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La primera vez que Lorenzo Caraffi llegó a Colombia fue en una de las peores épocas del conflicto armado. Encontró un país convulsionado por una violencia que no se ha podido superar en las últimas dos décadas y que genera las mismas o peores consecuencias en el territorio. Caraffi, jefe de la delegación del CICR, próximo a terminar su segundo ciclo en el país, entregó el que sería su último Balance Humanitario entre la esperanza y el pesimismo de un conflicto que se resiste a desaparecer.
Los datos del informe dan cuenta de una grave situación humanitaria que ha sido constante en el tiempo, por lo que Caraffi lanzó un mensaje de urgencia para que el Derecho Internacional Humanitario se cumpla con o sin cese al fuego, con o sin diálogos y que sea el tema central en las mesas de diálogo que adelante el Gobierno Petro en su apuesta de paz total.
Por eso, en el documento quedó plasmado el llamado para que las negociaciones de paz tengan acuerdos especiales con el fin de proteger a la población que queda en medio del fuego cruzado de los actores armados que se disputan el territorio.
Durante la presentación de este miércoles se conoció que el país llegó a ocho conflictos armados internos (uno más que en 2022, protagonizado por la disputa entre el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central).
En diálogo con Colombia+20, el jefe de la delegación del CICR en Colombia explicó detalles sobre el momento que atraviesa el país en términos de conflicto armado y se despidió entre sentimientos encontrados.
El informe indica que en el país actualmente hay ocho conflictos armados. ¿Qué impacto tiene esto en las dinámicas de violencia en las regiones y en la exposición de las comunidades a mayores riesgos?
Es importante subrayar que la evolución de la que hablamos hoy es algo que estamos notando desde hace dos años. El año 2017 fue el periodo de menores consecuencias humanitarias en Colombia, probablemente también como efecto de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC. Pero a partir de 2018 vimos constantemente un aumento de las consecuencias humanitarias debido a la reconfiguración de los grupos armados: varios que eran parte del acuerdo de las FARC y otros que no eran parte del Acuerdo de Paz del 2016. Los enfrentamientos entre ellos y entre el Estado se intensificaban.
En el último año, se puede decir que la evolución de las consecuencias humanitarias fue en la misma línea porque hubo algunos indicadores que disminuyeron, como el de víctimas de artefactos explosivos, mientras que aumentó el número de víctimas de minas antipersonales. Eso significa que esos artefactos son utilizados para controlar el territorio en las disputas entre grupos armados porque justamente en el último año, en particular en el ámbito de la de la iniciativa de paz total del gobierno actual, se comenzaron negociaciones y se establecieron cese al fuego, lo que redujo los enfrentamientos entre grupos armados y fuerza pública, pero se intensificaron entre las mismas estructuras. Eso es algo que tiene impacto sobre la población civil que se encuentra en medio de los enfrentamientos.
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¿Cree que el cese al fuego le puede dar capacidad a las estructuras armadas para que amplíen su control territorial al no sentir la presión del Ejército?
Lo que podemos notar es la intensificación de sus enfrentamientos y desafortunadamente la impresión de que se está extendiendo el ámbito territorial. Para dar un ejemplo, de los 73 municipios que registraron víctimas de artefactos el año pasado, en el 55% no había registrado víctimas en 2022. Eso muestra, efectivamente, que los enfrentamientos interculturales se han ampliado geográficamente.
Los departamentos con mayores afectaciones en el informe resultan ser los mismos que históricamente han sido violentados y, hoy por hoy, en algunos de esos territorios está suspendido el cese al fuego. ¿Cómo responde eso a la dinámica del conflicto?
Claramente, hay un foco interior de conflictividad. Son territorios donde la situación es particularmente compleja por la multiplicidad de actores armados y que hacen también las negociaciones difíciles. Además, las dinámicas son muy variables, imprevisibles, la única cosa constante es que la gente se encuentra en el medio de los enfrentamientos. Cuando hay dos actores armados es difícil porque te identifican como apoyo a un actor armado o al otro grupo, y se pueden sufrir consecuencias en términos de amenazas, desaparición y muerte.
Imagínense una situación como la que hay en la zona del suroeste del país: Nariño, Valle del Cauca y Cauca, donde hay tantos actores armados que operan en el mismo territorio. Una dinámica variante entre los sectores armados complica mucho las cosas y produce consecuencias humanitarias muy relevantes.
