sabíamos que los primeros años del Acuerdo de Paz iban a ser más violentos que los últimos años de negociación, pero uno esperaría que, después de esto, la institucionalidad se iba a adaptar y la justicia empezaría a funcionar para que los niveles de violencia comenzaran a disminuirse. Pero no lo estamos viendo, no hay un incremento importante en el número de condenas a los autores intelectuales de las masacres y asesinatos de líderes y cuando persiste esa impunidad, la consecuencia es que los asesinos se sienten con libertad de seguir matando.

Los números siguen creciendo como bola de nieve. Es preocupante que vemos la situación de derechos empeorando. Hay elementos dentro del gobierno de Iván Duque que están preocupados, pero no hay una acción importante en los Ministerios de Defensa y del Interior, este último con la Unidad Nacional de Protección. Hay que ver si el nuevo defensor del Pueblo va a seguir con la misma energía que su antecesor, espero que sí. Hay que decir con voz alta lo que Naciones Unidas y otros gobiernos han dicho de forma diplomática: Colombia no está mejorando en derechos humanos y no hay voluntad política por parte del Gobierno para hacerlo.

Volviendo al tema del comienzo, el presidente Duque ha dicho que el narcotráfico es la principal causa para el asesinato de líderes sociales. ¿Aquí hay una posible verdad o se vuelve a caer en una simplificación del problema?

El narcotráfico es una fuente de financiamiento y probablemente la principal fuente de financiamiento para el crimen organizado. Este, en colaboración con individuos de la legalidad, es la primera causa del asesinato de líderes sociales en Colombia. Entonces se puede decir que el narcotráfico financia mucho de lo que está viviendo Colombia, pero el crimen organizado también vive de la extorsión, del secuestro, del tráfico de personas, de la minería ilegal y tantas otras cosas que requieren del control de un territorio, que el Estado no les está disputando.

También agregaría que esos grupos de crimen organizado que están detrás de todas esas violaciones a los derechos humanos son un enemigo mucho más difícil de combatir que las Farc. Ellas por lo menos trataban de combatir el Estado, pero estos grupos prefieren no hacer eso y mejor tener relaciones con el Estado, con los terratenientes locales y los jefes políticos locales. Ellos prefieren sobornar y coartar las autoridades. Eso las hace más difícil de combatir porque sus propias instituciones están infiltradas de una manera que las Farc nunca lo hizo. Por eso hay que decir que acabar con alguno kilos de cocaína, mientras que esas organizaciones viven de otros negocios e infiltraron a las instituciones, es muy simplista. No sé quién se deja engañar con esos argumentos tan facilistas.

A propósito de la victoria de Joe Biden en EE. UU., ¿esto puede cambiar la postura o el actuar del Gobierno colombiano?

No sé, porque el gobierno de Biden pone como alto valor la relación bilateral. Va a seguir la ayuda como siempre y muchos de los programas antinarcóticos seguirán como antes. El comercio no se va a tocar, probablemente se llega a expandir. Colombia y Estados Unidos como relación de países va bien. Pero el Partido Demócrata y Centro Democrático no van bien. Colombia vio cómo los asesores de Biden y miembros del Partido Demócrata pedían que los miembros del partido de gobierno de su país dejaran de hacer campaña en la Florida y que se alejaran de la campaña presidencial de EE. UU.

Trump ganó la Florida y dos demócratas del sur del estado perdieron sus escaños, entonces no hay nada de amor. Aunque la relación bilateral seguirá cercana, Biden y los demócratas encontrarán maneras de ser un estorbo al Centro Democrático. Seguro van a hablar más de cosas que no quiere tocar el gobierno de Duque, como implementar el Acuerdo, la protección de líderes sociales, limpiar el Ejército después de tantos escándalos. Incluso podrían manifestarse sobre los intentos de los uribistas por influenciar en el debilitado sistema judicial en el caso de su líder.

Ya que habla del caso Uribe, WOLA anunció un seguimiento especial a este proceso. ¿Por qué una acción judicial contra un expresidente por presunta manipulación de testigos tiene esa importancia y relevancia internacional?

Para Colombia es un caso importante porque es un gran prueba para la independencia de la justicia y el principio de que no hay nadie por encima de la ley. Este proceso también respondería muchas preguntas sobre el pasado de Álvaro Uribe y sus asociaciones. Es una oportunidad de saber la verdad sobre los rumores de su posible relación y sus socios más cercanos con el paramilitarismo. Todas esas cosas deben salir a través de un proceso jurídico. Es una gran prueba para la democracia colombiana. Aquí estamos viviendo algo similar con nuestro presidente saliente. Vamos a ver si las infracciones legales y éticas que ha cometido pueden ser procesadas por nuestro sistema de justicia.

En ese seguimiento de cuatro meses, ¿Qué han observado?

No ha emergido nada nuevo para nosotros. Cuando decimos que estamos haciendo seguimiento no quiere decir que tenemos investigadores. Aunque hay algo preocupante y es que la familia de Uribe ha contratado a un lobista acá. También hemos visto que un excongresista de la Florida ha publicado algunas cosas atacando a Iván Cepeda. Ellos han buscado educar a otros republicanos a favor de Uribe. Lo que preocupa de esto es que se está buscando es crear una solidaridad entre políticos con una tendencia populista y autoritaria. Se está formando una Internacional Populista y eso lo vemos en ese esfuerzo de nombrar las calles con el nombre de Álvaro Uribe o hacer trinos celebrando sus salida de la cárcel. Es una marca de que no les importa la justicia sino el autoritarismo, y ahí también están los bolsonaristas.