Migrar y ser reclutado: el delito silencioso en la frontera con Venezuela

Los engaños a través de redes sociales son una de las nuevas modalidades de reclutamiento de venezolanos. / Ilustración: Leandro Rodríguez

“Se lo llevaron los paracos”. Eso fue lo primero que escuchó Yenny Aponte del otro lado del teléfono el 11 de noviembre de 2020, cuando Felipe*, un amigo de Kéider Alejandro Pimentel, de 17 años, le avisó que su hijo había sido reclutado por algún grupo armado ilegal en Caucasia (Antioquia). Desde Valencia, una ciudad de Venezuela en el estado de Carabobo, comenzó su búsqueda y su lucha por dimensionar lo que significaba un paramilitar en Colombia. Hoy todavía dice que no encuentra diferencia entre los ‘paras’ y la guerrilla, pero tiene la certeza de que su hijo está en alguno de esos grupos.

El último mensaje que recibió de su hijo, vía celular, decía que iba hacia Medellín a trabajar. Yenny cuenta que Kéider se escapó de la casa en Venezuela siendo menor de edad y atravesó una de las trochas para llegar hasta Cúcuta. “Él me había pedido permiso para irse a Colombia y yo le dije que no, que no me dejara, yo ahorraba una plata y nos íbamos los dos pero que solo no. Un día me dijo que iba a salir a entrenar y me llamó en la noche a decirme que iba rumbo a la frontera, que iba a estar bien”.

Desde entonces nunca perdieron contacto telefónico, aunque ella nunca tuvo la certeza de dónde estaba y en qué condiciones vivía. Solo supo que trabajó vendiendo aguas en Cúcuta y que luego se fue en una “mula” hacia Cartagena, donde limpió vidrios en las calles. En octubre de 2020 le dijo que quería ir a Medellín para conseguir un mejor trabajo y para encontrarse con una muchacha que había conocido por redes sociales. “Ya luego cuando me llamó Felipe* fue que supe que se habían ido por un lugar que se llama Caucasia y que dicen que está lleno de paramilitares”.

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A Kéider Alejandro Pimentel se lo llevaron a la fuerza dos hombres armados en una motocicleta en una vía de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño el 10 de noviembre de 2020. Eso fue lo último que le contó Felipe* a Yenny un día después de su desaparición. “Al muchacho que iba con mi hijo le dijeron que lo iban a matar, pero él logró salir corriendo. Luego empezaron a sonar disparos y contó que solo vio cuando se llevaron a mi hijo en la moto. La gente le dijo que habían sido paramilitares”. En esa zona del país hacen presencia el Clan del Golfo, el grupo conocido como Los Caparros, el Eln y algunos grupos de disidencias de las Farc.

En 2021, según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), se documentaron cinco eventos (casos masivos) de reclutamiento de menores de edad venezolanos por parte de grupos armados. Pero la organización estima que la cifra es superior, pues otras organizaciones sociales en la frontera, como Benposta Nación de Muchachos, Acnur y Unicef, reciben unas 40 denuncias al año.

Coalico ya había documentado las victimizaciones a los menores de edad migrantes en 2019 y 2020, período en el que pasaron de tener 8.729 afectaciones por el conflicto armado a por lo menos 9.594 personas. “De estas victimizaciones, 40 eventos corresponden a reclutamiento y 11 a uso y utilización. Los eventos de reclutamiento forzado afectaron a por lo menos 190 niños, niñas y adolescentes”, se lee en un informe que entregó la organización en 2020.

Fernando Cobo, de la Coalico, explica que el fenómeno del reclutamiento de menores venezolanos se ha documentado con mayor rigor desde 2018, en departamentos como Norte de Santander, Arauca y Nariño. “Es el delito que más cuesta rastrear porque, primero, la gente muy poco lo denuncia, bien sea por la desconfianza a las autoridades como por el miedo que pueden infundir esos grupos para que no se conozcan los casos. Y segundo, por el desconocimiento que hay entre los migrantes sobre el delito mismo: hay muchos casos en los que ellos ni siquiera saben que eso es un delito y que deben tomar acciones legales”, afirma.

La primera institución colombiana en alertar sobre este delito contra migrantes fue la Defensoría del Pueblo. En 2019 el defensor Carlos Negret explicó que entre 2018 y 2019 se emitieron 105 alertas tempranas, de las cuales 63 incluían escenarios de riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (migrantes y colombianos) por grupos al margen de la ley.

