El confuso caso de un grupo militares que llegaron a la vereda El Manso de Tierralta (Córdoba) sin identificarse e intimidaron y violentaron a la población parece repetir escenas ocurridas en otros lugares del país y tener al menos un nombre en común: el del general Óscar Leonel Murillo, quien está al frente de la Séptima División del Ejército, que conduce las operaciones militares en Chocó, Antioquia y Córdoba.
Justamente esa división fue la que a través de un comunicado indicó que ese grupo de hombres armados serían muy “posiblemente” soldados del Batallón de Infantería Junín, ubicado en Montería.
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En videos que fueron grabados en la vereda y que circularon por redes sociales se ve a los hombres usando prendas oscuras y pasamontañas y portando armas de corto y largo alcance mientras amenazan a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas. Algunas denuncias de testigos indicaron, además, que algunos de ellos habrían intentado abusar de una mujer indígena.
No es la primera vez que hay quejas como esta por parte de las comunidades en zonas rurales apartadas. Este diario ha registrado hechos parecidos desde el 2021 en tres regiones diferentes del país: Chocó, Putumayo y Guaviare.
Los casos de tropas comandadas por el general Murillo
En 2021 un episodio similar también involucró a hombres bajo el mando del general Murillo cuando aquel aún no había sido ascendido a comandante de la Séptima División, sino que coordinaba las operaciones militares en el Chocó al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. El 12 de diciembre de ese año, Colombia+20 reportó un episodio que había ocurrido un mes antes cuando una docena de hombres con fusiles de asalto M4 y prendas de color verde oscuro, sin ningún distintivo o insignia oficial, llegaron al caserío de Guachal, en jurisdicción del Litoral del San Juan, Chocó.
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El objetivo de la operación era un mando medio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conocido como ‘Schumager’ o ‘Marlon’ y acusado por la Fiscalía de delitos graves como el asesinato del reincorporado de las Farc Robert Hurtado y del secuestro del excongresista Odín Sánchez.
‘Shumager’ fue abatido, pero las versiones de la población afirmaron que el comando se trenzó en un tiroteo con otros guerrilleros que se dieron a la fuga en medio de la presencia de civiles, en una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario por parte de ambos actores. Además, detonaron una granada y dispararon contra civiles, aunque sin herirlos.
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En ese caso los pobladores también filmaron los hechos y en la grabación se veía a los hombres con barba y cabello crecido, llevaban machetes, calzaban botas pantaneras y no portaban ninguna insignia oficial, ni uniformes reconocibles como del Ejército o la Policía. Además, se rehusaron a identificarse cuando la comunidad los rodeó. La población supo que eran militares cuando fueron evacuados por varios helicópteros.
Aunque en esa oportunidad reporteros de este diario consultaron varias veces al general Óscar Leonel Murillo para que explicara las circunstancias de aquellos hechos, nunca hubo respuesta, ni se logró concretar una entrevista con él.
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Este diario pudo determinar en ese entonces que miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán cometieron irregularidades en por lo menos tres episodios en caseríos del Chocó. Otro de ellos ocurrió el 21 de junio de 2021 en Montebravo (Medio San Juan), cuando los militares dispararon contra las casas y engañaron a los habitantes diciéndoles que eran miembros de las disidencias de las FARC, que nunca han hecho presencia en la zona. Esta denuncia además fue respaldada por la Defensoría del Pueblo y funcionarios de una Personería local que pidieron reserva de su nombre.
Para este reportaje también le fue enviado un cuestionario a sus correos oficiales, reiterándole las dudas de ese entonces y preguntándole por los hechos ocurridos el pasado 12 de septiembre en El Manso, presuntamente cometidos por unidades de la Séptima División bajo su mando. Sin embargo, para el momento de publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.
Otras denuncias en el resto del país
En Putumayo, una investigación de este diario demostró que la masacre de Alto Remanso, cometida por unidades del Ejército adscritas al Comando Conjunto No. 3 Suroriente, siguió un patrón similar al ocurrido en Tierralta. De acuerdo con los testimonios recopilados en ese momento, los miembros del Ejército se presentaron diciendo “no somos Fuerza Pública, somos guerrilla”.
