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El 25 de noviembre de 2022, miles de pensionados de las Fuerzas Armadas descubrieron que a sus cuentas había llegado menos dinero del que recibían normalmente con su jubilación, en algunos casos con valores bastante inferiores a la nómina establecida. No obstante, también sucedió lo contrario y miles de pensionados recibieron un valor superior a su mesada.
El monto total de la nómina consignada ese mes, de acuerdo con una auditoría interna del Ministerio de Defensa, supera los $78.000 millones.
La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, dependencia donde se tramitaron los pagos, confirmó la situación en un boletín de prensa emitido ese mismo 25 de noviembre. Allí informó a quienes habían recibido menos dinero que el faltante se les cancelaría en “un segundo pago, lo antes posible”, lo que en efecto ocurrió el 29 de ese mes.
En los casos contrarios, el boletín establecía que “aquellos que recibieron un mayor valor en su mesada pensional, se les informa que el mismo será cruzado con el pago de la prima de diciembre” para recuperar el dinero.
Pero lo segundo no resultó tan sencillo. Según una fuente enterada de la situación, algunos de quienes recibieron estos montos se apresuraron a sacarlos de sus cuentas o los trasladaron de inmediato a otros productos bancarios como CDTs, negándose a devolver el dinero excedente.
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Colombia+20 confirmó con el Ministerio de Defensa que a la fecha todavía hay $777 millones que no han podido ser recuperados después del error en el pago de las nóminas, aunque gran parte del dinero pudo volver a las arcas públicas gracias a una rápida gestión, realizada en la misma noche del 25 de noviembre y la madrugada del día siguiente. Se pudo recuperar la mayoría de los excedentes en “un ejercicio de coordinación completamente legal, el cual consistió en reversar la última operación bancaria sin afectar el valor de la mesada pensional legalmente causada”, explicó a este medio el mayor retirado Juan Carlos Barrera, quien está al frente de la Dirección de Veteranos.
La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) es una dependencia del Ministerio de Defensa que abrió sus puertas en 2016 con apoyo de cooperación internacional, especialmente del gobierno de Corea del Sur. Sus labores se centran en apoyar a miembros retirados o discapacitados de la Fuerza Pública, por ejemplo, veteranos de la guerra de Corea o soldados que son víctimas del conflicto armado como los heridos por minas antipersona; también brindan acompañamiento a personal militar activo que se ha sometido a la Justicia Especial para la Paz.
¿Fallas en el sistema o errores humanos?
Colombia+20 conoció algunos de los reportes que se hicieron a Diana Marcela Ruiz, coordinadora del grupo de prestaciones sociales en la Dirección de Veteranos, y una auditoría en donde se detalla el desarrollo de los hechos, que terminaron en el pago errado de las nóminas.
Lo que establecen estos documentos es que el software PAOYER no liquida automáticamente los archivos que se envían a tesorería para los pagos y por ello deben descargarse y modificarse antes. Aunque parece una nimiedad, esta sería la causa de las nóminas intercambiadas que terminaron pagando más a unos y menos a otros pensionados.
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Este diario pudo establecer que desde el mismo 25 de noviembre, cuando en la Dirección de Veteranos se percataron de la irregularidad por quejas de personas que habían recibido menos dinero de la pensión en sus cuentas, los empleados de esa dependencia estuvieron en función de comunicarse con las entidades bancarias para solicitar que se hicieran los reintegros de los dineros que fueron pagados de más. Esta labor se prolongó hasta la madrugada del día siguiente.
Pero el evento había dejado en evidencia una falla que venía desde junio de 2021, cuando cambió la manera de liquidar las nóminas, puesto que desde entonces los archivos se descargan del sistema en un formato TXT que luego de forma manual debe convertirse a un archivo Excel, lo que posibilita la manipulación por terceros después de que el sistema los ha liquidado. Los responsables de la Dirección sabían de este riesgo de manipulación por reuniones y correos formales, tal y como consta en una de las actas en poder de este diario.