Los departamentos donde más se identificó el riesgo de reclutamiento y utilización son: Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, Casanare y Putumayo. “En todos los lugares se ha detectado también la afectación de migrantes provenientes de Venezuela”, dijo el defensor en su momento. Desde entonces, ni la Defensoría ha levantado esa advertencia ni los casos de reclutamiento de migrantes han cesado.

¿Quiénes los reclutan?

El reclutamiento de niños y niñas ha sido una práctica sistemática de varios grupos armados ilegales en Colombia. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, la extinta guerrilla de las Farc habrían reclutado, por lo menos, 18 mil menores de edad durante casi seis décadas de conflicto armado. Lo hacían a través del enamoramiento, el engaño (con falsas promesas de empleo o de vida) y de manera forzada, como un secuestro.

Según Andrés Antillano, investigador y criminólogo de la Universidad Central de Venezuela, el Eln es el grupo ilegal que, actualmente, hace más presencia en las regiones fronterizas con Venezuela como el Catatumbo (Norte de Santander), La Guajira y Arauca. También hace presencia, aunque en menor proporción, en la frontera de Nariño con Ecuador. Su hipótesis como investigador sobre las victimizaciones a migrantes es contundente: “Es porque el Eln es una guerrilla fronteriza y poco a poco se está convirtiendo en una guerrilla binacional”. También menciona al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana proveniente del estado de Aragua que estaría tomando fuerza en algunas regiones de Colombia y que habría llegado por la frontera con Arauca en 2020.

Aunque no hay cifras concretas que determinen la cantidad de menores de edad que ha reclutado el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el marco del conflicto armado, la Fiscalía tiene abiertas tres investigaciones que dan cuenta de la comisión de este delito por parte de esta guerrilla que, el pasado 27 de agosto, negó tajantemente reclutar personas para engrosar sus filas. Lo hicieron a través del comandante Antonio García, jefe del Eln, quien anunció en su cuenta de Twitter que: “El Eln no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado; jamás se obliga a nadie a incorporarse”.

Un investigador de la Defensoría del Pueblo controvierte, desde su experiencia, esa afirmación. Se refiere al caso de Camilo Andrés*, un joven de 15 años, proveniente del estado de Apure, en Venezuela, pero que residía con su familia en un albergue en el municipio de Arauca. “Uno de los primeros casos que se documentaron fue el de él en 2018, que había sido sacado con engaños de su hogar y se lo llevó el Eln hacia Venezuela. Después de varios meses logró escapar y a la familia en Colombia se le reubicó en otra región”, cuenta.

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A Colombia, desde 2015 hasta hoy, han llegado 2.4 millones de venezolanos en busca de oportunidades, según Acnur. Muchos de ellos se han visto permeados por las victimizaciones del conflicto armado que se ha recrudecido y reconfigurado de distintas formas después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. En la región de Arauca, por ejemplo, se disputan el territorio el Frente Domingo Laín del Eln con el Frente 10 de las Farc. En municipios como Arauca, Saravena, Tame y Fortul, con alta presencia de personas venezolanas o de migrantes pendulares (que se movilizan de un país a otro de forma recurrente), no hay discriminación de nacionalidad para convertirse en una víctima del conflicto armado.

Un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) da cuenta de ello. Desde 2015 a agosto de 2020, por lo menos 6.151 personas refugiadas y migrantes venezolanos se convirtieron en víctimas del conflicto armado en Colombia. Los delitos sexuales son los que más se han registrado, con un 37.7 % de las victimizaciones. La desaparición forzada ocupa el tercer lugar con un 13.5 % y el reclutamiento forzado, el delito con menor rastro y documentación, con un 0.55 % de los registros. El reclutamiento forzoso, las redes sociales y los engaños

El reclutamiento forzoso, las redes sociales y los engaños

Marcela* cuenta que cuando logró escapar de la guerrilla del Eln, que la llevó a “prestar servicio militar” en Arauca, ella y su familia pensaron que su pesadilla había terminado. Estuvo dos días en las filas y luego pudo retornar a su casa a escondidas. Su familia ya había pensado desplazarse de la vereda en Saravena, para salvaguardar su vida, pero antes de que pudieran salir, a su hermano Luis* se lo llevó esa misma guerrilla, en 2016. “Ese día pensé que se me había acabado la vida”, asegura.