Uno de los grandes factores que restringe la movilidad de las poblaciones y es motivo de desplazamiento masivo son los dispositivos de minas antipersonales y los artefactos explosivos. ¿Qué encontraron al respecto?
Creo que es un fenómeno que va en diversificación en el sentido de que entre el 2022 y 2023 se redujo el número de víctimas al 27% debido a que hubo un menor uso de artefactos en zonas urbanas donde su concentración de población hace que por un evento haya muchas víctimas. Le doy un ejemplo, en 2022 un solo evento provocó 60 víctimas. Eso efectivamente ha disminuido y probablemente debido al hecho de que hay diálogos que se están llevando a cabo.
Sin embargo, el hecho de que aumentan los casos de víctimas de minas antipersonales es muy llamativo porque se utilizan esos dispositivos en la puja por el control territorial entre grupos armados, pero como es zona rural la concentración de población es inferior entonces hay menos víctimas por evento. Eso es lo que llamamos una evolución del fenómeno que continúa.
Otra violencia que creció para el 2023 fueron los ataques a la comunidad médica. ¿Cuáles son las implicaciones del aumento de estos hechos?
El 27% de casos registrados por la Mesa Nacional de Misión Médica tiene que ver con los conflictos armados. Creemos que hay un subregistro de esos casos porque el personal que tendría que registrarlo oficialmente tiene miedo de que haya represalias. Eso es un problema enorme porque, cuando la asistencia de salud se vuelve un factor bajo presión o un mecanismo de conflicto, lo que sufre no es solo el profesional de salud amenazado, desplazado o muerto en algunos casos, es toda la comunidad porque se quedan sin asistencia de salud. Por eso estamos insistiendo mucho para que haya un compromiso claro, fuerte y firme para respetar la asistencia de salud, para que las comunidades no se encuentren alejadas sin poder tener acceso a esos servicios esenciales.
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Hablemos de los acuerdos especiales que podrían derivar en unos compromisos, como sugiere el informe del CICR ¿Cómo se pueden incluir esas preocupaciones humanitarias en las mesas de diálogo y de qué forma se puede garantizar que exista un cumplimiento?
No hay un formato específico de lo que llamamos acuerdos especiales. Es algo que está previsto en el Derecho Internacional Humanitario. Las mesas representan una enorme oportunidad porque hay diálogos, hay una voluntad y eso tiene que ser acompañado por un compromiso para mejorar la situación en las zonas afectadas por los conflictos armados. Está bien tener un compromiso general sobre el respeto de DIH, pero sería aún más útil tener compromisos sobre temas específicos.
Así son más fácilmente medibles y se puede ver efectivamente si este compromiso está siendo respetado por las partes. De esta manera pueden tener un impacto muy concreto e inmediato sobre las condiciones de la población afectada por los conflictos armados. Nosotros estamos en diálogo con las partes para sugerir el uso de acuerdos especiales.
¿Cuál es su balance del conflicto en Colombia a tres meses de su salida del CICR?
Creo que el balance es la comparación que tengo con la realidad histórica de Colombia y particularmente a la realidad que yo viví durante mi primera misión como jefe de misiones en 2002, un periodo muy difícil para el país. Efectivamente, hay una evolución desde entonces, las consecuencias no están al nivel de lo que eran comienzos de los años 2000, pero hay territorios que viven exactamente las mismas condiciones, que sufren exactamente de la misma manera y posiblemente de manera aún más compleja por la multiplicidad de actores armados que hay hoy en día y eso es un factor de grande preocupación. Esperamos que las negociaciones puedan dar resultados positivos y que por fin Colombia pueda salir del histórico de conflictos armados que tiene y que produjo tantas víctimas.
Me voy con un sentimiento un poco mixto en el sentido que amo este país enormemente, tengo un apego muy fuerte emocional para este país. Conozco desafortunadamente el sufrimiento que sé que existe. He visto que la situación ha mejorado comparado a los comienzos de los años 2000, pero hay mucho por hacer en los mismos territorios. Son comunidades donde hay una ausencia del Estado histórica. Espero que las condiciones sean dadas tarde o temprano para que efectivamente sus problemas puedan ser resueltos.
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