De hecho, en uno de los documentos a los que este diario pudo acceder queda claro que la tesorera Gloria Gutiérrez avisó de la posible irregularidad antes de que se ejecutaran los pagos erróneos, el 23 de noviembre, indicando que los archivos no coincidían y los valores posiblemente estaban errados. Al final, los pagos se hicieron tomando como base los archivos equivocados.
Una vez fueron evidentes las irregularidades, el mayor retirado Juan Carlos Barrera, quien preside la Dirección de Veteranos, ordenó una auditoría del software y los equipos con que se liquidaron esos pagos, para establecer qué había ocurrido en realidad. Dicha auditoría quedó a cargo de la oficina de control interno del Ministerio, cuyo jefe es Orlando Vega.
De acuerdo con el documento, un grupo especializado realizó el 20 de diciembre de 2022 la inspección a los equipos con los cuales se manipularon los archivos de pago de nóminas que terminaron erradas. Los técnicos lograron verificar “la disponibilidad de la información, el adecuado almacenamiento y procesamiento de la información en el Software PAOYER [con el cual se liquidan las nóminas] así como los controles de seguridad establecidos para la protección del software y el correcto funcionamiento de los canales de comunicación para acceder al Liquidador de Nómina PAOYER”.
En otras palabras, comprobaron que el sistema funcionaba bien y arrojaba la información de los archivos de forma correcta.
Los auditores también verificaron cuáles usuarios tenían claves y permisos para realizar modificaciones a los archivos con los cuales se liquidan las nóminas, descubriendo que una decena de funcionarios podían acceder al sistema. El hecho de que tantas personas tuvieran acceso al sistema fue calificado como un riesgo potencial.
Los auditores concluyeron que “no se mantuvieron las medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de la información” de las nóminas de los pensionados, y algo aún más grave: “que no se garantiza la integridad de la información, toda vez que los datos fueron manipulados”.
Además, la auditoría estableció que “se materializaron riesgos para los recursos fiscales girados y para los beneficiarios de las pensiones”. El documento fue remitido “a las áreas responsables de realizar acciones correctivas y preventivas, así como a las autoridades competentes para las debidas investigaciones disciplinarias, penales y fiscales”. Esto implica que se compulsaron copias para que Procuraduría y Fiscalía indaguen si hubo intenciones ilícitas en la manipulación de los archivos y establezca responsabilidades.
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La respuesta del Ministerio
Colombia+20 conoció los nombres de las once personas con acceso al sistema y también el nombre de los dos funcionarios que, presuntamente, habrían manipulado los archivos con los que se generaron los pagos erróneos; sin embargo, se abstiene de publicarlos, pues no hay aún ningún indicio concluyente de que esta manipulación se haya cometido con intención ilícita.
Una de estas personas fue contactada por nuestra redacción, pero declinó hablar sobre las presuntas irregularidades en el pago de las nóminas, argumentando que debe seguir los conductos regulares para dar declaraciones; por ello, remitió a la oficina de prensa de la Dirección de Veteranos.
Sin embargo, el mayor Barrera reconoció que en noviembre “se presentó una situación aún por determinar y en etapa de investigación, en la cual se originaron pagos adicionales a algunos pensionados en su mesada pensional”.
El mayor hizo énfasis en que los valores más altos de esos pagos “han sido recuperados casi que en su totalidad” y el presunto detrimento patrimonial que pudo haberse cometido “únicamente lo establece la Contraloría General de la Nación, entidad que se encuentra enterada de la situación y que, en ejercicio de su competencia y luego de la visita a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, no ha alertado de ningún detrimento patrimonial”.
Barrera indicó también que la irregularidad en los pagos “fue dada a conocer oficialmente a la oficina de Control Interno y Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional, despachos que se encuentran realizando las auditorías e investigaciones sobre el hecho”.
Tres meses después de los pagos errados, casi 800 millones de pesos siguen embolatados y dispersos en cuentas de pensionados que no debían haber recibido dichos excedentes, mientras el Ministerio prosigue con los cobros para tratar de recuperar la plata. Serán los entes de control quienes determinen si se trató de un error involuntario o de un fraude deliberado.