Meses atrás la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 004 de 2015 en la que advertían que, en este departamento, “los grupos armados de la zona piden a las familias que al menos uno de sus hijos se vincule a las filas guerrilleras como ‘cuota de guerra’”. En este caso no hay opción de decir que no. La organización Benposta Nación de Muchachos y Acnur explican que, en ese departamento, en algunos casos envían un panfleto dando plazos para entregar la “cuota”. No hay engaños ni mentiras para llevárselos. Es una orden.

A Marcela* la sacaron hacia Bogotá en 2016 a través del programa “Fortalecimiento de entornos protectores”, que lideran Benposta y Acnur en esa región. Lo hacen con el fin de alejar a los niños, niñas y jóvenes del contexto en el que pueden afrontar peligros. Ella terminó sus estudios, pero nunca más pudo retornar.

El investigador de la Coalico, Fernando Cobo, menciona que los casos de restablecimiento de derechos cuando los afectados son migrantes, son escasos y contados, en gran parte porque hay un temor continuo de los jóvenes a acudir a las organizaciones sociales y, aún más, a las institucionales. “No es fácil que ellos busquen ese tipo de ayudas, porque hay un estigma fuerte de que esos programas no sirven o que los pueden poner más en riesgo si denuncian”.

Uno de los casos que retrata esa realidad ocurrió en 2019, cuando Angie Carolina Pineda Sierra, de 14 años, fue reclutada por el Ejército Popular de Liberación (Epl) en Norte de Santander. La menor fue rescatada por tropas del Ejército en medio de un enfrentamiento con ese grupo armado en la vereda Reventón (en el municipio de La Playa de Belén) y fue entregada a un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Ese mismo día la menor se escapó del hogar de paso y el 11 de mayo de 2019 fue encontrada sin vida en una vía del corregimiento Capitán Largo, en el municipio de Ábrego (Catatumbo). Militares de la tropa Fuerza de Despliegue Rápido aseguraron que la joven estaba siendo seguida por el Epl (o Los Pelusos, como también se autodenominan) y confirmaron que fue asesinada por ellos como “castigo” por haber escapado de las filas.

Esa condición de vulnerabilidad, para los niños y niñas migrantes, se ha venido deteriorando aún más desde 2017. La más reciente investigación de Crisis Group, publicada el 9 de agosto pasado, denuncia que el panorama del reclutamiento de migrantes en Colombia tuvo dos agravantes: el recrudecimiento del conflicto armado en 2017, por la falta de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y la pandemia de la Covid-19. “Al carecer de recursos y, a menudo, sin permiso de residencia o estatus de protección temporal en Colombia, los migrantes venezolanos también se han convertido en los principales objetivos para el reclutamiento de grupos armados, con frecuencia incluso más que los jóvenes colombianos pobres”.

Bram Ebus, el director del informe de Crisis Group explica que los modus operandi más comunes para reclutar migrantes es a través de lugares o albergues en los que hay presencia de guerrilleros en zonas fronterizas. Uno de sus hallazgos en el documento explica que “el Eln tiene un albergue improvisado en el departamento de Arauca, donde los migrantes pueden recibir ropa limpia, descansar y comer algo por unos días mientras se les persuade para que se unan al grupo”.

En la primera semana de septiembre fueron reportados dos niños más como desaparecidos en Colombia: Rosibel Andrea Sánchez García, de 15 años, y Santiago Peñaloza, de 13 años. Santiago fue visto por última vez el 1 de septiembre cuando tomó un bus desde Bucaramanga hacia Cúcuta, para cruzar la frontera hacia Venezuela al reencuentro con su familia. “Se supone que llegaría el viernes (2 de septiembre) a la medianoche, pero nunca llegó y no sabemos nada de él”, dice Jimena*, su tía, quien teme dar su nombre por seguridad.

Jimena* dice que han recibido acoso en redes sociales por haber permitido que un niño solo, sin acompañante, se desplazara. Además del intento de enamoramiento para que se sumen a las filas, también hay engaños. Bram Ebus, el director de ese informe, cuenta que en la investigación encontraron que, aunque el Eln no les paga un salario a sus soldados, “hacen ofertas falsas para reclutar migrantes venezolanos o reparten obsequios como celulares e incluso motos. En Arauca el grupo guerrillero supuestamente hace pagos de inscripción (a quienes decidan sumarse) de entre $200.000 y $500.000” (entre 50 y 125 dólares).