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En un video de dicho operativo aportado por la comunidad se ve a dos hombres vestidos de buzo y gorra negra que presuntamente serían militares, disparando en la mitad del caserío. Por estos hechos ya hay un proceso adelantado con imputaciones en la Fiscalía General de la Nación.
En el río Guayabero, en Guaviare, reporteros de Colombia+20, El Cuarto Mosquetero y Voces del Guayabero recogieron denuncias similares en julio de 2022, que fueron publicadas en este reportaje. Aunque allí no hubo muertos por parte de la población, el patrón de conducta de los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega era similar al descrito antes: los miembros del Ejército se presentaban sin sus uniformes tradiciones e insignias y en algunos casos visitaban las fincas acompañados de un hombre encapuchado. Estas denuncias fueron confirmadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
¿Deben los militares portar uniformes e insignias que los identifiquen como tales?
Si bien el uso de prendas civiles o de uniformes distintos a los tradicionales no constituye en sí mismo una violación al Derecho Internacional Humanitario, esta práctica en determinados contextos sí sería una falta grave e incluso podría calificarse como un acto de perfidia que está expresamente prohibido por el DIH.
La perfidia se configura cuando un grupo armado emplea emblemas falsos, como los uniformes o insignias del enemigo, con el propósito de atacar a traición.
De acuerdo con Toni Pfaner, editor de la revista de la Cruz Roja, “para proteger a la población civil, el uniforme militar puede y debe jugar un rol importante para satisfacer la exigencia del principio de distinción de la población no combatiente”.
En ciertas operaciones de inteligencia, infiltración u operaciones especiales resulta imprescindible el secreto, por ello es normal que miembros de la Fuerza Pública se hagan pasar como parte de la población civil u oculten su misión, pues revelarse como miembros de la Fuerza Pública podría poner en riesgo su vida y los resultados de la operación. Sin embargo, este no era el contexto operacional de los casos mencionados antes en este reportaje y tampoco de los hechos ocurridos en El Manso el 12 de septiembre.
Los manuales de operaciones terrestres de las Fuerzas Militares contenidos en la doctrina Damasco, que rigen los lineamientos para la actuación del Ejército desde el gobierno de Juan Manuel Santos, establecen que, en la medida que las circunstancias operacionales lo permitan, las tropas que copan un terreno deben identificarse como tales ante la población civil y usar sus insignias y emblemas.
Del mismo modo, el Manual de Referencia para Operaciones Especiales establece que aquellas deben ejecutarse en concordancia con “las normas legales” pues esto “fortalece la legitimidad como factor crucial en el planeamiento, la preparación, la ejecución y la evaluación” incluyendo como mandatos “la ética, la moral y la transparencia”. Los hechos de El Manso, en donde los militares amenazaron a la población civil y apuntaron sus armas de forma intimidatoria, contradicen este precepto.
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Dos expertos en Derecho Internacional Humanitario a los que Colombia+20 consultó cuando investigó los primeros casos de militares que se disfrazaban de guerrilleros en Chocó aseguraron que, aunque las maniobras pudieron ser legítimas según el contexto operacional, pues buscaban engañar al enemigo, este tipo de prácticas “quiebran los esfuerzos de recuperación de la confianza de la Fuerza Pública con las comunidades, en medio de un proceso de construcción de paz en donde esa construcción de confianza debería ser también una prioridad”.
Esto último no ocurrió el 12 de septiembre en El Manso, al contrario, los pobladores han denunciado en varios medios de comunicación que los militares se presentaron como miembros de la guerrilla con un propósito evidente de engañarlos.
Consultado sobre este tema, el general Helder Giraldo aseguró que “esto no es normal, ni corresponde a nuestra doctrina militar, ni a las políticas, ni a los lineamientos establecidos por el mando institucional, es un hecho totalmente aislado que es objeto de investigación y de comprobarse, pues los responsables tendrán que asumir las consecuencias penales y disciplinarias”.
Al cierre de esta edición el Ejército informó que un helicóptero en el que viajaban 20 delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y otras entidades fue atacado con armas de largo alcance cuando se aproximaba a la zona, sin que hubiera víctimas.