Otra de las modalidades más frecuentes, aunque menos documentadas, han sido los engaños a través de redes sociales. Según los expertos en reclutamiento infantil consultados, con frecuencia se presentan a través de la red social Facebook. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo contó que “en muchos casos los jóvenes son engañados con ofertas de empleo muy atractivas en las que les prometen pagos de hasta $200.000 diarios. Luego les definen un punto de encuentro en Venezuela, cerca de la frontera, donde alguien los va a recoger y finalmente se los traen del lado colombiano engañados, donde luego ya no les permiten salir y los convierten en combatientes o los utilizan para labores de los guerrilleros”.

Lo mismo lo confirma el informe de Crisis Group, que explica que la mayoría de casos se han registrado en los municipios de Arauca y Cúcuta, “desde donde han sido llevados engañados con ofertas de empleo y, posteriormente, llevados a zonas rurales por grupos armados no identificados”. Esa es la hipótesis de Wilson Morales, el padre de José Antonio Morales Soler (14 años), desaparecido junto a su amigo Johan Stiven Torres Pabón (de 13 años) el 3 de septiembre pasado en la región del Catatumbo. “Nosotros alcanzamos a ver unas conversaciones por Facebook donde les hablaban de un buen trabajo y les ponían un punto de encuentro”.

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La Defensoría del Pueblo, en su más reciente informe sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en Colombia, advirtió que las victimizaciones también han llegado hasta los indígenas que ostentan doble nacionalidad y que residen en zonas como Puerto Páez, El Burro y Puerto Ayacucho. Mencionan que otro de los grupos que estaría llevándose a los migrantes es el Clan del Golfo, que estaría buscando a jóvenes entre los 17 y 25 años. “Prometen llevarlos a recibir entrenamiento en campamentos y, posteriormente, permitir que sirvan como milicianos en las zonas donde residen”, advierte.

El reclutamiento comienza con la ausencia

Gran parte de los casos de niños y niñas reclutados comienzan con una denuncia por desaparición forzada. Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, advierte que la desaparición forzada es el segundo delito que más se comete contra la población migrante. “El 49.6 % de los procesos penales adelantados en Fiscalía se encuentran archivados o inactivos y apenas tres casos han llegado a juicio”, indica.

Otra organización que ha denunciado estos casos es Fundaredes, una ONG venezolana en cabeza del líder Javier Tarazona, detenido en Venezuela hace más de un año. Según esta organización, hay más de 15.000 venezolanos trabajando para estas organizaciones ilegales en Colombia. “Muchos de ellos están en edad escolar y tenemos reportes de que se los han llevado las Farc, Epl, Eln y grupos paramilitares”.

Ambas ONG coinciden en que los sitios donde más se han documentado casos de desaparición son, con frecuencia, las zonas donde los grupos armados se llevan a los jóvenes engañados o contra su voluntad: Villa del Rosario y Puerto Santander, aseguran, son dos zonas neurálgicas, especialmente, para los menores de edad no acompañados que transitan de un país a otro. La Fundación Nuevos Horizontes Juveniles, por su parte, calcula que habría unos 272 niños y niñas migrantes viajando solos en el sector de La Parada (Norte de Santander).

La lucha por rescatar a los menores de edad y jóvenes reclutados por grupos armados se ha convertido más en una tarea de las madres y mujeres buscadoras, que de las autoridades. Esa realidad la retrata Lisbeth Zurita, la madre de Enisael Contreras (23 años), un joven que habría sido reclutado en 2020 en plena frontera de Tibú, en la región del Catatumbo.

Desde ese día Lisbeth ha recorrido 15 morgues colombianas. Denunció ante las autoridades venezolanas pero la remitieron a la Fiscalía de Colombia por haberse tratado de un caso ocurrido en Norte de Santander. Ha querido denunciar por reclutamiento, pero no lo ha logrado por falta de pruebas. “Para denunciar por ese delito me piden pruebas. De testigos están dos compañeros de mi hijo que dicen que vieron cuando se lo llevó un grupo armado que se llamaban Águilas Negras. Y una vez me lo confirmó un militar”.

Lisbeth dice que no tiene pruebas pero sí un pálpito que, cuenta, le ha confirmado su hijo en sueños. “Yo sueño con él vestido de camuflado y pidiéndome ayuda, por eso sé que está vivo”. La voz se le entrecorta y comienza a hablar más pausado: “Saber que un hijo está reclutado es un dolor muy profundo. Yo preferiría que me dijeran que está muerto o que es un habitante de calle, antes de imaginarme que lo están obligando a matar gente”.

* Nombres cambiados a petición de las fuentes.

** Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.